El petróleo nuestro de todos los años IV
Por Gerardo Fernández Casanova
De lo expuesto en mis tres artículos anteriores pretendo alcanzar dos conclusiones básicas: a) PEMEX ha sufrido un grave deterioro en su capacidad de beneficiar el patrimonio nacional del subsuelo, lo que obliga a una profunda reforma estructural y b) que tal deterioro es producto intencional de una trama orquestada desde los organismos financieros internacionales y aplicada puntualmente por la nefasta tecnocracia gobernante de los últimos treinta años. En la primera conclusión existe un amplio consenso nacional, pero habrá que debatir a profundidad la segunda conclusión para lograr los mínimos de acuerdo requeridos para el diseño de la reforma a aplicar.
El Pacto por México signado entre el Gobierno Federal y los dirigentes de los tres principales partidos dispone: “Se impulsará una reforma energética que convierta al sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor”. Excelente postulado en el entendido de que el crecimiento económico del que se trata es el de México, dado que en los últimos años se ha tratado del de los Estados Unidos.
En el nivel de las acciones el Pacto define: “Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación. Se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de los hidrocarburos”. Vale la confirmación de lo establecido por la Constitución, pero ya se muestra la posibilidad de que terceros realicen las tareas de exploración y explotación de pozos.
Agrega el Pacto: “Se realizarán las acciones necesarias, tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales, como en el sector energético y fiscal, para transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial”. Suena bien la propuesta pero lleva implícita una contradicción con el postulado original: se prioriza la competitividad de la empresa por sobre su papel como promotor del crecimiento económico nacional. Continúa el Pacto: “Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y explotación de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado Mexicano”. Se confirma el afán de contratar con particulares la tarea que es sustantiva de la empresa pública: la exploración y la explotación.
Sigue diciendo el Pacto: “Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de PEMEX”. En efecto, no se privatizarán las instalaciones de PEMEX sólo se privatizará la actividad; nadie se pelea por los fierros de las refinerías obsoletas, lo que les importa es el negocio de los combustibles. Esto, además de ser contradictorio con el postulado original y con el espíritu de la Constitución, acarrea el caballo de Troya de la desnacionalización petrolera.
Analizada la letra del Pacto por México en lo tocante a la reforma energética no queda más que confirmar que el afán no es otro que el de entregar la actividad petrolera a los particulares, obviamente extranjeros, en perjuicio del interés nacional, aunque venga envuelto para regalo con una redacción engañosa.
Habrá que dar una intensa lucha en defensa del patrimonio que es de todos. México necesita desarrollar su producción energética conforme al interés nacional y no entregar el recurso natural de excelencia al interés de los particulares y de los poderes externos que los promueven. Se necesita la protesta en la calle y el debate a profundidad en las mesas; hay una historia que muestra el camino a seguir y los errores a evitar, hay que hacerla valer. Está en juego la capacidad de ser una Nación independiente, soberana y próspera.
JUEVES, 21 DE FEBRERO DE 2013
El NYT y la capacidad de Peña
Por Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
The New Yok Times, el muy influyente diario estadounidense, acaba de poner en duda que Enrique Peña tenga la capacidad como titular del Ejecutivo federal -no la de índole personal que en las redes sociales se da por descontado que carece de ella-, para contener la violencia del crimen organizado, “sin caer en el puño de hierro que criticó de su predecesor, Felipe Calderón, y cambiar efectivamente el discurso nacional a otros temas, como el económico”.
Es sabido que un reportaje del rotativo más importante en las tierras allende el río Bravo, hace más mella en los reflejos políticos del jefe del grupo gobernante, como en los tiempos de Carlos Salinas, que el trabajo de días de todos los diarios impresos y electrónicos mexicanos.
Lo anterior obedece a que la absoluta mayoría de los llamados medios de comunicación, que en rigor son de difusión y propaganda, dedican sus mayores y mejores energías a registrar las instrucciones y las órdenes que en actos públicos dicta todos los días el mexiquense de Atlacomulco a su gabinete legal y ampliado.
Acaso sea su estilo personal de gobernar, debido a su formación como gobernador del estado de México, donde obtuvo cualidades ejecutivas. Igual que hasta hace tres meses y durante seis años Felipe Calderón se la pasó haciendo discursos en los que hablaba de sí mismo, en tercera persona del singular, como “el presidente de la república”, acaso por el enorme déficit de reconocimiento ciudadano a la investidura que le otorgó el Tribunal Electoral, pero no las urnas.
