UN ESTUDIO DE LOS ARCHIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS LOGRO LLEVAR A LA JUSTICIA A 201 REPRESORES
Las huellas que deja la burocracia
Una investigación de los legajos militares permitió identificar a unos mil represores que no estaban registrados como tales, de los cuales 201 ya están siendo investigados por la Justicia. Muchos fueron descubiertos por reclamos internos que ellos mismos o sus viudas hicieron.
Por Alejandra Dandan
En los últimos años se localizaron en los archivos de las Fuerzas Armadas condecoraciones por “actos de servicio” a quienes participaron de la represión ilegal. Y así pudieron ser identificados numerosos represores. Menos sabido es que muchos nombres también aparecieron al evaluar reclamos “administrativos” de militares por haber padecido traumas psiquiátricos, o pedidos de sus viudas que quieren cobrar un plus porque entienden que sus maridos sufrieron enfermedades letales o traumáticas provocadas por esos “actos de servicio”. La Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa viene haciendo desde 2010 un trabajo clave en la recuperación de esos archivos. Tres equipos relevaron y analizaron documentos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además de permitir identificaciones puntuales, el cruce de documentos generó durante el último año uno de los avances más importantes: se pudo reconstruir organigramas completos de diversas dependencias militares que actuaron en la represión, se hallaron nombres de quienes compusieron los grupos de tareas y se determinaron modos operativos de cada fuerza.
Hasta ahora, la identificación dependía principalmente de la memoria de los sobrevivientes. Con la investigación, en Mar del Plata, los fiscales ya pudieron determinar 100 represores nuevos. Y Defensa envió al juzgado de Sergio Torres un listado con unos 900 nuevos nombres de la ESMA, de los cuales el fiscal Eduardo Taiano pidió las indagatorias de 101. De ellos, cinco ya están detenidos.
La Dirección de Derechos Humanos del ministerio está a cargo de Stella Segado. El trabajo de exploración de archivos tuvo una primera etapa en 2010, que culminó un año más tarde con el envío de una serie de documentos al Poder Judicial. Desde entonces, el equipo hace otro recorrido: un cruce de documentos que logró producir información que no surge de los archivos tomados individualmente.
La inteligencia de Campo de Mayo
Uno de los trabajos de reconstrucción más productivo de los últimos meses fue sobre la estructura de Inteligencia de Campo de Mayo y específicamente el SOE: Sección Operaciones Especiales (léase patota) integrada a Inteligencia. En Campo de Mayo funcionó el Comando de Institutos Militares, una estructura no de combate sino educativa. En mayo de 1976, la Orden Parcial 405-76 pone en funciones ese lugar como “Zona 4”. En este tomó cuerpo una estructura de Inteligencia ad hoc, que por la falta de personal de combate debió nutrirse de personal de las distintas Escuelas (Comunicaciones, Artillería, entre otras). El personal actuaba en “comisión” durante dos meses o de forma permanente. Esa estructura fue el corazón de Inteligencia, integró a la SOE, estuvo comandada, entre otros, por el capitán Martín “El Toro” Rodríguez y más tarde por el capitán Eduardo Francisco Stigliano.
Cuando el equipo de defensa empezó a investigar, poco y nada se sabía de eso. Los libros de actas estaban destruidos y quemados, todos excepto los de 1983. Pero fue a partir del reclamo por una herida en combate de Stigliano que empezaron a reconstruir la estructura.
El 17 de septiembre de 1979 fueron asesinados en Munro y en una emboscada dos integrantes de la conducción nacional de Montoneros: Armando Croatto y Horacio Mendizábal. Habían vuelto al país en el marco de la primera Contraofensiva. Cayeron en una cita cantada. La patota llevó a la “cita” a Jesús María Luján, el “Gallego Willy”, que ya estaba secuestrado, y cuando los vio, salió del auto, les gritó que era una cita cantada y se armó un tiroteo. Stigliano estaba ahí y terminó herido.
Luego vendría el reclamo interno de un plus por las heridas. Según los documentos, un superior (Carlos Carpani Costa) refrendó el pedido y recordó por escrito que por aquel operativo Stigliano había recibido una felicitación de Cristino Nicolaides por “la derrota definitiva a la subversión”.
