URUGUAY.

LUNES, 18 DE FEBRERO DE 2013 
Parlamento pide conocer polémica decisión de corte uruguaya 
PL 
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) está en el centro de una tormenta política y no solo por apartar a una jueza que llevaba 50 casos de violación de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). 

El traslado la semana pasada de la jueza penal Mariana Mota a la esfera civil fue hecho en medio de una de las mayores protestas callejeras de los últimos tiempos por parte de personalidades y agrupaciones sociales, políticas y sindicales.

En el incidente intervino la policía, aunque no hubo lesionados ni detenidos, pero sí denuncias del "triunfo de la impunidad" y del "festejo de los represores". 

Consumado el hecho, el gobernante Frente Amplio invitó a los cinco ministros de la SCJ al Parlamento para intercambiar opiniones sobre el tema, que ha conmocionado a importantes sectores del país. 

Parlamentarios de oposición dijeron de inmediato que no corresponde tal citación porque los poderes son independientes, pero el FA insistió en que se trata de una invitación y no una citación.

Trascendió que, tras el traslado de la jueza, la SCJ podría considerar inconstitucional una ley aprobada en 2011 que eliminó obstáculos temporales para seguir indagando en casos de delitos de lesa humanidad. De ahí, la satisfacción de los exmilitares represores. 

El diputado, Alejandro Sánchez, del FA, escribió en su cuenta de Twitter: "Tengo la percepción de que con las últimas decisiones de la SCJ, los dinosaurios andan haciendo fiestas. Reforma constitucional ya". 

La SCJ también acaba de declarar inconstitucional (cuatro votos contra uno) la ley que fijó un pequeño impuesto a los grandes terratenientes, conocida como Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), lo cual llevó al presidente José Mujica a decir que podría ser necesario plantear una reforma constitucional para que "aporten más, aquellos que tienen más". 

Pese al rechazo a la convocatoria de los miembros de la SCJ al Parlamento, el FA mantiene su decisión para que expliquen el traslado de la jueza Mota y, probablemente, para además abarcar estos otros temas, que comienzan a ocupar portadas de los medios uruguayos.

En círculos judiciales, se supo que dos de los cinco ministros están en contra de concurrir al Parlamento, por lo que la cúpula del Poder Judicial tratará el tema este lunes. 

LUNES, 18 DE FEBRERO DE 2013 
El poder de la concentración 
Por Samuel Blixen (BRECHA)
Los terratenientes que recusaron y harían caer el ICIR (Impuesto a las concentraciones de inmuebles rurales). 

Los 114 recursos de inconstitucionalidad del impuesto a las concentraciones de inmuebles rurales revelan cómo la gran propiedad de la tierra se potencia mediante lazos familiares y empresariales, tanto nacionales como extranjeros. Si el icir cae, como ya se ha anunciado que sucederá, se instalarán mecanismos para recaudar lo proyectado, pero quedará por el camino el objetivo de desestimular la concentración. 

La acusación del presidente José Mujica de que el grupo estadounidense Timberland invierte en la compra de terrenos con fines de especulación financiera, parece ser apenas la punta del hilo que desmadejará el proceso de concentración de la tierra y desnudará el entramado de intereses extranjeros y nacionales que avanzan sobre el control de una porción significativa del territorio productivo. La docena de empresas y corporaciones extranjeras que explotan cada una entre 30 mil y 250 mil hectáreas multiplican su poder y su influencia mediante el corte transversal de empresarios y profesionales uruguayos que anudan vínculos y relaciones e intercambian funciones. 

Una pista sobre ese nuevo entramado -que sustituye a aquel que a comienzos de los años sesenta denunció el socialista Vivian Trías en su estudio de las quinientas familias integrantes de lo que calificó "rosca oligárquica"- surgió de un estudio realizado a partir de los 114 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia (scj), que pretenden la derogación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales (icir). Los recursos son individuales y quien interpuso el reclamo debió documentar su legitimidad mediante la presentación de certificados notariales de propiedad de cada uno de los padrones que comprenden su inmueble rural. 

El listado de personas físicas y sociedades anónimas o de responsabilidad limitada muestra un variado panorama de la extensión de terrenos que superan las 2 mil hectáreas, el piso a partir del cual el icir grava cada hectárea según tres franjas: de 2 mil a 5 mil, algo más de ocho dólares por hectárea; de 5 mil a 10 mil, unos 12 dólares; y más de 10 mil, 17 dólares por hectárea. 

