El sonido y la furia
Los puntos de acuerdo son que la movilización fue grande y que sus participantes planteaban consignas opuestas al gobierno nacional. Pero las interpretaciones difieren acerca de la magnitud del despliegue, la actitud prevaleciente hacia las fuerzas opositoras que por primera vez pisaron ese territorio desconocido, y la posibilidad de transmutar esta demostración política en caudal electoral. La enmienda a las cautelares, la condena a Pedraza y las relaciones con la Iglesia.
Por Horacio Verbitsky
Imagen: Pablo Piovano
Como previsible reflejo de la fractura existente, los medios de oposición consideraron que el jueves hubo más gente que nunca en las calles mientras aquellos que simpatizan con el gobierno, como este diario, midieron una disminución del número de concurrentes. Fuera de concurso queda el pintoresco jefe de gobierno porteño, Maurizio Macrì, quien tuvo temor de hacerse presente en su propia convocatoria, y calculó la asistencia en un millón de personas.
Pero más allá de las simpatías y alineamientos, hay circunstancias objetivas que sólo pueden distorsionarse con una voluntaria manipulación. Por ejemplo, el matutino La Nación publicó una nota titulada “Cómo creció la protesta”, que incluye un diseño interactivo muy bien realizado: una toma de la Plaza de Mayo desde el mismo ángulo en noviembre y ahora, con un botón deslizante que permite apreciar la concurrencia en cada fecha, sector por sector de la plaza. Lo único que falta aclarar es que en noviembre el centro de la concentración fue el Obelisco y hasta la Plaza de Mayo sólo se aventuraron grupos sueltos, mientras el jueves la cita fue en la plaza misma. O mejor dicho, frente a la Catedral, la parcela cubierta con mayor densidad de cuerpos humanos. La apreciación directa de periodistas de este diario que asistieron a la concentración del jueves señala que no sólo fue inferior a la de noviembre organizada por el mismo colectivo en formación, sino que tampoco se aproximó a la que acompañó a la presidente CFK el 10 de diciembre pasado y a la de los organismos de derechos humanos el 24 de marzo. Otro análisis de la misma fuente destaca la composición social y la procedencia geográfica de los caminantes, con exclusiva representación de sectores medios y altos, salvo los dos grupos militantes que seguían a Jerónimo Venegas y Raúl Castels con formas organizativas y sonidos propios de las manifestaciones populares. Entre ambos no pasaban de quinientas personas. Un cartel pedía perdón a Elisa Carrió, por haberla considerado loca. No es tan solo un acto caballeresco, sino también un reconocimiento a la penetración que han alcanzado en ese microclima las sentencias y vaticinios que le granjearon aquel calificativo. Basta con leer la impresionante proclama de Santiago Kovadloff, publicada en La Nación con el título “La República, a punto de convertirse en la nueva desaparecida” para advertir que Carrió ejerce un auténtico liderazgo intelectual sobre ese sector. Su último hallazgo de construcción democrática fue invitar a que el miércoles se impida el funcionamiento del Congreso para que no pueda sancionar las leyes de reforma judicial. Es la misma lógica por la que se defiende la libertad de expresión golpeando a periodistas.
Una aguda polarización
La Relatoría para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de la OEA sostuvo en su informe anual difundido esta semana que el “contexto de confrontación extrema, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos”. Esa “aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta”. Para la Relatora, la jurista colombiana Catalina Botero, la responsabilidad del Estado es generar un clima de mayor tolerancia y la del periodismo “regirse por conductas éticas”. Pero el círculo vicioso persiste ya que según sea la posición de cada uno será la evaluación acerca de quién cumple con estas pautas generales o falta a ellas. El punto irreductible es el del respeto por la voluntad popular que se expresa en elecciones periódicas, lo cual remite una vez más al último de los dilemas planteados en la enumeración inicial: en qué medida del descontento expresado por un sector inquieto de la sociedad podrá traducirse en opciones electorales. Y otro, ulterior: si los portadores de esa disconformidad visceral reconocerían un resultado adverso. La cuestión no es ociosa, si se mira lo que sucede en la República Bolivariana de Venezuela, a la que viajaron los principales mandatarios de Unasur para respaldar la consagración institucional del nuevo presidente Nicolás Maduro. No ha habido observador internacional calificado que avalara la denuncia de fraude de la oposición venezolana, y algunos tan acreditados como el Centro Carter la desdeñaron en forma explícita, igual que el secretario general de la OEA. Pero la agresión a tiros contra militantes chavistas, que causó siete muertes, muestra el verdadero talante entre quienes lograron achicar la diferencia que les había sacado Chávez el año pasado, pero no batir a Maduro.No sólo organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de expresión advierten la tajante división entre fracciones excluyentes. También las empresas que realizan encuestas de opinión pública están tratando de adaptar sus métodos a las condiciones específicas que plantea este campo minado por la fragmentación. Una de ellas (que en marzo realizó un estudio sobre mil casos en el Area Metropolitana de Buenos Aires, que además de la Capital incluye los dos primeros cordones bonaerenses) expresa esta diferente percepción de la realidad según el posicionamiento político con la sentencia “Un mismo país, dos Argentinas”. Esta división se da en mitades, con proporciones que varían en forma leve según la coyuntura. En las elecciones presidenciales de 2011 el 54 por ciento del electorado estaba a favor de la entonces reelecta presidente CFK. Según la consultora aludida, hoy una luz de 50,1 por ciento se manifestaría en su contra. Dada la estrechez de ese margen y su variabilidad de mes en mes, lo más significativo es la estabilidad de la fractura.
Ese estudio revela de un modo simple y claro cómo influyen esas preferencias en la visión de la realidad. Por ejemplo, ante una pregunta sobre la calidad de vida de los encuestados, dos tercios la consideraron buena y algo menos de un tercio, mala. Pero cuando a la misma muestra se le pregunta por las condiciones políticas, sociales y económicas de la sociedad, las contestaciones son divergentes, tema por tema, entre aquellos que aprueban la gestión del gobierno nacional y quienes la desaprueban.
El problema, que lleva años pero no parece aproximarse a una solución, es que mientras una mitad tiene liderazgo, organización y programa, la otra es un cúmulo de voluntades dispersas y a menudo contradictorias. En el mejor de los casos esa mitad enfurecida se divide en cuartos, uno de centro izquierda y otro de centro derecha. Pero ni siquiera entre ellos las relaciones son pacíficas, como refleja la crónica diaria. Dada la endeblez de las estructuras partidarias, la única alternativa superadora para ese conglomerado sería el surgimiento de una personalidad capaz de mantener unidos el agua de Macri y el Peornismo Opositor con el aceite de Binner, la UCR y De Gennaro. En Venezuela la miríada de fuerzas de oposición pudo coincidir en la candidatura de un recién llegado. Retoño de dos familias acomodadas de la burguesía tradicional, Henrique Capriles Radonski hizo un salto meteórico, de miembro de grupos de choque en las refriegas callejeras que avalaron en 2002 el golpe contra Hugo Chávez del empresario Pedro Carmona Estanga, apoyado por el gobierno estadounidense de George W. Bush, a honorable demócrata. Antes de llegar a ese punto, la oposición venezolana desertó de la competencia democrática. Ese es el camino que de tanto en tanto tienta a la oposición argentina y que, como en el caso de Venezuela, expresa la falta de confianza en las propias fuerzas. Tampoco es seguro que, si el escrutinio lo hubiera favorecido, Carriles Radonski habría podido formar un gobierno con la mínima homogeneidad indispensable para administrar o se habría hecho añicos a la primera contrariedad, como ocurrió aquí con el inconveniente matrimonio de conveniencia entre el radicalismo y el Frepaso.