Con estos datos el equipo buscó otros. Por un lado, se buscó información en otros organismos sobre la felicitación a otros agentes. Ubicaron a un integrante del Servicio Penitenciario que participó del operativo. Y por otra vía, gracias a esos datos, la querella encabezada por Pablo Llonto pidió el allanamiento de la casa de Stigliano en Entre Ríos. Allí encontraron recortes de diarios de la época y de la caída de Mendizábal y Croatto y una carta de un gendarme que participó y agradecía al capitán por “nuestros días de gloria”. Con estos datos, se entendió que en la patota había integrantes de otras fuerzas.
Stigliano tenía a cargo personal que estaba “comisionado” desde las Escuelas del Instituto. “Cuando empezamos a trabajar en otras unidades notamos a otras personas también comisionadas”, dice una fuente de la investigación. “Entonces nos dimos cuenta de que la lógica que en un momento pensamos como exclusiva de una época, para un determinado período, en realidad fue estructural: abarcó todo el período del terrorismo de Estado para abastecer el área de Inteligencia del Comando de Institutos Militares”.
–¿Por qué rotaban cada dos meses?
–Por un lado, reglamentariamente existe en Inteligencia una táctica la rotación de personal. Por otro, puede ser que haya sido para que todos se mancharan las manos, como sucedió en ESMA. Pero también acá está jugando la falta de estructura dentro del propio Comando. Porque, por ejemplo, existieron SOE dentro de otros cuerpos del Ejército que también dependieron de Inteligencia pero tuvieron una estructura fija. Lo que parece pasar en este caso es que se van abasteciendo sobre la marcha.
Los “reclamos” de Stigliano aportaron en realidad muchos otros datos. Su caso es uno de los más importantes para pensar responsabilidades en Campo de Mayo: dio cuenta de los vuelos de la muerte y de un dato que permite abrir otras investigaciones. Según describe en otro reclamo, todos los directores de las Escuelas eran obligados a participar de los fusilamientos. Indicó que se fusiló a 63 integrantes de la Contraofensiva delante de los directores de todas las Escuelas. El número coincide con los registros de quienes investigan. Esto permite entender, por ejemplo, que participaron otros represores que tuvieron a cargo direcciones de Escuelas en Campo de Mayo como Oscar Corrado, director de la Escuela de Comunicaciones, que acaba de ser condenado.
Devolvé la bolsa
Otra fuente de información para reconstruir los roles son los retiros y los pedidos para que los retiros sean encuadrados en categorías que permitan cobrar un plus de dinero en sueldos y pensiones por “actos de servicio”. En muchos casos, es importante la descripción que dan los médicos o quienes intervinieron en las “actuaciones” por el nivel de información que arrojan. Pero lo más sorprendente es que la Armada sigue pagando pensiones a las viudas luego de reconocer una serie de enfermedades padecidas por algún represor finado, encuadradas como “actos de servicio” del período 1976-1983. Es el caso, por ejemplo, de Gustavo Lynch Jones, acusado de participar en los vuelos de la muerte en la ESMA, hermano de Ricardo Lynch Jones, alias “Panceta”, juzgado por primera vez en juicio oral en este momento. Gustavo Lynch Jones murió en 1989, pero después de su muerte las actuaciones que inició su esposa siguieron adelante. Ella quería que le cambiaran el encuadre de retiro para cobrar una pensión más alta y finalmente la Armada le reconoció que el 90 por ciento de las afecciones tuvieron relación con “actos de servicio”.
El 2 de octubre de 1987 la esposa envió una nota al director de personal de la Armada por la cual se reabrieron las actuaciones. La mujer, Haydeé de la Serna Lynch, dijo allí que su marido “expuso su vida en la lucha contra la subversión para salvar a la patria del flagelo que la amenazaba y que eso fue causa” de sus afecciones. Más adelante, agregó que “en el año ‘81 su esposo soñaba con sucesos de la ESMA, lloraba y pedía por un sacerdote”. Finalmente, el médico Rogelio José Martínez Pizarro (Tommy), juzgado en este juicio también, admitió que atendió al “causante” cuando revistaba en la ESMA entre el ’77 y ’78:
“Considero conveniente agregar que en ese período y en ese destino se efectuaban tareas durante las 24 horas, en condiciones muy particulares, y que era frecuente que después de determinadas operaciones tuviera que asistir médicamente a parte del personal interviniente, generalmente al no permanente, por distintas manifestaciones clínicas ocasionadas por un fuerte shock de stress emocional y que se evidenciaba desde alteraciones digestivas, respiratorias y/o cardiovasculares, hasta crisis de llanto, histeria y/o cuadros depresivos, todos transitorios y que se informaban verbalmente en cada oportunidad”.
En la foja 184 dio testimonio otro médico, el capitán de fragata Carmelo Spatocco, muerto y denunciado por los sobrevivientes como uno de los que inyectaba a quienes iban a ser trasladados. En su momento, dijo sobre este asunto: “Lo vi trabajar en el grupo de tareas en esa época, por el tipo de funciones que realizábamos se puede aseverar que vivía bajo estados de ansiedad, tensión y stress”.
Otro caso es el de Enrique Carlos Yon, uno de los asesinos de Rodolfo Walsh. El 30 de enero de 1987, en plena democracia, la Armada inició un expediente llamado “Fallecimiento por infarto agudo del miocardio, determinar si guarda relación con los actos de servicio”. En la introducción, el entonces vicealmirante Rodolfo Orlando Tettamanti da cuenta de una serie de “problemas” que influyeron en la afección de Yon y entre otros menciona las causas judiciales en su contra. “En su opinión indudablemente existen causas de importancia definitoria: a) su larga participación en la lucha contra la subversión; b) la acumulación de tensiones derivadas de su situación judicial en relación con las causas que se le seguían, las que se acumulaban en forma ostensible desde hacía unos tres años junto con las agresiones, injustas acusaciones, insultos, otros ataques, denostaciones, injurias y ofensas, inferidos por distintos medios de prensa y organizaciones de derechos humanos.” Todos estos sucesos “tenían repercusiones” en su ámbito familiar y sus amistades “ante quienes el capitán Yon permanentemente debía revertir su imagen deteriorada y su prestigio menoscabado”.
DETALLES DE UNA INVESTIGACION INTERNA EN LA ARMADA
El expediente a Astiz por un reportajePor Alejandra Dandan
La nota a Astiz en trespuntos causó un escándalo internacional.
Uno de los lugares de acceso a la información más complicado fue el archivo de la Armada. Ya en democracia, la Armada prescribió cómo responder pedidos de los juzgados a cargo de las investigaciones de la dictadura. Indicó que debía ser aplicado el “principio de des-cortesía”: no dar direcciones y no responder pedidos cuando existan errores, por ejemplo una letra en un nombre.
Eso sucedió, por ejemplo, con el represor Adolfo Donda, al comienzo nombrado por algunos sobrevivientes como “Dundo”. Otro ejemplo de las dificultades se conoció el año pasado durante el juicio por la Masacre de Trelew. Los investigadores creyeron durante meses que tenían todo el archivo a disposición, pero un día vieron a una persona de mantenimiento abrir la puerta de algo parecido a un pequeño depósito de pintura.
Adentro observaron cajas con la palabra “secreto”. Luego supieron que había otro cuarto en el piso de abajo. Allí la Armada había guardado “todo lo que no quiso mostrar”: un diario escrito a mano por el contraalmirante Isaac Rojas sobre el “tirano prófugo”. Y entre otros documentos que aún están bajo reserva, un sumario contra Alfredo Astiz de 1998 por la entrevista que publicó Gabriela Cerruti como tapa de la revista trespuntos. El sumario que está en este momento en el juzgado es sugestivo porque su contenido parece sólo un trámite burocrático, pero como la mayoría de los documentos tiene “huellas” de la represión.
El sumario interno a Astiz por aquella entrevista en la que reconoció los secuestros, torturas y asesinatos empezó por pedido del jefe de la Armada de entonces, que ordenó un juicio “especial”, al frente del cual quedó el vicealmirante (R) Carlos Luis Alfonso, para investigar las “manifestaciones atribuidas al señor Astiz en una publicación”. En su declaración, Astiz dijo “que la reunión con la periodista se hizo a instancias del capitán de navío (Carlos Aurelio) Martínez” y agregó: “Me manifestó que conocía a la periodista y que ésta no tenía malos sentimientos hacia mi persona”. Inmediatamente fue convocado el capitán de navío Martínez. El “juez” preguntó si evaluó “las graves consecuencias que dicha reunión (con Cerruti) podía causar a nivel nacional, institucional y particularmente a Astiz”. La respuesta de Martínez es la que aporta mayor información: “Si yo considero que a los 23 años (Astiz) se infiltró en una organización subversiva; si considero también que actuó en la guerra de Malvinas, que llegó al grado de capitán de fragata y que está cerca de cumplir los 50 años, sin negar mi responsabilidad en la entrevista, yo nunca podría creer que Astiz fuese a ser tan ingenuo para decirle a la periodista lo que dijo”. La idea era que, de concretarse la entrevista, Astiz “aprovechara para blanquear su imagen”.
