13 de agosto de 2013

COLABORACION ENTRE DICTADURAS.

COLABORACION ENTRE DICTADURAS
Primer vuelo del Cóndor
Como embajador en Argentina, el canciller Francisco Azeredo da Silveira (1974-1979), el hombre de Kissinger en la región, supervisó el secuestro y tortura del coronel democrático Jefferson Cardim Osorio, perpetrado en Buenos Aires en diciembre de 1970.
Por Darío Pignotti

Desde Brasilia
El primer rastro del Cóndor. El hombre de confianza de Henry Kissinger en Brasil durante los años de la coordinación represiva sudamericana era el canciller Francisco Azeredo da Silveira (1974-1979), cargo al que ascendió luego de desempeñarse como embajador en Argentina, donde supervisó el secuestro y tortura del coronel democrático Jefferson Cardim Osorio, perpetrado el 11 de diciembre de 1970. Un crimen en el que tomaron parte espías, militares y diplomáticos de tres países, coludidos en su guerra sucia sin fronteras, como quedó registrado en el informe 001061, con sello del Servicio Nacional de Informaciones brasileño, hallado por este diario en 2011 y entregado a la Comisión de la Verdad de la presidenta Dilma Rousseff (ver facsímil).

“Gracias al rapto de Jefferson, el obsecuente Azeredo da Silveira se ganó la confianza de los militares poniendo la embajada porteña a disposición de los servicios que perseguían y a veces eliminaron a opositores prófugos”, sostiene el ex preso político Jarbas Silva Marques.

“Azeredo autorizó personalmente el secuestro, lo sé muy bien. Jefferson fue mi compañero en la cárcel cuando lo trajeron desde Argentina, lo habían torturado terriblemente”, recuerda Marques.
“Azeredo estaba en el aeropuerto cuando nos bajaron esposados de un auto los de la Policía Federal y nos subieron al avión de la Fuerza Aérea brasileña para mandarnos de vuelta”, confirma Jefferson “Jefinho” Lopetegui de Alencar Osorio, secuestrado junto a su padre, y junto a quien fue deportado clandestinamente a Río de Janeiro.

Contrastando con la bibliografía sobre la participación argentina, uruguaya o chilena en la trama delictiva sudamericana es poco lo que se sabe acerca del capítulo brasileño debido al cuidado de sus diplomáticos para evitar dejar huellas. Mientras el Cóndor chileno asesinaba aparatosamente al general Carlos Prats en la puerta de su departamento porteño en Palermo, originando una conmoción internacional en 1974, los brasileños operaban con la discreción de las serpientes, y gracias a ello varios crímenes, como el del coronel 
Osorio, comienzan a esclarecerse sólo 40 años más tarde.

A propósito, la muerte del ex presidente Joao Goulart en su estancia correntina en 1976, que su familia asegura fue por envenenamiento, tal vez un día, luego de la exhumación anunciada por el gobierno de Dilma, será incluida en el inventario de asesinatos invisibles de la dictadura brasileña. “Durante años la embajada fue usada para espiar a mi padre”, declaró Joao Vicente Goulart a este diario el año pasado.

Roberto Marcelo Levingston
“El día 12 de diciembre (de 1970, un día después el rapto del coronel Osorio) relaté al embajador Azeredo da Silveira los hechos ocurridos... y le solicité que los transmitiese al Ministerio de Relaciones Exteriores... Ese día ya habíamos recibido la información de que el presidente (Roberto Marcelo) Levingston firmaría el decreto de expulsión”, lo cual finalmente ocurrió en un plazo sorprendentemente breve, dice el telegrama confidencial elaborado en la embajada de la calle Cerrito 1350 por un agregado militar.

Este tramo del papel secreto posiblemente sea el más revelador, dado que confirma oficialmente que el crimen del que fue víctima el militar dado de baja por la dictadura, uno de los hombres importantes de la resistencia brasileña, llegó al conocimiento de las más altas autoridades del Ministerio de Exteriores en Brasilia y fue autorizada, de puño y letra, por el efímero dictador Levingston, ex agregado militar en Washington.

Después de una lectura cuidadosa del despacho secreto de seis páginas, generoso en fechas y nombres, se robustece la presunción de que el afrancesado Palacio Pereda, sede de la representación diplomática, era en realidad una base de inteligencia y logística desde donde se habrían supervisado varios secuestros y desapariciones ocurridos por lo menos hasta diciembre de 1973, cuando Azeredo da Silveira recibió el convite del inminente presidente militar Geisel (tomó posesión en marzo del ’74) para asumir la jefatura del Palacio Itamaraty, desde donde tejió un vínculo carnal con Henry Kissinger.