Procedimiento expeditivo
En Venezuela, la oposición se abstuvo de participar en elecciones, lo cual le dio al chavismo el monopolio de la representación institucional. Aquí sólo decidió no asistir a las reuniones de los plenarios de comisiones de ambas cámaras del Congreso, en los que se trataron los proyectos de reforma judicial. El pretexto fue una frase atribuida al senador Aníbal Fernández. Ex jefe de gabinete con nostalgias por la función ejecutiva, Fernández llega a las siete de la mañana a un Senado desierto y lo único que puede hacer es hablar con los periodistas. En una de esas declaraciones dijo que los proyectos habían sido bien revisados, por lo que podrían aprobarse sin tocarles una coma, pero que “como no somos necios, si hay errores estamos dispuestos a corregirlos”. La difusión posterior de sus palabras omitió la voluntad de cambiar lo que fuera necesario y se concentró en las comas de la primera frase, desvirtuando su contenido.El Poder Ejecutivo eligió en este caso un procedimiento expeditivo, muy distinto del que siguió para la sanción de la ley audiovisual hace cuatro años. Entonces, el anteproyecto oficial, surgido del reclamo de centenares de organizaciones de la sociedad, fue discutido durante meses en 24 foros regionales de los que participaron los distintos sectores interesados y, recién entonces, convertido en proyecto y enviado al Congreso. Sólo pasó al recinto al concluir una extensa ronda de aportes de entidades y especialistas invitados por cada Cámara. Esto permitió lograr su aprobación por una amplia mayoría transpartidaria. Pero ni aún así pudo evitar que algunos partidos de la oposición pensaran más en los títulos de medios y en la preconstitución de pruebas para los reclamos judiciales de los medios afectados. Comenzó así el festival de medidas cautelares, que recién concluyó la semana pasada, con la previsible resolución de inconstitucionalidad de los artículos claves para limitar la concentración del mercado, dictada por una sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que el gobierno denunció cooptada por el Grupo Clarín.
Ese bloqueo durante casi cuatro años a una ley que no fue un úkase autoritario sino la consecuencia del rico y extenso proceso descripto, está en el origen de la decisión política de sanear una Justicia aún demasiado permeable a los intereses de los poderes fácticos y de hacerlo sin reunir antes consensos equivalentes a los que sustentaron la ley audiovisual. Esta lectura es discutible, pero no vale analizarla sin recapitular el aporte de la oposición al congelamiento durante cuatro años de una ley sancionada con tan alto consenso.
Puntos y comas
Desde el CELS opinamos que sólo el proyecto que regula las cautelares merecía objeciones de tipo constitucional. A raíz de ello el plenario de comisiones nos invitó a exponerlas el martes en el Senado, ante lo cual la oposición revió su postura inicial y asistió a la audiencia. Señalamos nuestro acuerdo con impedir el abuso de los poderes fácticos que se sirven de las cautelares para frustrar la voluntad popular y sus leyes, pero también el riesgo de que la restricción afectara a los sectores vulnerables de la sociedad. En vez de la fórmula del proyecto oficial, que sólo exceptuaba de la nueva regulación a las cautelares “cuando se encuentre comprometida directamente la vida o la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria”, propusimos otra, inspirada en fallos de la Corte Suprema de Justicia y en nuestra experiencia de treinta años en el uso de este instrumento en defensa de los derechos humanos: “cuando se encuentren comprometidos la vida, condiciones de vida adecuada, la salud de la persona o de un derecho de naturaleza alimentaria, o relativos a la protección del ambiente, o derechos fundamentales de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés estatal en su protección como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios de servicios públicos”. El secretario de Justicia Julián Alvarez objetó esta formulación y propuso sustituir “comprometida directamente la vida” por “comprometida la vida digna”, una expresión más amplia pero a nuestro juicio insatisfactoria. Senadores del oficialismo y de la oposición ponderaron nuestra propuesta, y luego de consultar con Alvarez, la presidente optó por una nueva fórmula: “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”. Esto demostró que era posible modificar puntos, comas y palabras, si se planteaba con seriedad e intención constructiva. La inicial reticencia de Alvarez obedeció a una idea muy generalizada en el gobierno, de que nadie defiende mejor a los sectores vulnerables. Eso es así, en términos de la historia argentina del último medio siglo. Pero la ley regula también cautelares contra actos administrativos del Estado y sus entes descentralizados. Por otra parte, de haberse aprobado el proyecto original una catarata de textos similares se hubiera derramado sobre las legislaciones provinciales, jurisdicciones en las que las violaciones a derechos fundamentales de los sectores vulnerables son más frecuentes de lo deseable. Y es un contrasentido denunciar el emblocamiento de muchos jueces con intereses corporativos y al mismo tiempo darles instrumentos para castigar a los grupos más desprotegidos de la sociedad. Clarín y La Nación hicieron eje de su cobertura en un aspecto marginal como mi diferencia de criterios con el Secretario Alvarez, que forzaron hasta que ocupara todo el espacio y no se entendiera qué estaba en juego. Se comprende: son beneficiarios de dos de las cautelares más escandalosas, una que paralizó cuatro años la aplicación de la ley audiovisual y otra por la que el diario de los Mitre, los Saguier y los Noble ha dejado de pagar impuestos por 280 millones de pesos, según el cálculo de la AFIP.Por primera vez
Al día siguiente de la media sanción del Senado, el Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital condenó a José Pedraza a quince años de prisión, como partícipe necesario en el asesinato de Mariano Ferreyra. Al fallo se llegó en el tiempo record de treinta meses, a partir del 20 de octubre de 2010. Muchos militantes populares han sido asesinados en el país, pero nunca antes el responsable político del crimen debió pagar por ello. El fallo completo con sus fundamentos será conocido dentro de dos meses, pero el viernes el presidente del tribunal Horacio Días adelantó la parte dispositiva (donde los ejecutores materiales recibieron sentencias a 18 años de prisión, y los oficiales de la Policía Federal que los protegieron antes y después del asesinato a 10 años). Lo hizo en un lenguaje llano, comprensible para quienes no dominan la jerga judicial, como quien razona en voz alta sobre la lógica del fallo, explicando cómo valoraron cada prueba. Días se refirió a la explotación de los trabajadores de las empresas tercerizadas en las que Pedraza tenía intereses. El castigo es por el crimen del joven militante del Partido Obrero, pero Pedraza fue también el partícipe necesario en la destrucción del servicio público de transporte por ferrocarril a partir de la década de 1990 y que aún no se ha recuperado. Su consecuencia fue la reducción del plantel de trabajadores formales en un 90 por ciento y el surgimiento de esas empresas satélites mal llamadas cooperativas donde se pagaba la mitad por el mismo trabajo. Días y sus colegas del tribunal, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, mostraron un rostro distinto de la Justicia, severo con los fuertes, amigable con las víctimas, respetuoso del derecho. La sentencia mencionó el “escandaloso intento de soborno” a la Cámara de Casación para que no avanzara sobre Pedraza y dejara en libertad a los ejecutores materiales, que será objeto de un segundo juicio. Pero además, está pendiente el juicio político y la destitución del miembro de ese tribunal Eduardo Riggi, quien era el destinatario del dinero secuestrado.Lo de siempre
Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires, el defensor de menores Julián Axat fue apartado de la causa en la que investigaba cómo se consignaron en documentos públicos de la morgue y del registro de las personas los muertos por el temporal en La Plata, cuyo número es más holgado del que informó el gobierno provincial. Esta actividad de Axat y del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias irritó al ministro de Seguridad y Justicia, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, quien primero consiguió el relevo del juez y luego el de Axat, en ambos casos con argumentos leguleyos que no vale la pena describir. Pese a que la Suprema Corte provincial había confirmado la legitimidad de la intervención de ambos, las presiones de Casal por medio de la Procuradora General María Falbo produjeron una resolución del Defensor General de La Plata, Omar Ozafrain, que desplazó al defensor de la causa. En su lugar fue designada la asesora de incapaces Laura Ozafrain, hermana del Defensor General. Axat apeló la resolución, violatoria de su autonomía funcional, y adversa a sus estrategias que permitieron conocer la verdad de lo sucedido y la metodología fraudulenta empleada para contar los casos. La apelación fue elevada... a la Procuradora Falbo, quien no necesita consultar con Casal porque ya conoce su posición.Una monarquía enseña democracia
Por Horacio Verbitsky
La estrategia opositora contó una vez más con el aporte de la Iglesia Católica. Al concluir la 105ª Asamblea Plenaria, el Episcopado declaró que los proyectos de ley de reforma judicial podrían “debilitar la democracia republicana consagrada en nuestra Constitución, precisamente en una de sus dimensiones esenciales como es la autonomía de sus tres poderes”, por lo que requirió “amplias consultas, debates y consensos previos”. Es conmovedora la preocupación de la última monarquía absoluta de la tierra por la democracia republicana. Mientras, el papa Francisco prosigue su estrategia de blanqueo. Luego de la carta que envió a Hebe de Bonafini comunicándole la novedad de que ahora por fin “comparte su dolor y el de tantas madres y familias que han padecido y padecen la pérdida trágica de sus seres queridos en ese momento de la historia argentina”, el miércoles recibirá a las abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto y Buscarita Roa y al hijo de detenidos-desaparecidos Juan Cabandié. Ni la elevación del cardenal Bergoglio al papado ni la asistencia del gabinete nacional a la asunción de su reemplazante en Buenos Aires, Mario Poli, cambiarán el alineamiento del Episcopado contrario a las políticas del gobierno nacional. Sólo le darán mayor impulso y legitimidad.
EL ANALISIS DE LOS CONSULTORES POLITICOS
El 18-A bajo la lupa
Los principales analistas coinciden en que la manifestación del último jueves estuvo aun más organizada que las anteriores y que volvió a reunir a la clase media que no se siente representada por los políticos. Relativizaron el efecto electoral de la protesta.
Por Santiago Rodríguez
Imagen: Pablo Piovano
Puestos a analizar el 18-A, entre los consultores políticos hay coincidencias y diferencias. No hay quien discrepe con la caracterización de que fue una protesta de sectores medios urbanos, que no se sienten representados ni siquiera por los políticos opositores que esta vez los acompañaron en su caceroleo. Fuera de discusión está también que se trató de una manifestación organizada que de espontánea no tuvo nada. Más allá del contrapunto sobre la cantidad de gente que se sumó a la protesta –a la que algunos aportaron y otros rehuyeron por entender que de todos modos fue masiva–, los matices surgen a la hora de evaluar el impacto concreto que dentro de unos meses puede llegar a tener en las urnas. Casi todos piensan que el oficialismo tiene todas las de ganar en las próximas legislativas, aunque algunos advierten que es apresurado hacer pronósticos y dan algún crédito a la posibilidad de que el voto opositor al final no se divida.
Los opositores
El rasgo que diferenció al tercer cacerolazo contra el Gobierno de los anteriores fue la presencia más visible de dirigentes políticos de la oposición. “Menos gente y más dirigentes”, fue la caracterización de la Casa Rosada sobre la protesta, a propósito de lo que fue esta vez la respuesta de la gente y de la participación de los opositores.El 13 de septiembre pasado, cuando las cacerolas sonaron por primera vez en contra del Gobierno, los políticos de la oposición brillaron por su ausencia. Dos meses más tarde, el cacerolazo del 8 de noviembre no los agarró desprevenidos, pero no todos se animaron: entre los que se sumaron a la protesta, los macristas fueron amplia mayoría y también dijeron presente algunos de la Coalición Cívica y el peronismo disidente. Los radicales y los del FAP opinaron, pero lejos de los caceroleros.
El jueves pasado los principales referentes de la oposición no quisieron perderse la fiesta; sólo faltó Mauricio Macri, temeroso del mano a mano con la gente. “En un año electoral deben estar donde están los que se oponen al Gobierno”, analiza Analía del Franco, responsable de la consultora Analogías, y completa que los opositores “fueron como una suerte de invitados a hacer acto de presencia”. Hugo Haime evalúa que “la oposición fue atrás de la convocatoria y si no iba, tampoco pasaba nada”. “Los políticos de la oposición asumieron un riesgo importante, tratando de pasar lo más inadvertidos posibles”, dice Roberto Bacman, del CEOP, y explica que “no les queda otra que convocar porque si no estas marchas se van convirtiendo en cualquier cosa, como pasó en España donde los indignados no generaron nada en términos políticos”.
Sergio Berenstein, de Poliarquía, tiene otra percepción. En su caso sostiene que “para los opositores, la reforma del Poder Judicial que impulsa el Gobierno implica el fin de la república y eso los impulsó genuinamente a salir a la calle”. Afirma, además, que “el cacerolazo de noviembre lo interpretaron como algo organizado por la sociedad, pero esta vez hubo un acercamiento y una articulación más sistemática entre los organizadores y los políticos de la oposición”.
Los caceroleros
Son los mismos de siempre y no han cambiado. Haime define así a quienes el último jueves salieron a la calle: “Son de sectores medios de la sociedad. Ven atacado su sistema de valores y por eso hablan de dictadura, de sus problemas para viajar y hacer lo que quieran y de la inseguridad; critican el estilo kirchnerista, la política económica y los controles al dólar”. No hay consultor que discrepe de la caracterización de los manifestantes. “La predominancia social de la composición de la multitud fue la clase media”, coincide Ricardo Rouvier, de Rouvier y asociados, y agrega el dato de que hubo “mayor presencia femenina que masculina”.“Por supuesto, clase media para arriba”, responde Bacman acerca de los participantes del 18-A y asegura haber notado en este cacerolazo “menos jóvenes y más gente grande”. El director del CEOP hace, además, otro aporte: “La protesta tiene su epicentro en la Capital Federal, la zona norte y más rica del Gran Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario y Córdoba. Son todos lugares donde los índices de popularidad y aprobación de Cristina Fernández de Kirchner están por debajo de la media. En la ciudad de Buenos Aires tiene 35 puntos de imagen positiva y 38 de aprobación, contra 52 de imagen y 50 de aprobación en promedio nacional”. Para Enrique Zuleta Puceiro, titular de Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM) la protesta también es un fenómeno de “sectores medios urbanos que se da en el marco de un sistema económico en el que le va mejor a los extremos que a los medios”.
