Policías condenados
Un jurado popular de Brasil condenó esta madrugada a 23 policías a 156 años de prisión para cada uno, por su responsabilidad en el asesinato de 13 de los 111 presos que murieron en la represión en una cárcel de San Pablo, en 1992, durante la llamada Masacre de Carandirú. La sentencia marca el final de la primera parte del juicio contra 79 policías por la peor masacre del sistema carcelario brasileño, ocurrida el 2 de octubre de 1992, cuando la policía reprimió con armas pesadas una pelea entre detenidos y mató a 111 presos.
Los policías condenados estarán en libertad hasta que la sentencia quede firme y sea avalada por un tribunal de alzada. “Quedó comprobado que hubo una masacre. Nuestra preocupación era dejar constancia a nuestra población de que la vida no es descartable”, explicó el fiscal Fernando Pereira, quien celebró el fallo, que también absolvió a tres policías. La abogada de los policías, Ieda Ribeiro de Souza, reveló que ya apeló la sentencia, leída en la madrugada de este domingo, porque “no refleja el pensamiento de la sociedad sobre lo que ocurrió en la prisión”. Hasta este proceso, únicamente había sido juzgado el coronel que encabezó el operativo, Ubiratán Guimaraes, condenado en 2001 por un jurado popular a 632 años de prisión, aunque en 2006 el Tribunal de Justicia paulista lo absolvió al anular el juicio anterior por fallas de procedimiento. Guimaraes fue asesinado meses después en su apartamento. En lo que queda del año, la Justicia de San Pablo tiene previsto juzgar a otros 53 presos por las muertes de otros 96 detenidos.
Fuente:Pagina12
22.04.2013
Condenas récord por Carandirú
El fallo fue promulgado por el juez José Augusto Nardy Marzagao, después de que los siete integrantes del jurado hallaran culpables a los 23 agentes de asesinar a tiros a 13 detenidos durante la invasión de la antigua cárcel, en un intento por dispersar un motín. La abogada de los acusados, Ieda Ribeiro de Souza, anunció que apelará el fallo, que será aguardado en libertad por los condenados. Amnistía Internacional celebró la condena, un hecho que consideró como un "paso importante" para acabar con la "impunidad" de las violaciones a los Derechos Humanos en el país.
La organización internacional, a través de su oficina en Brasil, indicó en un comunicado que "a pesar de los 20 años de espera", la sentencia "señala que la justicia brasileña no admitirá abusos cometidos por el Estado contra la población carcelaria".
"Aunque no se haya responsabilizado de la masacre a las altas autoridades del estado de San Pablo en la época, como el gobernador y el secretario de Seguridad, Amnistía Internacional cree que este resultado es un paso importante en la garantía de justicia para las víctimas, sus familiares y supervivientes de Carandirú", afirmó el organismo en una nota.
Según la fiscalía, el grupo invadió el segundo piso de la cárcel armado de revólveres y ametralladoras, y comenzó a disparar a mansalva contra los prisioneros sublevados, matando a 13 de ellos. En esta etapa del juicio, que se prolongó durante seis días, fueron absueltos a pedido de la fiscalía, tres de los 26 agentes que se sentaban en el banquillo. Desde el 2 de octubre de 1992, cuando ocurrió la matanza, únicamente un acusado había sido juzgado: el coronel Ubiratan Guimaraes, condenado en 2001 por un tribunal popular a 632 años de prisión por ser el responsable del operativo. En 2006, el tribunal que lo condenó fue anulado por el Tribunal de Justicia de San Pablo, y Ubiratan fue absuelto. Meses después, el coronel fue asesinado a tiros en su residencia en San Pablo, en un homicidio que nunca fue aclarado.
Debido a la gran cantidad de acusados y de víctimas, el proceso fue dividido en cuatro etapas, con jurados diferentes, que fallarán sobre lo ocurrido en cada uno de los cuatro pisos del penal que fueron invadidos. En una segunda etapa, prevista para el próximo semestre, serán juzgados un oficial y 29 agentes acusados de dar muerte a 78 personas, mientras que las dos últimas etapas reunirán a 23 agentes, que responden por 18 asesinatos.
El detalle
En libertad
La condena es a 156 años de cárcel, pero los condenados esperarán sentencia firme libres.
Fuente:TiempoArgentino
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