Especulativos 

La finlandesa Stora Enzo y la chilena Arauco, que controlan 250 mil hectáreas para las necesidades futuras de la pastera Montes del Plata, deberían pagar unos 4,25 millones de dólares al año, pese a lo cual no recurrió el impuesto. Tampoco lo hicieron otros megaterratenientes, Forestal Oriental/upm (200 mil hectáreas), la estadounidense Weyerhaeuser (140 mil hectáreas), el grupo argentino El Tejar (160 mil hectáreas) y Agronegocios del Plata (100 mil hectáreas) 

Quien sí lo hizo fue Timberland Group, con cuarteles generales en la ciudad estadounidense de Atlanta, socio de Regions Morgan Keegan Trust y Morgan Asset Management. Algunas fuentes sostienen que Timberland posee 40 mil hectáreas en Uruguay; el presidente le adjudicó "unas 30 mil" cuando la puso en la picota; pero sus recursos ante la scj certificaron apenas unas 23.115 hectáreas de cuatro de sus firmas: Taurión sa, Taurión aarl (asociación agraria de responsabilidad limitada), Monte Fresnos sa y Monte Fresnos aarl. Con los recursos, Timberland pretendía ahorrarse 393 mil dólares al año. 

Lo que llamó la atención del presidente Mujica fue que sólo una de las cuatro empresas, Taurión sa, administra 82 padrones desperdigados por las secciones judiciales de Durazno, Lavalleja, Cerro Largo, Florida, Rocha y Treinta y Tres, de los cuales 39 tienen menos de 50 hectáreas y algunos apenas cinco. Supuestamente las tierras están siendo utilizadas para forestación, pero algunos técnicos consultados arriesgaron la opinión de que dicha explotación sería costosa con tal grado de dispersión.

Lucía Basso, funcionaria de la Regional Sur-División Planeamiento de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca entre 1990 y 2004, y country manager en Timberland Group, fue vocera de la "sorpresa" que habían causado las afirmaciones presidenciales sobre la especulación financiera con tierras. Allegados al presidente explicaron a Brecha que los lotes pequeños que forman una parte sustancial de la propiedad de Timberland en Uruguay sirven fundamentalmente para operaciones de especulación; es inusual la compraventa de terrenos tan pequeños cuando no son parte de unidades más extensas, salvo en producción chacarera, dijeron. El senador Ernesto Aggazzi aclaró no obstante que las inversiones de estos fondos extranjeros no son "capitales golondrina (pero) siguen siendo capitales especulativos, porque a la larga buscan el beneficio de la especulación. Por eso hay que prestar atención". 

Lazos familiares 

Según la documentación presentada por Timberland, el señor Charles Daniel III, ciudadano estadounidense, es el presidente del directorio de las cuatro sociedades. Pero el representante en Uruguay de las cuatro es Juan Carlos Oreggia Carrau, abogado del estudio Posadas, Posadas y Vecino. Oreggia integró en 2009 el equipo de abogados que negoció, en nombre de la finlandesa Stora Enzo y la chilena Celulosa Arauco, la compra de 130 mil hectáreas que pertenecían al español Grupo Empresarial ence. La transacción fue por 344 millones de dólares y el jefe del equipo negociador fue Fernando de Posadas Trambauer, socio de Oreggia en el bufete Posadas, Posadas y Vecino y sobrino de Ignacio de Posadas Montero, ex ministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. 

El currículo de Fernando de Posadas sostiene que "fue especializándose en el derecho corporativo y comercial. Actualmente, se destaca su participación en importantes procesos de fusiones y adquisiciones así como el asesoramiento legal en los mayores proyectos de inversión del país". Pero además del asesoramiento, Fernando participa directamente en los emprendimientos rurales. Así lo testifican los documentos notariales para la derogación del icir que lo sindican como propietario de 5.014 hectáreas en Artigas, Treinta y Tres y Cerro Largo, registradas a nombre de Casarone Agroindustrial, una firma que atiende todo el proceso del arroz, desde la plantación hasta el procesamiento del grano. 