La convocatoria
La presencia de políticos opositores fue el distintivo del último cacerolazo, aunque a ojo de algunos consultores hubo también otra diferencia y pasó por el modo de convocatoria. “Fue más sofisticada”, advierte Del Franco, porque “no surgió a partir de propuestas individuales a través de las redes sociales, sino de responsables de blogs que fueron los que se encargaron de convocar a la gente”. Bacman también destaca que “empezó a aparecer la figura del difusor con nombre y apellido que convoca desde los blogs, diciendo incluso qué carteles llevar y qué decir”. A eso, en parte, atribuye Bacman que haya habido “menos pancartas y consignas agresivas” en anteriores cacerolazos. Rouvier también remarca que “si bien se registraron algunos ataques a medios de prensa considerados oficialistas, no tuvieron la envergadura para considerar que la reunión fue violenta”. Del Franco habla de “menos encono que las otras veces” y Berenstein entiende que esa diferencia “probablemente sea parte del ejercicio democrático o de que la bronca contenida se expresó de otro modo”.Entre los consultores hay acuerdo en cuanto a que el rechazo a la democratización de la Justicia y la corrupción fueron las consignas dominantes. “Los contenidos de la marcha, en mayor proporción que en las anteriores, fueron una demanda institucional concentrada en la negativa a la reforma judicial, la reelección presidencial, las sospechas de corrupción. En mayor medida las demandas giraron alrededor del valor de la república; del temor a la pérdida republicana”, analiza Rouvier. Zuleta Puceiro apunta que predominó el tema de la Justicia “porque estaba en debate en el Congreso”. “Esta marcha estaba pautada desde enero o febrero. Hubiera sido igual con cualquier consigna”, dice Haime.
Al margen de las demandas derivadas de la agenda política y mediática de los días previos, en segundo plano se repitieron las múltiples consignas que ya se escuchaban en septiembre y noviembre: dólar, inflación, seguridad y casi tantas más como caceroleros hubo. “Resulta notoria la dificultad de identificar intereses compartidos ante tanta vaguedad y diversidad de las consignas expresadas”, señala el director de Ibarómetro, Ignacio Ramírez, para quien “el 18-A, al igual que el 8-N, constituyó una superposición coordinada de desacuerdos individuales”.
La organización
La espontaneidad o no de la protesta ya no es tema de discusión no sólo porque a criterio de algunos, como Del Franco, “no tiene ninguna importancia”, sino porque esta vez saltó a la vista que fue organizada, al punto que hubo blogs que cedieron espacio a los políticos para que convocaran a cacerolear. “Antes la convocatoria surgía por las redes sociales; ahora está la dirigencia política y los medios que actúan como canal de difusión”, expone Haime. “Lo que fue la espontaneidad evolucionó y el cacerolazo se va convirtiendo en marcha. El último no fue un cacerolazo sino una marcha; hubo menos gente en los balcones y más gente movilizándose en la calle”, suma Bacman.Para Berenstein, también es “absurdo discutir si participó más o menos gente que en las anteriores manifestaciones, porque es imposible de determinar. De lo que no hay duda es de que fue masivo”. “En términos cuantitativos y cualitativos, el 18-A no consiguió empardar el impacto causado por el 8-N”, discrepa Ramírez y propone ese debate. “Son cada vez más numerosas y más abarcativas a nivel nacional”, opina Haime.
La representación
Entre los consultores sigue primando la impresión de que la protesta no sólo es contra el Gobierno, sino también contra los opositores por quienes los que salen a cacerolear no se sienten representados. “Hay un componente muy heterogéneo y lo único que une es la oposición al kirchnerismo”, marca Del Franco. “El sector que se manifestó el último jueves –expresa Haime– sigue sin representación política; la gente critica al Gobierno pero también a la oposición, que no puede ofrecer una alternativa ni explicar lo que quiere hacia el futuro, sino sólo explicar lo que no quiere”. “Sigue estando presente la crisis de representatividad”, acuerda Berenstein, quien dice que eso “pone de manifiesto el pésimo funcionamiento actual de la democracia”. Ramírez reflexiona: “La oposición enfrenta un riesgo principal: confundir ruido y visibilidad con representatividad. Esto es, creer que sus bases potenciales electorales desean confluencias políticas a contrapelo de las identidades, únicamente sostenida en el antikirchnerismo. Lo que las encuestas revelan es que la mayoría del universo opositor demanda renovación de dirigentes y elaboración de un discurso positivo”.Los votos
En ese contexto, el desafío de los opositores es encontrar la forma de capitalizar electoralmente la protesta y a juzgar por lo que dicen los consultores no les será sencillo. “El 18-A no expresa debilidad del kirchnerismo, sino de la oposición”, afirma categórico Ramírez. Rouvier explica que “el caudal electoral del Frente para la Victoria sigue siendo el principal capital político electoral y la gran distancia que existió entre Cristina Fernández de Kirchner y sus seguidores en el 2011 es la brecha que la oposición tiene que zanjar en la elección legislativa”. Si bien aclara que “las implicancias electorales se verán en el momento oportuno”, Rouvier enfatiza que “hoy todas las encuestas” indican que el oficialismo “sigue siendo la primera minoría en una elección en que pone menos bancas en juego que la oposición”.“Este sector sin representación política, si no hubiera elecciones, estaría diciendo ‘Que se vayan todos’, pero como hay elecciones, en unos meses va a votar a alguien y nos vamos a enterar a quién diez días antes. Puede ocurrir que el voto se divida o que la sociedad piense en un voto útil”, evalúa Haime.
Del Franco dice que entre los que manifestaron “por ahí hubo alguno que votó medio tironeado, pero en términos generales no se trata de votantes kirchneristas”.
Bacman también sostiene que los cacerolazos no se nutren de la base electoral del kirchnerismo, que oscila entre un 38 y un 40 por ciento. “Estas marchas –precisa– no tocan el núcleo duro K, sino que lo fortalecen. Ese núcleo duro kirchnerista está integrado por gente cuyos intereses defiende el Gobierno y que no se siente representada ni por los políticos que van a estas manifestaciones ni por las consignas que se escuchan en la marcha”.
Zuleta es otro de los que asegura que no hay un efecto electoral inmediato y lo fundamenta con números: “Las encuestas para las PASO de agosto le dan al Frente para la Victoria una intención de voto del 35 por ciento, que proyectado sube al 40 por ciento. No hay nada hoy que pueda bajarlo y se consolida el centroderecha con algo más del 25 por ciento de intención de voto. Por fuera de eso, hay un amplio espectro vacante”. El titular de OPSM concluye que, en todo caso, “el Gobierno perdió la capacidad de incorporar fuerza o está expulsando parte de la coalición” que hace dos años le permitió a CFK ganar con un poco más del 54 por ciento, “pero conserva una ventaja: conserva el monopolio de la agenda; y quien fija la agenda, controla la campaña. Como en 2009, eso acorrala a la oposición y termina dividiéndola”.
