En medio del debate sobre la democratización de la Justicia, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, abrió el año judicial con una defensa de lo actuado por ese tribunal. Su discurso tuvo guiños dirigidos tanto al oficialismo, la oposición y las corporaciones como a la interna desatada en su propio Poder.
EL PRESIDENTE DE LA CORTE ABRIO EL AñO JUDICIAL EN MEDIO DEL DEBATE SOBRE LA DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA
Con frases para todos los gustos
Ricardo Lorenzetti habló del conflicto, pero también del consenso. Dijo que el Poder Judicial debe cambiar, pero que esta Corte hizo grandes cambios. Fueron llamativas las ausencias de la procuradora y de la defensora general, firmantes de “Justicia legítima”.
Por Irina Hauser
Ricardo Lorenzetti ratificó, fuera del discurso, que está a favor de que “todos los jueces” paguen Impuesto a las Ganancias.Imagen: Rafael Yohai
En una semana que se perfila rica en debates y, quien dice, en anuncios democratizadores para el Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se las ingenió para hablar primero, embanderado en el aniversario 150 del tribunal. Con un discurso que evitó alusiones directas a los jueces, fiscales, defensores y académicos que firmaron el documento “Justicia legítima” y que promueven la discusión de reformas culturales y anticorporativas, el juez supremo dijo que “no hay que tener miedo a los debates fuertes” aunque pidió, sugestivamente, no detenerse “en cuestiones menores” o “peleas de vecinos”. En una exposición de tono político enumeró hitos de su gestión y de su “generación” en la Corte, que consideró autora de cambios importantes y condensó en dos frases alusivas al reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad y los derechos económico-sociales: “La Corte ha dicho Nunca Más”, proclamó, y con picardía agregó “Nunca Menos”, una expresión con la que se suele recordar a Néstor Kirchner. Fue un mensaje moderado, por tramos conciliador, capaz de contentar a un espectro variado de escuchas. Aclaró que lo consensuó con sus colegas, pero llevaba su sello. La sala de audiencias de la Corte desbordaba. El patio aledaño también. Desde el alto tribunal habían llamado uno por uno a decenas y decenas de jueces para que estuvieran allí. En las primeras filas se apoltronaron los socialistas Hermes Binner y Rubén Giustiniani, los radicales Ernesto Sanz y Oscar Aguad, el titular de la Auditoría General Leandro Despouy, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ministro macrista Guillermo Montenegro, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y el titular del gremio judicial Julio Piumato. Afuera, una fila de chicos con guardapolvo blanco. Había jueces federales, camaristas y algunos fiscales. Todo el mundo reparó en la ausencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y su secretario de Justicia, Julián Alvarez, pero lo que más llamó la atención fue el faltazo sorpresivo de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y de la defensora general, Stella Maris Martínez. Ambas son fuertes referentes de los magistrados nucleados en “Justicia legítima”, quienes ya habían anunciado un encuentro de debate para hoy y mañana en la Biblioteca Nacional cuando Lorenzetti decidió agendar para un día antes el evento supremo. Se anticipaba también, tres días, a la Asamblea Legislativa donde no se descarta que Cristina Kirchner haga algún anuncio vinculado con reformas en el Poder Judicial. Colaboradores de Martínez y de Gils Carbó alegaron problemas de agenda, pero la intención de tomar distancia fue más que evidente. Es habitual que Lorenzetti haga discursos de apertura del “año judicial”. Este año, además, se exhibió un video donde cada uno de los supremos hacía un balance histórico. El presidente en general habla por sí mismo, aunque parece que lo hace por todos. Fue novedoso que ayer aclarara que había acordado el texto con sus colegas. Se lo vio leer más que otras veces, medido, sin agregar palabras al papel. “Nosotros pensamos que el Poder Judicial también debe cambiar, y que esos cambios deben ser en beneficio del pueblo”, mostró una veta sensible al debate creciente, que habla de democratizar, un término que obvió. Coqueteó con el tema, pero sólo dijo que estaba a favor de que los “todos jueces paguemos Impuesto a las Ganancias” cuando a la salida lo encararon los movileros de radio y televisión. “Lo expresé cuando fui confirmado en el Senado”, aclaró. En su exposición oficial dijo que aunque “no es tradición” en la Corte