Denuncian a activistas por ocupar la Corte uruguaya
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ) realizó una denuncia penal contra activistas que el viernes ocuparon su sede, en el centro de Montevideo, para protestar contra el traslado de la jueza que tenía a su cargo unos 50 casos por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar (1973-1985).
Los manifestantes ingresaron a la sede del organismo en rechazo al traslado de la jueza Mariana Mota desde la justicia penal a la civil, a la hora en que debía cumplirse el acto de juramento de la magistrada para asumir su nueva función.
La magistrada fue separada de su anterior cargo donde había condenado al ex dictador Juan María Bordaberry.
La SCJ entiende que los activistas intentaban impedir el acto, mientras que estos argumentan que las ceremonias de juramento de los jueces son públicas y que nadie les impidió el ingreso a la sede. Tras varios minutos de forcejeos y tensiones, los manifestantes fueron desalojados sin necesidad del uso de la fuerza.
En las afueras de la sede, unos 300 activistas de organizaciones de Derechos Humanos y personalidades de la política y la cultura, entre ellos el escritor Eduardo Galeano y el cantautor Daniel Viglietti, protestaban contra la resolución de la Corte.
Mota tenía a su cargo las investigaciones por unas 50 denuncias de casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y por la caída el año pasado al Río de la Plata de un avión empresarial, del que aparecieron las cajas negras y restos del fuselaje, pero no los cuerpos de sus dos ocupantes.
Fuente:TiempoArgentino
TRASLADO DE MOTA
La izquierda no puede dejar atrás un pasado que la divide
En el Frente conviven dos visiones acerca de la revisión de la dictadura
© Nicoilás Garrido
El traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita Penal a la Civil dejó en evidencia la ambigüedad que desde hace un tiempo domina las posiciones internas de la izquierda cuando se trata de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Por un lado unos 300 activistas de diversos sectores de la izquierda manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el viernes contra el traslado de la jueza (cuya acción se caracterizó por procesar a varios represores) y por otro lado el senador Enrique Rubio y el diputado José Bayardi (ambos de Vertiente Artiguista) convocaron a los ministros de la SCJ al Parlamento para explicar el traslado de Mota. Pero ambas acciones no parecen ir en el mismo sentido, ya que mientras que la acción legislativa centra su cuestionamiento en la SCJ, durante la manifestación lo que se escucharon fueron críticas al gobierno, al que se le atribuye laxitud en este asunto. “Huidobro mafioso”, se leía en un cartel que aludía al ministro de Defensa. Fernández Huidobro ha estado en línea con el presidente José Mujica en su idea de no seguir revisando el pasado, al punto que el mandatario llegó a decir que si por él fuera liberaría a los represores de más edad que están presos. Su idea de imponer prisión domiciliaria a estos represores no tuvo apoyo en la izquierda.
Incluso Mujica se plantó en contra de la ley interpretativa de la ley de Caducidad en 2011. En aquel momento pidió a los legisladores “reflexión” sobre las “consecuencias políticas negativas” que causaría la ley. Este asunto volverá a estar sobre la mesa ya que la SCJ se encamina a declarar inconstitucional esa ley interpretativa.
Los tupamaros tienen una visión de los militares un tanto diferente al resto de la izquierda, ya que los ven como “combatientes” que se enfrentaron a otros “combatientes” que integraban la guerrilla. Terminada la dictadura fueron varias las acciones que los encontraron juntos a los viejos enemigos, algo que otros sectores de izquierda siempre vieron con malos ojos.
“Locura”
En tanto, la oposición -ajena a estas disputas y enojos en filas de la izquierda-y algunos constitucionalistas tildaron la convocatoria a los ministros de la SCJ de “locura” y alegaron que al pedirle explicaciones a la Justicia se viola el equilibrio de poderes del Estado que consagra la Constitución (ver nota aparte). No es el único tema que enfrenta al Poder Judicial y al Ejecutivo .
La Suprema Corte, un obstáculo
En el oficialismo sienten que la Justicia les “frena los cambios”, según confió una fuente del Ejecutivo. Al malestar por el traslado de Mota se agrega el consenso entre los ministros de la Suprema Corte de que la ley interpretativa de la Caducidad es inconstitucional y la declaración de inconstitucional del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. Mujica advirtió que planteará reformar la Constitución para que el tributo sea viable.
