CHILE.

JUEVES, 21 DE FEBRERO DE 2013
Sugieren acusar a ministro chileno por favorecer lucro en Educación 
PL 
Un exfuncionario del Ministerio de Educación de Chile pidió hoy a la Cámara de Diputados que acuse al titular de esa cartera, Harald Beyer, por considerar que ampara el lucro en la enseñanza. En entrevista con el espacio radial ADN 

Hoy, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Patricio Basso, insistió en que los parlamentarios encausen al ministro, por no haber denunciado el lucro en la Universidad del Mar. 

Beyer "está amparando el lucro en este país, negándose a reconocer que existe lucro, mintiéndole a la Cámara de Diputados y negando varias veces que tuviera antecedentes específicos sobre el lucro", enfatizó Basso, en cuyas manos estuvieron los procesos de certificación de las universidades para su funcionamiento.  

"Salvo que los chilenos seamos muy estúpidos, nos damos perfectamente cuenta que lo que está haciendo Beyer es defender los intereses del Gobierno y de los grupos económicos". 

En días recientes, tras conocerse el informe de la Comisión Nacional de Educación (Coned) sobre el caso de la Universidad del Mar, el ministro dijo que las investigaciones dieron cuenta de presunciones fundadas de que podría haber lucro en esa casa de estudios. 

Pero "eso requiere una investigación mucho más profunda, que nosotros como Ministerio no tenemos las facultades para llevar adelante", señaló Beyer. 

Este miércoles, el vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) Andrés Fielbaum, consideró que el discurso del Ministro no fue consistente con los hechos que se fueron comprobando durante el último tiempo. 

"Uno supone que el ministro fue negligente y que derechamente no leyó el informe (...) o es un mentiroso y no sabe de qué forma seguir encubriendo un delito como el lucro que todo el mundo sabe que existe. Uno ya no sabe si es negligente o mentiroso", enfatizó el dirigente de la Confech. 

Fielbaum, también presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, anunció que las movilizaciones que en los últimos dos años se realizaron en contra del lucro en la educación serán reforzadas en 2013. En octubre de 2012, el Ministerio de Educación solicitó, tras una auditoría, la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial a Universidad del Mar, una institución privada, fundada en 1989, cuya casa central se encuentra en Viña del Mar y cuenta con 15 sedes en otras ciudades del país. 

El centro se vio involucrado en denuncias por irregularidades en su proceso de acreditación, no pago de remuneraciones a los trabajadores y la renuncia de su rector, Raúl Urrutia, en protesta por la prioridad dada al lucro por el consejo directivo de la institución, a través del desvío de fondos a empresas inmobiliarias. La universidad estuvo también en el centro del escándalo conocido como "caso lucro", por el cual guarda prisión preventiva el expresidente de la CNA Luis Eugenio Díaz.

En el período 2009-2011, Díaz recibió alrededor de 300 millones de pesos (unos 620 mil dólares) por concepto de pagos de asesorías realizadas a cinco universidades que buscaban el visto bueno del Ministerio de Educación para poder funcionar, entre ellas la Universidad del Mar. 

JUEVES, 21 DE FEBRERO DE 2013 
“Caso Clarín-Chile” destapa corrupción de la transición 
Por Paul Walter (PUNTO FINAL)

"El 28 de abril de 2000, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile, encabezado por el democratacristiano Claudio Orrego, emitió la Decisión Nº 43, en la que autorizaba la restitución o indemnización para cuatro personas (o, según correspondiera, a sus sucesiones) por la expropiación de Clarín. Según el gobierno, esas personas eran Darío Sainte-Marie, Ramón Carrasco, Emilio González y Jorge Venegas". 

MapochoPress: Ninguno de esos personajes tuvo algo que ver con la propiedad real de Clarín de Chile. Claudio Orrego participó en el "chanchullo" como ministro de Ricardo Lagos y ahora es el candidato DC en unas primarias presidenciales que nadie sabe si va a aceptar Michelle Bachelet, la ganadora segura de cualquier contienda por la silla de O´Higgins y la única que garantizaría la supervivencia de la desfalleciente Concertación de Partidos por la Democracia, junto con un poco de oxígeno para alargar la agonía manifiesta de los partidos miembros de esa alianza obsoleta, por ahora en terapia intensiva y sin grandes ánimos (ni ideas) de reinventarse. 