impulsar cambios, la composición suprema actual lo hace “y hace cinco años que realizamos conferencias nacionales de jueces de todo el país, que consensuaron varias políticas de Estado”. En rigor, esos encuentros (donde no se habla del pago de impuestos o el ingreso democrático a la carrera judicial) suelen tener la impronta de las entidades tradicionales como la Asociación de Magistrados y la Junta Federal de Cortes, cuestionadas por “Justicia legítima” por haberse arrogado el año pasado la representación de todo el Poder Judicial con un comunicado –alentado por algunos supremos– que denunciaba presiones del Poder Ejecutivo a los jueces, en alusión a la causa de la ley de medios. ¿Y cuál es la autocrítica frente a las presiones económicas y de otras corporaciones, desde las mediáticas hasta las de la propia corporación judicial?, se preguntaban. De ahí que Lorenzetti mencionara ayer: “Debemos mostrar una clara independencia de los intereses económicos; la Corte dictó una acordada diciendo que cuando recibimos a una parte, también debe estar la otra. Asimismo, las empresas deben ser transparentes y no abusar del derecho”. Como un equilibrista, a medida que hablaba Lorenzetti fue sembrando frases para contentar a todos los gustos, lo que quedó reflejado en qué eligió destacar cada portal de noticias. Clarín prefirió el tramo en que dijo que “desde su fundación la Corte defendió el derecho a la libertad de expresión”. La Nación publicó que Lorenzetti señaló que “la Corte no debe gobernar, debe ser consistente con las decisiones de la mayoría del pueblo”, pero declararlas inválidas si son inconstitucionales. El juez citó ejemplos mundiales: el “apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado, o la pena de muerte”. En el público hubo quienes se sobresaltaron al oír “holocausto”, término que ligaron a la discusión por el acuerdo con Irán, que lo ignora. “Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, marcamos lo que es contrario a la Constitución”, recalcaba Lorenzetti, en nombre de la Corte, que ha criticado a jueces inferiores por tomar decisiones de gobierno con medidas cautelares. Infobae destacó: “No hay que tener miedo a los debates fuertes, a la colisión de intereses”, a lo que le seguía la idea de que “no hay pensamiento único, hay conflictos y consensos básicos o mínimos”. “A algunos les llama la atención nuestra posición de equilibrio, les parece ambigua”, se anticipó Lorenzetti a una observación habitual. “No es buen juez quien quiere imponer sus propias convicciones o las de un sector a todos los demás”, dijo. “Si uno está en la lucha –continuó– debe inclinarse por una de las verdades, pero si tiene que solucionar el conflicto, debe tener la sabiduría de encontrar una solución equilibrada, sustentable en el tiempo.” “En la Corte hubo más cambios en estos cinco o seis años que en toda su historia”, se jactó Lorenzetti. La lista empezó por la libertad de expresión y siguió con fallos sobre protección de los ahorros, el derecho a la vivienda, las acciones de clase, el derecho a la privacidad (en el fallo que invalida el castigo a la tenencia de droga para consumo personal), las condiciones de detención, la doble instancia, la actualización de haberes de los jubilados, la afirmación de derechos laborales; de los enfermos; de los consumidores, la igualdad de género y la contaminación ambiental. Recordó al final que mientras la Corte de 1930 convalidó gobiernos de facto, la actual invalidó las leyes de amnistía y los indultos. “Nunca más”, dijo. “Nunca menos”, agregó. Este recuento suele reaparecer en cada discursos de Lorenzetti, igual que algunas ideas básicas: como que a la Corte le preocupa que las “tragedias colectivas se transformen en tragedias cotidianas”, por lo que reclama procedimientos especiales para casos como Cromañón, el accidente de LAPA, los juicios de lesa humanidad y la tragedia de Once. Pero otra de sus muletillas, quizá incluso de las más viejas, desapareció ayer de su repertorio: es la que habla de “la unidad” de los jueces. “Es que el Palacio se le fracturó”, ilustró alguien en la platea, en alusión a la aparición de “Justicia legítima”. “Debemos ser respetuosos de la diversidad y la pluralidad de opiniones”, fue una de las frases iniciales ayer de Lorenzetti. Visibilizar a los jueces