Mas ni una ni otra cosa estilísticas impresionan en el exterior y acaso tampoco importan. Y por ello el Times advierte que los crímenes no sólo no cesaron en los 80 días de su gobierno, sino que “amenazan con socavar sus promesas de campaña”, en la que gastó como ninguno pero no se dieron por enterados Leonardo Valdés y otros dos consejeros del Instituto Federal Electoral.
El NYT menciona las estadísticas oficiales que de diciembre a enero muestran una disminución de los homicidios dolosos a cargo del narcotráfico, pero también advierte que analistas cuestionan la veracidad de los datos toda vez que no se mencionan investigaciones judiciales. Incluso cita al doctor Edgardo Buscaglia: “No veo nada en sus casi tres primeros meses que muestren que se está atacando a la impunidad”.
El diario concluye que las autoridades estadounidenses “le dan tiempo” al nuevo presidente para que integre su equipo antes de evaluar “cómo trabajarán juntos e invertirán los 1.9 mil millones de la Iniciativa Mérida”.
Lo que no registra el periódico es que con esa cantidad de dólares que el gobierno de Barack Obama entrega a cuenta gotas, en especie y con equipos que le sobran al Pentágono y la DEA, la Casa Blanca y el Departamento de Estado intervienen directamente en una guerra que Calderón decretó, también, bajo la presión de George W. Bush para obtener su reconocimiento como presidente de México.
Mil 900 millones de dólares no representan ni la quinta parte de lo que el gobierno mexicano gasta anualmente para mantener sellada su frontera norte, en lugar de que lo haga Washington desde su frontera sur, principalmente para hacerle el trabajo sucio, criminal, mientras empresarios estadounidenses hacen su agosto con la venta de armas de asalto a los cárteles aztecas, la lavadora bancaria trabaja a todo vapor y a la luz del día, y los adictos disfrutan de “viajes intergalácticos”.
¡Ah! Pero ya declararon a Joaquín Guzmán el enemigo público número uno de Chicago. Y toda la tecnología, inteligencia y armamento del imperio en declive, desplazado por China como primera potencia comercial, no pueden con él. De risa, si no fuera una tragedia para México.
JUEVES, 21 DE FEBRERO DE 2013
Si no se expropia ni obliga a Televisa y Telmex, los monopolios seguirán dominando
Por Pedro Echeverría
1. Se ha dicho que la siguiente reforma que se enviará al Congreso para su aprobación es la que se refiere a las telecomunicaciones. Pareciera que la del petróleo se dejará para la segunda mitad del año, o es una finta. La de TV, radio y prensa, se le antoja al PRI y al presidente Enrique Peña, como más sencilla porque no se vislumbras protestas; además Televisa y Tv Azteca lograron meter a muchos diputados por medio del PRI y del partido Verde al congreso (la llamada tele bancada) que tienen la obligación de representar a las empresas televisivas. ¿O, acaso, se ha visto a algún legislador (de cualquier partido, con excepción de Corral y Bartlett) que no le lama las botas a los dueños de las televisoras? En México, desde los años cincuenta que surgen y se fortalecen, todos los políticos inclinan la cerviz ante los empresarios y representantes de los medios.
2. Se habla mucho de que se debe respetar la libertad de los medios de información y como contraparte se dice que el autoritarismo debe ser combatido; que la información que se da a conocer en los medios debe ser objetiva y para ello se deben evitar intervenciones manipuladoras. Se ha analizado el enorme papel que juega el pago de publicidad para la supervivencia de los medios de información, pero también se ha dicho que no deben predominar criterios comerciales en la programación. Por último, entre otras ideas se plantea la necesidad de hacer un “código de ética” que rija la conducta de los medios de información. Pero a mí me parece que mientras la propiedad de las empresas de los medios de información siga en manos de unos cuantos capitalistas, la defensa de la libertad de prensa será la defensa de la propiedad.
