19 de agosto de 2013

COLOMBIA.

DOMINGO, 18 DE AGOSTO DE 2013 
El paro nacional del 19 A 
Por Juan Diego García 
El paro nacional indefinido del próximo lunes 19 de agosto en Colombia está encabezado por las principales organizaciones campesinas, los mineros artesanales, los transportistas y los trabajadores del sector de la salud, y cuenta con el respaldo de todas las centrales sindicales y prácticamente la totalidad de las organizaciones populares.

Al gobierno le han sido entregados los correspondientes pliegos de peticiones, muy variados en sus objetivos pero unánimes en rechazar la política neoliberal que consagra el Plan de Desarrollo, y en particular los tratados de libre comercio que ya empiezan a producir nefastas repercusiones en el tejido económico nacional. Todas las organizaciones participantes han subrayado el carácter pacífico y ordenado de la protesta pero también su firme decisión de no cejar en el empeño hasta tanto el gobierno no se disponga seriamente a negociar y, en no pocos casos, sencillamente proceda a cumplir las mil promesas hechas en el pasado por la administración, las cuales fueron palabras que se llevó el viento y una burla a los afectados. 


Quienes protestan tienen ante si grandes retos, el primero de los cuales es no caer en las provocaciones de la policía, el ejército y los paramilitares (que siempre traen su cuota de muertes), así como hacer frente a las maniobras de división del gobierno (muchas, y ya en marcha), combatir (en condiciones muy difíciles) las campañas calumniosas de la prensa (prácticamente toda en favor del gobierno) y robustecer su unidad interna, habida cuenta de la diversidad de grupos participantes y de las reivindicaciones particulares de cada uno.


Este paro y los otros movimientos que le anteceden (el movimiento campesino del Catatumbo, por ejemplo) constituyen un rechazo radical de la actual política económica. Si el sistema consigue dar satisfacción a los mismos habrá demostrado que, a pesar de sus grandes limitaciones de todo orden aún tiene márgenes de maniobra suficientes como para asimilar la protesta social y alcanzar alguna compatibilidades con la estrategia económica y el ordenamiento político del país. En esta perspectiva, Juan Manuel Santos podría sacar ventajas electorales para las próximas elecciones presidenciales (aspira a la reelección).


Pero al actual presidente las cosas se le presentan complicadas. No resulta nada fácil armonizar las exigencias populares con una estrategia neoliberal que prefiere “un campo sin campesinos” a las comunidades rurales, la gran minería a cielo abierto a la producción de alimentos, la agroindustria de exportación al desarrollo industrial, deja casi intacto el viejo latifundio y mantiene unas relaciones laborales inicuas que someten a los asalariados a formas de explotación más propias del capitalismo clásico del siglo XIX. Tampoco es fácil para Santos si se considera el nivel de organización y consciencia creciente de los sectores populares y hasta el enojo de ciertos grupos de la misma burguesía media, muy afectada por las políticas de libre comercio. Menos aún si a lo anterior se añade la acción desestabilizadora de la extrema derecha que se niega en redondo a cualquier tipo de concesión a estos movimientos y continúa apostando por la mano dura contra la oposición política, la guerra total contra las protestas y el exterminio de la insurgencia. Su líder más destacado, Uribe Vélez, ya aplicó esta estrategia durante sus dos mandatos con resultados decepcionantes. Por este motivo seguramente Santos tiene el respaldo de la mayoría de la clase dominante y de Washington para ensayar otras salidas.


Además de la enorme limitación de hacer compatibles las reivindicaciones populares con su política económica el presidente tiene que gestionar el conflicto sin cometer los mil errores del pasado (Catatumbo, sin ir más lejos) controlando las dinámicas violentas que de forma sistemática provocan las mismas autoridades. Ha de contar con el apoyo efectivo de militares y policía para que las recurrentes escenas de violencia oficial y represión desmedida e injustificada no obstaculicen el diálogo y la negociación. Los cambios recientes en la cúpula de las fuerzas armadas y de policía se pondrán a prueba. Ojalá se comporten como los agentes del orden de una sociedad moderna y no como matones a sueldo de intereses espurios -y en el peor de los casos- casi como tropas de ocupación de su propio país.


Si Santos no sale bien librado de este trance y el balance vuelve a ser el de siempre, es decir, primero represión y muerte, luego “diálogos” mentirosos y promesas que jamás se cumples, el agudo desgaste de la legitimidad del sistema presagiará estallidos de dimensiones impredecibles, abriendo perspectivas nuevas (también electorales) para el futuro inmediato.


No es de menor importancia que el movimiento guerrillero (sobre todo las FARC-EP comprometidas en los diálogos de La Habana) va a seguir con enorme atención el desarrollo de unos acontecimientos que, en muy buena medida, arrojan luces sobre la verdadera capacidad del sistema (y no solo del gobierno de Santos) para responder de una manera nueva a los conflictos, haciendo posible la paz y viable la reconciliación nacional. Si el gobierno no gestiona de forma civilizada el conflicto que este 9 de agosto paraliza a Colombia, se estará dando argumentos nuevos a quienes se han alzado en armas precisamente por la inexistencia de los espacios normales que cualquier sociedad democrática establece para el manejo y solución de los conflictos. En tales condiciones no sorprende que en las conversaciones de La Habana se registre una innegable cercanía entre las reivindicaciones populares y las reformas propuestas por la guerrilla, algo que en manera alguna compromete a los movimientos sociales (como señala histérica la prensa amarilla y algunos voceros del gobierno, empezando por el mismo presidente).


Si las exigencias populares son legítimas y todas sin excepción caben dentro de la legalidad vigente, esa coincidencia debería saludarse como la prueba de que los alzados en armas están dando pruebas fehacientes de su capacidad para participar pacíficamente en la política nacional. Es el gobierno quien debería preguntarse por qué sus posiciones no generan esa coincidencia.

Fuente:Argenpress


19.08.2013
Colombia
El gobierno y las FARC reanudan hoy el diálogo en la Habana
Los delegados del gobierno de Colombia viajaron hacia Cuba, donde reanudarán el diálogo iniciado en noviembre pasado con representantes de la guerrilla en busca de un acuerdo de paz que ponga fin al antiguo conflicto armado del país.

La misión está encabezada por el jefe de los negociadores, el exvicepresidente Humberto de la Calle.

La ronda que se iniciará hoy será la decimotercera y en ella se seguirá conversando acerca de la inserción de los guerrilleros que se desmovilicen en la vida política de Colombia, el segundo de los cinco temas de la agenda del diálogo.

Las conversaciones se reanudarán en medio de declaraciones y advertencias de ambos lados y de cambios en las cúpulas del Ejército y la Policía, ordenados por el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada.


Entretanto, la Policía informó que, en una operación en el interior del departamento Valle del Cauca, en el sudoeste del país, se incautó de 20 granadas para mortero, un fisul y un cargador para fusil que estaban destinados a las FARC.


Por otra parte, el gobierno destinó 450 soldados a reforzar la seguridad de la obra de Hidroituango, la represa hidroeléctrica más grande del país, amenazada por las FARC, indicó un comunicado de la Séptima División del Ejército citado por la agencia de noticias EFE.  

Juzgó y condenó a genocidas, y mejoró las leyes sobre abuso sexual a niños
Colombia condecoró al juez Rozanski, por sus contribuciones en Derechos del Niño y Derechos Humanos

Rozanski integra una nueva generación de jueces argentinos, fogueados en el tratamiento de delitos universales. 
La Plata.- El juez federal del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski, que condenó al represor Miguel Etchecolatz y al capellán de la policía Christian Von Wernich por delitos de lesa humanidad, fue condecorado por el Congreso de la República de Colombia. Rozanski recibió ayer la Condecoración de la Orden del Congreso Colombiano en el grado de Caballero en reconocimiento a su destacado trabajo y aportes a la legislación colombiana sobre Abuso Sexual Infantil. En la resolución 19 del Senado colombiano se destaca que se distingue a Rozanski con la Orden de Caballero "como reconocimiento a la excelsa labor desarrollada en beneficio del bienestar de la infancia y la adolescencia".