El viceministro de Justicia, Julián Alvarez, afirmó que se está dando “una batalla muy fuerte en uno de los tres poderes del Estado” para “democratizar la Justicia”. Explicó que democratizarla significa, entre otras cosas, “visibilizarla y saber quiénes son los jueces, qué antecedentes tienen, qué piensan”. “No pensemos que son personas aisladas de la sociedad”, argumentó y añadió que “nacieron en un barrio, tienen una educación, tienen pensamiento, ideología e ideas políticas que las aplican en sus sentencias”. Ejemplificó con el Poder Legislativo porque “por decisión popular se elige a nuestros legisladores”. A su vez, consideró “democratizado nuestro Poder Ejecutivo, porque aparte de ser elegido por el voto popular, hay una política de inclusión fenomenal, con un abanico de derechos enorme desde el 2003 en adelante”. Sostuvo que hubo avances en el plano judicial, ya que “durante más de veinte años los militares no habían sido juzgados”, pero que falta que “toda la sociedad sepa quiénes son los jueces que resuelven cosas trascendentales para todos los argentinos, desde ámbitos palaciegos y oscuros”.
Gallardo vuelve para el debate
El horóscopo de Mauricio Macri seguramente dirá hoy: “Se avecinan dolores de cabeza”. Andrés Gallardo volverá a ser juez contencioso administrativo. Se había tomado una licencia hasta ayer, cuando renunció como defensor adjunto. En su carta de renuncia dejó en claro que desea volver para “asumir en forma plena el puesto de lucha que se abre en la actual confrontación de los modelos de Justicia de nuestro país”. “No creemos en la independencia como un fin en sí mismo ni en la neutralidad como una virtud. Los magistrados somos seres históricos, políticos y sociales. Aquellos que dicen ser apolíticos y neutrales, mienten. Esconden, bajo el velo de la ‘independencia’ y la ‘objetividad’ sus verdaderas posturas frente a los casos”, indicó Gallardo. “Preferimos una Justicia dependiente: dependiente de los derechos humanos de nuestro pueblo. Dependiente de los intereses de nuestra Nación.”
La democratización del Poder Judicial
Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.
Opinión
Además de la indignación
Por Martín Granovsky
Las sesiones de hoy y mañana de los jueces y fiscales que en enero firmaron el documento “Justicia legítima” pueden terminar en una asociación civil al estilo de Magistratura Democrática de Italia o de Justicia Democrática de España. Sea cual fuere el resultado institucional, el debate en sí mismo marca una novedad importante: por primera vez desde la restauración de la democracia, cientos de magistrados discuten abiertamente el sistema judicial y, en cierto modo, se discuten a sí mismos. El documento de enero tuvo dos disparadores. Por un lado, un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial. Decía que la magistratura se sentía agredida por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, la sucesión de cautelares de la Cámara Civil y Comercial en favor del Grupo Clarín a raíz de la aplicación de los límites a la dominación de mercados que surgen de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso el texto llamado “Justicia legítima” incorporaba otro elemento al principio republicano de división de poderes: la necesaria independencia de los magistrados respecto del establishment. Los firmantes incluso se manifestaban independientes de organismos que supuestamente los representan, como la Asociación de Magistrados. En principio, los que firmaron y hoy comienzan a reunirse cuentan con un crédito múltiple a favor. Son un grupo numeroso –y por lo tanto políticamente heterogéneo–, los nombres no aparecieron en el pasado entre jueces con origen de servilleta o con sorprendente capacidad de ahorro y su trabajo concreto los muestra justamente en esa condición: no son gente que flota sino que trabaja. El riesgo a la vista, que no tiene por qué concretarse, pero puede figurar entre las posibilidades, es que el desarrollo de “Justicia legítima” quede atado a los dos disparadores. Que los cientos de magistrados se conviertan solamente en un eje dedicado a polarizar con miembros de la Corte Suprema o a hablar monotemáticamente del caso Clarín. Si eso sucediera, el resto es de manual: serán tildados de Magistrados K o algún apodo por el estilo. Muchos tal vez reaccionen con orgullo y refuercen esa construcción ajena sobre ellos mismos hasta hacerla propia y adiós novedad. Sin embargo, el riesgo puede ser prevenido con facilidad si los magistrados, por más indignados que estén, logran convertir la bronca en una mezcla de análisis realista y propuestas viables. Y si, al momento de los ejemplos y las áreas de trabajo hacia adelante, exceden los disparadores iniciales. Es cierto que el sistema judicial es