Por Sonia Tessa
PIDEN QUE DELITOS COMUNES ORIGINADOS EN EL NARCOTRAFICO VAYAN AL FUERO FEDERAL
Los fiscales quieren el mapa completo
Juan Murray y Federico Reynares Solari solicitaron al juez Bailaque que declare la competencia federal en una causa de interés público, que investiga la provincia. Así, profundizan la decisión de llegar al vértice de las bandas delictivas.
Por Sonia Tessa
Murray fue designado en diciembre para agilizar la investigación.
Los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares Solari solicitaron al juez Marcelo Bailaque que plantee la competencia federal en un delito común, que tuvo impacto público, y se origina en el narcotráfico. "Los hechos encuentran su génesis y explicación en la existencia de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico", argumentan los representantes del Ministerio Público Fiscal, que comenzarán a hacer este pedido en forma sistemática a los magistrados que tienen entre sus obligaciones la investigación de la venta ilegal de estupefacientes. De esta manera, los fiscales profundizan la decisión de investigar en conjunto las causas, a fin de establecer los vértices de las bandas, y no sólo sus integrantes más visibles. En el escrito, consideran que "también deberán investigarse -conjuntamente- las eventuales conductas encubridoras o cómplices en las que hubiesen incurrido miembros de la fuerza de seguridad".
El pedido se hizo a Bailaque, porque es quien tiene la causa en las que la Fiscalía acumuló cuatro expedientes hasta ahora sin imputados por delitos de narcotráfico, como informó Rosario/12 la semana pasada. Si bien Bailaque había considerado que es potestad del juzgado decidir la acumulación, los representantes del Ministerio Público Fiscal respondieron que les cabía esa atribución desde el momento en que los magistrados les delegaban las investigaciones. Ahora, los fiscales van por más: además de la acumulación de causas ya existentes en el fuero, plantean la competencia federal en causas hoy provinciales por delitos originados por el narcotráfico.
Murray y Reynares Solari argumentaron que "la competencia federal, por regla de excepción, surge en cuanto los hechos que en un principio pueden ser delitos comunes, afectan directamente los intereses del Estado nacional". Entienden que en muchos de los ilícitos contra la integridad física y la libertad de las personas que se producen en Rosario "las bandas no sólo llevan adelante su ilícita actividad sino que despliegan organizadamente la perpetración de ilícitos para mantener la impunidad" de su "negocio" principal, la venta de drogas.
Es decir que ante intentos de homicidio en la vía pública, por ejemplo, los fiscales pedirán la competencia federal cuando en el origen de estas acciones haya una disputa por el territorio de venta de drogas. "Ello es así por cuanto, haciendo un juego hipotético, si suprimiéramos mentalmente dicha actividad (el narcotráfico), llegaríamos a la conclusión de que los otros ilícitos (delitos contra la integridad física y la libertad) no se hubieran producido", continúa el escrito presentado al magistrado para que requiera una causa en particular -que no informaron para proteger el desarrollo de la investigación- a la jurisdicción provincial. Tras la remisión de las copias certificadas de la causa, entienden que "se deberá declarar la competencia federal para entender en el caso, librándose oficio al juez de instrucción a cargo".
Los fiscales consideraron que la relación entre los delitos considerados comunes y los intereses de las bandas de narcotráfico que los originan, "guarda dramatismo en la medida en que los 'articuladores sociales' (referentes de organizaciones sociales, políticas, religiosas) de los territorios en que estas bandas actúan son atacados por no aceptar las condiciones que ellas pretenden imponer".
El escrito plantea que "el desenvolvimiento de toda actividad ilícita consta, al menos, de dos áreas de 'reparto de trabajo': por un lado, el que la propia actividad ilícita representa y, por otro, aquellas conductas tendientes a mantener por fuera de los órganos de persecución a la noticia de tales actividades". Es decir, destinadas a impedir que se investiguen.
Por eso, creen que "en el caso de que se investigue una determinada organización criminal, también deberán investigarse --conjuntamente-- las eventuales conductas encubridoras o cómplices en las que hubieran incurrido miembros de las fuerzas de seguridad".
Para ejemplificar la pertinencia y los antecedentes de pedir la competencia federal para delitos comunes cometidos en el marco del accionar de bandas de narcotraficantes, los fiscales traen a colación "el caso de los delitos 'conexos' a los de lesa humanidad (en general, contra la propiedad), a los que no sólo se les atribuyó la mencionada conexión sino que también, por dicha razón, fueron declarados delitos de lesa humanidad (la conocida causa Esma)".
