Año 5. Edición número 228. Domingo 30 de septiembre de 2012
Por Raúl Arcomano
rarcomano@miradasalsur.com
El juez Ariel Lijo archivó la causa hace unas semanas. A tono con la jurisprudencia de la Corte, dictaminó que no es un crimen de lesa humanidad. La familia hizo un acto esta semana en el que reclama la reapertura de la causa.
Por seguridad, ya dormía en distintos lugares. Su custodia podía llegar a juntar hasta veinte personas. La noche del 24 de septiembre de 1973, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, la había pasado en la casa de una cuñada, en el 2953 de la calle Avellaneda, en Flores. A las 12 y 20 del mediodía del 25, varios coches se pararon en la puerta del departamento.
Salió para subirse a un Torino rojo, en el que estaba su chofer, Abraham Muñoz. Le dispararon un escopetazo desde la vereda de enfrente. Le dio en el pecho. Los balazos siguieron: provenían de la terraza de un colegio contiguo y de una casa del otro lado de la calle.
Sus custodios se tirotearon varios minutos. Los agresores escaparon. Rucci quedó tirado en el piso, con 23 disparos. Murió en el acto. Habían pasado tan sólo dos días de las elecciones presidenciales en las que Perón había ganado con el 62% de votos. Toda investigación por el crimen había sido cerrada y archivada en 1988.
Sin condenados ni procesados. Se dijo en todos esos años que a Rucci lo había matado la Triple A, Montoneros y hasta la CIA. La reapertura del caso se produjo veinte años después, en 2008, en sintonía con la publicación del libro Operación Traviata, del periodista Ceferino Reato. El nombre hace referencia a las galletitas Traviata, cuya publicidad decía: “La de los veintitrés agujeritos”. La hipótesis del libro es que el crimen fue organizado y llevado adelante por Montoneros. Y que para ellos se usaron recursos –autos, por ejemplo– del gobierno bonaerense a cargo en ese entonces de Oscar Bidegain.
Reato también identificó al dirigente montonero Juan Julio Roqué como autor principal del asesinato del metalúrgico. Roqué se suicidó con una granada el 29 de mayo de 1977, después de resistir un ataque militar por más de siete horas, en un departamento de Haedo. Una vez reabierta, la causa recayó en el juez federal Ariel Lijo, que la investigó durante casi cuatro años.
Hasta que en agosto pasado dio por probado, en un fallo de 123 páginas, que miembros de Montoneros y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAR) llevaron a cabo el operativo, pero no pudo identificar a quienes tomaron parte de la acción ni de la decisión.
Sin embargo, debió archivarla: como no es un crimen de lesa humanidad no puede continuar investigando porque está prescripta la acción penal. “Más que una autoría directa del crimen –o decisión de su ejecución– por parte de Montoneros, se trató de una asunción estratégica de su materialidad”, dijo el juez.
“‘Se encuentra acreditado que la tarde del 25 de septiembre de 1973 Mario Firmenich se presentó en la redacción de El Descamisado y refirió que la autoría del crimen le correspondía a dicha organización’. En su fallo, Lijo ratificó la hipótesis principal de mi libro: no fue la Triple A ni la CIA ni una conspiración sindical la que asesinó al secretario general de la CGT”, escribió Reato en la revista Noticias.
El abogado de derechos humanos Rodolfo Yanzón tiene otra interpretación: “Lijo dice que ser montonero no significa haber sido responsable de la muerte de Rucci, porque fue uno de los hechos que generó debate y diferencias internas. La decisión se tomó por la responsabilidad de Rucci en la masacre de Ezeiza. Claramente el crimen de Rucci no fue de lesa humanidad”, explica a Miradas al Sur.
Yanzón sostiene que en cuanto a la investigación de Reato, el juez opinó que no fue novedosa y que había varios puntos carentes de sustento. Hasta 2008, los hijos de Rucci, Aníbal y Claudia, daban por sentado que al sindicalista lo había asesinado la Triple A. Por eso, en 1998, la familia había cobrado la indemnización que la ley 24.411 consagra para los familiares de las víctimas del grupo de ultraderecha y del terrorismo de Estado.