demasiado permeable a los poderes fácticos, pero no estaría mal alguna vez escuchar nombres y apellidos: por ejemplo el Estudio Fargosi, clave en el desastre de Aerolíneas Argentinas, o el Estudio Noceti Frías, de Jujuy, que construyó el sistema judicial de la provincia mediante la gran ayuda de uno de sus ex socios, el actual gobernador Eduardo Fellner. Los temas son infinitos, y podrían incluir el sistema judicial formoseño, montado por Gildo Insfrán o las nunca bien estudiadas relaciones entre muchos fiscales bonaerenses y las departamentales de la Maldita, relaciones que no parecen estar en la agenda de la procuradora María del Carmen Falbo. Pero estas cuestiones no se resuelven en dos días. El resultado aparecerá a mediano plazo. Lo que quedará claro hoy y mañana es si los firmantes del documento de enero consiguen transformarse en una opción de poder real con capacidad de influir en el debate público, como empezaron, y evitan morder la manzanita que los desviaría hacia un destino de secta. Opinión En busca de la legitimidad perdida Por Paula Litvachky * Son excepcionales los momentos en los que los propios “judiciales” discuten qué hacen, qué son y para quiénes hacen lo que hacen. Un momento interesante se puede rastrear tras la recuperación democrática. Pero ese debate fue clausurado rápidamente. Se limitó a algunos cambios de nombres y de un incipiente movimiento interno llamado “jueces para la democracia”. Rápidamente ese espacio quedó reducido al mínimo y expresado en algunos ámbitos académicos, pero muy alejados del funcionamiento judicial. El libro de la antropóloga María José Sarrabayrouse Oliveira sobre el caso de la morgue judicial en plena dictadura puso en evidencia la dinámica de un poder que se mimetizó con los aires dictatoriales y se pobló de funcionarios grises, acomodados al momento político, en defensa del statu quo. No eran sólo algunos convencidos ideológicos, era todo un sistema que cubría el horror bajo el manto de su funcionamiento burocrático. Eso hizo del sistema de Justicia argentino actual, con el perdón de la generalización, un poder conservador por definición. En 2001, luego de años de complicidad judicial para el desarme del Estado y una agenda de reforma judicial cooptada por la visión neoliberal, antiestatal y antipolítica, la crisis de legitimidad alcanzó también al Poder Judicial. Luego llegó un momento especial. Los decretos 222/03 y 588/03 fueron dando forma al proceso de renovación de la Corte Suprema (que generó las condiciones para el debate actual), abriendo una grieta en el cerrado círculo judicial. En los últimos años, también por la fuerza del proceso político y social de memoria, verdad y justicia, fueron avanzando imputaciones contra judiciales por los crímenes del terrorismo de Estado, inscribiendo finalmente algunos nombres y apellidos a la lista de cómplices de la dictadura. Hasta ahora, el debate judicial interno había sido poco profundo. Hoy aparece de abajo hacia arriba –y desde los costados– un sector del propio sistema judicial dispuesto a dar los debates sobre cómo construir legitimidad social y política, poniendo en juego las estructuras y referencias políticas internas dominantes. Con optimismo puede verse que, después de tantos años, diferenciarse públicamente del sector más conservador en el Poder Judicial empieza a ser parte de la búsqueda de legitimidad social. La disputa de sentido por la función judicial, la idea de independencia y de legitimidad resulta en sí misma transformadora porque interpela a las estructuras que se resisten a perder espacios considerados propios. Esto se instala como continuidad de aquella crisis, demorada, que revisa la función del Estado y pone al sistema de Justicia en un lugar eminentemente político. Un momento histórico tan particular requiere participación, nuevas agendas y sobre todo impedir que se encapsule como algo meramente judicial. Pero lo que aparece hoy como una ruptura de lenguaje, de referencias, de poder hacia el interior del sistema de Justicia, hace surgir nuevas preguntas: ¿cuál es la agenda de transformación que se promueve para sostener esa pelea y dar sentido de igualdad e inclusión? ¿De dónde se tomarán ideas, fuerzas, alianzas para construir esa legitimidad buscada? El Poder Judicial será independiente en un sentido democrático y no corporativo cuando se asegure al resolver un conflicto la ausencia de presiones de los poderes políticos, pero también cuando –aun en contra de los intereses sectoriales de los diversos grupos de