3. Los dueños de Teléfonos de México, Carlos Slim; Televisa, Emilio Azcárraga y TV Azteca, Salinas Pliego, son casualmente los hombres más multimillonarios de México y del mundo. Azcárraga comenzó a hacer sus millones en los años sesenta, pero Slim y Salinas Pliego se hicieron hombres poderosos durante el gobierno de Salinas de Gortari (1988-94). Son insultantemente millonarios mientras el 70 por ciento de los 116 millones de mexicanos viven en la pobreza, la miseria y el desempleo. No sólo tienen inversiones en México, sino que sus negocios y capitales los invierten también en Centro y Sur América, EEUU y Europa. Los gobiernos de México, por lo menos desde el de Díaz Ordaz (1964-70) han hecho hasta lo imposible para servir a los intereses de las televisoras cuidando que todas las leyes las beneficien y no sean “dañada” ni con el pétalo de una rosa.
4. Los medios de información, al abogar por la libertad de prensa e información lo están haciendo para defender sus intereses como propietarios. La libertad de prensa ha tenido repercusión internacional y ha sido usado por poderosos monopolios para defenderse. Sin embargo, la realidad es que la burguesía ha sido incapaz de llevar hasta sus últimas consecuencias la libertad de prensa; aplica la censura y obliga a los periodistas a autocensurarse. Recuerdo cuando el gobierno de Díaz Ordaz nombró al viejo Emilio Azcárraga como su asesor en Televisión; también cuando el gobierno de Echeverría Álvarez (1970-76) se confrontó con la televisión usando al secretario de Patrimonio Nacional. Desde entonces la televisión sirvió como besamanos de los políticos poniendo al frente aquella frase: “el que no sale en la televisión no existe”.
5. No olvidar que del capitalismo de libre competencia del siglo XIX llegamos al monopolio y el imperio del siglo XX; hablar hoy de “libre mercado” entre países es dejar que la economía imperial siga destruyendo las pequeñas economías nacionales. Parece que nadie puede impedir que los más grandes magnates de cada país realicen alianzas económicas internacionales para dominar la política, la economía, los medios de información. ¿Alguien ha pensado acaso, tontamente, en que con autorizar o abrir dos, tres, cinco canales televisivos, más estaciones de radio o más periódicos, los medios de información van a ser más libres, más plurales y más democráticos? ¿Qué familias se encargarían de los más medios que no sean voces capitalistas o que no se pongan al servicio de quien paga la publicidad en nuestra sociedad? ¿Habría alguna propuesta real que permita otra alternativa?
6. Si bien los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, han logrado confrontarse con grandes medios de información, es porque sus ideologías progresistas los han llevado allí y porque han logrado apoyos masivos. En México, además de obtener cada año ingresos de miles de millones, los empresarios han sometido totalmente al gobierno en los últimos 30 años. Lo que hoy es urgente en México no es una pequeña reforma para que todo siga igual; sino un profundo cambio que obligue a Televisa, TV Azteca y los demás monopolios a someterse a leyes o a expropiarlos. Pero como ninguno de esos pasos son posibles porque el gobierno de Peña Nieto -así como los 12 años los gobiernos del PAN- está comprometido con Televisa. ¿Qué reforma se puede esperar? Pues la única: aquella que agrande el poder y los privilegios de los amos de la TV. Esperar que el país se beneficie es sólo una tonta ilusión.
VIERNES, 22 DE FEBRERO DE 2013
Viva la “autonomía universitaria”, no su caricatura en manos del Estado y de arribistas
Por Pedro Echeverría
1. En México todo mundo habla de “autonomía universitaria” pensando que la universidad es una isla incólume en medio de un océano pacífico, cuando en realidad soportan las gigantescas aguas embravecidas que la bañan y someten por todos lados. Defender la “autonomía” de la universidad no puede ser defender “algunas limitadas libertades” de estudiantes, profesores y trabajadores y dejar que las “altas autoridades” hagan lo que les ordenen desde el gobierno, el Estado o la clase empresarial. Han sido varios los rectores: González Casanova, Carpizo McGregor, Narro Robles y otros mas, que se han pasado los años pidiendo presupuestos, quejándose de la falta d dinero, gestionado más ingresos de estudiantes o buscando que los egresados no estén desempleados. “La autonomía” desde 1929-33, no ha dejado de ser una frase fuera de discurso; la realidad es que no ha dejado de estar atada a quien paga.