Remarcan que el titular del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata ha capacitado a jueces y fiscales de Uurguay, Bolivia, Chile, Paraguay y Honduras "y es autor de la ley 25.852 que reformó el Código Procesal Penal de Argentina, regulando la declaración de niños abusados en sede policial y judicial".

  
Destacan que esa ley " sirvió como modelo para la elaboración de la ley colombiana 1146 de 2007 por la cual por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes víctimas der abuso sexual".

El Agregado Cultural de la embajada argentina, Gustavo Stefanelli, estuvo presente en la entrega del premio en la Universidad Tadeo Lozano de la ciudad de Bogotá. Carlos Rozanski preside el Tribunal Federal Nº1 de La Plata, que condenó al comisario de la Bonaerense Miguel Etchecolatz y al ex capellán policial Cristian Von Wernich, por violaciones a los Derechos Humanos, en procesos de los años 2006 y en 2007, respectivamente.

  
Además, en la Argentina, redactó la ley que prohíbe que los menores víctimas de abuso sean interrogados por jueces, abogados o fiscales, para no revictimizarlos.
Fuente:Telam

Colombia Resiste | Paro Nacional Agrario y Popular "no tiene vuelta atrás" Miércoles, 14 Agosto 2013

Por: Oficina de Prensa – Marcha Patriótica / Alianza Medios y Periodistas por la Paz.
Hector Alvís de la Alianza por la Salud (ANSA), Enrique Virviescas (sector de transportadores), Ricardo Herrera (Coordinador Nacional Agrario) y Heberto Díaz (Fensuagro) confirmaron hoy el inicio del Paro nacional Agrario y popular el próximo lunes 19 de junio.

“Esto no tiene reversa, el lunes Colombia estará en paro nacional” afirmó Heberto Díaz. “haremos sentir la voz del campesinado exigiendo reivindicaciones que nos han sido negadas históricamente. Entraremos en paro indefinido con un pliego de peticiones de 6 puntos liderado por la Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA- que ha sido conformada a nivel nacional para llegar rápidamente a acuerdos” Ver pliego nacional del peticiones agrarias y populares.

“El paro inicia el lunes y termina cuando el gobierno quiera, nuestra posición es la del diálogo, llamamos al Gobierno Nacional a llegar a  acuerdos y a que se nos sea respetado nuestro libre derecho a la protesta social” Ricardo Herrera.

“Este paro es nacional, la protesta se hace en las calles, vamos a salir a las principales vías del país a exigir soluciones a nuestras problemáticas”  fue una afirmación común.

 El sector agrario ha convocado para el próximo lunes paro indefinido nacional mientras el sector de transportadores y salud han convocado a jornadas nacionales de protesta.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a las organizaciones y procesos sociales y políticos para que participen y respalden decididamente esta jornada de lucha porque en ella nos la jugamos todos y todas como pueblo. Y como pueblo estamos colocando al centro una nueva agenda de país donde las propuestas y reivindicaciones de los sectores sociales y populares se convierten en la ruta para construir un escenario de real democracia y poder popular”


Lunes 19 de agosto: Jornada nacional de protesta y paros indefinidos en Colombia
Viernes, 16 de Agosto de 2013 Various Authors

Con la aprobación de la agenda legislativa en el Congreso de la República, el actual gobierno ha posicionado políticas antiobreras y antipopulares, que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones, entregan nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales, promueven la extranjerización de la tierra, acaban con la producción nacional a través de los tratados de libre comercio, encarecen los precios de la canasta familiar, elevan los precios de combustibles, profundizando así la actual crisis económica, social, ambiental y política que ellos mismos no reconocen.

Dicho escenario desesperanzador ha generado una respuesta directa del movimiento social y popular con jornadas de movilización, paros sectoriales y acciones de resistencia como ascenso de la lucha política en el país.

Colombia también ha estado signada por la prolongación de la guerra y el escalonamiento de la confrontación armada por parte de las elites políticas y económicas tradicionales, como estrategia de conservación del poder; por tanto, la lucha política nacional también se manifiesta en la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado en procura de la paz con justicia social. De allí que se haga imperativo avanzar en el actual proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y desde la apertura de diálogos con las insurgencias del ELN y el EPL en la superación de las causas estructurales que dieron origen al conflicto social y armado colombiano.

Es sumamente lamentable que, ante la respuesta de descontento social, el Gobierno Nacional haya intensificado acciones de represión y estigmatización de la protesta social, sin reflexión alguna sobre la calidad de vida y el bienestar de todos los colombianos, que es el propósito común de nuestras luchas. Por tanto, se nos ha impuesto un sistema que nos excluye cada vez más de la posibilidad de construir una nación distinta.
Ante dicho panorama hemos decidido avanzar en espacios de coordinación de las diferentes iniciativas de la protesta social. Desde diversas organizaciones y procesos sociales y políticos, acordamos las siguientes tareas:
1. Convocar a partir del 19 de agosto a la jornada nacional de protesta y paros indefinidos de los sectores agropecuarios, salud y transporte con la participación y acompañamiento de las centrales obreras, organizaciones indígenas y de desplazados, de estudiantes, maestros, pensionados, trabajadores de la pequeña minería y artesanal y demás sectores en conflicto. Estas acciones se conciben como un proceso de acumulación que se complementa con escenarios de movilización proyectados para los meses de septiembre y octubre en la perspectiva de una acción unitaria de masas contundente.

2. Constituir el coordinador nacional de la jornada de protesta y paros indefinidos con delegados y representantes de los sectores en conflicto, conformando la comisión política, de derechos humanos y solidaridad y de comunicaciones.

3. Convocar asambleas de organizaciones sindicales, sociales y populares con el fin de proyectar y ampliar la solidaridad popular y la participación en la jornada; avanzando en la conformación de coordinadoras departamentales.

4. Convocar movilizaciones nacionales, departamentales y locales el próximo martes 20 de agosto en apoyo y respaldo a los paros indefinidos impulsados por los sectores en conflicto. En la ciudad de Bogotá la movilización será a las nueve de la mañana desde la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) ha convocado movilización nacional para el 28 y 29 de agosto y ha enviado un mensaje de alerta para preparar jornadas de movilización que se desarrollarían en un contexto de paro ante el incumplimiento de los acuerdos de 2011 con el Gobierno Nacional en materia de educación superior.

5. Avanzar en la socialización de los pliegos de peticiones presentados por los sectores en conflicto con el fin de ubicar puntos de coincidencia que fortalezcan las dinámicas de la movilización y la protesta. Perfilar la construcción de un pliego único nacional de cara al II Encuentro Nacional de Unidad Popular.

6. Convocar el II Encuentro Nacional de Unidad Popular a realizarse el 31 de agosto y 1 de septiembre en Bogotá.

En tal sentido, hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a las organizaciones y procesos sociales y políticos para que participen y respalden decididamente esta jornada de lucha porque en ella nos la jugamos todos y todas como pueblo. Y como pueblo estamos colocando al centro una nueva agenda de país donde las propuestas y reivindicaciones de los sectores sociales y populares se convierten en la ruta para construir un escenario de real democracia y poder popular.
Firman:
Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas, Alianza Nacional por la Salud (ANSA), Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc), Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Asociación Distrital de Educadores (ADE), Asociación de Mujeres por la Erradicación del Paseo de la Muerte, Cámara Nacional del Transporte, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), Coalición de Movimientos Sociales (Comosoc), Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario, Corporación Integros, Marcha Patriótica, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), Mesa Ecuménica por la Paz, Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, Organización Colombiana de Pensionados, Partido Comunista Colombiano (PCC), Poder y Unidad Popular (PUP), Polo Democrático Alternativo (PDA), Proceso Nacional Identidad Estudiantil, Ruta Social Común para la Paz, Sindicato Estudiantil, siguen firmas…
Fuente: Tlaxcala/La Pluma, 15 de agosto de 2013
Traducciones disponibles : Français 


COLOMBIA: Centrales obreras anuncian que las protestas del 19 de agosto serán monumentales
Por Hernan Durango
14 AGOSTO 2013 
Bogotá- El 19 de agosto comienza en las regiones colombianas el Paro agrario y Popular que involucra a sectores sociales como los camioneros, cafeteros, arroceros, paneleros, productores nacionales y demás sectores sociales afectados por la implementación de los Tratados d Libre Comercio  y malas politicas economicas del Gobierno Nacional.