Los fiscales le piden al juez que "forme el incidente de competencia; de considerarlo pertinente se pida a la jurisdicción provincial remisión de copias certificadas de la causa referida que tramita, hecho lo cual se deberá declarar la competencia federal para entender en el caso señalado".
Murray --que fue fiscal de San Nicolás-- fue designado en diciembre pasado por la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, tras la inacción de su antecesora, Liliana Bettiolo, en la causa que involucraba al ex jefe de policía provincial, Hugo Tognoli, en la que se dictó falta de mérito porque no había pruebas.
La decisión de la Procuración General de avanzar en la investigación de los delitos complejos ya tuvo repercusiones en Rosario: la semana pasada, Rosario/12 difundió un escrito de los mismos fiscales dirigido a Bailaque señalándole que "la constante fragmentación de causas por narcotráfico" implica la "imposibilidad de avanzar hacia estamentos superiores en este tipo de delitos complejos y criminalidad organizada". Y reafirmaron la capacidad del Ministerio Público Fiscal para definir la acumulación de causas, máxime cuando los jueces le delegan la investigación. La polémica siguió: Bailaque aseguró que no se opone a la acmulación de causas, pero defendió que es competencia del juez decidirlo según el Código Procesal. Sin embargo, tras el pedido de pronto despacho de una serie de medidas por los fiscales, las autorizó.
De despacho en despacho
Tras el escrito de los fiscales Juan Murray y Federico Reynares Solari ratificando la potestad del Ministerio Público Fiscal para definir la acumulación de causas que investiga, el juez Marcelo Bailaque dispuso el jueves que supeditará la resolución a un informe que le requirió a su par Carlos Vera Barros en relación a si él aceptó la acumulación de esas causas. Como el incidente planteado significa una nueva dilación, los fiscales hicieron un pedido de pronto despacho que el magistrado aún no resolvió. Aunque el lenguaje judicial sea críptico, es claro que las idas y vueltas de un expediente por formalidades demoran días medidas acerca de personas a las que se les facilita eludir la justicia.
Fuente:Rosario12
Las deficiencias de la Justicia Federal en Rosario
En el marco de la falta de celeridad para atacar y esclarecer causas por delitos federales como el narcotráfico, en la ciudad solo hay 4 juzgados, la misma cantidad que en la década del 70
En el año 1910, con 192 mil habitantes en la ciudad de Rosario, había 2 juzgados federales. Más tarde, en el año 1991, con 907 mil habitantes en la ciudad, el número de juzgados ascendió a 4. La misma cantidad se mantiene ahora, con casi 1 millón 200 mil habitantes.
De estos datos oficiales según pudo averiguar Política Plus, en el detalle informativo que en la Justicia Federal le acercaron a los concejales, también se desprende que la Jurisdicción de Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, también tiene injerencia en localidades del norte de la provincia de Buenos Aires. Tales como: San Nicolás, Colón, Pergamino, Ramallo, San Pedro y Arrecifes.
Imagen gentileza: verdadyjusticia.files.wordpress.com
Fuente:PoliticaPlus
ADRIANA ROSSI, DOCTORA EN FILOSOFIA, PROFESORA DE LA UNR Y ESPECIALIZADA EN NARCOTRAFICO, TRAZA LAS LINEAS DE ACCION
"El gobierno provincial debe intervenir, sin echar culpas"
La investigadora, que fue Secretaria Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños, planteó la necesidad de controlar a la policía y de avanzar en una reforma estructural. Desechó los paralelismos con Colombia o México.
Por Claudio Socolsky
Adriana Rossi consideró que el gobierno debe demostrar que puede actuar, y aseguró que hay expertos que pueden contribuir.Imagen: Andrés Macera
Adriana Rossi, Doctora en Filosofía y profesora de posgrado del la Universidad Nacional de Rosario (UNR), es investigadora y especialista en la temática política y social del narcotráfico. En un extenso diálogo con Rosario/12 abordó la problemática trazando algunos tópicos indispensables a la hora de comprender una realidad que se ha instalado en la ciudad con derivaciones insospechadas. Rossi, que dictó clases en distintas universidades latinoamericanas y europeas y fue Secretaria Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños (RELARD), planteó la necesidad de controlar a la policía acompañándola de una reforma estructural, apuntó a investigar el lavado de dinero, y remarcó que hay cuestiones culturales pendientes que deben resolverse. Además, la especialista señaló que el gobierno provincial "tiene que tomar decisiones en lugar de echar culpas y marcar competencias", y que no debe amparar a funcionarios sospechados. "El gobierno, con valentía, tiene que demostrar que puede actuar, hay expertos que les pueden dar una mano", recomendó.