Y también su nombre aparece vinculado a Guanare sa y Guanare aarl, que documentó ante la Suprema Corte 57.375 hectáreas en Maldonado, Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo. Guanare integra la lista de los top ten latifundios y sus responsables legales son Peter Charles Lyford-Pike Peirano, José Rafael Campino Talavera y Fernando de Posadas Trambauer. 

El uruguayo Lyford-Pike Peirano (cuyo currículo lo identifica como "responsable de iniciar las primeras exportaciones de madera para pulpa desde Uruguay; corresponsable de la implementación de las plantaciones forestales de gran escala de cofusa; y del primer aserradero de gran escala para eucaliptos del país establecido por Urufor sa") se asoció con el chileno José Rafael Campino, de Forestal del Sur-Chile, para crear Forestal Atlántico Sur (fas). Esta última es la empresa responsable de la gestión general de los campos de las dos sociedades Guanare. De modo que Fernando de Posadas aparece vinculado directamente a 62.389 hectáreas que cuestionan la constitucionalidad del impuesto a la concentración de inmuebles rurales, e indirectamente a más de 300 mil, si se suman las de Montes del Plata por su vinculación con Stora Enzo.

Los lazos familiares también multiplican la concentración rural. Tomando como referencia sólo aquellos que se apersonaron ante la scj, surge el apellido Bordaberry: 3.020 hectáreas en siete padrones del departamento de Durazno. Es una posesión humilde compartida entre Luis Ignacio Bordaberry Fontana, Gloria Bordaberry Fontana, María José Bordaberry Fontana, Gabriela Bordaberry Fontana, Cecilia Bordaberry Fontana y Elisa Bordaberry Fontana. El primo, Pedro Bordaberry, no recurrió la constitucionalidad del impuesto, aunque en el Senado se manifestó contrario a su aplicación. Pero, como consecuencia de vínculos matrimoniales, a las posesiones de los Bordaberry deberían sumarse las de los Laurnaga: 9.071 hectáreas en Durazno y Flores, administradas por Las Anitas sa, y a nombre de Ricardo Alfonso Laurnaga. 

Un caso similar es el de Ricardo y Gonzalo Reilly Arrarte, que concentran 4.684 hectáreas en Cerro Largo; ambos dirigen una empresa ganadera agrícola que incluye dos establecimientos y la cabaña de hereford La Alborada. Ricardo fue directivo de la Sociedad Criadores de Hereford. A las posesiones de los Reilly habría que sumar las 4.068 hectáreas, también en Cerro Largo, de su madre, Isabel Arrarte Haro; las 5.600 hectáreas propiedad de Martha Irene Arrarte Haro y Edgar Hampe Vilaró; y las 3.724 de Sebastián Hampe Arrarte y Federica Hampe Arrarte. El complejo familiar Reilly-Arrarte-Hampe-Haro concentra en Cerro Largo unas 18.600 hectáreas. 

La familia Bove-Santayana-Martirena-Ferrés, por el contrario, dispersa sus patrimonios rurales (certificados ante la scj por el recurso de inconstitucionalidad) por San José y Tacuarembó: Enriqueta Bove Santayana declara 2.261 hectáreas en San José, y Luis Esteban Bove Santayana, 3.286 en Tacuarembó. En Tacuarembó tiene 4.289 hectáreas Miguel Martirena Bove, quien junto con Mariana Ferrés Crespi ostenta otras 3.766 hectáreas en San José. Sumadas, representan 13.602 hectáreas. 

Hay otros empresarios que en forma individual concentran grandes extensiones certificadas ante la scj, lo que no quiere decir que no controlen otras en diversas asociaciones: Luis Omar Macció Linares, del grupo Macció que comercia con fertilizantes, declaró 10.911 hectáreas en Florida y Lavalleja. Nofulor sa, de la que no fue posible obtener otros datos, controla 16.611 hectáreas en 36 padrones de Rivera. Y Jorge Luis Mailhos, directivo de Subaru, de Saceem, de Philip Morris (la trasnacional que arremetió contra el Estado debido a las normas antitabaco), de Montepaz y de la Sociedad de Criadores de Angus, concentra 11.263 hectáreas en San José, Durazno y Tacuarembó, algunas a través de la sociedad anónima Xadol.

En conjunto, los 114 expedientes en la scj confirman el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, que el icir pretendía desestimular. Pero, con una Suprema Corte que cobra al grito de los sectores más reaccionarios, sean civiles o militares, y con una oposición política que en caso de la tierra suma a los planteos de corte electoralista una indudable postura de principios que viene de sus genes más conservadores, el gobierno deberá pensar en otras medidas más de fondo, más radicales si quiere concretar el cambio de la matriz productiva en el agro. 

