Las Fuerzas Armadas deben poner a disposición del sistema judicial toda la información sobre el destino final de las víctimas.

27.03.2013
Memoria, verdad y justicia 
La represión contada en primera persona 
Las Fuerzas Armadas deben poner a disposición del sistema judicial toda la información sobre el destino final de las víctimas. 

Por: Rodolfo Yanzón

El 18 de marzo pasado el Fiscal Federal Federico Delgado recibió declaración testimonial a un ex miembro de la Gendarmería Nacional entre 1975 y 1980, Federico Talavera, quien dijo haber integrado el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo y que cumplió funciones en el centro clandestino Olimpo, donde se ocupó de los alimentos de las personas secuestradas y de los miembros de los grupos de tareas, integrados por agentes de distintas fuerzas militares. Como chofer llevó las listas de secuestrados, que diariamente se confeccionaban en el Olimpo, al Batallón de Inteligencia ubicado en Viamonte y Callao en la Ciudad de Buenos Aires, centro neurálgico del sistema represivo ilegal. Dijo que tuvo ocasión de trasladar a una embarazada al Hospital Militar, cuyo cuerpo sin vida luego transportó hasta las cercanías de Puente 12, donde fue depositado en un tambor con cubiertas para luego ser incinerado.

Posteriormente participó de traslados hacia los vuelos de la muerte e individualizó a gendarmes y policías que participaron y mencionó sin identificar a un teniente coronel del Ejército –varios de ellos ya están presos y siendo juzgados–. También identificó a mujeres embarazadas que fueron trasladadas en esos vuelos.
El fiscal Delgado remitió el testimonio al Juez Federal Daniel Rafecas para que decida qué hacer. Sin dudas, una papa caliente (sin alusiones vaticanas). Como era de prever, a partir de conocerse la noticia muchos familiares pasaron por la angustia de pensar que se podía abrir alguna puerta para conocer lo sucedido con sus seres queridos, pero también por la esperanza de avizorar la llegada de un poco de tranquilidad que la verdad, por más devastadora que sea, trae consigo.

Con la versión que de los hechos y las víctimas suministran los implicados en los juicios por crímenes de lesa humanidad se debe ser sumamente cauto, sobre todo si se aluden a víctimas con nombres y apellidos, por las expectativas que lógicamente se generan entre los familiares. Se debe ser cauto porque las versiones que brindan deben ser confrontadas y chequeadas con otros elementos para que sean sustentables. Pero además, en casos como el presente, en los que quien declara como testigo reconoce haber prestado algún tipo de colaboración con los crímenes, el asunto se torna de mayor cuidado, dado que existe un obstáculo insalvable para tomar como prueba esos testimonios porque quienes los producen, al haber reconocido alguna participación en los hechos, pueden ser imputados y, de ser así, cualquier manifestación realizada bajo juramento no tendría ninguna validez. La Constitución Nacional establece que ninguna persona puede ser obligada a declarar en su contra. Como contrapartida, tiene el derecho de hablar para defenderse o el de no hablar sin que cause presunción en su contra.

Por loables que sean los objetivos, quienes propician la metodología del testimonio para eventuales imputados no tienen en cuenta tales principios, que deben ser respetados tanto porque se trata del derecho de defensa reconocido en nuestra Constitución Nacional, como porque la prueba que se reúne en un proceso penal debe ser incorporada en forma legal, sin avasallar derechos.

Si Talavera –o cualquier otro que haya prestado alguna colaboración en los hechos– está dispuesto a brindar información, que lo haga en su acto de defensa, que es la declaración indagatoria. De lo contrario, se viciarán desde el inicio las manifestaciones producidas y se dejarán de lado derechos constitucionales. Sin embargo, casos como este dejan una vez más en claro que son las Fuerzas Armadas las que institucionalmente deben poner a disposición del sistema judicial toda la información sobre el destino final de las víctimas.
Fuente:TiempoArgentino
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