presión que pugnan por mantener un orden de cosas desigual– contribuya en el avance de la vigencia de los derechos humanos. Más aún cuando están en riesgo los derechos de los grupos más desaventajados o de las propias víctimas del poder estatal. En 2008 ya dijimos que un Poder Judicial más democrático será aquel que tienda con su práctica no a reproducir sino a transformar las injusticias del orden económico, político y social. Y para eso es que precisa ser independiente. ¿Alguien puede plantear seriamente que el no pago del impuesto a las Ganancias los hace más fuertes en este mismo sentido? Hay una agenda judicial de defensa de los derechos humanos que debe estar en el primer lugar de las demandas de cambio. Como explica Boaventura da Sousa Santos, la función judicial no puede reducirse a “un desempeño reactivo de los jueces, centrado en el microlitigio clásico y políticamente neutralizado”. La idea de “independencia democrática” no deja de defender los intereses de la judicatura, pero los defiende como condición para que los juzgados asuman en concreto su cuota de responsabilidad política en el sistema democrático a través de un desempeño más activo y políticamente controvertible. La función judicial será más o menos transformadora cuanto más capacidad institucional tenga para defender los intereses de los sectores más desprotegidos. Desde el CELS acompañamos e impulsamos otros procesos que abrieron espacios de construcción muy importantes, pero en los que habían quedado muy ajenos los propios integrantes del sistema judicial. La oportunidad se abre ahora hacia la construcción de una agenda compartida. Está pendiente una propuesta profunda sobre las políticas de acceso a la Justicia (no sólo en el ámbito penal). Es absolutamente indispensable que este movimiento de transformación entre en diálogo con los movimientos sociales, de campesinos, indígenas y organizaciones sociales y de derechos humanos, porque de ellos saldrá justamente el reclamo de apertura y el anclaje desde donde construir legitimidad. Está claro que hay que organizarse para desformalizar y desburocratizar pero, fundamentalmente, para que las instituciones judiciales miren hacia ese lado. No puede haber contradicción entre las políticas de inclusión social y las políticas criminales que, tal como hoy se manifiestan, profundizan la exclusión con más encarcelamiento y debates autoritarios sobre la seguridad que orientan los recursos a defender a los más ricos. La cárcel es síntoma de exclusión y el endurecimiento de los sistemas penales tiene que ser enfrentado por un movimiento de esta naturaleza. Existe una agenda institucional en el Poder Judicial que puede ser enfocada hacia la apertura, la agilización de los trámites, el mejoramiento de la respuesta a partir de una gestión más inteligente, y orientada a los problemas sociales y no a la formalidad de los trámites. Hay mucho por hacer todavía hacia el interior de la Corte, y hay mucho por hacer también en la Cámara de Casación Penal. Por ejemplo, a partir del caso del homicidio de Mariano Ferreyra se descubrió una trama de complicidades y una red de influencias que mostraron lo que era un secreto a voces: en la Casación Penal confluían expresiones del poder (militar, sindical, político, económico) que eran garantizadas por algunos jueces y funcionarios (algunos por convencimiento ideológico y otros, simples especialistas en la búsqueda de oportunidades). Los “esperpentos” de Arslanian salían nuevamente a la luz para mostrar el revés de la trama judicial. La responsabilidad de esos funcionarios hoy se está juzgando en un trámite muy demorado y en una investigación en el Consejo de la Magistratura, que debería poner lupa sobre estas prácticas que expresa el poder concentrado en el tribunal penal más importante del país. Aquí hay desafíos concretos para una agenda de transformación. Es necesario visibilizar esta forma de funcionamiento. Porque no se trata de un juez en particular sino de una forma de entender el sistema judicial. ¿Qué le queda a la política? No hay transformación judicial posible sin la confluencia de la política, de lo social y de un sector judicial dispuesto a comprometerse con el cambio. La pelea recién empieza. La legitimidad se construye con el afuera. * Directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fuente:Pagina12
De acuerdo a la informacion, hoy a partir de las 14 horas, comenzará en la Biblioteca Nacionalel encuentro nacional por Una Justicia Legitima, y será de libre acceso a la sociedad.
Tras la apertura del mismo, se procederá en primer lugar a quienes van a coordinar el plenario abierto, y despues a escuchar las ponencias de quienes se anoten, y mas que obvio las mismas tendrán un tiempo a establecer. En tanto que el jueves jueces, fiscales y funcionarios judiciales, con el siguiente temario mas los que surgan de las exposiciones
Independencia: definir el sentido y el alcance de la independencia del Poder Judicial.
Ingreso: debatir las políticas de apertura para el ingreso y promoción meritocráticos de los agentes de la justicia. Control participativo: impulsar la rendición de cuentas de lo actuado en el Poder Judicial mediante políticas de transparencia y control participativo. Derechos Humanos: diseñar reformas de gestión democrática que incluyan el compromiso por la estricta vigencia de los Derechos Humanos y todas las formas de no discriminación, así como la eliminación de privilegios judiciales. Actitudes corporativas: fortalecer el nucleamiento anticorporativo con apertura hacia la sociedad y una fuerte identidad federal.
Capacitación: desarrollar la formación y capacitación permanente de todos los agentes del Poder Judicial. Envío:Agnddhh
ANTONIO CLUNY, PRESIDENTE DE LOS MAGISTRADOS CRITICOS DE EUROPA
“Hay imposiciones fácticas del poder económico”
Presidente del movimiento Magistrados Europeos por las Libertades, el jurista Cluny explicó que jueces y fiscales deben tener mayor preparación para resistir las molestias que puedan provenir de “una normatividad informal que ignora la normatividad republicana”.
Por Martín Granovsky
Imagen: Sandra Cartasso
Invitado por la Procuración y por la Defensoría General para actividades de capacitación, el portugués Antonio Cluny es la autoridad máxima del Medel, Magistrados Europeos por las Libertades, un movimiento compuesto por asociaciones nacionales de magistrados críticos. Cluny aprovechará su visita a la Argentina para participar de las sesiones de “Justicia legítima”. Antes, conversó con este diario en un salón de la Defensoría que conduce Stella Maris Martínez.
–“Justicia legítima” discutirá sobre definiciones de independencia judicial. ¿Cuál es la experiencia del Medel? –La independencia tiene una vertiente interna, de cada juez y fiscal, para lo cual es necesario asegurar garantías, y una vertiente externa, de gobierno de jueces y fiscales. Digo de gobierno propio, no de autogobierno, porque si no es muy corporativo. Es un gobierno con reglas propias, pero no es un gobierno de los jueces para los jueces o de los fiscales para los fiscales. En estos dos puntos descansa el fundamento de la independencia del Poder Judicial. Los magistrados deben tener garantía de que no serán molestados por lo que hacen, pero debe haber un gobierno de jueces y fiscales que permita garantizar a los ciudadanos que la actuación sea transparente y responsable. Es importante encontrar reglas y mecanismos de control y transparencia. La independencia no es sólo para los jueces y los fiscales, sino para garantizar a los ciudadanos que los funcionarios actuarán con imparcialidad y objetividad. –¿Cómo debería funcionar la independencia ante el poder político y de qué modo ante los establishments o los poderes fácticos, como dicen los españoles? –En lo esencial hay mecanismos de resistencia a las interferencias del poder político. Hay un mínimo de garantías para que los jueces y los fiscales puedan resistir. Interferencias siempre hubo y habrá. El problema es saber resistir y no ser muy molestado si se resiste. Y digo no ser muy molestado porque ser molestado es algo que seguro ocurrirá. Hoy asistimos en todas partes a la creación de una legislación informal, excéntrica a los órganos de decisión política. –¿De dónde viene? –De las imposiciones fácticas del poder económico. Por ejemplo, del poder financiero internacional. Esto ocurre en Europa con las agencias de calificación que desestructuran la vida de los países. La situación produce una normatividad que conflictúa o ignora la normatividad republicana de los países. Para ese fenómeno los jueces y los fiscales no están tan preparados. Afrontar la realidad con instrumentos tiene que ver con la preparación técnica y la capacidad de organización, en nuestro caso a nivel europeo. Se relaciona con formas de reconocimiento mutuo y de organismos de cooperación muy próximos. La preparación es básica para la independencia. Por ejemplo, la preparación sobre cuestiones económicas y financieras. Si no existe, ¿cómo se decide con eficacia? Esta cuestión lleva a otra, que es la independencia presupuestaria. Sin ella no se puede tomar decisiones. Hoy se discuten distintas maneras de ver la independencia, combinándolas con eficiencia, transparencia, eficacia. –¿En qué nivel de reflexión y de concreción están la cuestión de la independencia y las garantías? –Todo esto en realidad lo estamos empezando a pensar. Es más fácil lograr independencia del poder político. Lo más difícil es que la magistratura sea independiente y eficaz y dé respuesta a los ciudadanos ante los nuevos desafíos. No hay soluciones necesariamente iguales en todas partes. La falta de independencia perjudica a la población en términos de ciudadanía, democracia y Estado de Derecho. Por eso acepté venir a la Argentina. Todo conocimiento y todo intercambio de experiencias son importantes. Además nuestros sistemas judiciales son parecidos, porque se inspiraron en los mismos principios. Vamos constatando que hay problemas muy parecidos. Miremos Europa. Hasta hace poco tiempo tenía una cierta estabilidad. –¿En términos judiciales esa estabilidad cambió? –Desde el punto de vista de la organización judicial hay un descrédito entre los ciudadanos respecto de los órganos propios del gobierno del Poder Judicial. En España recientemente hubo una huelga a la que adhirió el 50 por ciento de los jueces y los fiscales. La produjo no sólo una reforma, sino el desprestigio interno de una política de promociones o sanciones. En este último caso, el de Baltasar Garzón. En Hungría, donde había un Consejo Superior de la Magistratura, el gobierno de extrema derecha introdujo una reforma sustituyendo el consejo por un comisario nombrado por el Parlamento. La Unión Europea felizmente impidió la concreción de esa reforma. En Rumania, la situación es grave. En Francia se discute la composición del Consejo. En Portugal, al menos desde ese punto de vista, la situación está estabilizada. –¿Por qué? –El equilibrio se da porque el Consejo Superior tiene siete miembros elegidos por los jueces, siete por el Parlamento y dos por el presidente de la república. El presidente del Consejo es a la vez presidente de la Corte Suprema. Por tradición el presidente de la nación nombra un juez y un no juez, por ejemplo un profesor universitario. En el Consejo Superior del Ministerio Fiscal son cinco los miembros elegidos por el Parlamento (pueden ser parlamentarios pero normalmente no lo son), dos por el gobierno, siete fiscales elegidos por los fiscales, los cuatro fiscales generales distritales y el fiscal general. –¿Está asegurada la diversidad? –Podemos decir que los consejos son