Familias, recursos y caminos rurales 

"Alguien tendrá que pagar. Habrá que buscar mecanismos para que quienes utilizan los caminos paguen su mantenimiento", dijo el intendente de Durazno, Benjamín Irazábal (Partido Nacional), ante la eventualidad de que la Suprema Corte proclame la inconstitucionalidad del impuesto a la concentración de inmuebles rurales (icir). Algo similar comentó el colorado Marne Osorio, intendente de Rivera: "Habrá que generar una instancia para sostener lo que el Ejecutivo comprometió para reforzar la inversión en infraestructura productiva". 

Al impulsar la creación del icir, el gobierno comprometió destinar la recaudación anual, estimada en unos 60 millones de dólares, al financiamiento de obras de mantenimiento vial, mediante su transferencia a las intendencias. Esa propuesta reclutó el apoyo de todos los intendentes, pero generó contradicciones en el seno de los partidos tradicionales, respaldados por catedráticos de derecha y por las autoridades de la Federación Rural, la Asociación Rural y la Cámara Mercantil. 

Aunque los dirigentes de los partidos tradicionales, aquellos que poseen establecimientos rurales, no han recurrido el impuesto por inconstitucionalidad, sus familias, en muchos casos, y otras de referentes blancos y colorados aparecen en la lista de los 114 recursos que estudia la Suprema Corte de Justicia (scj): la familia Bordaberry, la familia De Posadas, la familia Reilly Arrarte, la familia Gallinal Algorta, la familia Martirena Bove Santayana, la familia Riani, entre otras. 

La decisión de la Suprema Corte es inminente, en cuanto el ministro Julio César Chalar desarme el empate entre Jorge Ruibal y Ricardo Pérez Manrique, que fallaron a favor de la vigencia del impuesto, y Jorge Chediak y Jorge Larrieux, que se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad.

Si el fallo se conoce antes del fin de semana y éste es favorable al mantenimiento del impuesto, entonces en la reunión prevista para el domingo en la estancia Anchorena entre el presidente Mujica y los integrantes del Congreso de Intendentes se analizará propuestas como la del intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez (Partido Nacional), para quien el dinero no sólo debe invertirse en caminería, sino también en "obras de infraestructura mayores, como un parque eólico en Maldonado o un puente sobre el río Cebollatí". 

Tenencia, impuestos y exoneraciones 

La ofensiva del presidente José Mujica contra ciertos grupos inversores que compran tierras para la especulación sería un botón de muestra de lo que se viene. En su audición radial del viernes 8 Mujica mencionó, a modo de ejemplo, la concentración de tierras del grupo estadounidense Timberland, que maneja fondos de inversión en varios países latinoamericanos, principalmente en el rubro forestación, y que en Uruguay actúa a través de dos sociedades anónimas, Taurión y Monte Fresnos.

El ejemplo, sin embargo, iba más allá de la simple concentración de tierras. El caso de Timberland puede aplicarse al paquete de medidas que impulsan técnicos de la Presidencia, de la opp y legisladores oficialistas. Por un lado se propone: aumentar el impuesto a las rentas de las actividades económicas (irae) del 25 al 30 por ciento; eliminar los beneficios fiscales que otorga la ley de inversiones a aquellos emprendimientos que no integren valor agregado a la producción; estudiar en detalle los beneficios de que gozan las zonas francas; regular la cantidad de tierras en manos de extranjeros, y establecer "zonas de frontera" para atacar el problema de la extranjerización. 

Según los registros de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, en la última década el monto de los proyectos de inversión se duplicó pero los beneficios fiscales se quintuplicaron. Las exoneraciones fiscales en 2010 sumaron 754 millones de dólares, que se restaron a la recaudación del impuesto al patrimonio, el iva y el irae. Los mayores descuentos en el marco de la ley de inversiones afectaron principalmente al irae (557 millones de dólares). La recaudación del impuesto al patrimonio fue afectada en 107 millones de dólares y el iva en 89 millones.