Ambos compartían el principio según el cual Washington debía delegar en Brasil parte de sus responsabilidades en Su- damérica, entre ellas la desestabilización de los gobiernos democráticos que aún quedaban en pie, como el argentino (otros papeles muestran que el sucesor de Azeredo, el embajador Pinheiro mantuvo una conspirativa agenda de encuentros con Videla y Massera en 1975) y aceitar las articulaciones entre los aparatos represivos.

Desde fines de los años ’90 Estados Unidos liberó miles de papeles con informaciones sensibles de la represión en Chile y un número apreciable sobre Argentina, pero ha evitado, tanto como pudo, desclasificar documentos sobre operaciones que contaron con el apoyo del Palacio Itamaraty a través de su Centro de Informaciones en el Exterior, el CIEX, creado en 1966, anticipándose en casi una década al surgimiento del Cóndor.

¿Será que al mantener en la sombra los crímenes brasileños Washington se preserva a sí mismo y confirma el precepto de que los crímenes de Estado nunca llegan a ser esclarecidos?

A pesar de la escasez (por ocultamiento) de informaciones es sensato suponer que Brasil, cuya sociedad con Washington devino en complicidad delictiva especialmente desde 1970, fue una pieza crucial en el engranaje terrorista y posiblemente haya sido pionero en desarrollar una estructura internacional como lo ilustra el rapto del coronel Cardim Osorio, donde se percibe lo aceitado del sistema.

Cóndor brasileño
En su primera página, el texto confidencial elaborado por el agregado militar en la embajada indica que el militar disidente Cardim Osorio, su hijo de 18 años y un sobrino partieron en un Ferry Boat desde Colonia el 11 de diciembre de 1970 a las 11.30, y tres horas más tarde ya habían sido detenidos por elementos de la Coordinación Federal de la Policía Federal en un muelle porteño, desde donde los trasladaron hasta la Subcomisaría de Asuntos Extranjeros para ser interrogados.

El texto indica que dos agregados militares brasileños, uno venido de Uruguay, fueron hasta la subcomisaría, donde departieron como buenos camaradas de armas con sus pares argentinos y allí analizaron lo dicho por los prisioneros. (En las sesiones de tortura, claro, aunque el documento no lo diga.)

Luego se menciona que tras la deportación del coronel y su hijo hubo otro encuentro con el coronel argentino Cáceres, del ejército, quien demostró interés en dar continuidad al joint venture terrorista. “El coronel Cáceres me expresó la necesidad y la conveniencia de que mantengamos un contacto más próximo frente a casos similares... y también conversamos sobre la necesidad de mantener el secreto respecto del destino de los elementos embarcados” hacia Brasil, dice el telegrama en su página 6.

“Cuando leí esos papeles me sorprendí, pero no del todo, porque yo sabía que atrás de todo lo que nos pasó estaba Itamaraty. Me vino un frío porque por primera vez había un papel oficial, escrito por los militares con el sello del SNI, demostrando que en Itamaraty los funcionarios más altos de dictadura argentina, como el presidente Levingston, estuvieron detrás del secuestro de mi padre y el mío”, cuenta Jefferson “Jefinho” Osorio Lopeteguy.

El Plan Cóndor fue instituido en noviembre de 1975 en Chile, bajo la cobertura de Augusto Pinochet, y los enviados brasileños a ese cónclave no firmaron las actas, alimentando la interpretación de que la “dictablanda” brasileña nunca estuvo a voluntad dentro de esa cofradía. Una leyenda que Jefinho no comparte.

“En 1970 la operación Cóndor todavía no tenía ese nombre, no sé cómo se llamaba la organización que nos secuestró y torturó en Buenos Aires, y que nos siguió por años en Montevideo. Lo que digo es que a nosotros nos secuestró algo que era igual al Cóndor, porque en Brasil esto ya existía. Incluso mi padre ya lo sabía, en 1970 él me dijo que ellos estaban en varios países y que a veces mataban a los exiliados, y que tiraban a los presos al mar desde los aviones de la Fuerza Aérea, él llegó a hablarme de todo esto antes de ir preso.”






























“Esta es la primera prueba”
“Este material que ustedes descubrieron es una pieza para ser estudiada profundamente, yo lo llamo la primera prueba documental sobre una acción represiva internacional de las dictaduras. En mi opinión es la primera prueba documentada del Cóndor. Siempre dije que el concepto del Cóndor fue inventado por Brasil y estos papeles están en línea con mi tesis”, declaró Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos.