OPINION
Las banderas del 18-A y el futuro político
Por Edgardo Mocca
Imagen: Pablo Piovano
Libertad, seguridad y ética pública: así se podría resumir la carta orgánica de la manifestación del último jueves. La forma política que esa carta requiere es la unidad de todos los que estén en contra del actual gobierno. Trataremos, en lo que sigue, de no exagerar la calificación de conductas políticas y de atenernos, principalmente, al sentido en el que la plataforma cacerolera pueda influir en la política argentina realmente existente; difícilmente logremos ese objetivo.
Libertad es acaso la palabra más políticamente polisémica que pueda imaginarse. Hay que adoptar algún punto de partida conceptual para pensarla. En este caso nos apoyaremos en la fórmula canónica de Isaiah Berlin, gran pensador liberal del siglo XX. Berlin hablaba de dos formas de libertad: la libertad negativa y la libertad positiva. Negativa es la libertad que permite al individuo no ser interferido ni impedido por otros en la acción para satisfacer sus propósitos. La libertad positiva es, por su parte, la que habilita a los hombres a actuar en el espacio público sin otro límite que la ley que ellos mismos decidan. Mientras que la libertad negativa tiene alcance esencialmente individual, la positiva remite a lo público, a lo político. En la vida de las sociedades, los aspectos negativos y positivos de la libertad tienden a condicionarse mutuamente, de tal modo que no puede hablarse de la existencia de una sin un grado de funcionamiento de la otra. Buena parte del conflicto político real gira alrededor del alcance de los ámbitos de libertad en los dos sentidos de los que estamos hablando.
La seguridad tiene también múltiples significados. El pensador polaco Zygmunt Baumann ha recurrido a una curiosidad idiomática para ilustrar la cuestión: la palabra alemana sicherheit significa, al mismo tiempo, seguridad, certeza y protección. Seguridad significa que todo lo que ha sido ganado seguirá en nuestro poder y que el mundo es estable y confiable. Certeza es la posibilidad de diferenciar lo útil de lo inútil, lo correcto de lo incorrecto. Protección quiere decir que ningún peligro del que no podamos defendernos amenazará nuestro cuerpo. No solamente la voz alemana sino nuestra palabra seguridad también está cargada de todos esos significados, a tal punto que es muy difícil separarlos en nuestra vida consciente.
La ética pública tiene, por su lado, una larga historia en el debate teórico y en la práctica política de las sociedades. Para los kantianos, la honradez es la mejor forma de la política, mientras que para la tradición de pensamiento que nace con Maquiavelo, es la virtud, y no la ética, el atributo principal del líder político.
No es la virtù, en el sentido de una adaptación de la conducta a un precepto dogmático, sino la virtù que designa la excelencia de la capacidad política del líder, cuya conducta debe ser juzgada en relación con la grandeza de la patria y la felicidad de sus habitantes. Nuestra conversación cotidiana tiende a equiparar la ética política con la ética individual y a reducir con frecuencia el alcance de ambas a la abstinencia de la apropiación de lo ajeno; es decir algo que no puede ser considerado parte de la ética porque pertenece a la esfera estricta del derecho penal.
¿Qué quiere decir la multitud cuando levanta las banderas de la libertad, la seguridad y la ética? Seguramente muchas cosas y seguramente muchas de ellas no compatibles entre sí. Sin embargo no son tantos los significados como los asistentes de la protesta. En la extrema horizontalidad formal de las marchas anteriores se insertó la presencia convenientemente anunciada de líderes de diferentes segmentos de la política de oposición. Como se sabe, esos segmentos recorren un amplísimo diapasón de pertenencias y de tradiciones político-culturales: los hay neoliberales enteramente asumidos como tales, sindicalistas que cuestionan el giro neoliberal del gobierno, republicanos formales y explícitos añoradores de la última dictadura cívicomilitar, radicales de tendencia conservadora y de tendencia socialdemócrata, socialdemócratas que vienen de la experiencia de la izquierda radical y conservadores que han aprendido el vocabulario de la socialdemocracia, gente de centroizquierda sincera y gente que ve a la centroizquierda como el mejor lugar para combatir un gobierno populista y demagógico. Se podría hacer una gran subdivisión ideológica: un sector que condena al gobierno por lo que es (autoritario, populista, peronista) y otro que lo condena porque no es lo que dice ser (progresista, avanzado, de izquierda). Los primeros dicen querer un gobierno que asegure las libertades individuales, los segundos se pronuncian por un gobierno que efectivamente produzca las transformaciones que el actual enuncia de modo oportunista.
El mandato implícito en la marcha y sistemáticamente pronunciado por los analistas de la prensa oligopólica (ejercicio plenamente legítimo según la Cámara en lo Civil y Comercial) es el de la unidad de la oposición como única manera de evitar la perpetuación del kirchnerismo en el gobierno. Concentradas pocos días después de los reñidos comicios venezolanos que eligieron a Maduro como presidente y, a la vez, catapultaron a Capriles como líder indiscutido de todo el polo antichavista, las multitudes que enfrentan al gobierno no pueden dejar de registrar la diferencia entre las hazañas de una oposición unificada y la impotencia del archipiélago antikirchnerista en el propio país. En esta cuestión no hace excepción la presencia en la protesta de muchos partidarios del FAP: el máximo líder de ese espacio que se autodefine como “progresista” ha dicho sucesivamente con pocos días de distancia que él hubiera votado a Capriles y que los muertos en Caracas durante el día posterior a las elecciones deben ser cargados a la cuenta del populismo venezolano.
Para la unidad hace falta un candidato y esa parece ser, según sus propios analistas, la gran carencia de la oposición. Sin embargo, detrás de esa falta hay otro problema menos visible pero plenamente operativo. Ese problema es una definición hegemónica. Es la traducción programática, bajo la forma de una promesa comprensible y creíble para el futuro argentino, de las grandes banderas de la marcha del jueves pasado.
La socioantropología más elemental parece indicar que el concepto de libertad predominante en los cacerolazos no es el de una epopeya colectiva dirigida a derrotar los obstáculos oligárquicocorporativos que frenan y condicionan la libertad política del pueblo, sino el del más modesto, pragmático y actual objetivo de despejar los obstáculos para el intercambio en dólares y las restricciones para las importaciones. Es altamente probable que la presión impositiva, las retenciones agrarias y las regulaciones estatales a la banca y las finanzas hayan tenido una presencia simbólica más importante en el reclamo de libertad que las restricciones a la plena libertad que suponen la existencia de monopolios económicos, matufias judiciales y policiales y corporaciones cerradas a la mayoría del pueblo. La seguridad que convoca más urgentemente es la de los cuerpos, la de la violencia callejera que constituye –más allá de estadísticas y causalidades– un problema intensamente vivido por los habitantes de las grandes ciudades argentinas. Pero en las capas medias, claramente mayoritarias en las marchas, ese miedo al ataque en el propio cuerpo se entrevera con el miedo a dejar de ser lo que se es en términos sociales y culturales. A que una “política distributiva y populista que necesita a los pobres como rehenes” termine afectando el propio status individual y colectivo.