Según informe de la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el lunes y el sábado anterior se realizaron dos reuniones con las organizaciones sociales y  políticas, especialmente aquellas que tienen conflictos laborales y sociales actualmente ; así como con aquellas que han proyectado luchas.

Tarsicio Rivera, Secretario General de la CUT, presentó las conclusiones de ambas reuniones que proyectan la agenda de acciones para la Central en los próximos meses. En primer lugar, se determinó que como hay organizaciones que tienen luchas pendientes como la salud, los camioneros, el sector agrario y que ya han determinado que arrancan con un paro nacional indefinido el lunes 19 de agosto, las otras organizaciones han decidido apoyar este paro y trabajar para que más organizaciones sindicales y sociales se vinculen.

En segundo lugar, acordaron promover en toda Colombia, teniendo en cuenta que el lunes es festivo y no deja de ser una dificultad sobre todo en el movimiento sindical, que para el martes 20 de agosto se promuevan movilizaciones y concentraciones en todo el país con el fin de respaldar los paros.

Tercero, se aprobó que el 6 de agosto se realizará en la sede de la CUT la discusión y tratamiento de las conclusiones de estas reuniones previas. “Para ponerle ruedas al trabajo que hemos acordado”.

De igual forma, ante la evidente necesidad, todas las organizaciones comprometidas harán aportes económicos que sostengan financieramente los planes. A la vez, trabajarán porque las organizaciones solidarias convoquen a juntas directivas con sus respectivas bases para promover la solidaridad conjunta.

En proyección futura, se ratificó apoyar las luchas que adelantarán los jóvenes de la MANE hacia finales del mes de agosto, así como la de los desplazados y otras organizaciones que están en plena preparación. 

Se destacó la importancia de la convocatoria para el Encuentro Nacional de Unidad Popular durante los días 31 de agosto y 1º de septiembre en Bogotá; con el objetivo de discutir unos criterios que permitan la unidad entre el movimiento sindical, social y político para seguir el proceso de lucha. 

“Finalmente, analizamos cómo trabajaremos con las organizaciones de derechos humanos equipos de trabajo que nos permitan estar atentos al proceso de criminalización que viene haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos, con la persecución a los dirigentes políticos, sociales y sindicales que participan en estas luchas en la aplicación de la retrógrada ley de seguridad ciudadana”, finalizó Rivera, insistiendo en que se están ultimando detalles para que la del 19 de agosto sea una jornada apoteósica en Colombia.


Colombia: 19 A con pliegos y huelgas de tres movimientos sociales.
por Horacio Duque Giraldo
Sábado, 17 de Agosto de 2013 
El 19 A verá en lucha tres movimientos sociales. Campesinos, Marcha Patriótica y resistencia guerrillera revolucionaria actuaran de manera simultánea para presionar sus reivindicaciones sociales, sus derechos políticos y su programa por el socialismo contra el Estado neoligarquico santista.

No obstante que el gobierno neoliberal autoritario del señor Santos pretende impedir con amenazas violentas la justa movilización campesina y popular contra la crisis que golpea a millones de colombianos, el paro y las huelgas se harán efectivas desde las cero horas del día 19 de agosto del año en curso.

La inminente protesta está cargada de alta “densidad social” dado que en ella confluyen diversos movimientos sociales con objetivos específicos y reivindicaciones particulares que potencian el levantamiento popular.

La masiva huelga mezcla tres movimientos sociales que se complementan y apalancan en una relación viva y dialéctica.

El 19 de agosto veremos movimientos sociales reivindicativos, movimientos políticos, movimientos antagónicos.
  1. Movimientos reivindicativos.
Un movimiento reivindicativo se sitúa en el ámbito de la organización social y lucha contra el poder que establece las normas y papeles; un movimiento de este tipo tiende a una redistribución de los recursos y a una reestructuración de dichos papeles. La lucha ataca, sin embargo, las reglas mismas de la organización saliendo de los procedimientos institucionalizados.

Las acciones de los cafeteros, paperos, arroceros, jornaleros y los campesinos de las zonas de colonización son de orden económico y social, de la mayor importancia porque apuntan a una redistribución democrática del excedente económico. Es una lucha por la apropiación del excedente económico que retienen para sí las clases dominantes minoritarias.
  1. Movimientos políticos.
La acción colectiva tiende frecuentemente a remontarse hacia el sistema político del cual depende la fijación de las reglas y de los procedimientos. Un movimiento político actúa para transformar los canales de la participación política o para desplazar las relaciones de fuerza en los procesos decisionales. Su acción tiende a romper las reglas del juego y los límites institucionalizados del sistema, impulsando la participación más allá de los límites previstos. También en este caso, la acción tiende a desplazarse hacia el nivel superior y ataca las relaciones sociales dominantes.

La presencia de la Marcha Patriótica y de otros movimientos políticos hace parte de la movilización e insurgencia desde el subsuelo político para plantear un referente de orden político no institucional que levanta las banderas de la democracia participativa. Se trata de agitar los derechos políticos democráticos de la mayoría popular excluida por el mecanismo dominante de la oligarquía.
  1. Movimientos antagónicos.
Un movimiento antagónico es una acción colectiva dirigida contra un adversario social, para la apropiación, el control y la orientación de los medios de la producción social. Un movimiento antagónico no se presenta jamás en estado puro, porque la acción colectiva se sitúa siempre en el espacio y en el tiempo de una sociedad concreta, es decir, de un cierto sistema político y de una forma determinada de organización social. 
Por consiguiente, los objetos históricos con los cuales el análisis tiene que enfrentarse son siempre movimientos reivindicativos o movimientos políticos con la posibilidad de un mayor o menor componente antagónico. El ataque a las relaciones sociales dominantes y a la estructura de dominación, pasa en el primer caso, mediante el ataque contra el poder que detenta una organización. El poder no es sólo la expresión funcional de la lógica organizativa sino que traduce igualmente los intereses de las clases o grupos dominantes. Un movimiento reivindicativo tiene contenido antagónico cuando pone en cuestionamiento el nexo existente entre la neutra funcionalidad de la organización y los intereses de los grupos sociales dominantes. De esta forma, un movimiento político de contenido antagónico ataca el control hegemónico ejercido sobre el sistema político por parte de las fuerzas que traducen los intereses dominantes. La ruptura de las reglas del juego político no mira a la simple extensión de la participación o a la admisión en el sistema de intereses no representados, sino que representa un ataque directo a la estructura de relaciones sociales dominantes y al modo en que éstas se transcriben en los límites institucionalizados del sistema político 1.

Por encima de los señalamientos absurdos y la estigmatización de agentes emisores de una discursividad vociferante y macartista, la resistencia campesina guerrillera revolucionaria tendrá vigencia con su activa y resuelta presencia en las luchas del 19 de agosto. Es que la misma conforma una materialidad política revolucionaria que el sofisma estatal oligárquico no puede vanamente difuminar. Su programa de reformas que debate en La Mesa de diálogos de La Habana tiene un nexo evidente con la plataforma revolucionaria que se propone la sustitución radical del Estado y el sistema político oligárquico y de falsa democracia, a lo que no se ha renunciado. Lo que quiere decir que la lucha por el socialismo estará presente en las huelgas, paros y bloqueos del 19 de agosto porque la lucha diversa incluye y combina las formas propias del subsuelo político con las de la superficie constitucionalizada.