A través de la experiencia de haber desarrollado trabajos en distintos países de América Latina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil por organismos nacionales e internacionales, Rossi aseguró que el problema del narcotráfico en Argentina, y puntualmente en Rosario, es un fenómeno inédito. Planteó que no sucede lo mismo en países como Colombia, México, Brasil y ahora también Ecuador. Fundamentalmente porque no hay cultivos, guerrilla y paramilitarismo.
"La problemática está instalada, lo que sucedió es que se desmadró, afloraron a la superficie todas estas tramas extremadamente complejas, pero son fenómenos que se dan. Y si hay que hacer un paralelismo, lo haría con Brasil. Esto no es Colombia, no es México. Me parece peligroso insistir sobre esto porque las medidas que se pueden tomar pueden ser medidas que no son acordes a la realidad. No tenemos carteles de drogas, son bandas de narcomenudeo o redes de bandas que permiten el pase de la droga hacia otros países", precisó.
Llegada al país desde Italia, en 1996, Rossi realizó en la UNR una investigación sobre la percepción de la problemática de la droga y el narcotráfico en la ciudadanía. Lo que surgió fue que, efectivamente, Rosario era una ciudad donde se consumía mucho y parecía que superaba el promedio nacional. Convocada por ese entonces por un funcionario de la Municipalidad planteó que había que hacer algo. "Aquí no pasa nada", le respondieron.
Según la investigadora, "si hay consumo, es evidente que alguien distribuye, pero se desestimó muchísimo toda la problemática que con los años se fue insertando y se dio algo que es común, el involucramiento de la policía por el contacto que ellos mantienen con todo el hampa, y la cantidad de plata que se maneja, que lo convierte en algo muy atractivo. Además, la estructura de esta policía trae una mentalidad que viene de la dictadura, por lo tanto hay un escenario favorable para los ilícitos y para hacer lo que ellos deciden y lo que ellos quieren".
Rossi resaltó que el autogobierno de la policía es histórico, pero allí interviene otra cuestión que complicó la situación actual: la interna policial. "La caja negra, donde llegan todas las coimas por la protección de los negocios del narcotráfico, el juego clandestino, los desarmaderos, la prostitución y la trata, sigue existiendo.
La policía se lo reparte y una parte siempre había llegado al poder político, a los punteros o a los políticos que directamente estaban involucrados. Lo que sucede actualmente es que hay grupos enfrentados para apoderarse de la mayor tajada".
Según Rossi, para que los narcos puedan desarrollar su actividad necesitan del apoyo policial. "Y aunque la policía se autogobierne, de alguna forma debe estar segura de que el poder político cierra los ojos, mira para otro lado o directamente pactan con ellos. El pacto se puede implementar de diferentes maneras. Porque existe un interés pecuniario de por medio, o se puede pactar también para mantener los niveles del delito dentro de una franja aceptable que no desestabilice la imagen que el gobierno pueda tener ante la población".
También consideró que el circuito cierra a partir de una justicia parcializada con causas que no se pueden sumar, y que de alguna forma podrían establecer un hilo conductor para llegar hasta los peces más grandes, aunque la posibilidad de llegar a los verdaderos responsables no es a través tanto de estas investigaciones sino por la ruta del dinero. "Realmente no hay instrumentos, por eso se está tratando de preparar a policías, tenemos la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que está tratando de llevar adelante ciertas investigaciones, apuntando a los evasores fiscales, pero no saben aún cuánto es el dinero que se está lavando. Por lo tanto, hay jueces que no quieren llevar la investigación más allá del hecho puntual. Es así que vemos que siempre se apresa al tipo que transporta y que es reemplazable. Si verdaderamente quien cortarle las piernas al narcotráfico tienen que apuntar más arriba, que en la mayoría de los casos cuentan con el apoyo del poder político, que además recibe dinero para las campañas electorales".
