La conducta de Su Señoría
La presentación la realizará hoy el diputado nacional del radicalismo, Jorge Alvarez contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, luego de que dos fiscales señalaran la falta de unificación de causas por narcotráfico.
Por José Maggi
"Hay elementos para que se investigue a Bailaque", señaló el legislador nacional.
El diputado nacional Jorge Alvarez (UCR) presentará hoy ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura un pedido para que investigue la conducta del juez federal rosarino Marcelo Bailaque. "Lo hago ante la denuncia de los dos fiscales Juan Murray y Federico Reynares Solari sobre el juez Bailaque, y por las objeciones públicas que ha hecho el diputado provincial Maximiliano Pullaro (quienes habían denunciado la falta de unificación de varias causas). Por eso voy a pedir que se analice la documentación y los dichos sobre el magistrado y se proceda en consecuencia, para ver si corresponde el inicio del jury de enjuiciamiento" explicó el legislador nacional.
-¿Del análisis previo realizado encuentra alguna objeción al desempeño del magistrado federal?
-En mi presentación me refiero al juez Bailaque, sobre quien para mi hay elementos para que se investigue, por lo cual creo que hay que proponer acciones en pos de la defensa del interés general. Corresponde que se avance en la Comisión de Disciplina, y que sea este órgano el que evalúe la conducta a seguir, y eleve entonces ante el Consejo de la Magistratura el pedido de jury.
-¿Cuáles son los hechos que merecen un reproche?
-Puntualmente los que están planteando los dos fiscales en conjunto: la falta de unificación de las causas, que es un tema fundamental. Estamos hablando del tema del narcotráfico, en el que todos debemos comprometernos, y el Poder Judicial no puede estar ajeno- remarcó Alvarez.
Rosario/12 había adelantado que el senador del Frente Progresista Lisandro Enrico y el diputado radical Maximiliano Pullaro estaban analizando realizar la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a los dos jueces federales de Rosario, Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros, para que se analizara su conducta en las causas por narcotráfico que se tramitan en ambos juzgados. "Si los jueces no hacen lo que tienen que hacer para impartir justicia y evitar la impunidad, vamos a pedir que los destituyan", habían advertido los legisladores.
El senador Enrico había reaccionado de este modo -como ya lo había hecho Pullaro- ante el planteo de dos fiscales federales rosarinos al juez Bailaque por "la constante fragmentación " de causas por narcotráfico, lo que impide -a criterio del Ministerio Público- "avanzar hacia estamentos superiores en este tipo de delitos complejos y de criminalidad organizada".
Pullaro habia revelado que en los despachos de Bailaque y Vera Barros existen "más de cien denuncias de bunkers de venta de drogas" en Rosario, realizadas por el gobierno de la provincia, pero "no han ordenado ninguna medida". "Es central acumular los procesos conexos para avanzar en la cadena del narcotráfico y establecer las responsabilidades de los eslabones superiores", dijo el diputado de la UCR.
Fuente:Rosario12
Por denuncias “a salvo”
Por Arlen Buchara.-
Desde el Concejo pedirán que las acusaciones de vecinos que involucren a la Policía pasen derecho a la Fiscalía. La idea complementa el proyecto provincial de centros de recepción en los distritos.
19 feb, 2013
Desde el Concejo pedirán que las acusaciones de vecinos que involucren a la Policía pasen derecho a la Fiscalía. La idea complementa el proyecto provincial de centros de recepción en los distritos.
19 feb, 2013
El edil por el Partido Socialista Auténtico (PSA), Alberto Cortés, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal por el que propone que “las denuncias que se radiquen en los distritos que involucren a la Policía no sean investigadas por la misma (institución) y se direccionen a Fiscalía”. De ser probada la propuesta, ésta se traducirá en un pedido al gobierno provincial para que la materialice, porque tanto la Justicia como la fuerza de seguridad son responsabilidad de esa jurisdicción.
La iniciativa surge a raíz de la propuesta del Ejecutivo santafesino sobre la creación de un tercer y nuevo sistema de centros de recepción de denuncias atendido por personal civil, además de las comisarías y la Fiscalía, que tendría sus sedes en los seis distritos de la ciudad. Según el concejal, estos nuevos centros serán atendidos por personal civil y enviarán de forma inmediata las denuncias tanto a Fiscalía como a la Policía. “El problema y la pregunta que me surgió cuando escuchamos la propuesta es qué pasa con esas denuncias que involucran a la Policía directamente, y no obtuve ninguna respuesta”, explicó Cortés y agregó que “quedó evidenciado que no está previsto un tratamiento diferenciado para tales casos, que son muy numerosos”.
