OPINIÓN.

Las condenas son necesarias, no suficientes 
Edición Impresa: jueves, 04 de abril de 2013 
Por Roberto Vélez - DNI 6.146.316 
La nueva condena a represores locales con actuación en la dictadura constituye un significativo paso en el proceso democrático, para que efectivamente sea nunca más. Los padecimientos de la generación del ’70 y la de nuestros padres y nuestros abuelos, no deben volver a ocurrir. De allí el castigo ejemplificador hacia quienes actuaron contra todos. Sin embargo, corresponde puntualizar dos circunstancias para aventar el triunfalismo. Y para perseverar. 

1. Todo el siglo pasado lo fue de persecución y represión política a los opositores. 
* La Ley de Residencia o Ley Cané -4.144 (1902)- habilitó a los gobiernos a expulsar inmigrantes sin juicio previo. Fue utilizada para reprimir la organización sindical de los trabajadores, y la sufrieron fundamentalmente referentes sindicales anarquistas, socialistas y comunistas.

* La Sección de Orden Político comandada por Leopoldo Lugones (h) a inicios de los años ’30, durante la dictadura de Uriburu, reprimió sistemáticamente por razones políticas. 

* En ella se formó la sección especial de la Policía Federal creada en diciembre de 1943. La que durante muchos años torturó y asesinó a opositores, referentes sindicales y estudiantiles. 

* Proscripción y persecución del peronismo (Decreto Ley 18.787-1956; Junta de Defensa de la Democracia. Decreto 776; Creación del Servicio de Informaciones del Estado). 

* El Plan Conintes de 1960, con el pretexto de conmoción interior, persiguió durante el gobierno de Frondizi a referentes políticos, sociales y estudiantiles. 

* La Ley 17.401 implementada durante la dictadura de Onganía, Levingston, Lanusse, que prohibió y persiguió al comunismo y se extendió a todo el movimiento popular. La doctrina de la seguridad nacional, apuntando al enemigo interno, constituyó el fundamento teórico que explica desde 1955, la intervención represiva del Estado con fines de disciplinamiento social. 

2. La complicidad de los partidos tradicionales con la dictadura se expresa en la obediencia debida, el punto final y el indulto. El antes y el después del terrorismo estatal abierto el 24 de marzo lo explican. 

El terrorismo con apoyo estatal lo inauguró en nuestra provincia Carlos Mendoza. Y lo continuaron Antonio Cafiero, Luis Rodríguez Marcó del Pont y el general Lucero; el segundo designó al criminal aeronáutico Santuccione. Los posteriores lo ratificaron. 

Después de la apertura del proceso democrático, no hubo ningún gobierno local que no haya designado a represores en sus equipos gobernantes.

De estos antecedentes deviene el genocidio juzgado hoy como crimen de lesa humanidad. Desandar un camino de más de 100 años no es tarea solo de una institución. Ni de un partido político. Es un enorme desafío del que saldremos triunfantes si participamos y tomamos partido. Sin hacernos eco de pavadas al estilo de “estos juicios nos dividen como sociedad”. Frente al crimen, de ayer o de hoy, contra un ser humano o contra la humanidad, se impone posicionarnos firmemente en la vereda de enfrente. 

De modo que el plan de espionaje X de la Gendarmería (2004/2012) funcional al gobierno, no nos sorprende. Mil organizaciones y sus referentes monitoreados; una afrenta. Una provocación. Un despropósito, frente a los enormes esfuerzos de años para terminar definitivamente con la violencia política. 

En simultáneo y en correlación con el pasado, ningún Gobierno local ha ordenado la aparición de los nombres de los colaboradores locales del D2 y la Policía. Tampoco la de los prontuarios políticos que evidencian persecución política de ciudadanos durante años, con gobiernos de distinto signo. 

La memoria no es solo para hacer justicia frente a los decrépitos represores de hace 40 años. El recuerdo del pasado nos indica que no debe permitirse que los gobiernos sigan haciendo uso de despreciables prácticas. Desandar un siglo de despropósitos no es solo tarea de jueces, abogados y fiscales. La sociedad y sus instituciones deben hacerlo. Se impone su democratización. Que no es solo votar cada 2 o 4 años. 

El movimiento sindical, empresarial, vecinal, la Iglesia, las instituciones educativas, la Justicia provincial, los partidos políticos deben sacudirse la modorra y evidenciar la complicidad civil con tanto crimen. 
Solo así construiremos una sociedad más democrática, en donde la seguridad y la vida estén garantizadas.
Fuente:LosAndes