Rossi subrayó que en la ciudad operan bandas, una situación que puede ser beneficiosa a la hora de desbaratarlas, pero hay que tomarlas en consideración por su gravedad. "Por ejemplo, la banda de Los Monos, que es una banda especial que no solamente se dedica al narcotráfico, se dedican a extorsión de comerciantes. En Italia lo llamamos `il pizzo', típico de la mafia, si no pagan le rompen el negocio. Además, están entrenando a sicarios y eso es peligrosísimo porque hoy están vinculados al narcotráfico y mañana pueden estar en cualquier otra cosa, armas, trata, actividades totalmente diversificados y al servicio de quien sea. Cuentan con el modus operandi, tienen los contactos, por lo tanto hay que tratar de eliminarlos lo más pronto posible porque pueden enquistarse en la sociedad, aunque haya cambios en la política de drogas, como la liberalización del consumo que es un poco la tendencia que hay en América latina".
La problemática, agregó la investigadora, puede abordarse desde varios ejes, pero se refirió a tres que no deben evitarse. Uno es el control de la policía. "No sólo hay que hacer un descabezamiento de la policía, hay que acompañarla con una reforma estructural. Se está hablando de una policía de cercanía, que me parece muy bien que exista para enfrentar una serie de problemáticas, pero lo otro no puede quedar así, hay que intervenir. Debe haber una voluntad de parte de los gobiernos en general de asumir ante la policía una posición de control, no pueden dejar que hagan".
El segundo es el lavado de dinero. "Efectivamente, alimentan el circuito financiero, alimentan economías. Se está apuntando a los narcos, a los distribuidores. ¿Cuándo vamos a apuntar a los contadores, a los profesionales que viven de eso? ¿Cuándo vamos a apuntar a esa clase media que tiene sus circuitos bien estructurados y menos peligroso, pero que son claves a la hora de desentrañar la cadena? Muchos gobiernos cierran los ojos porque el ingreso de dinero narco les da una mano".
El tercer tópico está directamente relacionado a la cuestión cultural. "Hubo sectores poblacionales abandonados por el Estado, que con sus políticas neoliberales borró leyes, dejó de invertir en salud, en educación y ya sabemos cuáles fueron los resultados. Jóvenes que no pueden visualizar su futuro y que comienzan a introducirse en circuitos ilegales y criminales. Esta situación tiende a modificarse, pero hay chicos que no han visto nunca trabajar a su abuelo, a su padre. Si no hay un ejemplo de cultura de trabajo, es más fácil continuar con esa tradición de ilegalidad".
En este marco, también le apuntó a la clase media. "Es una cuestión cultural, no es solamente económica, terminamos estigmatizando a la gente que no tiene, pobre es igual a delincuente. Hay cuestiones culturales determinadas por nuestra sociedad consumista donde para ser hay que tener, esto hace que la clase media se involucre en el circuito: más plata, más estatus. Hay cuestiones culturales que enfrentar, no es solamente resolver la cuestión de la pobreza. Le haríamos un pésimo favor a todos los pobres que han tratado de sobrevivir sin involucrarse en ningún ilícito; en homenaje a esa gente hay que hablar con claridad".
Consultada sobre el cruce de cuestionamientos entre Provincia y Nación para determinar responsabilidades y actuaciones contra la problemática, Rossi afirmó: "El gobierno provincial puede decir que el narcotráfico es un delito federal, en eso tiene toda la razón. Pero tiene una policía provincial, y dentro de la policía está la Dirección de Drogas Peligrosas. Entonces, si es una cuestión federal, ¿para qué la tiene? Evidentemente, la policía provincial tiene cartas en el asunto. Desde mi punto de vista, el gobierno provincial tiene que tomar decisiones en lugar de echar culpas y marcar competencias, debe intervenir, se lo debe a la gente que los votó, a la ciudadanía en su conjunto".
Además, la investigadora señaló: "No se puede tampoco seguir amparando a un personaje, que no sabemos si está involucrado o no. Antes de ampararlo, traten de ver si está involucrado o no, si no está, mejor así, y seguirá trabajando con ellos. En estas cuestiones, hay que dejar a un lado la amistad. El ex gobernador Hermes Binner tiene una relación con Marcos Escajadillo, que viene de una cuestión afectiva, lo entiendo perfectamente. Pero en esto hay que ir con mucho cuidado, porque puede convertirse en una especie de encubrimiento".
Para Rossi, se trata de una situación "muy incómoda para el gobierno provincial, que tiene que mostrar agallas, la sensación a veces es que está trabado. No es fácil, una pugna electoral claramente embarra la cancha, esto hay que evitarlo porque de por medio está la ciudadanía. El hecho de que un sicario profesional mate a una persona en Corrientes y Pellegrini, en pleno día, es gravísimo. El gobierno, con valentía, tiene que demostrar que puede actuar sin esperar que manden la Gendarmería. Hay expertos que les pueden dar una mano".
Cambio de paradigma
La investigadora Adriana Rossi se refirió a su participación en una reunión de trabajo que develó un enfoque diferente en el tratamiento de las políticas sobre drogas y narcotráfico. El encuentro fue a fines de octubre, en Chile. "Va a ser un camino largo, difícil, porque hay países como Paraguay que se resisten. La intención de estos grupos es el cambio de paradigma y la legalización. Y están integrados por ex presidentes como el brasilero Fernando Henrique Cardoso, el mexicano Enrique Zedillo, y el colombiano César Gaviria, y personalidades como el escritor peruano Mario Vargas Llosa, de quienes no podemos decir que son izquierdistas (risas)", relató. "Empezaron con la marihuana y están avanzando con otras sustancias porque las políticas vigentes causaron un daño terrible a las sociedades y no han dado resultados. Hay que observar lo que sucede con el otro gran actor, Estados Unidos, que utiliza la lucha antinarcóticos en función de la militarización del continente".
Fuente:Rosario12
DOS JOVENES ASESINADOS Y UNO HERIDO EN ZONA SUR
Los homicidios siguen sin dar tregua
Dos jóvenes fueron asesinados y otro sufrió una herida de bala en una pierna en la zona sur de Rosario, donde la policía investiga si los casos estaban conectados entre sí. Las víctimas mortales tenían 18 y 17 años y el primero de ellos fue abandonado por un automóvil en la puerta del hospital de niños Víctor Vilela. Las fuentes dijeron que cerca de la 1 del sábado, el joven de apellido López fue abandonado con tres balazos, uno en la pelvis, otro en el hombro derecho y el último en el antebrazo izquierdo, frente al centro de salud. El joven llevaba puesta una camiseta del club Ñuls Old Boys de Rosario y una pistola calibre 6,35.
En tanto, a esa misma hora, fue hallado muerto otro adolescente de 17 años en la intersección de avenida Grandoli y pasaje Tomás Page, en el barrio La Tablada. En este caso, el adolescente presentaba un disparo en la sien con orificio de salida por el arco superciliar derecho. El adolescente portaba, al momento de ser hallado, un revólver calibre 32 largo, con 3 vainas servidas y otras tres intactas.
Asimismo, indicaron que cerca de la 1:30 y a unas tres cuadras del incidente anterior, en Esmeralda y 24 de Septiembre, fue hallado otro joven herido de bala. El joven, de apellido Alán, fue detectado por vecinos cuando estaba herido y trasladado por un servicio de emergencias al hospital Clemente Alvarez. Los médicos constataron que tenía un disparo en la pierna derecha y quedó internado.
Fuentes de la investigación señalaron que se trata de establecer "si los episodios están vinculados" y y adelantaron que en base a las pericias los autores de los disparos estarían identificados. Asimismo, descartaron que los incidentes estén relacionados a una rivalidad entre barras de Ñuls. Los crímenes son investigados por la comisaría 16 y la Brigada de Homicidios, bajo órdenes de la justicia Penal de Rosario.
Fuente:Rosario12
“Lo de Fein es operación propagandística”
La diputada Vucasovich le apuntó a la intendenta de Rosario. Dijo que las medidas que tomó solo persiguen un fin electoral y que la Municipalidad carece de sustento legal para crear una policía comunitaria
La diputada señaló: “No se puede salvar una situación de crisis con operaciones propagandísticas y, en ese sentido, la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, en lugar de anuncios preelectorales sin contenido, debe exigirle al gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, que tome medidas para frenar la ola de inseguridad”.
Con respecto a la creación de una policía comunitaria Vucasovich aseguró: “La Municipalidad de Rosario carece de sustento legal y las condiciones institucionales para crear un organismo de esa naturaleza, hasta que la ciudad no obtenga, por ley provincial o por reforma constitucional, su merecida autonomía. Parece una iniciativa para tratar de salvar una situación de crisis con una operación de prensa y como parte de una estrategia electoral de muchos anuncios en años de elecciones, tal como nos tiene acostumbrados esta administración”.
Por último, la legisladora del PRO remarcó: “La intendenta Fein debe hacerse cargo de las acciones propias que desde la Municipalidad se pueden realizar como prevención: iluminación en los barrios, mejoras en el transporte urbano, limpieza, poda y escamonda, obras básicas como apertura de calles o urbanización de los barrios periféricos, entre otras medidas de su incumbencia”.
Imagen gentileza: ellitoral.com
Fuente:PoliticaPlus
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