A este respecto conviene señalar que para determinar la naturaleza antagónica de un movimiento social parecen esenciales los siguientes elementos:

a) La colocación de los actores respecto del modo de producción. ¿Tienen los actores una relación directa con el modo de producción y de apropiación de los recursos?, o bien, ¿éstas están definidas exclusivamente por su pertenencia a un sistema político y organizativo?

b) Los contenidos y las formas de acción. ¿Existe una imposibilidad de negociación de los objetivos y una incompatibilidad de las formas de acción respecto a los límites del sistema considerado?.

c) La respuesta del adversario. Las clases y grupos dominantes están muy atentos a salvaguardar el orden existente. Si un movimiento ataca las bases de la dominación, la respuesta del adversario se traslada normalmente a un rango superior de aquel en el cual se sitúa la acción. Se tendrá así una respuesta política para un movimiento con contenido antagónico que surge como reivindicativo, (por ejemplo, mediante la represión violenta estatal) y una respuesta directa de las clases dominantes para un movimiento que ha surgido como político (por ejemplo, mediante la crisis económica, el bloqueo de las inversiones, o la vía autoritaria).

d) La definición que los actores hacen de sí mismos. La referencia a las representaciones y a la ideología no puede ser significativa en sí misma ya que va comparada con los otros indicadores. En particular es necesario analizar el modo en el cual el movimiento define su propia identidad frente a la del adversario y el lugar del conflicto. Un movimiento antagónico tiende siempre, en el lenguaje del sistema sociocultural en el cual se sitúa, a definir su propia acción como lucha entre quien produce y quien se apropia de los recursos sociales centrales, por el control y el destino de estos recursos.

Se puede formular la hipótesis de que en el pasaje de un movimiento reivindicativo, a un movimiento político, a uno antagónico, las dimensiones del conflicto cambian en la siguiente dirección: 
a) contenido simbólico creciente; 
b) divisibilidad y negociabilidad decreciente del puesto en juego; 
c) reversibilidad decreciente; 
d) calculabilidad decreciente de los resultados de la acción, y 
e) tendencia creciente hacia conflictos de suma cero (en la cual las ventajas para uno de los adversarios representa pérdidas netas para el otro). Estas dimensiones pueden ser otros tantos indicadores empíricos de la presencia de conflictos de naturaleza antagónica en la acción de un movimiento.
  1.      MELUCCI, Alberto 1999 Acción colectiva, vida cotidiana y democracia (México-d.f: siglo xxi) http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/ACCION%20COLECTIVA%20%20vida%20cotidiana%20y%20democracia%20Melucci.pdf



Colombia Resiste | Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas y Sectores en Conflicto
Bogotá, 14 de agosto de 2013


En rueda de prensa realizada el día de hoy
SECTORES DE la SALUD, AGROPECUARIO Y TRANSPORTE ANUNCIARON QUE ENTRARÁN EN PARO INDEFINIDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO
El próximo lunes 19 de agosto entran en paro indefinido tres de los sectores más importantes a nivel nacional: agropecuario, transporte y salud, con el apoyo de las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, organizaciones indígenas y de desplazados, de estudiantes, maestros, pensionados, trabajadores de la pequeña minería y artesanal y demás sectores en conflicto, como forma de rechazo a las políticas del gobierno nacional que van en contravía de los derechos e intereses de los colombianos en general.

Los voceros agropecuarios manifestaron sus principales demandas referidas a la implementación de medidas efectivas frente a la profunda crisis del sector, el acceso a la tierra, y la aplicación de una verdadera reforma agraria integral y democrática que respete la producción campesina afectada por la firma de los TLC; el reconocimiento a la territorialidad campesina, la participación de las comunidades y pequeños mineros en las políticas mineroenergéticas, el reconocimiento político y las garantías de los derechos de las comunidades campesinas e inversión social.

El sector salud conformado por trabajadores, comunidades y usuarios piden el pago inmediato de la deuda contraída por parte de las EPS con los hospitales públicos y privados; garantía del vínculo laboral para el sector público y privado con estabilidad; participación de los ciudadanos en las decisiones de la salud; la eliminación de la sostenibilidad fiscal como condicionante de la salud, el establecimiento de topes y controles a los precios de los medicamentos, la suspensión inmediata de copagos, cuotas moderadoras y la tramitología; garantía de cobertura integral a cargo del estado a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en todo el territorio nacional.

Los transportadores exigen la reducción inmediata del costo de los combustibles y de los peajes que les ofrezca posibilidades de competitividad y sostenibilidad integral.

En las principales ciudades capitales y vías del país, se realizarán cientos de concentraciones, movilizaciones, actos de solidaridad y mítines en el marco de esta Jornada Nacional de Protesta. Los camioneros, el sector salud y agropecuario mantendrán esta jornada de manera indefinida, hasta tanto el gobierno nacional no resuelva sus demandas recogidas en sus respectivos pliegos. Otros sectores sociales debaten en estos días la posibilidad de sumarse a este paro indefinido.
INFORMES:
Enrique Virviescas  3143774310, vocero sector transportadores
Ricardo Herrera 3117256170, vocero del Coordinador Nacional Agrario CNA
Heberto Díaz, 3103017534, vocero Mesa de Interlocución Agropecuaria Nacional.
Héctor Alvis, 300-8169829 y Román Vega, 310-7682846, voceros sector salud.


Paro Nacional Agrario y Popular: Tres grandes sectores económicos de Colombia entran en paro indefinido
Viernes, 16 de Agosto de 2013- Dejando Huella Haciendo Memoria, El Salmon/La Pluma


-Representantes de los sectores salud, agropecuario y transporte ratificaron su participación en el paro nacional que iniciaría el próximo lunes 19 de agosto-.
En una rueda de prensa realizada el 14 de agosto a las 11 a.m. en la sede de la Unión Sindical Obrera –USO- en la ciudad de Bogotá, los voceros de los sectores que se acogen a esta medida de protesta contra las políticas gubernamentales, reunidos en la Coordinación Nacional de Movimientos Sociales y Organizaciones Políticas, expusieron los motivos y reivindicaciones que llevarán a miles de colombianos, por ellos representados, a cesar actividades laborales y a movilizarse a lo largo y ancho del territorio nacional a partir del próximo lunes 19 de agosto de 2013 de manera indefinida.

Ricardo Virviescas, vocero del sector transporte, manifestó: “el sector transporte se está movilizando a una jornada de reclamación por el alto costo del combustible que no nos está permitiendo ser competitivos”. Se refiere a que el alto costo del galón de combustible que se usa en un vehículo está dejando fuera de competencia a toda la industria, afecta al pueblo colombiano y al consumidor final, quien debe pagar el alto costo de las operaciones en el alza de la canasta de consumo diario. A su vez, los transportadores solicitan al gobierno un desarrollo sostenible de infraestructura vial, pues según ellos, la actual no les permite operar en condiciones dignas, eficaces y competitivas. “Estas son las peticiones de fondo que está haciendo el sector transporte para que el gobierno nacional cambie la política minero-energética que es lo que está afectando en todo al sector transporte y al sector productivo”, concluye Virviescas.