Texto de Paul Walder: 

El caso del diario Clarín es probablemente uno de los procesos más oscuros de la transición chilena, el que refleja no solo el temor de la Concertación a la libertad de prensa, pensamiento y organización de la sociedad civil, sino también el proceso de descomposición y cooptación que siguieron sus líderes durante dos décadas en el gobierno. Para impedir el regreso a los kioscos de este popular periódico -que vendía hasta el golpe de Estado más ejemplares que El Mercurio- , los gobiernos de la Concertación no dudaron en colocar todo tipo de obstáculos, legales e ilegales, para impedir que Víctor Pey Casado, propietario del diario, obtuviera una indemnización tras la expropiación de sus bienes en 1973.

Este es un proceso judicial inaudito que lleva décadas. Se inició durante los años 90 en los tribunales chilenos, los que no respondieron a las demandas, y ha seguido en el tribunal internacional del CIADI, instancia competente para dirimir diferencias respecto a inversiones extranjeras: Víctor Pey, nacido en España, es un inmigrante que llegó a Chile en el Winnipeg. En el momento de realizar la inversión en Clarín, sancionó el tribunal, era ciudadano español.

En diciembre pasado el gobierno anunció el fin de este largo proceso y la derrota de Pey. Pero nada más lejos de la realidad. La complejidad del lenguaje jurídico internacional permite a veces hacer interpretaciones un poco oblicuas y, por cierto, muy interesadas. 

Para comprender el estado de las cosas hay que remontarse a 2008, año en el cual el tribunal del CIADI falló a favor de Víctor Pey y de la fundación española Presidente Allende, a la que cedió parte de las inversiones. En tanto, ordenó a Chile pagarles una cifra superior a los diez millones de dólares. El gobierno, presidido por la socialista Michelle Bachelet, interpuso un recurso para anular el fallo y el procedimiento de cálculo del monto de la indemnización, a lo que el tribunal accedió. Pero no se trata de un triunfo de Chile, como el gobierno de Piñera ha querido demostrar. Debe conformarse un nuevo tribunal con la única finalidad de volver a calcular el monto de la indemnización. El CIADI rechazó todos los recursos de anulación que presentaron los abogados chilenos, liderados, hay que recordar, por Jorge Carey, conspicuo miembro de Renovación Nacional nombrado para tales efectos por el presidente Ricardo Lagos. Entre esos recursos estaba el cuestionamiento de Pey como legítimo dueño de Clarín , su nacionalidad, la oportunidad en la que se realizó la inversión y una serie de otros asuntos técnicos y jurídicos. Todas estas solicitudes de anulación fueron rechazadas. 

Hay dos puntos que reconoce el CIADI que ayudan a comprender los grados de turbiedad de este proceso. Uno es que a Pey se le denegó justicia en Chile, lo que resulta manifiesto en la demora de siete años de tramitación en la justicia chilena por el dominio de la rotativa Goss de Clarín: “Equivale a una demora irregular e irrazonable dando lugar a una demanda por denegación de justicia”. El otro punto es que hubo discriminación en el trato que se le otorgó como inversionista. 

A Víctor Pey el Estado chileno le denegó justicia, dice el tribunal internacional. Al haber ausencia de decisión por parte de las jurisdicciones chilenas durante un periodo de siete años (1995-2002), por un lado, y la ausencia de respuesta de la Presidencia a las solicitudes del Sr. Pey Casado, por otro lado, ello constituye una denegación de justicia. Y tampoco se le dio un tratamiento justo y equitativo. El Estado chileno (bajo el gobierno de Ricardo Lagos) “al conceder compensaciones -por razones que no se conocen y siguen sin explicarse- a personas que, según el tribunal de arbitraje no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o rechazar las reivindicaciones del Sr. Pey Casado referentes a los bienes confiscados, la República de Chile cometió una manifiesta denegación de justicia y se negó a tratar a los demandantes de manera justa y equitativa”. 

No sólo los tribunales chilenos no respondieron a las demandas de Pey, sino que el gobierno de Lagos tejió una pringosa estructura jurídica notarial para evitar a toda costa la reaparición del diario Clarín. Para ello inventó una serie de herederos de Clarín y les pagó una indemnización que calculó, nadie sabe cómo, en diez millones de dólares. 