2. Acabo de recibir de la rectora de la Universidad de la Ciudad de México lo siguiente: “Queridos amigos, el domingo circulé un documento en donde hago una síntesis de la situación de la UACM. La gran batalla es porque me resisto a entregar la universidad a los poderosos grupos tribales de partidos políticos sin proyecto académico. Saben bien que ha sido una batalla muy dura, pero ustedes coincidirán conmigo que no puedo cargar sobre mi vida la responsabilidad de haber dejado que los grupos que tomaron a tubazos y petardazos nuestras instalaciones se apropien de la universidad. Sé que muchos de ustedes extrañan que no me retire y regrese a mi querido CINVESTAV, pero simplemente NO PUEDO abandonar el barco así. Les pido que por favor circulen el documento en sus correos, si así lo juzgan conveniente. Es importante para la recuperación y refundación de la UACM que la gente sepa lo que pasa. Les envío un gran abrazo y mi agradecimiento. Esther Orozco: Investigadora Emérita CINVESTAV IPN”.
3. De entrada preguntaría a Esther Orozco: ¿Qué grupos tribales de partidos quieren adueñarse de la UACM? ¿Por qué se tomaron las instalaciones de manera violenta? ¿Por qué se dijo que el respaldo de Marcelo Ebrard impedía tu remoción? ¿Por qué no se ha podido hacer un conteo para ver quien tiene mayoría? ¿Cuál es el proyecto educativo original, cuál es el tuyo y cuál el de los estudiantes? ¿Qué diferencias de fondo tienes con el primer director de la UACM, Manuel Pérez Rocha? ¿Te consideras gente honesta o estás persiguiendo cargos políticos y académicos? ¿Por qué a pesar de haberse fastidiado a los estudiantes por muchos meses no se ha resulto el problema? Lo que sucede en la UNAM, en el CCH, en la UACM, en la UAM o el POLI, es porque los estudiantes han logrado conquistar con sus luchas algunas libertades para manifestarse y reclamar sus derechos, pero muy poco o nada tienen que ver con la llamada autonomía.
4. En las escuelas primarias o secundarias no hay autonomía porque todos los planes y programas, el pago de los profesores, el nombramiento de las máximas autoridades se hacen desde el gobierno. Lo mismo sucede en las universidades donde desde hace muchas décadas están establecidos los planes, los programas, las materias, se paga a todos los empleados y con arreglos muy por arriba, se designan a todas las autoridades. La autonomía universitaria real tendría que ser una revolución –no solo en la universidad- sino en toda la sociedad que la determina. La “comunidad universitaria” debería decidirlo todo y el dinero o presupuesto que otorga el gobierno viene del trabajo del pueblo y no debe condicionar nada. Las autoridades deben elegirse con el voto y no por un grupo de notables integrados por funcionarios del gobierno. ¿En función de quien se organizan las licenciaturas, los posgrados y por qué pagan investigaciones los empresarios?
5. Estudié, y recuerdo bien los 31 o más “Cuadernos del Congreso Universitario” –las llamadas “Conferencias Temáticas”, que fueron publicados por la UNAM el primer semestre de 1990 en los que participaron cerca de 50 universitarios con sus ponencias. Luego –a partir de muchas de esas ideas yo mismo publiqué un pequeño libro: “Interpretación histórico-crítica de la Universidad de Yucatán”. La riqueza de aquellos debates en defensa de la “Autonomía” me recuerda que debemos siempre cuidar lo que tenemos, pero no me hace olvidar que la UNAM siempre es terriblemente vigilada por todas las policías de México y que ha sido tomada por el ejército en varias ocasiones, particularmente en aquel septiembre de 1968 que fue tomada la UNAM, días después el POLI de Zacatenco, y el seis de febrero del año 2000 la brutal represión para llevar a la cárcel a cientos de estudiantes de la UNAM.
6. Se dice que universidad significa “universalidad” de ideas; una gran libertad para analizar y discutir posiciones políticas, filosóficas, científicas; pero nunca libertad limitada al pensar, sino también libertad para llevar las ideas a la práctica. ¿Qué pasa cuando hay autoridades que se creen realmente autoridades dispuestas a imponer sus ideas y criterios en nombre del gobierno y del poder? ¿Qué pasa cuando en lugar de atender los problemas, analizarlos y discutirlos, en vez de llamar al diálogo a todas las partes implicadas, se acude a las sanciones, la represión y la expulsión? Pues simplemente que se acaba la libertad en la que debe vivir una comunidad. ¡Defendamos la poca “autonomía” que los estudiantes y muchos profesores han logrado con sus luchas y batallemos por lograr la verdadera transformación del país como único camino para conquistas la verdadera autonomía! Y no olviden que los jóvenes estudiantes radicales están menos maleados y con menos cola que les pisen.