Incluso en el expediente judicial había un testimonio de Juan Carlos Juncos, custodio del ministro de Bienestar Social, José López Rega. Juncos había declarado en 1984 que El Brujo había sido quien había ordenado la ejecución de Rucci. Después se supo que había mentido para obtener un traslado, ya que estaba detenido.
“Los Rucci se presentaron ante el Estado reclamando la indemnización que corresponde a desaparecidos y muertos por el terrorismo estatal. Cobraron. Entonces, deberían al menos ser coherentes y devolver el dinero mal habido”, dice Yanzón.
Democracia condicionada. La familia Rucci organizó esta semana un acto, en consonancia con el 39º aniversario del asesinato. Piden que el crimen sea considerado de lesa humanidad: ya presentaron una apelación formal ante la Cámara Federal.
Yanzón analiza: “El reclamo de Claudia Rucci y compañía guarda más relación con la interna del PJ que con ansias de justicia. Dice que el crimen de su padre fue en democracia, lo que es cierto. Pero no dice, porque seguramente no lo sabe, que hacía más de cinco años que existían los reglamentos militares secretos que ya preveían como metodología el secuestro, el asesinato, el terror y la tortura. Se trataba de una democracia altamente condicionada por el poder militar y paramilitar”.
El abogado agrega: “Dicen también que debe ser calificado de lesa humanidad porque se utilizaron vehículos de la gobernación bonaerense. Más allá del argumento baladí –que ni siquiera se probó en todos estos años–, para que sea considerado de tal manera se requiere que el crimen se haya realizado en el contexto de ataque sistemático o generalizado contra la población civil y como política de Estado. Dice, por último, que el crimen fue contra el mismo Perón. Creo que sí, que trataron de marcarle la cancha. Pero también creo que José Ignacio Rucci y Perón compartían el método de las bandas paramilitares para matar a opositores políticos.” Lo que agrega Lijo es que Montoneros no tenía un dominio territorial para ser considerado un grupo estatal.
Yanzón destaca otro punto: “Apenas muerto Rucci, la policía comenzó a investigar e intervino inmediatamente un juez y un fiscal. El Estado dio inmediata respuesta al hecho. Por el contrario, los crímenes de lesa humanidad, llevados a cabo como política de Estado, no sólo no son investigados (ni juez ni fiscal que intervengan), sino que son ocultados por ese mismo Estado y su contexto reivindicado bajo frases como ‘en defensa de la Nación’ o ‘contra la subversión’”.
Sobre este punto coincide el relator especial de la ONU sobre tortura y malos tratos, el jurista argentino Juan Méndez. El año pasado explicó a Miradas al Sur: “El mayor problema para procesar y castigar hechos cometidos por la guerrilla en los ’70 no es el paso del tiempo ni la imposibilidad de superar la prescripción: es que los militares y la policía que ellos conducían se ocuparon de matar y desaparecer a sus enemigos y no de investigar ni preservar pruebas para condenar a los autores con juicios justos.
No es cierto que haya impunidad para los crímenes cometidos por los alzados en armas, ya que muchos de los que así actuaron se cuentan hoy entre los desaparecidos o asesinados, o bien cumplieron años en prisión, ya sea durante la dictadura o, en algunos casos, también en los primeros años de la democracia. En cambio, los agentes estatales que cometieron atrocidades al amparo del poder del Estado recién ahora están empezando a sufrir prisión, y lo hacen a través de procesos insospechables.”
La Cámara Federal porteña iba a realizar una reunión este jueves último, pero se pospuso para el 9 de octubre próximo. Ese día escuchará la exposición de Miguel Ángel Plo, abogado de Claudia Rucci. Argumentarán para pedir la reapertura de la causa penal. Lo más probable es que no tengan éxito.
Es que la Cámara Federal ya dictaminó –en sintonía con fallos de la Corte Suprema de Justicia– que las acciones de las organizaciones guerrilleras no pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Al estar prescriptos, no pueden juzgarse hoy.
Fuente:MiradasalSur
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