El 28 de abril de 2000, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile, encabezado por el democratacristiano Claudio Orrego, emitió la Decisión Nº 43, en la que autorizaba la restitución o indemnización para cuatro personas (o, según correspondiera, a sus sucesiones) por la expropiación de Clarín. Según el gobierno, esas personas eran Darío Sainte-Marie, Ramón Carrasco, Emilio González y Jorge Venegas. 

La trampa no quedó allí. En ella participaron abogados y políticos de baja estofa y peor ética. Pocos meses antes de la emisión de la Decisión 43 por el Ministerio de Orrego, un abogado creaba en una notaría de Recoleta, junto a un concejal del PPD, la sociedad anónima Asinsa con un capital de cien mil pesos. Según escribió la periodista Patricia Verdugo en la desaparecida revista Rocinante, en 1998 el Comité de Inversiones Extranjeras -dependiente del Ministerio de Economía- encargó un estudio en derecho al abogado Enrique Testa sobre el “caso Clarín”. En 1999, se constituyó la sociedad Asesorías e Inversiones S.A. (Asinsa) con dos socios: Isidoro Godorischen Rapaport (yerno de Testa y militante del PPD) y Ronald Youlton Vasen. Cinco días después de constituida, el 27 de abril de 1999, la sociedad Asinsa compró el 40 por ciento de los derechos hereditarios de la sucesión de Emilio González González en un millón 600 mil pesos. ¿Qué tenían los herederos de González, muerto en 1991, que ameritara esta compra?, se preguntaba Patricia Verdugo. Nada. Porque no había ningún documento que relacionara a González con Clarín. 

Había una trampa. Que abrió el Ministerio de Bienes Nacionales cuando declaró al fallecido González como uno de los propietarios del diario Clarín. De este modo, en esta operación Asinsa invirtió 1,6 millones para obtener una ganancia de mil 260 millones de pesos de la época.

Más que ser una trampa millonaria, como tantos otros casos de corrupción durante los años de gobiernos de la Concertación, ésta tiene el perfil de un obstáculo político e ideológico pergeñado por las elites del binominal-neoliberal para impedir el surgimiento de un diario popular que impulse el pensamiento crítico y la reorganización social. 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 774, 11 de enero, 2013.
Fuente:Argenpress

22.02.2013

CONFLICTO
Chile y Bolivia cruzan acusaciones por la detención de soldados

Se volvió a agudizar el conflicto por la detención de los tres soldados bolivianos, al afirmar el presidente Sebastian Piñera que su par de Bolivia no actuaba con respeto y las autoridades de La Paz calificar la postura chilena de "troglodita" y "premoderna".

"Quisiera hacer un llamado al presidente Morales a actuar con mayor respeto a la verdad, a actuar con mayor respeto al derecho internacional y también a aprender que el orden jurídico y el Estado de Derecho de nuestro país lo vamos a proteger y lo vamos a resguardar siempre", dijo Piñera según consigna la agencia DPA.

El gobernante chileno formuló el pedido luego de las últimas afirmaciones de autoridades de La Paz que sostuvieron que les "irrita" y consideran que "hubo un error" de Chile en el tratamiento que ha dado al caso de los soldados bolivianos.

Tras las declaraciones, fue el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera, quien salió al cruce al considerar que el gobierno de Chile actúa de manera `troglodita` y `premoderna` con los soldados bolivianos de 17 y 19 años que mantiene “encarcelados por traspasar la línea fronteriza binacional y perseguir en territorio chileno a contrabandistas de coches usados y robados”.

“El gobierno de Chile se está comportando de una manera poco amistosa en el ámbito internacional y está teniendo actitudes de tipo troglodita, es decir pre-modernas, casi casi cavernarias que no corresponden a un Estado serio, a un Estado moderno, a un Estado desarrollado en que este tipo de problemas diplomáticos se resuelven por la vía diplomática como lo hacen el resto de los países civilizados y modernos`, afirmó García Linera según cita la agencia ABI.

El vicepresidente, actual presidente en funciones, formuló estas declaraciones un día después de que Piñera pidiera a Morales, con quien ha sostenido en el último trimestre duros intercambios verbales por la demanda marítima de Bolivia, `honrar` la verdad en la situación legal de los soldados bolivianos que, dijo, no han sido detenidos y encarcelados por soldados y bolivianos, sino por portar armas de guerra en territorio chileno.