Defensa de un estatus social, hay que decirlo, que nunca fue tan agredido y destruido como en los días de aquel diciembre en que estalló el programa neoliberal en Argentina. La “seguridad” de la clase media mira con miedo y con desconfianza hacia abajo y descarga su ansiedad contra un gobierno que (claro está, por pura demagogia) privilegia su relación con los más débiles. Por último, la cuestión de la ética pública tiende a construir una amalgama de significación entre el “Estado que interviene” y el “Estado que roba”. Los megaescándalos desatados por los grandes medios de comunicación tienen –con independencia de sus resultados concretos– a validar el prejuicio de que somos robados por la política. Esto no nació con este gobierno y es el santo y seña de la derecha neoliberal (y no tan “neo”) desde que existe el régimen democrático. Pero en el caso de este gobierno es un gran apuntalador de múltiples descontentos. Y, sobre todo, tiene el discreto encanto de atraer a sectores claramente afectados por las múltiples desigualdades y posiciones dominantes vigentes entre nosotros a la plataforma antiestatista lúcida y pragmática de los núcleos más poderosos de la sociedad.
Lo que está por detrás de la carencia de liderazgos y candidaturas es, en realidad, un problema de hegemonía política. Podría formularse así: cómo atraer política y electoralmente a una mayoría social desde posiciones que corresponden a las fuerzas del privilegio económico, social y cultural. Dicho de otra manera, cómo reconstruir la alianza neoliberalpopulista que encabezó Menem en los años noventa y particularmente cómo hacerlo cuándo todavía están frescos en la memoria popular los días del incendio social de 2001. La traducción de ese proyecto hegemónico en la forma de la política real es la atracción de todas las formas de oposición, incluidas las centroizquierdistas, hacia el centro de gravedad de una nueva gran promesa liberalrepublicana. Un liberalismo republicano que tiene, por lo demás, su principal base de sustentación en los monopolios comunicativos. Si no se alcanzara este gran consenso hegemónico antikirchnerista, las marchas y las cacerolas pasarán lentamente a ser una rutina intrascendente y a desaparecer. Para que se construya será necesario un huracán político que puede hacer desaparecer viejas construcciones políticas nacionales y reciclarlas en afluentes secundarios de una nueva hegemonía conservadora.
Fuente:Pagina12
Cinco analistas evalúan el mensaje de la protesta contra el gobierno y vaticinan futuros escenarios
Clase media, anti-política y falta de liderazgo, la radiografía del 18-A
Pablo López Fiorito, Hugo Haime, Juan Manuel Aurelio, Rosendo Fraga y Artemio López coincidieron en que los manifestantes no se sienten representados por ningún partido.
Por: Gimena Fuertes
Pablo López Fiorito, sociólogo, director ejecutivo de Ibarómetro y docente de la UBA, opina que "independientemente de la participación de los sectores de la oposición en la marcha, la mayoría de los convocados no se siente representados por ninguno de los referentes de la oposición en particular". "Muchos de los carteles y las expresiones de los participantes marcan una desconfianza contra el gobierno en general, pero contra los políticos en particular. ¿Puede la oposición transformar el descontento con la política, en fuerza política que los posicione frente a las futuras elecciones?", advierte.
Hugo Haime, también sociólogo y especialista en investigación de opinión pública, sostiene que "la oposición fue arrastrada por el llamado de la gente". "Es un error interpretar que la marcha fue llamada por la oposición, es al revés, fue convocada por las redes sociales en enero y febrero, y los partidos políticos no estaban convocando en ese momento. Lo que estamos viendo en todas las marchas es un sector importante de la ciudadanía carente de representación política que les reclama al gobierno y a la oposición: al gobierno le critica cosas que no le gustan y a la oposición le pide unidad para generar una alternativa, y a su vez, los opositores no pueden explicar por qué no se unen", sostiene.
Sin embargo, Juan Manuel Aurelio, analista de la consultora Aresco, sostiene que "la palabra unidad está lejos de ser una posibilidad". "Esta marcha es de contenido opositor al gobierno, con todas las variantes, participan muy diversos sectores políticos, con diversos niveles de reclamo. Hay posiciones ideológicas y políticas muy distintas y encontradas. Es una oposición que aparece muy fragmentada electoralmente. Ninguno de los políticos dentro de ese espacio puede decir que tiene un núcleo de apoyo relevante", advierte. A su turno, Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, sostiene que "la falta de liderazgo no es el problema del 18A, sino la clave de su éxito". Y subraya: "Que la movilización no tenga dueño aparente, es lo que permite su convocatoria. La mayoría de las fuerzas opositoras convocaron dos días antes contra la reforma judicial en Tribunales y no reunieron ni un millar de personas."
Artemio López, de la Consultora Equis, también señala la novedad de la aparición de figuras opositoras en la última movilización. "Hubo en esta marcha una precipitación de dirigentes opositores para apropiarse de la marcha". "La propia gente, entre las cosas que reclama es efectivamente que exista otra oposición para hacer más eficaz su disputa con el Gobierno Nacional, con lo cual la presencia de opositores era un contrasentido en la marcha", enfatiza. Si bien los analistas destacan la heterogenidad de los reclamos, todos coinciden en que son los sectores medios urbanos los que protagonizan estas movilizaciones.
Para Aurelio "los reclamos pertenecen a algunos segmentos de la ciudadanía, y tienen epicentros en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y en Córdoba, lugares del país dónde históricamente este gobierno tuvo performances electorales por debajo del promedio o directamente perdió elecciones".
Fraga coincide al señalar que "las protestas convocadas desde las redes sociales que culminaron con la del 13A, han canalizado la protesta de la clase media urbana". Asimismo, todos coinciden en señalar la dificultad de la oposición en capitalizar estas expresiones políticas. Mientras que Aurelio opina que "son fenómenos de diversidad política que no se sabe cómo se va a plasmar en términos electorales" y que "por ahora es visto como multitud atomizada o fragmentada y habrá que ver de qué forma se reúne o no a la hora de expresar un frente político", López Fiorito se pregunta si es posible "generar una fuerza que sume las pequeñas expresiones políticas de cada uno de los sectores".
"¿Es posible tamaña ingeniería, sin que del intento salga una Frankenstein? Hay por lo menos dos problemas con ese pedido. Uno es que este año las elecciones son legislativas y necesitan contener la mayor dispersión de miradas. Dos, que esa unidad tendría un carácter negativo, solo horadar al gobierno, pero ninguna coincidencia política. ¿Podemos imaginarnos al empresario Francisco de Narváez, con el sindicalista Víctor De Gennaro? ¿O al socialista Hermes Binner, con el referente del PRO Mauricio Macri? ¿No son similares a los argumentos que construyeron la Alianza?"
Fuente:TiempoArgentino
Por dónde vamos los argentinos
Año 6. Edición número 257. Domingo 21 de abril de 2013
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Aprobación de la gestión presidencial.