VIERNES, 22 DE FEBRERO DE 2013
Las aristas de un grave problema: México. Autodefensa, entre ilegalidad y razón
Por Salvador del Río (MAPOCHOPRESS)
A menos de tres meses de haber asumido la presidencia de la República, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta uno de los problemas de mayor envergadura para su naciente administración: mientras en la ciudadanía bulle la esperanza de una reducción sensible y pronta de los índices de violencia causada por la criminalidad, aparecen y cobran fuerza en varias entidades del país las llamadas policías comunitarias o guardias ciudadanas de autodefensa que al margen de la ley intentan suplir la función elemental del Estado que es garantizar la seguridad de la población y procurar justicia frente a los hechos delictivos.
El surgimiento de los grupos de civiles armados para detener y someter a juicio a pretendidos criminales es una secuela de actos desesperados que en medio de la guerra declarada por el gobierno de Calderón, en algunos municipios del país optaron en el pasado reciente por hacerse justicia por propia mano con juicios sumarios y linchamientos que en su mayoría las policías estatales o municipales no pudieron evitar. Fueron signos de una situación de extrema ingobernabilidad que a la administración de Calderón le costó el haber sido calificada en organismos internacionales como síntomas de un estado fallido por su incapacidad para garantizar la seguridad de la población y la procuración y administración de la justicia.
Con la puesta en práctica de medidas que configuran una nueva estrategia en la lucha contra el crimen organizado, la administración de Peña Nieto no obtiene aún los resultados esperados en la expectativa de la ciudadanía, cuya urgencia en el tiempo es la medida del tamaño del problema que en los seis años del gobierno calderonista dejó como saldo un número de muertos que oscila entre los setenta y los cien mil, además de algunos miles de desapariciones forzadas que Peña Nieto se ha comprometido a investigar y resolver en lo posible.
El dilema del actual gobierno es ¿qué hacer? frente al fenómeno de las guardias de autodefensa que si no por la ejecución sumaria de supuestos delincuentes, ahora por la vía de juicios ciudadanos pretenden hacer justicia al margen de las instituciones y los instrumentos jurídicos para garantizarla. El problema es de una complejidad que afecta al estado de derecho y la gobernabilidad misma. Por una parte, es un hecho que las acciones de las policías comunitarias se explican, aunque no necesariamente se justifican, por la impunidad en la que buena parte de la criminalidad se desarrolla y por la incapacidad de los órganos de todos los niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la ciudadanía en la que surgen brotes de autodefensa que reclaman como legítima.
Frente a esa situación, en estricto cumplimiento de su responsabilidad de mantener el estado de derecho, el gobierno no podría permitir acciones que vulneran el orden jurídico cuyo imperio está obligado a mantener. Habría que reprimirlas. Pero tomada esa decisión el gobierno tendría que adoptar las medidas necesarias para impedir esas acciones, incluso mediante el uso de la fuerza pública que involucraría a las fuerzas del orden, civiles y militares, lo cual llevaría a la apertura de un nuevo frente de guerra, en este caso declarada contra ciudadanos que han tomado las armas por una causa que consideran justa aunque el método sea violatorio de la ley.
La disyuntiva se presenta cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto está poniendo en práctica una nueva estrategia para el combate al crimen organizado, basada en la atención de las causas que lo originan y en soluciones eminentemente sociales y económicas para reducirlo. Evidentemente, esta nueva estrategia no podría dar resultados a corto plazo ni determinar, como sería deseable, la suspensión de la participación del Ejército y la Marina en las tareas de represión a la delincuencia.
Entre la expectativa generada por esta nueva estrategia y la realidad de la incidencia de la criminalidad que el propio gobierno de Peña Nieto ha reconocido, el tiempo apremia y el fenómeno de las guardias de autodefensa exige un tratamiento delicado, político en el mejor sentido de la palabra, para no provocar mayores fracturas entre la población. Salvador del Río es periodista y escritor.