Por este motivo, Cortés presentó al Concejo un proyecto de ordenanza que sugiere que “no se envíe copia de la denuncia a ningún órgano policial, en los casos de que las mismas comprometan a personal policial o de seguridad. Esto quiere decir que se deriven directamente a la Fiscalía para que se investiguen”. Esta iniciativa, una vez aprobada, prevé que el cuerpo legislativo de la ciudad eleve la propuesta al gobierno de la provincia para que sea incluida en el plan de obras en materia de seguridad.
Según el Concejal, existen muchos delitos que el vecino no se atreve a denunciar “por temor a represalias de la Policía y que la involucran directamente, como los pedidos de coimas, denuncias de desarmaderos, quioscos de droga, extorsión, por mencionar algunos”.
Es importante aclarar que la iniciativa es en relación a este nuevo mecanismo y prevé que “lo que no llegue a la Policía sea la denuncia. La investigación seguiría por los canales correspondientes”, explicó Cortés.
Fuente:ElCiudadanoyLaGente
“Limpiar lo que tenga olor a Tognoli”
El concejal Cavallero dijo que el gobernador debe separar a todo efectivo policial que esté relacionado con el comisario Hugo Tognoli, ex jefe de la Policía. “La provincia está pagando el costo de poner en Seguridad a sus militantes”
En diálogo con Política Plus, Cavallero dijo: “Repito para que quede claro, hay que limpiar a todo lo que tenga olor a Tognoli. Hay que separar de la Policía a todos los efectivos que tenga relación con el caso”.
Además, el edil sostuvo que el socialismo pagó caro la decisión de poner a militantes políticos del partido en el área de Seguridad. “Sacando a Ana Viglione, que ahora ocupa la Secretaría de Delitos Complejos y antes estuvo al frente del área de Control de Agencias Privadas de Seguridad, el resto no tiene ninguna experiencia en la materia. Esto es una falta de respeto, no puede ser”, apuntó Cavallero.
Para escuchar la nota completa haga clic en la imagen principal
Fuente:PoliticaPlus
Lunes, 18 de febrero de 2013
Ciciliani denunció que el Renar "perdió" 200 armas que debían ser destruídas
La legisladora socialista presentó un pedido de informes para saber el destino de "revólveres, pistolas y subametralladoras que se encontraban dentro de un lote para ser destruidas"
“Urge trabajar sobre este tema en el que se evidencian fallas del gobierno nacional”, dijo la legisladora, y denunció que "se perdieron" unas 200 armas que Registro Nacional de Armas (Renar) tenía en su poder para ser destruídas.
El pedido de informe presentado por la diputada del Frente Amplio Progresista (FAP) se refiere puntualmente "a la desaparición de 200 armas, entre ellas revólveres, pistolas y subametralladoras que se encontraban dentro de un lote para ser destruidas en el propio Renar".
En el informe se consulta si se han identificado los responsables del hecho, si la Unidad Fiscal de Investigación está llevando a cabo la investigación, y en caso contrario por qué no fue la encargada. Además, la dipuada preguntó cuál fue el lugar donde se radicó la denuncia y si se apartó a la Policía Federal de la causa, dado que era la responsable del control.
"Además se pretende saber cuáles son los mecanismos de seguridad con que cuenta el Renar para garantizar que todas aquellas armas entregadas con la finalidad de ser destruidas, realmente sean destruidas", agregó Ciciliani.
Mediante un comunicado, la legisladora destacó que se consulta además "si se adoptaron nuevas medidas para asegurar el control de las armas que se encuentran custodiadas ya sea porque fueron entregadas para su destrucción o que se deben preservar porque están judicializadas".
En el pedido de informe se interroga respecto de quiénes son los responsables del control del comercio de municiones, la inspección y la autorización del ingreso de pólvora al país. Cuestionó si se realizó una evaluación "frente al incremento exponencial de decomisos realizados por Gendarmería Nacional —de 90 mil unidades a un millón entre el 2011 y el 2012—", y pide "que se detalle si se han identificado responsables de esta situación".
Ciciliani cuestionó "el ingreso de efedrina al país como si fueran barriles de pólvora" y preguntó "si se ha realizado una auditoria interna para identificar de qué manera fue posible".
En cuanto al Plan Nacional de Desarme que se inició en el año 2007, el pedido de informe requiere conocer su evolución, si se ha realizado una evaluación de su funcionamiento y si están previstas nuevas acciones para impulsar el programa y cuáles son.
Fuente:LaCapital
OPINIÓN.