LA PATOTA QUE ROBO PARA SI
Sumario por hurtoPor Alejandra Dandan
Entre los expedientes guardados en un cuarto secreto de la Marina, el área de derechos humanos de Defensa encontró el “caso Colquhoun”: un sumario administrativo de 1976 por “presunto delito de hurto” contra el teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun. El 7 de octubre de 1976, Colquhoun salió al mando de un grupo de tareas a dos domicilios: uno en Corrientes esquina Estado de Israel en el que la Marina había secuestrado un día antes a Mónica Goldstein y otro en la calle Neuquén, donde había secuestrado a Ramón García Ulloa y Dolores del Pilar Iglesias. Colquhoun debía ir ahí para robar todo lo que había en las casas y llevarlo a la ESMA. Una misión que la Marina en los papeles llamaba “requisa” o “mudanza”.
En el primer domicilio, el teniente de navío autorizó a un suboficial segundo de Infantería de Marina “para llevar un elemento”, diría después. En el segundo domicilio, autorizó “los casos que se presentaron” (...) “que no fueron desmedidos”. La Armada finalmente le abrió un sumario a Colquhoun por el “presunto delito de hurto”, pero no porque no se podían robar las pertenencias de los detenidos, sino porque el botín se lo llevó a su casa en lugar de la ESMA para ser inventariado.
El Ministerio de Defensa envió ahora aquel sumario a la fiscalía de Eduardo Taiano, que pidió indagatorias por este caso en el marco de las 101 que pidió a fin del año pasado al juzgado de Sergio Torres. Hace casi dos semanas, Torres ordenó cinco detenciones: Colquhoun fue apresado el lunes pasado. Días antes detuvieron a José Angel Iturri, Néstor Eduardo Tauro y Jorge Luis Ocaranza. Los tres eran cabos pero los dos primeros tenían roles de jefe de pelotón de fuego y Ocaranza era “jefe del grupo de tiradores”. La orden alcanzó además al entonces cabo Ramón Roque Zanabria, que también era jefe de pelotón de fuego.
No fue hallado en su domicilio, pero fue declarado en rebeldía y tiene prohibida la salida del país.
EL CASO DE MAR DEL PLATA
Nombres nuevos
Por Alejandra Dandan
“Un caso que explica de manera acabada el uso de los documentos remitidos por Defensa fue cuando recreamos la estructura del ESIM (la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina), brazo operativo de la Fuerza de Tareas 6”, indica la fiscal Mercedes Soiza Reilly, que intervino en Mar del Plata y ahora actúa en el juicio ESMA. “El único imputado que estaba acusado hasta ese momento era Osvaldo Forbice, que había sido director de la Escuela en 1976-1978. En sus indagatorias negaba los hechos y fundamentalmente negaba que ESIM haya tenido intervención en la lucha contra la subversión. Los legajos nos permitieron establecer lo contrario. Forbice no sólo había sido jefe de un grupo de tareas que operaba dentro de la FT6.
Los documentos nos permitieron además dejar al descubierto varios nombres de militares que intervinieron directamente en la represión. Un ejemplo fue Oscar Ramón Gronda, que como subdirector de la ESIM era a la vez segundo comandante del grupo de tareas y jefe del batallón de alumnos. A poco de repasar el legajo se estableció que desde el año 1971 hizo cursos de adiestramiento en la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos. Que en el año 1975 fue comandante de la Agrupación Comandos Anfibios y comandante de la Unidad de Tareas 6.1.0 y asesor de la Fuerza de Tareas 6. Otro caso fue Enrique Mauricio Piaggio, que durante los años 1976 y 1977 se desempeñó en el ESIM como jefe de orientación de Infantería de II año, como jefe de la sección marineros primeros (1976) y como oficial instructor de primer año (año 1977). Fue calificado por Forbice por sus actividades operativas, siempre intensas y sumamente exigentes; por su espíritu agresivo y por haber demostrado aplomo en las operaciones reales en que intervino. Además, repasando la totalidad de su legajo, es elogiado por haber sido voluntario para participar en operaciones contra la subversión, sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo.”
Fuente:Pagina12
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