OPINIÓN.

31.07.2013
OPINIÓN 
"En ese juez yo no confío"
En el debate sobre la "democratización de la justicia", discutir sobre cómo se designa a los jueces y qué clase de abogados son los que deben ocupar ese lugar es liminar.
Por: Carlos Garmendia
La impunidad es responsabilidad exclusiva de los funcionarios del Poder Judicial. En mi provincia, Tucumán, dos casos son el emblema de lo impune y del fracaso de esa justicia: la causa del horrendo homicidio de Paulina Lebbos (lleva siete años de impunidad) y el secuestro de Marita Verón, donde una vergonzosa sentencia entronizó la impunidad absoluta.

En ninguno de los dos hechos el Poder Judicial se hace cargo de su fracaso. Con respecto a Paulina, hace pocas semanas asumió el tercer fiscal. Y en cuanto a lo ocurrido con Marita, los magistrados le echaron la culpa a la policía para justificarse, pretendiendo olvidar que son los fiscales de instrucción los responsables de la investigación penal preparatoria.

En ese marco, discutir qué clase de abogados van a ocupar esos lugares de responsabilidad (fiscales y jueces) resulta hasta de supervivencia.

Cuando decido impugnar la postulación a Juez de Cámara del abogado Juan Carlos Nacul, tengo especialmente en cuenta eso: qué clase de abogados son los que tienen que ser nuestros jueces y fiscales. Pero además, existe otra cuestión importante: el pliego para que fuera juez federal de Jujuy ya había sido retirado por el Ejecutivo Nacional. Entonces, si el Poder Ejecutivo del país no lo considera a la altura ética para ser juez de la Nación, ¿los tucumanos, sí?

La Corte Suprema determinó que la designación de quienes elegirán a los jueces (miembros del CAM) debe mantenerse en la corporación judicial, rechazando la posibilidad del voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Algo que mantiene una práctica actual, donde es común que los abogados postulantes concursen sin que la sociedad verdaderamente sepa quiénes son. Los concursos no son masivamente conocidos, y los que forman parte de los Consejos de la Magistratura de la Nación y de las provincias son parte de la misma corporación.

Por eso, resulta fundamental informarse acerca del ejercicio profesional del abogado postulante a juez o fiscal; importa saber sobre sus defensas, y principalmente cómo es que desarrolló su trabajo. Supongamos que estamos ante un abogado que defendió a un torturador, a un asesino, que se atribuye la responsabilidad de una fuga para beneficiar a su defendido. Supongamos que otro defendió a tratantes y dueños de prostíbulos. Y que otro más atendía a traficantes de droga. Me rehúso a confiar en ellos como jueces o fiscales. No son jueces que brinden garantías a la sociedad.

En La Rioja, hoy es juez provincial un abogado que años atrás atendía los asuntos de aquellos dueños de prostíbulos donde mantuvieron a Marita y a muchas otras mujeres sometidas. Este juez, incluso, defendió a esos personajes cuando Marita fue buscada en territorio riojano. En ese juez yo no confío. La palabra que la sociedad escribe en las pancartas cuando reclama al Poder Judicial es "Justicia". La justicia, entonces, tendrá que escuchar que el pueblo pide "Justicia". Y también tendrá que darse cuenta de que tiene que cambiar.

(*) Investigador del caso Marita Verón. Abogado de Susana Trimarco y la Fundación María de los Ángeles.
Fuente:TiempoArgentino