No es melancolía ni intentar restar impacto a la gran convocatoria lograda por los indignados de sectores medios antikirchneristas. Simplemente, parece esencial comprender que los conflictos entre sectores privilegiados y la etapa kirchnerista de la Argentina tienen historia. Y los intentos de condicionar (“intentos destituyentes” los bautizó Nicolás Casullo) a Kirchner y luego a Cristina vienen desde aquellos días.
Es cierto que las tres marchas caceroleras son un dato sensible de la política y del clima social. Sobre todo, en un país gobernado por un sector del peronismo y sus aliados que cuenta en su capital político una importante capacidad de convocatoria y al que no le gusta que le ganen la calle. La marcha del jueves pasado fue tan pacífica y masiva como difícil es predecir hacia dónde se desarrollará. No mienten quienes afirman que la convocatoria es a través de las llamadas redes sociales y que eso le da una ventaja: ser vista como el aire nuevo y fresco de una América latina gobernada por líderes populistas que menoscaban las posibles inversiones y créditos externos. Pero se olvidan de muchas cosas los que creen que en la 9 de Julio se respiraba el clima de la liberación de París de los nazis en el verano de1944 y que el peronismo y el kirchnerismo son parientes del fascismo. Hay una base social antiperonista fraguada en 1945. Rosendo Fraga, analista político de la derecha, sostiene que hay un 30% de kirchnerismo duro, un 30% de antikirchnerismo duro y un 40% fluctuante. Esa información, manejada como si fuera una balanza de almacenero para pesar papas o manzanas, sirve para dar legitimidad a las constantes violaciones de la Constitución. La de 1955 y el golpe de Rojas-Lonardi-Aramburu. Pero también la de 1962, que se cobró a Arturo Frondizi y tuvo como fachada civil a un dócil diputado radical de Río Negro. En efecto, José María Guido recibió la siguiente instrucción del general Rosendo Fraga (padre): “Vaya a la Casa Rosada y hágase cargo del gobierno”.
Por detrás de la existencia de una base social –real– anti-K, se pervierten los términos. No es el Ejecutivo el que atropella la Constitución. Los mecanismos para reformar la Justicia vía el Congreso Nacional son los previstos por la Carta Magna. Como lo fueron para cambiar la ley de radiodifusión que todavía está demorada en su aplicación por obra de una cautelar que acaba de ser ratificada por la Cámara Civil y Comercial de la Capital dando vuelta un fallo ejemplar del juez Horacio Alfonso. Será ahora la Corte Suprema de Justicia la que tenga que fallar sobre el fondo del asunto. Recordemos que hace 11 meses el alto tribunal sacó una sentencia sobre la duración de las cautelares a raíz precisamente de este expediente.
Entonces conviene detenerse a analizar cuánto de verdad y de razón tienen cuando se lee en las redes sociales unas frases breves escritas con una sintaxis burda y sin más elocuencia que los insultos. Hablan de una Justicia pisoteada y de censura en la prensa. Sus autores son personas que tienen todo el derecho de ser anti-K, pero están intoxicados de aquel antiperonismo visceral y del desmanejo informativo de una parte (importante, muy grande) de la prensa.
La próxima cautelar. Con este clima, este cronista le trasladó dos preguntas a un abogado con quien compartió algunos años de colegio secundario: ¿qué pasaría si, no bien se voten las leyes que restringen las cautelares y la del Consejo de la Magistratura, se presentan recursos de amparo para tratar de que algún juez dicte una cautelar que declare inconstitucionales esas leyes? ¿Esa maniobra serviría para intentar frenar la elección de Consejeros en las próximas elecciones legislativas?
“Te respondo la pregunta sobre la reforma del Consejo (obviamente es una primera opinión, aunque el tema ya lo había pensado dados los anuncios de los Colegios de Abogados y la Federación que los agrupa de promover amparos no bien se promulgue la reforma). Parto de la premisa de que se sancionarán juntas las leyes de reforma del Consejo y de modificación de las cautelares por lo que entrarían en vigencia simultáneamente. Siendo así, el régimen de las cautelares sería aplicable de inmediato a cualquier medida que se solicite, incluyendo por supuesto las que se pidan con relación a la ley de reforma del Consejo. Ahora bien, quien quiera plantear el amparo y pedir como cautelar la suspensión de la convocatoria a elecciones del Consejo, tiene dos caminos (que a mi criterio pueden plantearse en subsidio, es decir, primero uno y, para el caso de ser ese rechazado, el otro). Pedir también (como decís) la inconstitucionalidad de la ley que modifica las medidas cautelares y solicitar, como cautelar (relativa a esa acción de inconstitucionalidad), que no se apliquen sus normas a la otra acción (de inconstitucionalidad de la elección del Consejo). Perdón por lo denso de la explicación pero es difícil decirlo en palabras más simples. En subsidio (es decir, en un segundo intento), plantear que la ley que modifica el régimen de las cautelares faculta igualmente al juez a dictarla de inmediato (artículo 4º inciso 1 del proyecto) ‘cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran’; incluso sin necesidad, en tal caso, de pedir un previo informe al Poder Ejecutivo. Dicho eso basta señalar (como vienen haciéndolo con argumentos de ‘riesgo institucional’, ‘abuso de poder’, etc.) que esas circunstancias existen porque, de elegirse el nuevo Consejo, la inconstitucionalidad de la ley podría tornarse abstracta y el daño estaría consumado”.
Hasta acá la descripción de un abogado formado y con experiencia. Agrega el letrado sus impresiones: “Vías técnico-jurídicas para hacer el planteo sin duda hay (casi siempre las hay) y es presumible la receptividad de la mayoría de los jueces para dictar alguna medida cautelar en ese sentido. La reforma –más allá de la opinión personal que a cada uno merezca– implica claramente privar a dos sectores, que hasta ahora designaban por elección exclusiva de sus miembros a integrantes del Consejo (abogados y jueces), de ese derecho que hasta hoy ejercían. No es difícil concluir que muchos de ellos (la mayoría, diría yo) están predispuestos a considerarla inconstitucional.
Además, el artículo 114 de la Constitución (que creó este engendro penoso que es el Consejo) dispone que ‘será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal’. Hay argumentos para sostener que esa ‘representación’ de jueces y abogados implica que quienes los deben elegir son ellos (los pocos artículos, declaraciones u opiniones académicas que leí en estos días coinciden en esa argumentación). En otras palabras, el o los eventuales amparos y pedidos de cautelares encontrarán un ‘clima’ propicio y un sustento argumental que se considerará razonable. Ante ello, la modificación del régimen de cautelares difícilmente alcance para frenar resoluciones favorables a los amparos, sea porque, en definitiva, el que interpreta la ley nueva (de cautelares) es necesariamente el mismo juez o porque, directamente, éste admita cautelares... ¡contra la nueva ley de cautelares!”
Otro abogado, Juan Carlos García Dietze, opinó en la misma línea: “Sin perjuicio de recordar que éste no es mi campo de especialización, puedo decirte que si lo que vos preguntás es si una vez promulgada la ley, y se presenta un actual consejero o los colegios de abogados, por ejemplo (en cuanto afectados directamente por la variación legislativa), es perfectamente posible que por aplicación del artículo 43 de la CN se introduzca vía amparo un pedido de inconstitucionalidad de la norma, seguramente acompañado con un pedido de no innovar a título de medida cautelar, o por vía de una ADI (Acción Declarativa de Inconstitucionalidad), lo que se traduciría en la suspensión de la aplicabilidad de la nueva ley, en el supuesto de que el juez ante quien se presente así lo resuelva, con las consecuentes apelaciones posteriores, por supuesto”.
