CARLOS MENEM FUE CONDENADO POR LA VENTA ILEGAL DE ARMAS
Siete años de prisión efectiva
Es el primer ex presidente democrático condenado a ir a la cárcel. No va a prisión porque la pena no está firme y tiene fueros como senador. La Justicia pidió que se los quiten.
Después de un proceso que llevó dieciocho años, el ex presidente Carlos Menem fue condenado por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 lo declaró coautor del delito de contrabando agravado y le fijó siete años de prisión efectiva. El riojano no irá a prisión todavía, porque el fallo no está firme y será apelado por sus abogados. Junto con la sentencia, los jueces pidieron que se le quitaran los fueros como senador nacional. Menem lo hizo: se convirtió así en el primer ex presidente democrático con una pena de cumplimiento efectiva.
Menem, de 82 años, se excusó de presenciar el veredicto alegando cuestiones de salud. Su abogado, Maximiliano Rusconi, presentó un certificado médico en el que dejó constancia de que el ex mandatario padece diabetes, hipertensión arterial y “angustia”, por lo que aseguró que necesita de reposo absoluto.
El fallo lo convirtió en el primer ex presidente de la democracia en recibir una pena de cumplimiento efectivo, aunque para cumplirla el Senado debería quitarle los fueros y la Corte Suprema dejar firme la sentencia. En el caso de que esto sucediera, Menem todavía podría pedir el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años.
Junto al ex mandatario también fue condenado su ministro de Defensa Oscar Camilión –que tampoco fue a la audiencia por razones médicas–. Camilión recibió una pena de cinco años y seis meses de cárcel por el mismo delito de contrabando agravado.
El TOPE Nº 3 dictó además condenas de entre 4 y 5 años de prisión a otros diez acusados y ordenó el decomiso de casi 900 mil dólares a cinco de ellos, suma que tiene que ver con las coimas que habrían cobrado para participar del contrabando de las armas.
El defensor de Menem anunció que apelará ante la Cámara de Casación el monto de la pena. “Esta segunda parte del juicio es de ciencia ficción y disparatada. El mismo tribunal que lo absolvió hoy le pone la pena contra su propia voluntad. Si hubo un contrabando fue al incumplir el destino de las armas que se le dio en los decretos presidenciales”, sostuvo Rusconi en defensa del ex mandatario.
Los jueces Luis Imas, Jorge Pisarenco y Gustavo Losada consideraron probado el “fin de lucro que guió toda la maniobra”, cometida entre 1991 y 1995, cuando se enviaron 6500 toneladas de armas y pertrechos a dos países en guerra, Croacia y Ecuador, adulterando los certificados de destino como si hubieran sido para Venezuela y Panamá.
Señalaron como agravante de la pena contra Menem el hecho de que era el presidente de la Nación, por lo que tuvo una “exclusiva posición”. Observaron por otra parte que “puso en riesgo la vida” de los soldados argentinos que estaban en los Balcanes.
El fiscal Marcelo Agüero Vera había pedido el desafuero del senador y ocho años de encarcelamiento efectivo, más su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por dieciséis años.
Menem y los demás procesados habían sido absueltos en un primer juicio oral, en septiembre de 2011, pero la Cámara Federal de Casación revocó aquel fallo y ordenó al tribunal que revisara las penas contra doce de los diecisiete acusados originales.
El TOPE 3 fijó así ayer para el coronel Diego Palleros, sindicado como el traficante que negoció la venta de las armas, la pena de cinco años de prisión y otras accesorias, que incluyeron el pago de costas.
El ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga fue condenado a cuatro años de prisión y accesoria de decomiso de 275.000 dólares, la misma suma que le será incautada a Edberto González de la Vega, condenado a cuatro años y tres meses de prisión.
El ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero Jorge Cornejo Torino, Haroldo Fusari y Carlos Núñez (ex funcionarios de Defensa) fueron condenados a cuatro años y medio, y Julio Sabra (ex funcionario de Defensa), Carlos Franqui y Teresa Irañarta de Cantero (ex directivos de la DGFM), a cuatro años.
Todas las penas son de cumplimiento efectivo –siempre una vez que el fallo está firme–. Los jueces aplicaron como atenuante para todos los condenados los 18 años de “largo trámite que ha llevado la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva”.
El tribunal dispuso decomisar a Fusari, Núñez y Sabra 107.500 dólares a cada uno y a Sarlenga y González De la Vega 275 mil dólares (también a cada uno) que se cobraron por coimas, ya que en el juicio se determinó que Palleros les pagó ese dinero en carácter de coimas para participar del tráfico de armas y que esos sobornos fueron depositados en un banco de la ciudad de Nueva York.
