Maniobra del comisario
Por Ailín Bullentini
A las 9 en punto de la mañana de ayer, todo estaba listo en la Sala AMIA de Comodoro Py para que el Tribunal Oral en lo Criminal número 21 de la Ciudad de Buenos Aires diera comienzo a la audiencia inaugural de los alegatos en el juicio por la muerte de Mariano Ferreyra y las heridas graves ocasionadas a otros tres militantes, hace poco más de dos años. Expectantes por igual, el público que rebasó la sala y las partes participantes del debate aguardaron la señal de inicio del presidente del TOC 21, Horacio Días, que llegó al cabo de una hora y para suspender la jornada. Los magistrados le dieron lugar al pedido de la querella de la familia de Ferreyra, que solicitó la postergación de la audiencia hasta el martes próximo por la ausencia del ex comisario Hugo Lompizano, uno de los siete policías acusados en la causa. La Fiscalía y los abogados representantes de los tres militantes heridos el 20 de octubre de 2010, además, solicitaron su detención, a la que también dio lugar el tribunal. Lompizano, que transitó en libertad al igual que el resto de los efectivos sospechados todo el juicio, permanecía hasta ayer en San Martín de los Andes, adonde viajó el sábado y de donde no logró regresar por falta de medios, según justificó su abogada defensora, Norma Bouyssou.
El escándalo malhumoró a los magistrados del TOC 21, quienes cerraron el debate rápidamente ayer y se retiraron sin hacer declaraciones. Demasiada atención social y mediática cubría el inicio de los alegatos en el juicio que dirigen desde hace poco más de medio año. Cientos de banderas rojas y amarillas características de los principales espacios políticos de izquierda coparon la vereda este de Comodoro Py desde la primera hora de ayer, escenario y micrófonos incluidos, para hacer fuerza y presencia durante las conclusiones de las querellas en la entrada a la recta final del juicio, es decir, los alegatos contra los 17 acusados.
Tras una hora de espera, los rumores de pasillo fueron confirmados por Días, quien indagó a Bouy-ssou acerca del paradero de su defendido y luego dio lugar a la Fiscalía y a las querellas a que opinaran sobre la ausencia. La defensora apuntó que Lompizano, quien se desempeñaba en la Dirección General de Operaciones cuando asesinaron a Ferreyra e hirieron de gravedad a los otros tres militantes, tuvo “un inconveniente familiar” y viajó el sábado pasado a San Martín de los Andes, Neuquén. Allí pasó el domingo y los feriados de Carnaval, pero no pudo regresar por “falta de pasajes”, explicó la abogada, quien aseguró enterarse el jueves del asunto y confirmó que su defendido estaría presente el martes. Bouyssou justificó el alejamiento de Lompizano del perímetro de su domicilio –condición que no debía violentar al ser imputado en la causa– y su ausencia en la audiencia de alegatos en la costumbre que se practicó durante todo el juicio respecto de la posibilidad de que la presencia de los acusados pudiera ser reemplazada por la de sus defensores sin pedido de permiso alguno a las autoridades magistrales.
Luego de remarcar que “hay actos del debate judicial que reclaman la presencia de los imputados”, la fiscal María Luz Jalbert dejó en manos de la querella que debía alegar ayer la decisión de cumplir con lo pautado o no. “Estaríamos de acuerdo en que siga la audiencia hoy si la parte acusadora considera que la ausencia del imputado no merma la eficacia judicial de su alegato”, apuntó. Luego, solicitó la revocación de la libertad bajo caución de la que gozó el ex comisario durante todo el proceso y la obligación de su presencia en las próximas jornadas, ya que su ausencia sin autorización constituye una violación de las reglas y “constituye una maniobra preparatoria para la fuga”.
Ofuscados, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Maximiliano Medina, Marcos Kotlik y Alberto Bovino consideraron que la solución al dilema que los sorprendió listos para fundamentar sus acusaciones a los ex líderes sindicales de la Unión Ferroviaria José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández, entre otros, era la suspensión de la audiencia. Además, solicitaron al tribunal que dispusiera de las medidas necesarias para que “se lo ubique (a Lompizano) y se garantice su presencia en el debate”, apuntó Medina. Procesalmente, existe la posibilidad de que un acusado solicite la nulidad de una acusación en su contra si los alegatos que lo involucran son leídos en su ausencia.
La querella que representa a Elsa Rodríguez –quien fue ovacionada al ingresar a la sala–, Ariel Pintos y Nelson Aguirre, adhirió al pedido de revocatoria de la libertad del ausente realizado por la Fiscalía. Según una de las integrantes del equipo de letrados, María del Carmen Verdú, la actitud del ex comisario “pone de manifiesto su desprecio por este debate, conforma un intento de alterar el proceso y permite la duda de profugación”.
El tribunal hizo lugar a todos los pedidos de la acusación. “Los acusados gozan de derechos y de garantías. En el caso de garantías, existen algunas que son de carácter irrenunciable. Entre ellas, la presencia durante la etapa de alegatos. Los acusados tienen que escuchar las acusaciones, lo quieran o no”, sentenció, como preludio de la decisión de posponer la audiencia. Además, ordenaron que el Ministerio de Seguridad nacional garantice la presencia del resto de los policías acusados en la primera audiencia del juicio la semana próxima.
Fuente:Pagina12
16.02.2013
hugo lompizano no volvió de sus vacaciones
Piden la captura de un imputado que faltó a la lectura de alegatos
El jefe policial faltó a tribunales y debió suspenderse la audiencia. Sospechan de una maniobra.