Respecto de qué pasaría en las elecciones, García Dietze sostiene: “A mi entender, esto se proyectaría para el armado de las listas en las elecciones de este año, armándose el ‘embrollo’ que vos bien decís, ya que los partidos políticos bien podrían solicitar el armado de las listas con los candidatos y someterlas al escrutinio eleccionario popular, aún no habiéndose resuelto en forma definitiva la cuestión cautelar. Es decir, tendríamos ‘consejeros electos’, pero la asunción de sus cargos estaría supeditada a la sentencia definitiva en el planteo de inconstitucionalidad. Acá, efectivamente, aparece como muy posible la intervención de la Justicia electoral, para dirimir la cuestión eleccionaria en punto a la inclusión o no en las listas, pero no puedo adelantarte una opinión sobre qué resolvería”.
En caso de estar judicializada esta ley, como es de prever, otro escenario posible es que directamente se frene la elección de consejeros y se aplacen las modificaciones votadas en el Congreso Nacional. Con un agravante político: dado que cada Estado provincial presenta sus candidatos, los únicos de carácter nacional serían precisamente los candidatos a consejeros. Permitiría medir con cierto anticipo cuál es la tendencia nacional del voto de 2015. Es matemática pura: se suman los votos de los candidatos a consejeros del FPV, los del FAP, los del PRO, los de la UCR y los del resto de las opciones políticas. Luego se ponderan los porcentajes de cada cual y hay una tendencia definida dos años antes. Claro, de intención de voto en primera vuelta. De allí al ballottage hay un camino distinto. Y el principio de esta nota es precisamente sobre eso. La historia no necesariamente se repite.
Pasión por los números. Una encuesta nacional de Mori y Asociados realizada en los hogares de los entrevistados entre el 18 y el 29 de marzo (con 850 casos de una población de 18 y más años y no 16 y más) dice que el 47% aprueba la gestión de Cristina mientras que el 46% la desaprueba, mientras que el 7% restante no sabe o no contesta. Consultados sobre la gravedad de la inflación: 57% dice “muy grave”, el 36% “grave” y apenas el 6% dice “poco grave”. Sin embargo, “la gestión de la inflación por parte del gobierno” es considerada como “muy mala” por el 17% y como “mala” por el 38%. Es decir que un alto porcentaje de la sociedad no achaca el aumento de precios a las autoridades nacionales. La mejor ecuación de imagen positiva la cosecha Cristina con un 42% (con un 11% “muy buena” y un desconocimiento del 1%). Sergio Massa tiene una buena performance (con un 9% de “muy buena” y un 43% de imagen positiva total pero con un 17% de desconocimiento). Quien sigue en la lista es Daniel Scioli con un 34% de positiva. Doce puntos por detrás aparece el primer opositor (Mauricio Macri con 22% positiva) y luego Ricardo Alfonsín y Hermes Binner (con 19% positivo ambos). Consultados sobre “cercanía a los partidos políticos”, un 20% se declara afín al kirchnerismo, un 10% al peronismo opositor (sin aclarar a qué figuras o sectores) y un 7% al radicalismo. El PRO cosecha un 2% de identidad. Lo significativo es que un 55% contesta “ninguno”.
Alguien podrá decir: entonces Rosendo Fraga tiene razón. Y se le podrá contestar: ¿cuántas veces en la historia desde 1955 las corporaciones se valieron de supuestos números para alterar los procesos constitucionales? Alguien podrá preguntar: ¿no será que el kirchnerismo tiene ante sí la inmensa posibilidad de volver a dialogar con sectores medios de la sociedad? ¿No puede convivir el liderazgo unipersonal con una construcción plural y colectiva que deje de lado los discursos dicotómicos e incorpore las distintas voces que se escuchan en esta fuerza política heterogénea?
Hasta ahora, el contrato de legitimidad del kirchnerismo no sólo tiene la épica de la lucha por los derechos humanos, de planes sociales como la Asignación Universal y del pragmatismo económico para estimular el crecimiento vía la demanda. Tiene, por origen y por convicción de sus máximas figuras, el compromiso de profundizar la distribución del ingreso a favor de los más desposeídos y, al mismo tiempo, avanzar en la diversificación de la economía hacia cadenas de más valor agregado. Es cierto: un ciclo de una década parece mucho como para contar con la energía de los primeros años. Al mismo tiempo, si la sociedad madura, participa, se organiza y moviliza, es posible seguir avanzando. No sería un milagro.
Fuente:MiradasalSur
Cacerola
de teflón
No te oí…
En los días del silencio atronador.
No te oí
junto a las madres del dolor,
no sonaste
ni de lejos, por los chicos, por los viejos… olvidados.
No te oí…
Puede ser que ya no estoy oyendo bien,
pero al
borde de las rutas de Neuquén,
no te oí
mientras mataban por la espalda a mi maestro.
Y entre
nuestros cantos desaparecidos
yo jamás oí
el sonido de tu tapa resistente,
que resiste
comprender que hay tanta gente
que en sus
pobres recipientes solo guarda una ilusión.
Cacerola de
teflón, volvé al estante, que la calle es de las ollas militantes…
Con
valiente aroma de olla popular.
Cacerola de
teflón, a los bazares, o a sonar con los tambores militares…
Como tantas
veces te escuché sonar.
No te oí…
Cuando el ruido de las fábricas paró,
cuando
abril su mar de lágrimas llenó.
No te oí
con los parientes del diciembre adolescente… asfixiado
No te oí…
Puede ser que mis oídos oigan mal,
pero no
escuché en la exposición rural,
reclamar
por el jornal de los peones yerbateros,
por la
rentabilidad de los obreros,
por el
tiempo venidero, por que venga para todos.
No te oí ni
te oiré porque no hay modo
de juntar
tu avaro codo, con mi abierto corazón.
Cacerola de
teflón, volvé al estante… De los muebles de las casas elegantes,
que las
cocineras te van a extrañar.
Cacerola de
teflón, a los bazares... O a sonar en los conciertos liberales...
Como tantas
veces te escuché sonar.
No te oí …
En el puente de Kosteki y Santillán,
no te oí
por el ingenio en Tucumán,
no te oí en
los desalojos, ni en los barrios inundados … de este lado.
No te oí…
En la esquina de Rosario que estalló
cuando el
angel de la bici se cayó…
Y sus
ángeles pequeños se quedaron sin comida.
Y jamás te
oí en la vida repicar desde acá abajo,
por un
joven sin trabajo, a la deriva.
Debe ser
que desde arriba, desde los pisos más altos
no se ve
nunca el espanto y las heridas.
Cacerola de
teflón, volvé al estante… Yo me quedo en una marcha de estudiantes,
donde vos
nunca supiste resonar.
Cacerola de
teflón, a los bazares o a llenarte de los más ricos manjares
que en la
calle no se suelen encontrar… Cacerola de teflón… a cocinar.
IGNACIO COPANI
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