El Estado y el narcotráfico en Rosario
El Estado y el narcotráfico en Rosario
Por: María Eugenia Schmuck, concejal UCR
No es cierto que el problema de la narco criminalidad se reduzca a Rosario, aunque es importante admitir que en nuestra ciudad la situación es grave. Se trata de un fenómeno de múltiples dimensiones, cuyas raíces descansan en procesos estructurales tanto estatales como sociales, que requiere una respuesta articulada de todos los niveles del Estado - Nación y provincia con mayor capacidad de incidencia - y unidad política de sectores sociales y partidarios.
Diez años de políticas neoliberales redujeron la expresión del Estado mostrando, entre otras facetas, cierta tolerancia y connivencia oficial con el ingreso del narcotráfico que se hizo evidente en los 90. Sobre este vacío, bandas o mafias encontraron terreno fértil para el desarrollo con impunidad de actividades delictivas. El amparo de estas organizaciones que encuentra su génesis en aquellos años finalmente se convierte en una instancia de contención en un contexto donde el Estado, los narcos y las mafias de todo tipo disputan un mismo objetivo: la protección. Paralelamente, la violencia, fenómeno que comprende pero excede largamente al narcotráfico, se consolida como la forma socialmente consentida de resolver relaciones interpersonales, proceso que pone en juego la naturalización de ese recurso a nivel social amplificando la complejidad del problema.
Se ha dicho mucho en los últimos meses sobre la necesidad de una profunda reforma de la institución policial. También, sobre la responsabilidad que cabe a la Justicia. Por tanto, más allá de éstas y otras referencias que comparto respecto del desempeño estatal frente al accionar de bandas organizadas, creo que debe abordarse al mismo tiempo ciertos fenómenos sociales característicos de nuestra época. Particularmente, el que da cuenta de la enorme cantidad de jóvenes - alrededor de un millón en todo el país, cerca de 100 mil en Rosario- que ni estudian ni trabajan, muchos de los cuales son segunda o tercera generación de desocupados.
Marginados de instancias formales de educación manifiestan no encontrar un proyecto de vida que les permita sortear ese círculo. Sobre ellos operan perversamente estas bandas de narco criminales. Para muchos el progreso social no constituye ni siquiera un mito.
Una primera reflexión nos llevaría presurosamente a pensar que estos niños y jóvenes son huérfanos de Estado. Pero quienes tenemos trabajo territorial sabemos que muchos de ellos pasaron su infancia en Centros Crecer, Ludotecas e innumerables talleres educativos y de capacitación que municipio, provincia y Nación desarrollan en distintos puntos de la ciudad.
No estamos entonces frente a un Estado desentendido, sino incapaz de ofrecer una respuesta efectiva al problema. Por lo tanto, no solo hay que reclamar mayor presencia, sino que hace falta discutir cómo llega el Estado, cuándo lo hace y cuál es el impacto de las políticas que implementa.
Hay que actualizar el diagnóstico y recrear las formas de intervención del Estado en el territorio, reemplazando políticas de contención (pretensión de mantener al sujeto en su contexto) por políticas de desarrollo (que permitan superación e inserción en el sistema formal educativo o el mercado laboral). Ello requiere realizar ajustes en los instrumentos de las políticas que se implementan para poder romper el trágico círculo vicioso que empuja a jóvenes y adolescentes de la ciudad a la marginalidad más extrema.
Programas que resultaron exitosos años atrás no necesariamente dan cuenta de la complejidad que en la actualidad adquirió el problema. A esto debe sumarse que los que actualmente se desarrollan han manifestado debilidades sustanciales denunciadas incluso por profesionales de Promoción Social. Falencias en infraestructura y recursos e inestabilidad de las políticas impiden muchas veces la continuidad de los procesos de trabajo.
Sobre ese nuevo paradigma, que implica resignificar las políticas públicas - especialmente los programas sociales- en su vínculo con el territorio, entiendo que se debe promover un sistema integrado que vincule los tres niveles del Estado e incorpore el diagnóstico de los actores territoriales. Desde la perspectiva local, resulta impostergable una reforma estructural del área de empleo, avanzando en el diseño de un Programa Integral para el Primer Empleo que establezca un puente - nutrido de instancias de capacitación en oficios- para conectar a los jóvenes con el sector productivo.
Si se postergan decisiones concretas que den cuenta de las causas estructurales del problema será cada vez más recurrente la reducción de la acción política a la versión carnavalesca del Estado-espectáculo, que sólo derrumba bunkers delante de las cámaras.
La situación es grave y amerita acciones que resulten de cierta madurez, inteligencia y compromiso. De nada sirven declaraciones altisonantes sino se acompañan de voluntad política al servicio de un acuerdo amplio, multipartidario y multisectorial. Si la política no comprende el mensaje, cuando decida combatir en serio al narcotráfico ya habrá sido cooptada.