Los jóvenes militares bolivianos, que hoy eran interrogados en un tribunal de Iquique, en el norte de Chile, fueron acusados de ingresar con armas de guerra a territorio chileno por el paso fronterizo de Colchane el 25 de enero pasado.

Las autoridades bolivianas sostienen que los soldados ingresaron siguiendo a contrabandistas y que no se dieron cuenta de que estaban en territorio chileno, por lo que rechazan que se los haya enviado a un penal y que sean sometidos a proceso por los tribunales.

En su declaración, Piñera le aseguró a Morales que "todas las instancias han cumplido con el derecho internacional" y le informó además que la zona por la que ingresaron los conscriptos "se encuentra claramente delimitada".

Expresó también su "indignación" con declaraciones de autoridades de La Paz sobre una supuesta complicidad de la policía uniformada chilena en el contrabando en esa zona. Tras recordar que sólo uno de los tres soldados ha prestado declaración ante la justicia, Piñera responsabilizó a los abogadores defensores de los jóvenes de impedir "una solución más pronta y oportuna a esta situación."

"Espero que eso cambie hoy", dijo, luego de que los tres conscriptos bolivianos fueran trasladados desde la cárcel de Alto Hospicio hasta el edificio de la fiscalía en Iquique para declarar ante el persecutor Manuel Guerra.

Previamente, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, rechazó hoy una posible expulsión planteada por funcionarios chilenos de los tres soldados y pidió su liberación “sin ningún tipo de acusación”, mientras el cónsul de Santiago en La Paz, Jorge Canelas, afirmó que confía en que el problema "se resuelva en los próximos días".  

Fuente:Telam

VIERNES, 22 DE FEBRERO DE 2013 
Y siguen los concentrados de cobre 
Por Rolando Castillo
Anteriormente me he referido a las exportaciones de concentrados de cobre respecto a que, al efectuarse los trámites de exportación en Aduanas, no se declaran diferentes contenidos como son el Molibdeno, Renio, Azufre, etc. Estas sustancias no se declaran, porque, según las autoridades fiscalizadoras como Aduana, Cochilco y Contraloría, dichos elementos no se encontrarían “negociados” entre vendedor y comprador, según lo informan las propias empresas mineras. Es decir son las mismas empresas exportadoras de concentrados las que deciden que sustancias contenidas en el concentrado se deben declarar o no. 

De acuerdo a lo anterior los chilenos debiéramos estar felices que, aparte del cobre, las mineras hayan decidido declarar que los concentrados también contienen oro y plata. 

¿Cuánto cobre, oro y plata? También queda entregado prácticamente a la voluntad de las propias mineras, puesto que Aduana no tiene los medios tecnológicos y humanos para efectuar el control del tonelaje y contenidos o “ley” de los concentrados, y dicho control queda entregado a empresas especializadas externas que, a la vez, trabajan o son filiales de las mismas mineras que se deben fiscalizar, como es el caso, entre otros, del organismo de inspección SGS o la Compañía Minera Candelaria que se encuentra autorizada mediante Resolución de Aduana N° 4358 de 20.06.2012 con duración hasta el 06.12.2015 para emitir Informes de Calidad para los análisis de cobre, oro y plata. Tales autorizaciones se encuentran en abierta pugna con lo dispuesto en el numeral

1.7.1 Generales de la Resolución N° 3392 de fecha 29.07.2005 de la propia Aduana, que respecto al Registro de Organismos de Inspección, Laboratorios y empresas capacitadas para emitir informes de peso y de calidad en el Servicio Nacional de Aduanas, dispone: 1.7.1 Generales. a. Emitir los Informes con total imparcialidad e integridad con respecto a los requirentes de sus servicios. Las entidades acreditadas para emitir informes de toma de muestra, no podrán tener nexos de propiedad o vinculación comercial con el exportador a quien provean ese servicio. 

