18 de julio de 2013

PARAGUAY.

MIÉRCOLES, 17 DE JULIO DE 2013 
Denuncian agroexportadores paraguayos rechazan justicia social 
Por Javier Rodriguez Roque (PL)
Los empresarios agroexportadores buscan la evasión impositiva y al ceder a sus presiones el gobierno electo favorece a sectores minoritarios contrarios a la justicia social, dijo el secretario general del Partido Comunista Paraguayo, Najeeb Amado. 

Amado comentó así la decisión del presidente electo, Horacio Cartes, de aceptar planteamientos de poderosos gremios agrícolas, ganaderos e industriales, negados al pago de un impuesto del 10 por ciento a la exportación de granos. 

Hasta el pasado lunes, Cartes dio su apoyo a ese gravamen en los casos de granos de soja, trigo, girasol y maíz en estado natural aprobado por el Senado, pero la negativa pública de los gremios a pagarlo lo llevo a aceptar gravar sólo las ganancias declarados. 

El dirigente comunista dijo que los llamados gremios de la producción no se compadecen con las necesidades del país y su posición es muy mezquina y muy ceñida a sus intereses particulares y en defensa del capital transnacional. 

Explicó que, precisamente ese capital transnacional, es el prestamista del dinero necesario a los grandes empresarios nacionales para producir y entregarle, por ejemplo este año, más de cinco millones de toneladas solamente de granos de soja. 

Agregó que el impuesto del 10 por ciento ahora vetado era sólo el inicio de un proyecto de reforma tributaria más justa, favorable a los intereses de la nación y fácil de aplicación por la concentración de la exportación en apenas poco más de media docena de empresas. 

Amado consideró, paralelamente, que el gobierno electo había apoyado inicialmente el 10 por ciento mencionado por la celeridad de recaudación ante un Estado dejado en situación de bastante quiebra por el saliente Ejecutivo de Federico Franco. 

Sin embargo, como representa los intereses del viejo modelo oligárquico, arcaico, vetusto, al servicio del capital transnacional y de unas cuantas familias que operan en Paraguay, cedió al reclamo de los poderosos gremios empresariales, recalcó. 

En su análisis final, expresó esos grupos reivindican un país para un millón de personas, mientras que los sectores progresistas lo hacen para la nación real de siete millones, un país verdaderamente democrático con justicia social y oportunidades para todos.
Fuente:Argenpress


16.07.2013
defienden a 11 campesinos
Piden la nulidad del juicio por la masacre de Curuguaty en Paraguay
La defensa de los imputados en la matanza de campesinos y policías que hace un año fue utilizada como argumento para la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, pidió hoy la nulidad de la causa por diferentes violaciones del debido proceso.
Los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, que defienden a 11 de los 12 campesinos para los que el fiscal pide apertura de juicio oral, comenzaron hoy a argumentar las razones para su petición, en la segunda jornada de la audiencia preliminar, que concluirá mañana, según reportó la agencia de noticias EFE.

Seis policías y 11 campesinos murieron el 15 de junio de 2012 en un enfrentamiento armado durante una operación policial de desalojo de campesinos "sin tierra" en una hacienda de Curuguaty, en el noreste del país.

Ayer, en la primera jornada de la audiencia preliminar, que se retomó tras 41 días de receso, el fiscal Jalil Rachid solicitó el sobreseimiento de los campesinos Miguel Correa, Marcelo Trinidad y Juan Caballero, detenidos el 15 de junio de 2012 en el hospital de esa localidad y liberados a un mes del hecho.

En cuanto al resto de los imputados, Rachid los acusa de homicidio doloso y asociación criminal así como también de invasión de inmueble, delito éste que la defensa considera no imputable a sus representados mientras no se resuelva quién es el propietario de la finca.

Por los hechos de Curuguaty, el parlamento decidió formar juicio político a Lugo y lo destituyó siete días después de la masacre, en un proceso inusualmente veloz que la comunidad internacional calificó como golpe institucional. 
Fuente:Telam

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