plurales desde el punto de vista de la composición profesional y pluralistas desde el punto de vista político, porque sus integrantes representan orientaciones distintas. Esto permite un control interno y externo importantes. Los dos son necesarios. –¿De qué manera queda asegurado el control doble? –El sistema tiene una originalidad. Los consejos tienen cuerpos de inspectores escogidos por ellos mismos. Entonces, cada juez y cada fiscal tiene el derecho de ser inspeccionado. –¿El derecho y no la obligación? –La obligación es obviamente de los inspectores. Esto permite dar una calificación. Cuando llega al consejo, éste vota una nota que resulta esencial para la promoción de la carrera. Y a su vez el funcionario que fue calificado tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el supremo tribunal administrativo. Es un sistema antiguo que naturalmente se hizo democrático en 1974, cuando Portugal salió de la dictadura. –¿Cómo empieza su carrera profesional alguien que quiera ser juez o fiscal? –Para entrar en la carrera hay un concurso público de pruebas escritas y orales. Los jury están compuestos por gente nombrada por el consejo superior, por las universidades y por colegios de abogados. Es mucho trabajo integrar un jurado. A veces para 40 vacantes hay dos mil aspirantes. Luego viene otro escalón. Hay una escuela obligatoria para jueces y fiscales donde quienes obtuvieron las vacantes deben cursar tres años. Un año en la escuela y el resto en formación práctica. Al final los estudiantes se gradúan según una calificación. Los primeros tienen derecho a escoger el puesto que les gusta entre los puestos vacantes del sistema judicial. Fuente:Pagina12 27.02.2013
Empieza el debate por una “Justicia Legítima” Un nutrido grupo de jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial se reunirán hoy y mañana en la Biblioteca Nacional para “reconciliar al sistema con la ciudadanía”. Quiénes asistirán y sobre qué temas discutirán.
Un día después del discurso en el que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio inicio al año judicial, se producirá un encuentro plural para discutir cómo se puede democratizar y hacer “más legítimo” al sistema de administración de justicia. Se trata del Primer Encuentro Nacional Justicia Legítima, que se desarrollará hoy y mañana en la Biblioteca Nacional (Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires).
Justicia Legítima, un encuentro que dará que hablar
El grupo nació el 11 de diciembre del año pasado, cuando un grupo de personas vinculadas al Poder Judicial firmó una solicitada en respuesta al comunicado que había emitido un grupo de organizaciones de jueces en el que se acusaba al gobierno nacional de presionar a los magistrados y no se hacía referencia a las presiones del poder económico o corporativo. “Allí manifestamos que muchos de los firmantes del documento integramos algunas de esas organizaciones, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado. Sostuvimos además que los magistrados deben ser independientes no sólo de los otros poderes del Estado, sino también de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan”, explican ahora desde Justicia Legítima. “Nos mueve el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”, dicen sobre el objetivo que persiguen. En medio del fuerte debate sobre el rol de la Justicia, el encuentro comenzará hoy a las 14.30 con un discurso de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. A lo largo de la primera jornada, expondrán funcionarios del Poder Judicial de la Nación, de Poderes Judiciales provinciales y del Ministerio Público Fiscal. El cierre estará a cargo de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y del presidente de la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, Antonio Cluny.
"Los magistrados deben ser independientes también de los intereses económicos de las grandes empresas y medios"
Mañana, en tanto, hablarán los asistentes que no hayan podido hacerlo hoy y se desarrollará una serie de talleres temáticos. ¿Los temas? Redefinición del concepto de independencia judicial; mecanismos de ingreso, promoción y disciplinarios de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos; democratización y participación ciudadana en el sistema de administración de justicia; presupuesto, políticas de transparencia y rendición de cuentas. Luego de un plenario de talleres, se emitirá un documento final con las conclusiones del cónclave. La procuradora Gils Carbó dijo en una reciente entrevista con Tiempo Argentino que “el Poder Judicial ha tenido siempre una función legitimadora de las grandes inequidades como han sido las dictaduras, o los vaciamientos del Estado en la época liberal” y que la forma de cambiar esa matriz es “echar luz, debatir y sacarla a la luz”. Por eso el encuentro será abierto al público en general y los organizadores crearon una página de Facebook, un blog y una cuenta de Twitter para compartir artículos y novedades relativas al tema que los convoca.
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