La otra gran iniciativa referida a la tenencia de la tierra fue propuesta por los senadores Enrique Rubio y Ernesto Agazzi relativa a los extranjeros que poseen propiedades rurales en las zonas fronterizas con Brasil y Argentina: se propone delimitar una franja de 25 quilómetros de ancho sujeta a ese régimen especial y requerir de los extranjeros allí asentados que se nacionalicen y adquieran la ciudadanía legal o natural. 

Tras la reunión del Consejo de Ministros del martes, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, señaló que ante la "situación complicada" se tomarán "medidas colectivas de carácter sectorial". Estos anuncios de modificaciones en las exoneraciones tributarias de la ley de inversiones promovieron la inmediata reacción de las cámaras empresariales, que aun sin conocer las modificaciones en detalle, reclamaron "seguridad jurídica y no modificar las reglas de juego", para "proteger la imagen de Uruguay".

El gobierno, de todas formas, parece decidido a introducir modificaciones en las reglas de juego, algunas de las cuales serán analizadas en una reunión del gabinete productivo y otras durante el encuentro del presidente con los intendentes, el próximo domingo en Anchorena. En ese sentido habló el presidente Mujica en su audición de ayer jueves 14, en M 24: "Al parecer la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Habrá que plantearse cambios constitucionales. No vamos a bajar los brazos ni cambiar el programa", aseguró.
Fuente:Argenpress

POR REMOVER A UNA JUEZA QUE INVESTIGABA CAUSAS DE DD.HH. EN URUGUAY

El FA le exige transparencia a la Corte Suprema

El Frente Amplio de Uruguay afirmó ayer en un comunicado de prensa que en un Estado de Derecho, “todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia”, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten “para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo”. En el documento, vinculado con el pedido de explicaciones a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la reciente remoción de la jueza Mariana Mota del fuero penal, el FA advierte que nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado.

Asimismo, y tomando nota de las dudas existentes en la opinión pública uruguaya respecto de la decisión del Tribunal Supremo, la coalición gobernante exigió “explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a Mota”, lo cual contribuiría “a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”.

Por su parte, los dirigentes de la oposición acusaron al gobierno de propiciar un ataque a la Justicia al pretender citar al Congreso a los ministros de la SCJ para que expliquen el traslado de la magistrada que hasta la semana pasada tenía a su cargo la investigación de al menos el 40 por ciento de las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura charrúa. “Con la convocatoria a la SCJ al Parlamento, el Frente Amplio está dando un golpe de Estado parlamentario”, advirtió el senador Sergio Abreu, del opositor Partido Nacional. Citado ayer por el diario El País, de Montevideo, el funcionario afirmó que no está previsto que la SCJ ofrezca explicaciones al Parlamento sobre los traslados de los jueces.

Por su parte, el diputado Gustavo Borsari, del mismo grupo político, afirmó que no hay palabra alguna en el texto de la Constitución que admita que un parlamentario pueda convocar a la SCJ. Según la Carta Magna uruguaya, los legisladores tienen derecho a realizar pedidos de informes a ese cuerpo por escrito y por intermedio de la Cámara respectiva, recordó.

El jueves de la semana pasada la jueza Mariana Mota fue trasladada por la SCJ a un Juzgado Civil en el marco de una reestructuración que abarcó también a otros magistrados, según el máximo tribunal.

La magistrada estaba al frente de un Juzgado Penal que tiene en su órbita unos 50 casos de homicidios, desapariciones y torturas ocurridos en la dictadura. Un legislador de la gubernamental coalición de izquierda FA anunció una citación a los ministros de la SCJ para que comparezcan ante el Parlamento para explicar el traslado de Mota.

Mota dijo que su traslado se produjo sin fundamentos y que con ello se obstaculiza la visión de Justicia. Al llegar la magistrada para jurar en su nuevo cargo el viernes, un grupo de manifestantes ingresó con ella en el edificio de la Corte, lo que provocó la intervención policial, que los desalojó sin mayores incidentes gracias a la intervención de Mota para calmar los ánimos, informaron los medios locales.

Los manifestantes, entre los que se encontraban el escritor Eduardo Galeano y el cantante Daniel Viglietti (quien calificó el hecho como “un minigolpe de Estado”), se congregaron frente a la sede de la SCJ, en el centro de Montevideo, con pancartas con inscripciones como “Basta de impunidad” y “Justicia para los crímenes de lesa humanidad”.
Fuente:Pagina12