Por: Gabriel A. Morini
Todos los integrantes de la denominada patota ferroviaria que actualmente están en cárceles federales estaban presentes, desde temprano, para una de las audiencias con mayor expectativa por la acusación y pedido de penas que tenían previsto formalizar los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representan a la familia del joven asesinado. Incluso, el ex líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y su segundo, Juan Carlos "Gallego" Fernández ocuparon sus lugares antes de las diez. Ambos se habían negado a asistir, pero fueron obligados a comparecer por expresa instrucción del TOC21 al Servicio Penitenciario Federal. También estaban sentados junto a sus defensores todos los policías implicados. Pero faltaba Lompizano.
"La explicación es que viajó a San Martín de los Andes por un problema familiar y no consiguió pasaje de regreso" fue la excusa que pudo verbalizar Norma Bouyssou, la defensora oficial de Lompizano cuando, con gesto adusto, el presidente del TOC21, Horacio Días le preguntó dónde estaba su asistido. La abogada intentó justificar la ausencia del comisario mayor, pero debió admitir que ella se había enterado de que no estaba en Buenos Aires la noche anterior. "¿Se enteró anoche que había viajado el sábado?", le preguntó Días. "No tuvimos tiempo material para solicitar la autorización", aseguró la letrada, que informó que por un "imponderable", el policía había salido de la ciudad el fin de semana previo al feriado de Carnaval. El comisario en disponibilidad tampoco avisó que iba a estar fuera de su jurisdicción a la oficialidad de la Policía Federal.
Siguiendo el proceso de rigor, fue la fiscal María Luz Jalbert la que pidió resolver si continuaban o no con la audiencia y qué medidas adoptaría el tribunal contra la "libertad caucionada" de la que gozaba el imputado. Entonces, la fiscalía solicitó que se lo haga "comparecer de manera forzosa" ante el tribunal, ya que entendió que se podía estar llevando a cabo "una maniobra preparativa de fuga". "Esto ha perjudicado más allá de la audiencia, la situación de los otros imputados", aseguró. De igual modo, dejó en manos de la querella evaluar si era adecuado que comiencen la exposición a riesgo de "menguar su efectividad jurídica". Los abogados del CELS encabezados por Maximiliano Medina y Alberto Bovino coincidieron en el aplazamiento, al igual que la querella que representa a los heridos en el ataque, a cargo de María del Carmen Verdú y Claudia Ferrero. "No es un simple error de un comisario mayor", deslizó Verdú al poner en duda los verdaderos motivos de la ausencia de Lompizano. Con este escenario, los tres jueces pidieron tiempo para deliberar.
En el medio del clima de incertidumbre, un cerrado aplauso de todo el público abrió paso para que ingresara en la sala de audiencias Elsa Rodríguez, la militante del Polo Obrero que aquel día fue alcanzada por un balazo disparado con la misma arma que mató a Ferreyra. En silla de ruedas y con dificultades para el habla por las secuelas del ataque, dio el presente en un gesto que sumó simbolismo a la fallida audiencia, ya que había estado el 6 de agosto, cuando comenzó el juicio.
En rigor, la audiencia se podía haber llevado adelante igual, pero implicaba grandes riesgos de futuros planteos de nulidad para la única querella que está en condiciones de pedir penas de prisión perpetua a Pedraza y a los autores materiales de la balacera contra los manifestantes, en Barracas.
"Con su actitud irresponsable (Lompizano) obstruye el normal desarrollo del juicio, por eso se librará un oficio al Ministerio de Seguridad para que comparezca el martes en calidad de detenido", fue el veredicto de los jueces al posponer el comienzo de los alegatos para la audiencia del 19 de febrero, y con ello, alterar el cronograma previsto para el resto de las exposiciones. El denominado "derecho a la defensa material de los imputados" los obliga a estar presentes –quieran o no– en la lectura de los cargos por los que va a juicio, y en el tramo de los alegatos. Forma parte de lo que, explicaron, es una "garantía irrenunciable" en el derecho a defensa. De nada valieron las réplicas de Bouyssou para evitar la orden de captura contra su cliente. Ni siquiera el compromiso que le manifestó el policía, vía telefónica, de que iba a estar presente para dar las explicaciones de su faltazo y que no tenía restricciones para viajar fuera de la ciudad. "Lo vamos a escuchar el martes cuando venga detenido", fue la dura respuesta del presidente del TOC21.
Movilización frente a tribunales
Las afueras de los Tribunales de Comodoro Py 2002 fueron escenario ayer de una nutrida movilización en apoyo al comienzo de los alegatos. La convocatoria fue similar a la de las primeras jornadas del juicio, con marcada presencia del Partido Obrero y de otras organizaciones afines. Con pancartas pidiendo la prisión perpetua de José Pedraza y de los demás detenidos, aguardaron las novedades que iban surgiendo desde el interior de la sala de audiencias. En ese marco, el abogado de Pedraza, Carlos Froment denunció que durante el traslado de su defendido y del “Gallego” Fernández, un grupo identificado con el Partido Obrero golpeó la camioneta del Servicio Penitenciario en la que se movilizaban, al reconocerlo por la ventanilla.
Según trascendió el chofer debió desviarse y comenzó a deambular por las calles céntricas, al no encontrar la manera de aproximarse a la entrada de los tribunales. Incluso se evaluó llevarlos de regreso, por lo que el letrado solicitó que se arbitren los medios para garantizar la seguridad de los detenidos.
Fuente:TiempoArgentino
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