“El Cóndor fue fundado en noviembre del ‘75 en Chile... pero estos papeles nos dicen que el sistema existía desde 5 años antes. El secuestro de Jefferson es un caso pionero, luego vimos casos parecidos en 1975, 1976, 1977, 1978. No olvidemos que esto pasó en 1970 pero no fue algo aislado, porque en otro operativo, en junio de 1971, en el aeropuerto de Buenos Aires, fue secuestrado y continúa desaparecido Edmur Pericles Camargo, `Gauchao`, cuando estaba llegando de Chile.”

OYARBIDE ADMITE UNA DEMANDA CONTRA STROESSNER
El capítulo paraguayo
La iniciativa de querellar en la Argentina a los responsables del capítulo paraguayo del Plan Cóndor surge del inmovilismo de la Justicia paraguaya para esclarecer los crímenes de la dictadura.
“El Plan Cóndor fue una bomba atómica que Washington envió a Sudamérica”, dijo Almada, ex preso político.Imagen: Télam
Un grupo de ciudadanos paraguayos, encabezados por el especialista en derechos humanos y ex preso político Martín Almada, presentó un pedido de investigación de la represión ejercida durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) ante el juez federal argentino Norberto Oyarbide, bajo la invocación del principio de justicia universal. Así lo informó el propio Almada, veterano abogado penalista que fue torturado por la dictadura de Stroessner –con participación de un represor argentino– y que a partir de 1989 se dedicó a recolectar datos de los delitos cometidos por el fallecido militar y por todas las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor. La iniciativa surge a raíz de la complicidad y el inmovilismo de la Justicia paraguaya para esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura de Stroessner.

Esa investigación le permite estimar que en tres décadas y media la dictadura logró un botín de 5000 millones de dólares en concepto de confiscaciones y robos a sus víctimas, y asegurar que puede identificar a 448 torturadores actualmente vivos.

La presentación, admitida por el juez, promueve una querella criminal por la comisión de los delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989. El instrumento judicial, que calcula en 20.090 el número de víctimas de violaciones de derechos humanos, fue presentado por el abogado argentino Juan Maida y su colega español Aitor Martínez Giménez en nombre de 14 ciudadanos querellantes –entre ellos Almada y el veterano dirigente político Domingo Laino–, y dos organismos defensores de derechos humanos. Consultado acerca del mecanismo y desarrollo que tendrá la causa, Almada explicó que fue un gran paso el hecho de que Oyarbide haya admitido el reclamo, y que de ahora en más queda en manos del magistrado llamar a declarar a los testigos, entre otras diligencias que podrían conducirlo luego a ordenar o no los procesamientos y detención internacional de los responsables.

“El reclamo de justicia está dirigido no sólo a la dictadura de Stroessner, que aparte ya no puede ser demandado, sino a sus cómplices y encubridores y a todos los responsables del Plan Cóndor”, resumió Almada en referencia al plan criminal acordado en la década del ’70 por las dictaduras latinoamericanas. 

Apuntó que este plan fue organizado por Estados Unidos, por lo que acusa directamente al ex secretario de Estado Henry Kissinger, quien coordinaba la relación de Washington con los regímenes del Cono Sur.

“El Plan Cóndor fue una bomba atómica que Washington envió a Sudamérica, ya que causó 100.000 víctimas en todo el continente”, afirmó, y señaló como otras principales figuras del esquema criminal a los dictadores Augusto Pinochet, de Chile, y Hugo Banzer, de Bolivia. “En noviembre y diciembre de 1975 Pinochet se reunió con los dictadores del continente y planificó lo que iba a ser el Cóndor, y Banzer fue el autor de un instructivo para eliminar del interior de la Iglesia Católica a los curas, monjas, obispos y seminaristas tercermundistas. Eso que yo llamo ‘receta Banzer’ se aplicó en todos los países del continente”, detalló.

“El Plan Cóndor tuvo dos velocidades. Una, más lenta, se aplicó en Paraguay, Bolivia y Brasil, donde la izquierda ya estaba derrotada, y una de máxima en Chile, Argentina y Uruguay, países en los que en los años ’70 había una gran movilización social y política”, explicó Almada.

“A diferencia de lo que ocurrió en el resto del continente, en Paraguay las acciones represivas fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad oficiales, digamos, con lo cual hay documentación de la mayoría de esos casos”, concluyó Maida, abogado platense de Amnistía Internacional (AI), que en esta oportunidad colabora en forma personal.

Al respecto, Almada, cuya esposa, Celestina Pérez, fue asesinada por la dictadura, concluyó comentando a esta agencia que durante los 70 días en que fue torturado en forma ininterrumpida recibió tormentos de parte de varios represores de distinta nacionalidad, incluido Héctor García Rey, un policía de la provincia de Córdoba.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh

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