VIERNES, 22 DE FEBRERO DE 2013
La política educativa no debe “dictarla” el Estado o empresarios, sino analizarse con los maestros
Por Pedro Echeverría
1. El flamante viejo político Emilio Chuayffet, hoy designado secretario de Educación Pública –secretaría pasajera, de descanso, que con Zedillo, Josefina Vázquez y Lujambio se ha convertido en peldaño hacia la Presidencia de la República- sin saber ni un ápice de educación, ha declarado que “la política educativa la dictará el Estado”, no los poderes fácticos. La realidad es que el “viejo zorro” no sabe qué hacer ante las protestas y presiones de la Coordinadora (CNTE) y algunas diferencias con Esther Gordillo, cacique desde hace 23 años del Sindicato (SNTE). Tampoco logra resistir las presiones de los empresarios con X González a la cabeza, de los medios de información como Televisa, así como del alto clero que no deja de exigir la “libertad educativa”. Chuayffet está desesperado porque su compromiso como secretario de Educación, es hacer reformas que actualicen la educación de acuerdo a “modelos capitalistas internacionales”.
2. Ni PRI ni PAN han podido en educación. Después del empuje a la escuela primaria del “Plan de 11 años” en los sesenta y el crecimiento de la educación media superior (CCH, Bachilleres) y superior (las ENEP) en los setenta, puede demostrarse que el neoliberalismo que se inicia en 1982 con la “revolución educativa” reyesheroliana, además del fracaso, fue la continuidad del desplome de la educación pública. Durante la profunda crisis económica del sexenio de De la Madrid (1982-88) las inversiones en educación se paralizaron y se abrieron las puertas a la inversión privada en las escuelas. Fue entonces cuando se comenzaron a extender teorías privatizadoras empresariales como las becas-créditos, el cobro de inscripciones, los exámenes de Ceneval, el subsidio a la educación privada, la educación compensatoria, las investigaciones para empresarios, carrera magisterial y otras propuestas que buscaban individualizar el trabajo.
3. Con el argumento de la crisis y la falta de presupuesto se comenzó a cobrar “cuotas voluntarias” a los padres de familia, a cobrar servicios burocráticos, retener calificaciones, a no tener derecho de inscripción. Mientras el gobierno desviaba el presupuesto público para favorecer al sector privado, en muchas escuelas había que comprar láminas, vidrios, mesabancos, pizarrones, arreglar sanitarios y muchas más cosas. Esta misma dinámica privatizadora hizo profundizar el deterioro y desprestigio de la escuela pública y de sus profesores. (Exactamente lo mismo se registraba en el Seguro Social y en el ISSSTE en lo referente a edificios, médicos, medicinas, enfermeras, para dar impulso a las clínicas y hospitales privados). Obvio, el gobierno no puede reconocer esa realidad porque va en detrimento del gobierno como institución; pero si no tiene capacidad para entender lo pasado tampoco podrá hacer propuestas para el presente.
4. Pienso que con excepción de José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y Narciso Bassols, los demás secretarios de Educación en México han aceptado el cargo como transitorio para otro de mayor altura. Vasconcelos se cubrió de gloria por haber sido participante de la revolución mexicana, rector de la Universidad, luego el creador y fundador de la secretaría de Educación, así como por impulsar de intelectuales. Torres Bodet por institucionalizar la educación en 1943, dar la “bendición” a la creación del SNTE y crear el Plan de once años, y Narciso Bassols porque en 1931-34 pudo frenar la acometida de la educación religiosa, crear la educación sexual e impulsar una escuela mixta con mucha libertad. Luego de ellos la SEP ha sido ocupada por políticos y técnicos cuya única misión ha sido instrumentar la política del presidente en turno. Los pobres panistas Reyes Tamez, Josefina Vázquez, Lujumbio y Córdoba, no tuvieron la menor idea de su encargo.
5. Así que el “politólogo” Chuayffet, a pesar del fuerte apoyo que le brindan los partidos del “pacto político priísta”, no va a poder con el paquete si no negocia con una sonrisa y cualquier cambio de palabras en el texto de la “reforma” con la cacique sindical que controla todos los hilos en educación: directores de educación, inspectores o supervisores, directores de escuelas y, sobre todo, a líderes sindicales. Sin embargo los “cambios educativos” sólo serán de forma porque todo continuará igual. Negociar con la CNTE sería para el gobierno de Peña Nieto casi imposible porque las ideas de la CNTE van a la raíz de los problemas económicos y educativos, además que su representación no se ubica dentro de la formalidad institucional. Por eso empresarios de Televisa, encabezados por X González, además de conductores como Loret de Mola, agitan en busca de un espacio de negociación con Chuayffet.
6. Por encima de cualquier discurso, cualquier reforma o medida con exámenes de evaluación, lo que necesitada la educación en México es desempolvar al 90 por ciento de los maestros de planes, programas y prácticas profesionales que llevan más de 50 años. De 1960 a 1965 se instrumentaban “Centros de Cooperación Pedagógica” al que acudían todos los profesores de una zona escolar para escuchar y debatir con tres a cuatro conferencistas. En el estado de Hidalgo pude asistir a dos de ellos en Metztitlán y San Cristóbal, en el que cada uno o dos profesores comían y dormían por lo menos una noche, en casa de una de las 50 o 100 familias designadas de la comunidad. No sólo se elevaba el nivel educativo de los profesores sino que además la identidad del pueblo y los profesores se convertía en una fiesta de la comunidad. No existía carrera magisterial ni se pagaba por asistir a aquellas reuniones que eran obligatorias.
7. En lugar de imponer autoritariamente la “modernización educativa”, que es el nombre que se usa para cubrir la privatización educativa, logremos que todos los maestro/as de las zonas escolares se reúnan a analizar y discutir lo que ha pasado con la educación y la forma de “mejorarla” o sacarla del estancamiento. Esta sí sería una verdadera revolución educativa al impulsar la participación de todos los maestros del sistema. Los días de reunión zonal pueden decretarse, pero la organización y las conferencias requieren de mucha preparación. Para que den resultado las reuniones se requiere no trabajar con trampas buscando imponer un punto de vista. ¿Pero es que el gobierno está buscando la participación de los maestros en el análisis de la propuesta o simplemente busca que se hable de la reforma educativa sin hacerla efectiva, en serio?.
Fuente:Argenpress
México ultima un padrón con más de 27.000 desaparecidos
Con el cambio de gobierno y la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, México intenta todavía averiguar el tamaño de la herida que deja hasta el momento la guerra entre y contra el narco emprendida por Felipe Calderón.
Human Right Watch (HRW) la definió ayer como "una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia".
Pero, ¿qué cifras tiene esta crisis humanitaria? Según distintas organizaciones no gubernamentales el número de muertos oscila entre los 60.000 y 90.000 en los últimos seis años. Una cifra que, sin embargo, nadie toma muy en serio. Basta que un sicario de poca monta como Santiago Meza, alias el 'pozolero' admitiera haber disuelto en ácido a más de 300 personas para que quede inservible.
Sobre los desaparecidos, este miércoles el gobierno ofreció por primera vez una cifra oficial aproximada: 27.000 personas.
La subsecretaria de DDHH de Gobernación, Lía Limón, confirmó que entregará a la fiscalía una base de datos con más de 27 mil registros de personas de desaparecidas para conformar el ‘Registro Nacional de Desaparecidos’. O lo que es lo mismo, un padrón con todos los que no están. Lía Limón explicó que el registro se integrará con la información genética de los familiares.
Hasta ahora la única cifra conocida era la de una organización civil mexicana, Propuesta Cívica A.C., que publicó en diciembre una bases de datos extraída de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que registra 20.852 desaparecidos. Días antes el periódico The Washington Post publicó un reportaje en el que elevaba la cifra a 25.000 desaparecidas. Pero ni un dato oficial hasta ayer.
A las cifras conocidas, la organización HRW añadió más desolación al señalar que de los miles de desaparecidos, hay al menos 249 desapariciones forzadas, desde que en 2006 Felipe Calderón lanzara una ofensiva contra el 'narco' que incluyó el despliegue de miles de soldados, marinos y policías federales en los estados 'calientes' del país.
Según el informe de 193 páginas, 'El Persistente costo de una crisis ignorada' de los 249 casos documentados, en 149 de ellos se encontraron evidencia de que se trató de desapariciones forzadas, es decir, apoyadas o cometidas por fuerzas de seguridad.
"Encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales" dice el informe que la organización entregó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Según la organización de Derechos Humanos la mayoría de los casos de desaparición forzada "responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares".
La investigación de HRW encontró que "los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas".
El apellido del informe "una crisis ignorada" tampoco es gratuito. Durante años miles de madres han clamado en el desierto. Han llorado, han protestado, han hecho sentadas y han recorrido cada zócalo del país sin que nadie les prestara atención. Sólo el 'Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad' que encabeza el poeta Javier Sicilia logró sacar a la luz el problema.
"Durante los años en que el gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo", dijo su director para América Latina, José Manuel Vivanco. "Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas" insistió.
Fuentes de Información México ultima un padrón con más de 27.000 desaparecidos | México
Fuente:Taringa
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