Tenemos entonces que esta norma no se respeta puesto que Aduanas contrató como organismo de inspección a SGS empresa que también prestaría servicios a Minera La Escondida y Minera Candelaria, que es una de las empresas cuyos concentrados deben ser fiscalizados por Aduana y que, según la Resolución de Aduana más arriba citada, estaría en condiciones de auto controlarse en el peso y/o calidad de los concentrados que exporta. Pero no es la única norma que Aduanas no se respeta. El hecho que ciertos contenidos del concentrado no se declaren, porque según las propias empresas no son “negociados” entre exportadores y compradores, y por otro lado, que Aduanas al no fiscalizar con personal propio se produciría, de hecho, una subvaloración de los concentrados exportados, lo que infringe el art. 181 letra a) de la Ordenanza de Aduanas, el cual prescribe que se presumirá responsable del delito de fraude, hoy contrabando impropio, a las personas que intervengan en los siguientes actos:

“Importar o exportar, o tratar de importar o exportar mercancías después que el dueño, consignatario o agente haya extendido PRESENTACIONES O DECLARACIONES FALSAS referentes a dichas mercancías o relacionadas con su importación o exportación”. 

La letra b) del mismo artículo 181, dispone:

“Intentar la importación o exportación o importar o exportar mercancías después de haber redactado o entregado facturas, cartas U OTROS DOCUMENTOS FALSOS concernientes a dichas mercancías…..” 

A su turno el artículo 178 del mimo cuerpo legal, señala que las personas que resulten responsables de los delitos de contrabando o fraude serán castigadas: 

“1.- Con multa de una a cinco veces el valor de la mercancía objeto del delito o con presidio menor en sus grado mínimo a medio con ambas penas a la vez, si ese valor excede de 25 Unidades Tributarias Mensuales” 

Pero para que se pueda sancionar dichas prácticas, alguien tiene que descubrirlas y sancionarlas, pero nadie se atreve ponerle el cascabel al gato, porque con el gato minero ningún gobierno se ha atrevido ha hacerlo. 

Después de esta lata introducción, quiero poner a disposición del lector otra situación relacionada ahora, no con la exportación, sino que con importación de concentrados de cobre que se realiza en la zona norte del país y, específicamente, por la empresa Xstrata para su fundición Altonorte en Antofagasta. 

Xstrata – importante empresa minera trasnacional que opera en el país - importó desde Perú y Argentina, por el puerto de Antofagasta en los años 2009, 2010 y 2011, grandes cantidades de concentrados de cobre que, en su Declaración de Ingreso manifiestan, en todos los casos, que se trata de una pulpa espesa técnica, obtenida en la etapa de flotación del proceso productivo para uso industrial y que se denomina CONCENTRADO DE COBRE. Libre de derechos de Aduana conforme al ACE 35 (Chile- Mercosur). 

Como se puede observar, en ninguna declaración de ingreso se indicó que los concentrados de cobre importados por Xstrata para su fundición Altonorte tuvieran algún porcentaje de cobre, y menos aún algunos gramos de oro o de plata. ¿Cómo se valoró, entonces, esta mercancía en Aduana ante la ausencia de tan indispensable información? 

Más arriba se dijo que se efectuaron importaciones procedentes de Argentina y, específicamente de la marca “yacimiento Alumbrera”, reconocida mina rica en oro de la República Argentina y de la cual Xstrata es copropietaria, por lo que los concentrados de ese yacimiento difícilmente pueden tener sólo cobre y ausencia de metales nobles. 

De la misma manera, no es dable pensar que los concentrados de cobre de origen peruano sólo contengan cobre y ningún otro valioso compuesto que le dé un mayor valor habida cuenta que, regularmente, los minerales de cobre están acompañados de metales preciosos y, con mayor razón, sus concentrados. 

Los concentrados han ingresado al país libre de gravámenes aduaneros, pero tal situación no es obstáculo para no declarar y valorar, adecuadamente, las mercancías que se están importando tal como lo exige, en forma terminante, el Compendio de Normas Aduaneras. Sin embargo, ninguna de las importaciones realizadas, por lo menos en el año 2010, habrían sido objeto de aforo físico por parte de la Aduana lo que, de haberse llevado a cabo, habría permitido dejar al descubierto, la no declaración de metales nobles contenidos en el concentrado y su correcta valoración, proceder que se encuentra severamente sancionado en la Ordenanza de Aduanas. Por ello no es de extrañar que la tributación de las mineras haya caído tan sensiblemente. Al gato minero nadie le pone cascabel. 

Vale hacer presente que las aseveraciones que se han entregado al lector, es producto del análisis de la propia información estadística que el mismo Servicio de Aduanas vende a quien tenga interés en adquirirla.
Fuente:Argenpress