Convocar a la SCJ “lesiona” la separación de poderes
Una “injerencia parlamentaria que supondría una lesión al principio de separación de poderes”; así describió el senador colorado Ope Pasquet la iniciativa del senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) de convocar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al Parlamento para explicar el traslado de la jueza Mariana Mota.
Además de Pasquet, otros representantes de la oposición consultados por El País se alinearon en contra de la convocatoria.
“La Suprema Corte es independiente y sus fallos y decisiones pueden ser susceptibles de crítica pero no de contralor parlamentario. No sean bestias”, advirtió el senador nacionalista y expresidente Luis Alberto Lacalle.
Pablo Mieres, titular del Partido Independiente, también se expresó sobre el tema en un comunicado. Mieres recordó que ya ha habido legisladores que cuestionaron a ministros de la SCJ.
“Esto superó todo lo visto y escuchado hasta ahora”, opinó.
El abogado constitucionalista Martín Risso señaló que la convocatoria “es una locura”. “Sería una suerte de presión del Poder Legislativo en un asunto que es privativo del Poder Judicial”, advirtió.
Fuente:ElObservador
Pese a críticas de la oposición, FA insiste con convocar a la Corte Choque de poderes.
El diputado José Bayardi ya gestionó la citación a comisión de los ministros de la SCJ por el caso Mota | La Policía aportó videos a la jueza que indaga incidentes del viernes
El Frente Amplio mantiene su decisión de convocar a la Suprema Corte de Justicia para que explique el traslado de la jueza Mariana Mota. En la Corte, al menos dos de los cinco ministros están en contra de aceptar la convocatoria del FA.
El planteo del oficialismo para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expliquen el traslado de Mota desatará un duro cruce político entre los legisladores del Frente Amplio y los representantes de la oposición, que entienden que no corresponde la convocatoria.
El diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) le planteó el viernes el tema al presidente de la Comisión de Constitución, Pablo Iturralde (Alianza Nacional), quien se comprometió a comunicar la citación a la Corte, dijo el frenteamplista a El País.
La jueza Mota, quien estaba al frente del juzgado penal de 7° turno desde marzo de 2009, fue trasladada a la sede civil de 1° turno.
Mota concentraba más de 50 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, por lo que su traslado fue duramente cuestionado por organizaciones sociales y sectores de izquierda.
El viernes, la jueza prestó el tradicional juramento previo a asumir en su nuevo cargo, pero la ceremonia tuvo que postergarse durante más de dos horas debido a la ocupación e incidentes que se registraron en la sede de la SCJ.
Si bien Bayardi tramitó la citación a la Corporación, inicialmente la iniciativa fue lanzada por el senador Enrique Rubio, líder de la Vertiente Artiguista.
En forma inmediata, los líderes de la oposición (Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres) cuestionaron duramente la iniciativa al entender que no corresponde que la SCJ explique una decisión administrativa ante el Parlamento.
A nivel de la SCJ la posición se encamina a no aceptar la citación del Frente Amplio. Dos de los cinco ministros de la Corte consultados por El País, adelantaron que la citación no corresponde.
GUARANGADA.
"Tengo 25 años de legislador y me precio de ser inteligente ¿Alguien va a pensar que la guarangada que dijo Lacalle respecto a que no se puede invitar a la Corte, porque lo que estamos haciendo es invitarlos y no convocarlos, es así?", sostuvo Bayardi.
Lacalle pidió a los legisladores del Frente Amplio que "no sean bestias" ya que no se puede convocar a la SCJ por un tema de esta naturaleza.
Bayardi sostuvo que la citación está amparada en el artículo 118 e la Constitución. "Lo que no podemos -y es obvio que no podemos- y en el pedido que hago para invitar a la Corte lo digo: es que esto es independiente de las facultades que le otorga la Constitución a la Corte en el artículo 239 (numeral segundo) de ejercer la superintendencia del Poder Judicial", explicó el diputado.
"En este caso lo que quiero intercambiar con los ministros son los fundamentos que llevaron a tomar una medida administrativa de traslado de un juez", agregó.
El legislador indicó que la Constitución (en su artículo 246) establece la "inamovilidad" de los magistrados. "Lo que quiero saber es si se oyó al fiscal de Corte y cuáles son las razones de `buen servicio` por las que justifica el traslado", remarcó Bayardi.