Alsogaray dijo lo suyo
María Julia Alsogaray negó haber cometido irregularidades en la contratación de pasantes de la Universidad de Lomas de Zamora cuando, durante la presidencia de Carlos Menem, estaba al frente de la Secretaría de Recursos Naturales. Al hacer uso de sus “últimas palabras” ante el Tribunal Oral Federal 6, Alsogaray explicó su rol en esas contrataciones, que sumó a un planteo de nulidad que realizó su defensora, Pamela Bisserier, contra el pedido de la fiscal de cuatro años de prisión. El planteo de nulidad será resuelto al momento del dictado de la sentencia. Tras escuchar a la ex funcionaria, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes, para cuando fijó la audiencia para que también los otros dos procesados en la causa, José Merlino y Pascual Romero, digan lo suyo antes del veredicto. Para Merlino y Romero la fiscal Dafne Palópoli solicitó la misma pena que para Alsogaray quien, por registrar una condena anterior, quedará detenida en caso de recibir una nueva pena. Alsogaray, condenada a tres años de prisión en suspenso por enriquecimiento ilícito, fue absuelta en abril último por “prescripción” de la acción penal en el juicio oral y público que se le siguió por presuntos ilícitos en el plan de “manejo del fuego” ante incendios en el sur del país.
LA CAMARA ALTA DEBE DECIDIR SI LE QUITA LOS FUEROS AL EX PRESIDENTE
En manos de los senadores
Carlos Menem fue condenado a siete años de prisión por la venta ilegal de armas a Ecuador y Crocia.
La UCR y el FAP, que ya habían pedido el desafuero del riojano, renovaron su reclamo para que se lo expulse del Senado. El oficialismo no fijó formalmente su posición. Algunos interpretan que no es necesario expedirse hasta que la condena no quede firme.
La libertad del senador y ex presidente Carlos Menem, condenado a siete años de prisión efectiva por el Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) 3, depende ahora del Senado. Al fijar la pena por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, la Justicia realizó el pedido de desafuero a la Cámara alta, que debería analizar la cuestión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con mayoría kirchnerista. Desde la oposición, tanto la UCR como el FAP renovaron su reclamo para que se lo expulse por “inhabilitación moral”, en los términos del artículo 66 de la Constitución nacional. “Los fueros no pueden ser un refugio ante la Justicia. Es injustificable que Menem siga integrando la Cámara alta como si acá no hubiera ocurrido nada”, aseguró el jefe del bloque radical, José Cano. Desde el oficialismo no anticiparon formalmente una posición, aunque hasta el momento no mostraron ningún interés en impulsar la remoción del riojano. La defensa del senador apeló la decisión, por lo que –según interpretaron fuentes parlamentarias– la definición respecto del de-safuero podría esperar a que la sentencia quede firme.
La situación de Menem en el Senado se complicó en marzo, cuando la Cámara de Casación Penal revocó el fallo absolutorio del TOPE 3 y le ordenó a ese mismo tribunal que fijara la pena correspondiente a él y a otros once acusados. La oposición reclamó entonces que se expulsara al riojano y el senador del FAP, Jaime Linares, presentó una iniciativa para que se aplicara el artículo 66 de la Constitución: “Cada Cámara podrá, con dos tercios de los votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno...”
En aquel momento, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, respondió que tratarían el tema en comisión, lo que no ocurrió. “Estamos de acuerdo con tratarlo en el ámbito de Constitucionales, igual que se hizo en los antecedentes de los ex senadores (Luis) Barrionuevo y (Raúl) Ochoa”, señaló por entonces Pichetto. Fuentes de Asuntos Constitucionales, presidida por el neuquino Marcelo Fuentes, advertían que no había pedido judicial para que el Senado expulsara a Menem. Ayer, tras la fijación de la pena de siete años, la Justicia pidió el desafuero, por lo que aquel argumento se cayó.
La ley de fueros establece en su artículo 2 que la solicitud debe ser girada “de manera inmediata” a la comisión, la cual tendrá 60 días como plazo máximo para emitir dictamen y la Cámara tendrá un total de 180 días para tratarlo, “aun cuando no exista dictamen de comisión”. La ley no establece que la solicitud deba analizarse recién cuando la sentencia esté firme. En su artículo 4, la norma establece que, en caso de no otorgarse el desafuero, el juez no podrá ordenar el arresto, continuando su curso el proceso judicial.
El abogado de Menem, Maximiliano Rusconi, anunció ayer que apelará ante Casación el monto de la pena y calificó la audiencia como de “ciencia ficción”. De todas maneras, la defensa ya había apelado en marzo la decisión de Casación de revocar la absolución, lo cual queda pendiente de definición por la Corte Suprema, sin un plazo fijo.
Menem renovó su banca en la Cámara alta en 2011, encabezando la boleta de senadores del Frente Popular Riojano, que salió primera con el 35 por ciento de los votos, a pesar de no llevar ningún candidato a presidente. No fue pegado a la candidatura de Cristina Fernández, como se había difundido. La lista del Frente para la Victoria riojano, entonces, salió segunda, con casi un 34 por ciento. Menem fue acompañado por Hilda Aguirre, que actualmente integra la bancada kirchnerista, mientras que por el FpV ingresó Teresita Luna. El senador suplente que debería ingresar en caso de que se expulse al ex presidente es Néstor “Tití” Bosetti, actual ministro de Infraestructura del gobierno provincial.
Actualmente, Menem casi no concurre al Senado, aduciendo problemas de salud, los mismos que utilizó para no asistir ayer a la lectura de su condena. En contadas ocasiones se lo ve en las reuniones de comisión, al igual que en las sesiones, en las que suele acompañar la posición del kirchnerismo si éste requiere de su voto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario