Los anuncios de Santos no convencen
Por Oscar Gutiérrez Reyes (MOIR)
El próximo lunes 25 de febrero miles de caficultores se desplazarán desde sus parcelas hasta los sitios de concentración elegidos. Colocados en las vías de todo el país, desde Nariño hasta el Cesar, harán saber al gobierno nacional y al presidente Santos que las decisiones anunciadas en el municipio de Chinchiná no son suficientes para conjurar la peor crisis de la caficultura en toda su historia.
Creer que un incremento de seis mil pesos por arroba constituye un ingreso suficiente para atender los gastos del cafetal y una adecuada remuneración es pensar que los cafeteros son bobos. Por eso fue que lo chiflaron. Así él, muy hábilmente, volteara el asunto y se pusiera a hablar de que el subsidio no les llega a todos los caficultores. Asunto que -valga aclarar- el presidente sabía, al igual que los ministros, el gerente y la cúpula de Federación que participaba del sainete. No sólo se lo habían dicho, al presidente, los cafeteros en Hispania, Antioquía, sino que el monto aprobado -84 mil millones de pesos- dejaba claro que no alcanzaría para comprar todas las arrobas para las que se aprobó inicialmente el subsidio. Por eso, a quienes conocen de estos asuntos, el presidente no logra engañarlos.
Tampoco logra engañar cuando anuncia que, para controlar el precio de abonos y demás insumos necesarios para la labor agrícola, lo que debe hacerse es que la Federación de Cafeteros los importe. Y más ahora que, por los TLC, puede traerlos con aranceles cero. Eso es burlarse de los reclamos de los agricultores por el elevado precio de los abonos y mentirles, sin vergüenza alguna, porque la rebaja en los aranceles sólo tendrá un leve impacto en el precio de los abonos.
También afirmó el presidente en Chinchiná, que frente al problema de las deudas contraídas por los caficultores, el Banco Agrario refinanciaría todas esas deudas a dos años y sin dañar la historia crediticia del deudor. Los cafeteros estaban esperando soluciones reales, definitivas, para sus deudas. La refinanciación es alargarle la muerte a un paciente terminal. Las medidas del Banco Agrario no se conocen todavía y los que tienen deudas sin poder atender desde el año anterior y están en cobro pre-jurídico o jurídico ¿qué solución tienen?
Finalmente, miremos la medida de que el Banco de la República compre más dólares -30 millones diarios- como parte de la política para frenar la revaluación del peso que es, a su vez, el efecto del modelo neoliberal que padecen todos los exportadores del país.
La promoción de la inversión extranjera, mejor, la venta de los bienes del país, se concentra en la locomotora minero-energética. ¿No es acaso eso lo que promueve -todos los días- el gobierno nacional? Y, esa inversión extranjera no está ligada al ingreso de dólares y ese ingreso a la revaluación del peso en un círculo del que no se saldrá si no se toman medidas para atacar la enfermedad que padecemos. ¿Podrá resolverse el asunto, dejando los dólares de Ecopetrol en el exterior, aumentando la compra de la divisa norteamericana en el país y prometiendo que el endeudamiento del gobierno se hará en pesos?
Creo que no. En los últimos seis años el precio del dólar pasó de $ 2.650 pesos a $ 1.780 y aunque el gobierno quiere un dólar de $ 1.900 pesos, si así fuera, tampoco resolvería el problema. Alcanzar un precio estable y remunerativo del café requiere más que un peso devaluado. Se necesita buen precio internacional y buena prima por calidad. Pero lo que más se necesita es un precio de sustentación remunerativo y estable y ello requiere respaldo decidido del Estado. Precisamente lo que Santos niega a los agricultores.
Las declaraciones del gerente de la Federación, Luís Genaro Muñoz, al pretender vincular los cafeteros y el paro del 25 de febrero a grupos al margen de la ley, no es más que tratar de engañarlos para que no luchen por sus derechos. Los cafeteros exigirán en las calles y carreteras de Colombia el respaldo que hoy les niegan.
Fuente:Argenpress
22.02.2013
DERECHOS HUMANOS
La ONU declara “inquietud” por la seguridad de activistas en Colombia
La ONU declara “inquietud” por la seguridad de activistas en Colombia
El representantes de la Alta Comisionada para los DD.HH. de las Naciones Unidas manifestó inquietud por la situación de riesgo que sufren activistas de ONGs, los índices de impunidad y las acciones de la fuerza pública contra civiles en el país.
Todd Howland,, quien presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en 2012, señaló que el año pasado persistieron las amenazas y las agresiones contra defensores de los derechos humanos por parte de los actores del conflicto armado, es decir, de guerrilleros, miembros de grupos narcoparamilitares y agentes estatales.
Los más amenazados, señaló, son los activistas que piden la devolución de las tierras que les fueron despojadas por los grupos armados ilegales.
Además, Howland dijo que aunque esa oficina no recibió el año pasado denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, sí se reportaron casos de ataques contra civiles.
"Todavía hay un espacio por el que los militares están violando derechos de vida en el marco del conflicto", dijo Howland.
El delegado de la ONU recordó que la Fiscalía General de Colombia abrió 4.716 expedientes por los llamados "falsos positivos", como llama la prensa local a los casos que empezaron a salir a la luz pública en 2008 sobre el secuestro y asesinato de civiles por parte de militares que los hacen pasar como guerrilleros.
La Fiscalía señaló entonces que dentro del Ejército operaba una red dedicada a conseguir a civiles para ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate, con el objetivo de recibir felicitaciones y condecoraciones.
Howland expresó que la ONU respalda el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero pidió que en el marco de las negociaciones no se olvide a las víctimas del conflicto.
"El gobierno colombiano debe generar mecanismos de justicia restaurativa, tanto para víctimas como para agresores, que maximicen la transformación de la sociedad y resuelvan las desigualdades históricas, evitando el retorno a los grupos armados a través de la promoción del empleo a gran escala y a largo plazo", expresó.
Los más amenazados, señaló, son los activistas que piden la devolución de las tierras que les fueron despojadas por los grupos armados ilegales.
Además, Howland dijo que aunque esa oficina no recibió el año pasado denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, sí se reportaron casos de ataques contra civiles.
"Todavía hay un espacio por el que los militares están violando derechos de vida en el marco del conflicto", dijo Howland.
El delegado de la ONU recordó que la Fiscalía General de Colombia abrió 4.716 expedientes por los llamados "falsos positivos", como llama la prensa local a los casos que empezaron a salir a la luz pública en 2008 sobre el secuestro y asesinato de civiles por parte de militares que los hacen pasar como guerrilleros.
La Fiscalía señaló entonces que dentro del Ejército operaba una red dedicada a conseguir a civiles para ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate, con el objetivo de recibir felicitaciones y condecoraciones.
Howland expresó que la ONU respalda el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero pidió que en el marco de las negociaciones no se olvide a las víctimas del conflicto.
"El gobierno colombiano debe generar mecanismos de justicia restaurativa, tanto para víctimas como para agresores, que maximicen la transformación de la sociedad y resuelvan las desigualdades históricas, evitando el retorno a los grupos armados a través de la promoción del empleo a gran escala y a largo plazo", expresó.
Fuente:Telam
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