Fuente:PoliticaPlus
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| Legislatura: Del Frade presenta su descargo | ||
| Era interpelado hoy por los diputados provinciales. Se espera que el referente de Proyecto Sur de cuenta sus investigaciones sobre el narcotráfico en Santa Fe y la acusación que deslizó sobre Marcos Escajadillo | ||
Carlos Del
Frade se presenta hoy en la Cámara baja provincial para ser interpelado por los
integrantes de la Comisión de Seguridad. La cita es a las 10 y se espera que el
referente de Proyecto Sur de cuenta sus investigaciones sobre el narcotráfico en
la ciudad y que involucraron al funcionario socialista, Marcos
Escajadillo.
La Cámara de Diputados vuelve ser el escenario donde se debata una problemática que ha copado la agenda política y mediática de estos últimos meses. Hoy, Del Frade debe ampliar su denuncia pública al respecto. La misma se sustenta en una investigación conjunta con el periodista Mauro Federico. Ambos, sacaron las conclusiones que tanto revuelo ocasionaron durante las últimas semanas a partir de un trabajo oficial realizado por funcionarios del gobierno nacional que prefirieron no revelar sus nombres para preservar el buen desenvolvimiento de la investigación y de todos los que en ella trabajan. El documento, según confió Del Frade a través de un comunicado, revela la estrecha relación de empresarios, policías y políticos santafesinos en la comercialización ilegal de estupefacientes; la cual redundó en la espiral de violencia que experimentó la ciudad: sólo en los primeros 40 días de 2013 se registraron 35 asesinatos. En tanto la tasa de homicidio de Rosario triplica la media nacional. “Has hasta ahora, nadie se había animado a desnudar el complejo entramado de negocios”, constataron los periodistas investigadores e indicaron las millonarias cifras que mueve el narcotráfico en Santa Fe; sólo posible si existe el visto bueno, o la menos la mirada desatenta de la administración socialista. En tal sentido, acusaron a Escajadillo –actual titular de la oficina de Defensa Civil–, quien en los documentos oficiales se encuentra muy comprometido. Esto es lo que deberá ampliar Del Frade ante la Legislatura.
Fuente:Rosario3
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Martes, 19 de febrero de 2013
Del Frade irá a Diputados: "Deben investigar un tema tan grave como el narcotráfico"
El periodista Carlos Del Frade dará cuenta hoy ante los legisladores de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados santafesina sobre la denuncia pública que hiciera semanas atrás...
El periodista Carlos Del Frade dará cuenta hoy ante los legisladores de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados santafesina sobre la denuncia pública que hiciera semanas atrás y en la cual involucró al ex secretario de Seguridad Pública, Marcos Escajadillo, en la recaudación ilegal proveniente del narcotráfico.
"Para mi está reunión es de suma importancia porque los diputados deben asumir la responsabilidad que les compete y colaborar con la investigación de este tema tan grave", aseguró Del Frade, quien fue candidato a diputado nacional por Proyecto Sur.
En ese sentido, dijo "no tener más información que la que ya se dio a conocer públicamente" y aseguró que "no hay copia del expediente judicial" que se tramita en el Juzgado Federal número 12 de San Isidro, a cargo de Sergio Torres, desde agosto del año pasado.
Fotos y llamadas. El expediente en cuestión fue presentado por una Secretaría nacional que Del Frade no identificó "a pedido de sus responsables", pero que sería la Sedronar (cuyo titular es el rosarino Rafael Bielsa).
"Es un bibliorato presentado en agosto de 2012 ante el juez Torres en el cual hay citas de escuchas telefónicas hechas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un listado de más de 130 direcciones en donde funcionarían quioscos o búnker de venta de drogas, fotos en las que aparecen policías, empresarios y el propio Marcos Escajadillo, a quien se menciona como la persona que en una mesa de dinero céntrica cambiaba dinero provenientes de la caja negra policial por dólares", confió Del Frade.
A ese expediente, dijo el periodista, "ahora se sumó una denuncia radicada en la Fiscalía federal 3 de Rosario aportando fotos en las que se ve a Escajadillo realizando esas operaciones de cambio" y la confirmación del juzgado de Sergio Torres sobre la presentación hecha en agosto.
Tras conocerse la denuncia, Escajadillo se puso a disposición de la Justicia federal aunque aún no fue citado a prestar declaración. La misma comisión de Seguridad que hoy recibirá a Del Frade tiene pensado citar al ex funcionario del área y actual Director de Defensa Civil de la provincia para que haga su descargo en los próximos días.
Fuente:LaCapital
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