"Esto el doctor Lacalle lo tiene que saber y los otros legisladores que opinaron también. Pero el doctor Lacalle, por ser abogado, haber sido diputado, senador y expresidente es mucho más imperdonable que no lo sepa", criticó el diputado.
Un ministro de la SCJ consultado el viernes por El País, mostró sus dudas sobre la legalidad de la convocatoria. Otro magistrado dijo ayer a El País considera que la citación "no corresponde", pero que será la Corte la que decidirá. Los ministros de la SCJ tienen previsto tratar el tema mañana lunes.
INVESTIGACIÓN.
Por otro lado, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía comenzaron la instrucción en torno a la ocupación de la sede de la SCJ del viernes. Ayer tomaron declaraciones a los policías que actuaron en el operativo de seguridad. La Policía aportó videos y fotografías de los incidentes, en las cuales se basará la investigación.
La citación del FA "no es normal"
Jueces analizarán mañana el traslado de Mariana Mota
El catedrático penalista y exministro de la Suprema Corte de Justicia (SJC), Milton Cairoli, dijo a El País que la convocatoria del senador frenteamplista Enrique Rubio para que las actuales autoridades de la Corporación expliquen el traslado de la jueza Mariana Mota "no es una cosa normal".
"Hay independencia de los tres poderes y tenemos que continuar con ella", dijo Cairoli, quien fue ministro de la SCJ entre 1993 y 2003.
El exmagistrado recordó que en 2001, año en que él presidió la Corporación, en el Parlamento se planteó convocar a los ministros del máximo órgano del Poder Judicial para que explicaran las libertades dadas en la visita de cárceles de aquel año. Sin embargo, los magistrados entendieron que al ser un asunto técnico, no correspondía concurrir. "Dijimos que no íbamos y no fuimos", recordó Cairoli.
De todos modos, aclaró que en torno a la situación de Mota "puede ser otra cosa", ya que la Constitución no permite a los legisladores pedir información sobre asuntos técnicos de la SCJ pero sí sobre aspectos administrativos.
JUECES.
Por otro lado, la Asociación de Magistrados del Uruguay analizará mañana en su reunión de Directiva el traslado de la jueza Mota, según informó a El País el titular de la gremial, Rolando Vomero.
"La Corte tiene entre sus facultades el traslado y ascenso de los jueces", dijo Vomero, y aclaró que Mota no pidió apoyo a la gremial. Agregó que no le "gustó" la movilización del viernes en la sede de la SCJ.
RECLAMOS, CRÍTICAS Y POLÉMICA .
1.LA POLÉMICA POR EL IRPF A PASIVOS
El primer cruce significativo desde que el Frente Amplio llegó al gobierno ocurrió en marzo de 2008, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicado a los jubilados. Esa posición fue duramente cuestionada por varios legisladores oficialistas, que acusaron a los ministros de la Corporación de ceder ante presiones de la oposición. Incluso, el entonces senador y actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, amenazó con iniciarle un juicio político al entonces ministro de la SCJ, Hipólito Rodríguez Caorsi, quien acusó a dos de sus compañeros de sala de demorar los fallos.
2.CRÍTICAS POR SEGURIDAD
La seguridad pública también ha sido un punto que generó varios conflictos entre el gobierno del Frente Amplio y la Justicia. Además de cuestionamientos hacia jueces por casos puntuales, siendo ministra del Interior, la actual diputada socialista Daisy Tourné, le reclamó a los magistrados que "se pongan" las pilas para procesar con prisión a menos personas y así mejorar el hacinamiento carcelario.
3.DD.HH DELITOS COMUNES
En mayo de 2011, la SCJ estuvo otra vez en el centro de la polémica cuando determinó que los ilícitos cometidos por militares y policías durante la dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad, tal como lo había pedido la entonces fiscal Mirtha Guianze. Esa posición de la Corporación motivó duras críticas de las organizaciones sociales promotoras de los casos de derechos humanos y también de los sectores frenteamplistas vinculados a esa temática.
4.SUBORDINADA AL PODER POLÍTICO
La senadora Constanza Moreira (MPP) cree que el Poder Judicial es un poder político del Estado porque está "relativamente subordinada" al mando político. Para Moreira, el Poder Judicial "escucha bastante y absorbe bastante del ánimo político del contexto en el que está actuando", opinó la senadora, que es politóloga, en una exposición en 2011.
FuenteElPaísDigital
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