Héctor Alvis, vocero de la Alianza Nacional por la Salud y la seguridad social –ANSA- , afirma que el paro del sector salud comenzará el 20 de agosto a las 00:00 horas y será indefinido. “Nos vamos a paro porque no estamos de acuerdo con la ley que recientemente fue aprobada por el Congreso de la República y no estamos de acuerdo porque no aceptamos intermediación financiera. No deben existir ningún tipo de gestoras en salud para que sean ellas quienes recauden unos recursos y sean ellas quienes continúen con el afán desmedido de lucro en favor de los mercaderes de la salud, en favor de los capitalistas y en detrimento de los derechos humanos y del derecho fundamental de la salud que es el que estamos reclamando”. 

Entre las exigencias se pide que cesen las barreras de acceso, que se eliminen los carnets del sisbén, que sea a través de la cédula de ciudadanía que se pueda atender a los ciudadanos. Se contemplan además otros factores como parte importante de la salud de los colombianos y que no han sido tenidos en cuenta por el gobierno nacional, tales como el acceso a servicios de saneamiento básico: acceso a agua potable, manejo de agua residuales disponibles para cada ciudadano, la disposición de residuos sólidos y las condiciones de vivienda digna, que “son los determinantes sociales que definirían la salud”. Además, los trabajadores de la salud exigieron estabilidad laboral, sin tercerización ni intermediación, que les permita trabajar en condiciones dignas. En este mismo sentido exigen el pago de salarios, pues hay hospitales con 60 meses de sueldos congelados. Finalmente, exigieron que se garantice la protección adecuada de las movilizaciones y que cese la estigmatización por parte de ministros del gobierno. Así mismo garantizaron la atención de urgencias en los hospitales en los que se adelanten los paros. 

Heberto Díaz, representante de la Mesa de Interlocución Agropecuaria y popular –MIA-, manifestó el propósito de hacer sentir la voz del campesinado, tan ampliamente excluido en Colombia. Plantean seis puntos de exigencia dirigidos a: 1° Solucionar la grave crisis del sector agropecuario; 2° La aplicación inmediata de la Carta de los Derechos Campesinos decidida en las Naciones Unidas; 3° Acceso a la propiedad rural; 4° Aplicación de política minera concertada con los pequeños y medianos mineros artesanales; 5° Inversión social en salud, vivienda, educación, infraestructura, vías de penetración; 6° Pensión para los campesinos, que diariamente producen alimento para el país. En su llamado, los campesinos exigieron que el gobierno nacional cese de favorecer los intereses de las multinacionales y del capitalismo y vuelva los ojos hacia los campesinos: “Necesitamos que la Universidad Pública llegue al campo, que en vez de soldados para la guerra tengamos médicos en el campo”.

Ricardo Herrera, Coordinador Nacional Agrario –CNA- e integrante del Congreso de los Pueblos, afirma que se atiende al llamado de los campesinos que proponen esta jornada en rechazo a las políticas gubernamentales que afectan el sector. En primer lugar, se exige el cumplimiento de los acuerdos previamente firmados con el gobierno, así como la implementación de una Reforma Agraria Integral. Desde el sector surge un rechazo a la política minero-energética, pues ésta nos ha llevado a perder soberanía sobre los bienes de la naturaleza. En consonancia con ello, la jornada de protesta y denuncia del sector agrario dará inicio el próximo viernes 16 de agosto con la ejecución del Juicio Ético y Político a las multinacionales Anglo Gold Ashanti y la Pacific Rubiales. Herrera expresa que solucionar el tema agrario es la solución política al conflicto social y armado del país: “si esto se resuelve, en gran medida obtendremos la paz para este país”.

Finalmente, Omar Fernández, vocero de la mesa de coordinación, habló sobre la probabilidad de un pliego único por parte de todos los sectores allí reunidos. Por su parte, el gobierno nacional respondió a la decisión de los colombianos que se preparan para el gran paro nacional mediante la creación de una Comisión Anti-Paro, realizada paralelamente en el Congreso, a la que no fue invitado ni de la que fue oficialmente notificado ninguno de los sectores. 
Redacción: Dejando Huella_Haciendo Memoria
Acción Fotográfica: Archivo DH_HM
Serie: Juicio ético y Político 
15 de agosto de 2013, Bogotá, Colombia
Fuente : El Salmon, 15 de agosto de 2013



Colombia: Red de comités ambientales y campesinos se une al Paro del 19 de Agosto
Lunes, 05 de Agosto de 2013 - Red de Comités ambientales y campesinos del Tolima, El Salmón para La Pluma

 "No habrá café, ni vacas, ni arroz, ni cacao, ni maíz,  ni arvejas, ni leche, ni yuca, ni frutas, ni bocadillo, ni panela, ni ríos vivos, ni  montañas, ni bosques, ni páramos sobre suelos dedicados a la gran minería que consumirá miles de millones de litros de agua, ni con ríos represados para hidroeléctricas que inundarán miles de hectáreas cultivables, ni con pueblos sin soberanía sobre sus territorios que serán desplazados a la periferia de las grandes ciudades o enganchados a trabajar en grandes mega- proyectos asegurando, tal vez,  el diario pero sin futuro para las nuevas generaciones”
El movimiento regional  Red de Comités ambientales y campesinos del Tolima, agrupados entorno a  la defensa del derecho a un ambiente sano, al agua, a la vida y al territorio, se incorpora a la lucha contra los proyectos minero-energéticos en la región central, especialmente contra  la mina de oro La Colosa; por  poner en riesgo la vocación agropecuaria y los bienes ambientales del Tolima y del país y se une al  Paro Nacional Agrario del 19 de Agosto.

Los arroceros, cafeteros, cacaoteros, maiceros, entre otros, han expresado elementos claves acerca de los problemas del sector agropecuario y diferentes voces  denuncian que continúa el aumento de  la concentración y extranjerización de la tierra,  la  vigencia del despojo violento de sus territorios - por la vía de la guerra- a miles de indígenas, campesinos y  afrodescendientes; la pérdida de la soberanía y autonomía alimentaria, la entrega de los bienes ambientales y comunes a la expoliación de grandes multinacionales dejando a su paso una deuda ambiental insostenible.

El gobierno en asocio con grandes multinacionales, se propone imponernos la locomotora minero-energética cambiando la vocación productiva del país agrícola a minero y entregando los bienes (recursos) del subsuelo y las fuentes hídricas al saqueo de los grandes negocios hemisféricos y globales.

Conscientes de la verdadera riqueza ambiental de nuestros territorios, nos disponemos a defenderla, junto  con  todos y todas las organizaciones y procesos de resistencia del país, como sucedió con los pobladores del municipio de  Piedras, Tolima, que llevó a un triunfo sin precedentes de la voluntad popular contra la megaminería y la política del gobierno de Santos.

Consideramos  decisivo que el paro agrario incluya dentro de sus reivindicaciones:

  • La derogación inmediata del decreto 0934 del Ministerio de Minas y Energía y el establecimiento pleno de derechos de las comunidades  a decidir el presente  y el futuro de sus territorios.
  • La defensa de la voluntad popular expresada por el pueblo de Piedras , Tolima, el 28 de Julio, que rechazó contundentemente la realización de actividades  mineras en su territorio que puedan amenazar el agua, el ambiente y la actividad agrícola.
  • La cancelación de todos los proyectos minero energéticos  que hay sobre zonas de vocación agrícola y pecuaria, distritos de riego, zonas de abastecimiento de alimento y de agua.
  • La  revisión de todo el ordenamiento territorial del país bajo principios  de sustentabilidad ambiental, autonomía alimentaria y vida digna para los pueblos y comunidades del país que permitan concretar la justicia ambiental.
Llamamos a ampliar la convocatoria del Paro a  ambientalistas, asociaciones de consumidores, pequeñas empresas y cooperativas del sector alimentario, pequeños mineros, comerciantes agrícolas, plazas de mercado, movimiento estudiantil, movimiento de mujeres y movimiento de víctimas, para que el Paro se convierta en un momento decisivo en la lucha por ganar el derecho de los pueblos  a auto determinase y continuar avanzando en la construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo.

AGUA SI, ORO NO
SI A LA  VIDA  NO A LA MINA LA COLOSA
FUERA LA ANGLO GOLD ASHANTI DEL PAIS
TODOS A DEFENDER LA CONSULTA POPULAR EN PIEDRAS, TOLIMA.
Fuente: El Salmón para La Pluma, 5 de agosto de 2013


Colombia Resiste: Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares
Viernes, 16 de Agosto de 2013 - Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, Marcha Patriótica/La Pluma

Paro Nacional Agrario y Popular – 19 de agosto de 2013

Las organizaciones agrarias y populares en la búsqueda de la Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con Justicia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la reivindicación  y la búsqueda de una solución política al Conflicto social y armado que por décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la tierra.


La Constitución Política de Colombia alega como derecho fundamental que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.
Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para saldar la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos.  Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los  gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que va en contra de los intereses del pueblo y favorecen los intereses del capital nacional e internacional.

El índice de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) según DANE (2005), indicador que refleja el nivel de pobreza y miseria en las poblaciones urbanas y rurales, evidencia que en los municipios de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de las viviendas,  en el acceso y disponibilidad de servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleo dignos y permanentes, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011)  la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, según el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones.

No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto asciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.

Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto para enfrentar estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en acceso, consumo y disponibilidad de alimentos que se ha prolongado por décadas en las poblaciones rurales y urbanas.

Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.

Frente a este panorama, se requiere una política pública agraria coherente con las necesidades del pueblo colombiano, la cual debe ser construida, con la participación directa y decisiva del movimiento agrario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afrocolombiana e indígena, que reconozca la significativa participación que hoy día  tiene la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional y la fortalezca.

La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, Minas y Energía; y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan los pobladores rurales y urbanos.

Amparados en la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al gobierno el cumplimiento de 6 obligaciones políticas y legales básicas:  
 1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
 2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
 3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
 4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
 5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
 6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Las organizaciones y comunidades agrarias y populares presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.

Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece. 

1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios en el mercado nacional e internacional, con los cuales garantizar una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios, asegurando el acceso a los mercados en las ciudades.

1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.

1.3. Control de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios. De igual forma, promoción efectiva de la producción limpia y agroecológica.

1.4. Exigimos la derogatoria de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual. 

1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos campesinos, incluyendo lo relativo a la despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, creando un fondo nacional para su financiación y garantías  efectivas para el acceso a los mercados.

1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspender y revisar, en conjunto con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás países.

1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de subsidios para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.

1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero.

1.9. Diseño concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina basada en el reconocimiento de  las ventajas  sociales, económicas, y ambientales  que ésta provee para seguridad alimentaria del país, la protección de los medios de vida campesinos y la sostenibilidad ambiental.

2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER celeridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la adjudicación y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías que ocupan los campesinos, soportada en programas de asistencia técnica y social, inversión, tecnología, y mercadeo que garanticen el despliegue de la economía campesina, así como el de la pequeña y mediana producción.

La inmediata aplicación del decreto 1277/2013 de dotación de tierras por el INCODER, y la ampliación de su capacidad financiera para garantizar mayor cobertura y la adjudicación colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas. De igual manera, el reconocimiento de la autonomía de las comunidades sobre los territorios ya adjudicados.

Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido el acaparamiento por capital extranjero; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.

Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras concentradas y ociosas, de las que campesinos vienen siendo poseedores, para luego adjudicarlas a éstos.

Garantizar el estricto cumplimiento de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en todos los procesos de adjudicación de tierras, la reversión de las adjudicaciones practicadas con exceso o defecto de la misma, así como la generación de las condiciones que garanticen el nivel de ingresos y de sostenibilidad de la economía campesina que esta figura promueve.

3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS

La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias públicas de las ZRC.

Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.

La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.

Conformación tanto del Sistema Nacional como el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

Respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.

 Celeridad en el trámite de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes,  reconociendo sus derechos ancestrales, y en concertación con las comunidades campesinas en los casos de  coexistencia intercultural en los territorios. Para ello, se deberá promover la constitución de territorios interétnicos que garanticen la sostenibilidad y convivencia pacífica de las diversas identidades culturales y territorialidades. 

4. EXIGIMOS LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACION DE LA POLITICA DE EXPLOTACIÓN MINERA Y ENERGÉTICA.

Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

Respeto irrestricto a las consultas populares sobre explotación minera ya realizadas.

Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.

Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.

Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.

Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos de megaminería en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

Sujeción del desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.

Suspender la construcción de hidroeléctricas que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.

5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTIAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.

Reconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos,  plasmados en la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU, mediante la incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación interna y en las políticas públicas.

Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.

Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas  que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.

Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en  las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros.

6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICION PÚBLICOS Y VÍAS.

Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.

Exigimos la derogatoria de la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley que reconozca la educación como derecho fundamental y bien común, y con enfoque diferencial.

Exigimos el nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos  y condiciones laborales.

Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.

Exigimos la definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.

Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.

Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.

Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.

Devolución de las micro-centrales hidroeléctricas a las comunidades.

Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.

Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.

Exigimos la destinación de recursos  para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural. Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.

MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO

-MIA NACIONAL-

¡Por la vida y contra el desarraigo!

¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!


Fuente: Marcha Patriótica, 14 de agosto de 2013 



Colombia Resiste | El paro del 19 de agosto es reivindicativo y político
Jueves, 15 Agosto 2013

Por Nelson Lombana Silva
(Ibagué, agosto 14 de 2013) Avanza la preparación del paro nacional agrario y popular en el departamento de Tolima. Es el tema del momento que se ventila en todas partes, generando discusión, opinión y análisis. Las causas son estructurales y profundas que poco a poco el pueblo colombiano va identificando cada vez con más claridad y profundidad.

Para la muestra un botón. El dirigente campesino del municipio de Purificación, José Crispín, dijo que su comunidad se estaba preparando para participar del paro por cuatro razones en concreto: 1. La crisis de los pequeños arroceros en su municipio, 2. Los atropellos que viene cometiendo la petrolera Petrobras, 3. La situación dramática de la salud en la zona y concretamente el hospital local que se encuentra en la mira de ser privatizado, 4. La deplorable vía Purificación – Saldaña. “Si hubiera un concurso sobre la vía más dañada, esta ganaría sobrada”, dijo el dirigente.

Tal como lo planteado por el líder campesino José Crispín, los demás líderes reunidos el día inmediatamente anterior en la ciudad de Ibagué, expresaron uno a uno las razones fundamentales del paro programado para el 19 de agosto.

En nuestra condición de secretario general del Partido Comunista, regional Tolima, dijimos que este paro es reivindicativo pero también político, por cuanto se trata de enfrentar el régimen capitalista y las políticas imperialistas de los Estados Unidos a través de un presidente obsecuente e incondicional al fondo monetario internacional y la banca mundial.

Abogamos por un pliego único nacional con la inclusión necesaria de las reivindicaciones regionales y locales, que interpreten correctamente el sueño de los campesinos, indígenas, negros y obreros. A su vez, una coordinación centralizada, democrática y consecuente. “No podemos vivir otras experiencias, que unos son los que pelean y otros son los que negocian”, subrayamos en nuestra corta intervención.

Una nueva reunión se realizará mañana jueves en la ciudad musical de Colombia, con el propósito de ir coordinando y ultimando detalles de la protesta.

Los docentes anunciaron una jornada de movilización para el 20 de agosto. Luego, se reunirá Fecode para asumir una decisión sobre la actividad. En todos los rincones del Tolima se habla del paro agrario y popular en estos momentos. Son muchas, urgentes y sentidas necesidades de los campesinos colombianos, los obreros, los transportadores y la salud. El paro se consolida.

“Las organizaciones populares resisten y exigen sus derechos no necesitan asesorías ni ordenes” 
por Grupo Quimera
Jueves, 15 de Agosto de 2013 
El Grupo Quimera dialogó con el delegado de las FARC-EP Marco León Calarcá, en La Habana: Marco Calarcá.
El Grupo Quimera dialogó con el delegado de las FARC-EP Marco León Calarcá, en La Habana: Marco Calarcá. A pesar, de los múltiples compromisos, que implica estar dialogando con el gobierno, accedió a compartir sus puntos de vista, y dijo estar dispuesto a dialogar con los colombianos que lo consideren necesario. Esto con la seriedad que implica debatir temas del orden nacional.

A pesar de que, Quimera no contaba con un reconocimiento ni con cita previa, por lo que tuvo algunas dificultades para contactar a la delegación de las FARC-EP. Calarcá acepto sin ninguna exigencia.

¿Cómo entender el momento actual cuando el gobierno por un lado mantiene una mesa de diálogo en la Habana y en Colombia los campesinos que protestan por sus reivindicaciones sociales son reprimidos sin que el Estado reconozca sus demandas?
Esa es precisamente una incongruencia que hemos señalado. Campesinos mineros, desempleados, educadores, hombres y mujeres protestan y luchan por conquistar derechos, algunos nuevos otros cercenados y la respuesta es la violenta represión y no son los golpes o empujones hablamos de 4 muertos y decenas de heridos en el Catatumbo, hablamos de proyectiles hechizos para evitar incriminaciones, además muchos heridos y contusos en otras partes del país. Una de esas demostraciones de valentía había una pancarta que resume la situación “No se puede protestar pacíficamente con medios que callan violentamente”. Generar condiciones para solucionar las enormes diferencias sociales, políticas, económicas y de todo tipo es objetivo de La Mesa en La Habana, en otras palabras es buscar la solución de las causas de la confrontación. 

¿El discurso del Estado frente a las manifestaciones sociales siempre lo involucra con la insurgencia esto con el ánimo de desconocer la protesta social y darle un carácter militar. Si el tema del agro (tierra) es el eje central de los diálogos, por qué la insurgencia no puede participar de lo que acontece en el Catatumbo?
Las FARC-EP llevan casi 50 años haciendo política, defendiendo los intereses populares. En toda la ofensiva mediática se dice que estamos acabados y derrotados y sin embargo, quieren estigmatizar las justas luchas del pueblo colombiano ligándolas a la guerrilla. Las organizaciones populares resisten y exigen sus derechos no necesitan asesorías ni ordenes. Pretendieron manipularlos con promesas y solo cuando lograron un verdadero y confiable compromiso de soluciones levantaron los bloqueos, eso es firmeza. Por eso, ejercemos nuestro deber de manifestar nuestra solidaridad   con esa y todas las luchas. Claro, hay coincidencia entre los planteamientos farianos y los del campesinado somos el mismo pueblo colombiano afectado por un  régimen que solo vela por los intereses del establecimiento y las multinacionales, un régimen sin dolor de patria.

¿Qué opinión le merece la declaración del gobierno sobre la salida de la oficina de la ONU del país?
Le quedó como una retaliación ante la valoración de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre la represión ejercida sobre los campesinos en el Catatumbo. Dicho sea de paso apreciación justa ante el evidente uso excesivo de la fuerza.
Es una salida en falso del gobierno Santos, frente al manejo de la política internacional de este gobierno es un hecho extraño, seguramente, la comunidad internacional no lo ve con buenos ojos.

¿Por qué es importante para el país que organismos internacionales hagan acompañamiento?
En este caso concreto, porque con su veeduría y denuncia contiene un tanto la actuación del militarismo. No la represión pero sí las violaciones flagrantes de los derechos humanos.

¿En la actualidad cómo se pueden interpretar los cambios que se han venido sucediendo en América Latina?
 Valoramos como positivos los aires bolivarianos, democráticos de justicia y bienestar que se sienten en Nuestra América. Gobiernos, unos más que otros todos defendiendo los intereses de las mayorías y la soberanía construyendo desarrollo independiente.

¿Cree que Colombia pueda entrar en estos cambios y retroceder en el modelo neoliberal, cuando el país se encuentra en manos de las multinacionales?
El gran reto es construir, la historia no retrocede se puede vivir situaciones similares pero al detallarlas se encuentra que son peores a lo vivido.
La lucha es por construir una patria para todos y todas que satisfaga las necesidades sentires y quereres de las mayorías ese es el objetivo y lo consideramos viable, a través, de la confluencia de las voluntades y esfuerzos.
www.quimeran.blogspot.com

Paro Agrario y Movilizaciones en Colombia
por pachakuti
Domingo, 18 de Agosto de 2013 
Exige al gobierno de JM Santos que Respete la movilización, se haga responsable de cualquier represión a la misma, y de instrucciones como máxima autoridad para que se haga Justicia en el campo colombiano..
Mañana  19 de agosto comienza en las regiones colombianas el Paro agrario y Popular que involucra a sectores sociales como los camioneros, cafeteros, arroceros, paneleros, productores nacionales y demás sectores sociales afectados por la implementación de los Tratados d Libre Comercio  y malas politicas economicas del Gobierno Nacional.  Las Centrales Sindicales ( CUT, CTC, CPC, FECODE, ADE) se han sumado a la movilización.

La  soberanía alimentaria y soberanía nacional (sin bases militares extranjeras)  entre las demandas.
Convocan tres mil organizaciones agrarias y populares colombianas que integran la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular.

La Mesa está pidiendo al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que se diseñe un nuevo modelo político, social y económico en el país para favorecer a las poblaciones más vulnerables, en especial los agricultores.Son seis los puntos que está planteando la MIA: primero, la implementación de medidas frente a la crisis de la producción agropecuaria; segundo, el acceso a la propiedad de la tierra; tercero, el reconocimiento a los territorios campesinos.El cuarto punto es la participación efectiva de las comunidades y mineros pequeños en la formulación de la política minera; el quinto, que se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural. Finalmente, el sexto punto es mayor inversión social en la población rural y urbana.

El paro ha estado precedido de otras movilizaciones, como la muy intensa del Catatumbo, donde 4 campesinos fueron asesinados por el ejército y más de cien resultaron heridos. En Apartadó fueron asesinados otros campesinos. Reclamantes de tierras en Urabá fueron atacados.. el clima de despojo de territorios se acentua..

En los preparativos, Soldepaz.Pachakuti acompaña las demandas esenciales de la campesinada colombiana, integrada en la Vía Campesina -CLOC, y exige al gobierno de JM Santos que Respete la movilización, se haga responsable de cualquier represión a la misma, y de instrucciones como máxima autoridad para que se haga Justicia en el campo colombiano, cuya enorme desigualdad en la distribución de la tierra, y el despojo originado por años de guerra y violencia, es causa principal de la injusticia y el conflicto colombiano.
 http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article56331  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172647

AL PUEBLO COLOMBIANO QUE SE ORGANIZA, LUCHA Y RESISTE. PORQUE SIN LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO NO HABRÁ PAZ
Como potentes olas que solo retroceden para tomar impulso, las movilizaciones populares en Colombia cada vez adquieren más fuerza,involucran a más sectores sociales, y parecen converger hacia una movilización sostenida contra la oligarquía colombiana y las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno de Juan Manuel Santos.


Hace pocos meses el eco de la movilización de los campesinos del Catatumbo, exigiendo el reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina, retumbó por todo el mundo. Durante más de un mes los campesinos del Catatumbo se enfrentaron a uno de los Estados más represivos del mundo,acabando con la vida de cuatro de ellos. El Catatumbo se convirtió en un ejemplo de dignidad y lucha para la clase obrera y las capas populares colombianas. El recrudecimiento de las políticas antipopulares del gobierno Santos, coartando libertades y derechos, vendiendo el país a las empresas trasnacionales y privatizando las instituciones, ha hecho que ahora y más que nunca, se necesiten dos, tres, muchos *Catatumbos*? 

El pueblo colombiano ha respondido. Antes de que la oligarquía pudiera descansar,antes de que el conflicto del Catatumbo se cerrara, prendió la llama de la indignación entre los pequeños y medianos mineros del Chocó. Asimismo, en la segunda mayor explotación de minería a cielo abierto, 10.000 obreros se pusieron en huelga.Ahora llega el turno del paro agrario del próximo día *19 de agosto *que no será más que el inicio de una escala de movilizaciones, entre ellas estará programada una para el día 20 de agosto que se desarrollará en apoyo a los paros indefinidos, o la jornada de huelga que convocan los estudiantes para finales de mes con una consigna clara: educación gratuita y de calidad. 

La mecha que se encendió en el Catatumbo ha prendido en los campesinos de toda Colombia, que tras una primera reunión con 98 representantes el pasado 22 de julio, decidió extender la indignación del sector agrario por todo el país. Miles de campesinos exigirán al gobierno medidas efectivas que sirvan para solucionar la crisis histórica que ha sufrido el campesinado colombiano. Durante años las reivindicaciones de los campesinos se han saldado con la criminalización y persecución de los mismos, pero eso no ha podido acallar sus voces y este 19 de agosto volverán a salir en protesta.A la jornada nacional de protesta y paros indefinidos de este lunes 19 de agosto se han sumado ya los sectores agropecuarios, de la salud y de transporte.

También, se contará con el apoyo de diversos colectivos como las centrales sindicales, organizaciones estudiantiles, de indígenas, de desplazados, de la pequeña minería, y otra serie de sectores en conflicto. El movimiento popular en Colombia parece converger hacia una mayor unidad, hacia un escenario en el cual poder plantear una real democracia y poder popular. Todo esto en un contexto en el que el gobierno de Santos quiere llevar a cabo las negociaciones con la insurgencia a puerta cerrada y sin resolver los profundos problemas estructurales que han originado el conflicto. A esto los campesinos y el pueblo colombiano responden: *¡Nosotros también queremos participar de la paz! ¡No habrá paz sin justicia social!*

 Desde la Plataforma de Solidaridad con Colombia queremos enviar nuestro más ferviente apoyo a la lucha que está llevando a cabo el pueblo colombiano contra las políticas antipopulares del gobierno, por la soberanía de su nación, por la paz con justicia social, y en definitiva, por la construcción de una nueva sociedad donde sea el pueblo y las clases populares las que tengan las riendas de su propio destino, y no el grupo de oligarcas y transnacionales que hasta ahora ha aprovechado el control para sumirlo todo en la miseria. Veremos a ver si la ?democracia más antigua de América Latina? no se cobra nuevas víctimas en las movilizaciones que se avecinan. Estaremos alerta para responder con nuestra más firme solidaridad internacionalista ante cualquier agresión que sufra el pueblo colombiano en sus luchas. 

También queremos hacer saber al pueblo colombiano que la clase obrera y las clases populares en España cada vez refuerzan su lucha, refuerzan su organización y multiplican su protesta contra un sistema que cada minuto que pasa quiere explotarnos más. España, dentro de la cadena imperialista juega un papel muy importante en América Latina y en Colombia, siendo Colombia una pieza clave para los planes imperialistas en la región. La lucha del pueblo colombiano es la nuestra, y la nuestra la del pueblo
colombiano.* Arrieros somos? y en la lucha nos encontraremos*.
 *¡Viva el para agrario y popular del 19 de agosto!

Colombia: La Pluma adhiere al Paro Nacional Agrario y Popular 
por La Pluma.net
Sábado, 17 de Agosto de 2013 

La Pluma no puede menos que manifestar su apoyo más entusiasta a este movimiento, al tiempo que llama a la solidaridad internacional con el mismo. Ojalá que en esta ocasión la respuesta del Estado no sea la represión ciega, el estigma al movimiento y la manipulación de la opinión pública ...

El próximo lunes 19 de agosto se paraliza Colombia. Un gran paro nacional hace coincidir las reivindicaciones de campesinos, mineros tradicionales, trabajadores del transporte y de la salud, con el apoyo de todo el movimiento sindical (sin distinciones políticas o ideológicas), los partidos de la izquierda, personalidades de la ciencia y la cultura y una amplia gama de movimientos sociales conformando de esta manera la mayor representación popular que se haya registrado en las últimas décadas.

Los campesinos exigen lo más elemental: recursos mínimos para trabajar eficazmente (tierra, en primer lugar), presencia del estado en cumplimiento de las funciones básicas que le ordena la constitución de forma que a la población rural se le garanticen condiciones dignas de existencia (salud, educación, pensiones, cultura, etc.), defensa de la pequeña y la mediana propiedad contra los abusos y la violencia tanto del latifundio ganadero tradicional como de las modernas compañías que afectan de forma a veces irreparable el medio ambiente, la salud humana y la existencia misma de las comunidades rurales. Sus peticiones para que se revisen los tratados de libre comercio (que están arruinando a la agricultura) se fundamentan en la necesidad imperiosa que tiene el país de asegurar la soberanía en la producción de alimentos (en el mismo sentido en que lo llevan a cabo las naciones ricas; las mismas que niegan a este país el derecho de hacer lo propio).

Los campesinos piden políticas que defiendan los intereses de la colectividad nacional frente a los abusos de la gran empresa, nacional pero sobre todo extranjera. No piden nada que exceda los límites de la ley; no solicitan tampoco nada que represente la permanencia del atraso. Por el contrario, con su pliego de peticiones están exigiendo a la administración que cumpla con los deberes más elementales que le prescribe la ley para beneficio de toda la nación.

El movimiento de los pequeños y medianos mineros exige medidas similares que les protejan de la agresión sistemática que contra ellos se adelanta por parte de las autoridades no menos que de la mano de compañías extranjeras que en tantas ocasiones conforman sus propios grupos armados, alientan el paramilitarismo o reciben la protección directa de las fuerzas armadas nacionales que de esta forma actúan literalmente como invasores de su propia patria.

Los trabajadores de la salud se movilizan contra una ley que entrega a empresas privadas el manejo y usufructo de unos recursos que son públicos. Unos empresarios privados que solo buscan obtener ganancias convirtiendo este servicio esencial en un negocio más. Exigen una revisión a fondo de sus condiciones laborales muy deterioradas por las reformas neoliberales que se han aplicado en el país en los últimos años y recuerdan al gobierno la obligación que tiene de asegurar una serie de servicios estrechamente vinculados con la salubridad, tales como la vivienda digna, la alimentación suficiente, el acceso al agua potable y otras cuya ausencia que pone al desnudo la precariedad de una democracia que no garantiza a sus ciudadanía las cosas más normales de la vida moderna.

La Pluma no puede menos que manifestar su apoyo más entusiasta a este movimiento, al tiempo que llama a la solidaridad internacional con el mismo. Ojalá  que en esta ocasión la respuesta del Estado no sea la represión ciega, el estigma al movimiento y la manipulación de la opinión pública para mostrar reivindicaciones justas como manifestaciones terroristas. Santos puede aprovechar esta ocasión para dar inicio, en la práctica, a una nueva manera de tratar el conflicto social y aceptar estas reivindicaciones sin el temor a que tales cambios coincidan (como de hecho sucede) con las propuestas de reforma que se van acordando en La Habana.
Y las nuevas autoridades militares, recientemente nombradas tiene a su vez la oportunidad de mostrar al país que en Colombia es posible manifestarse, protestar y movilizarse por calles y plazas sin que la muerte empañe de lutos los hogares de las gentes humildes, tal como sucede con tanta frecuencia.
Paris, 17 de agosto de 2013
Equipo de los Pueblos en Pie, Francia



Colombia: La Mesa del Catatumbo 
por Horacio Duque Giraldo 
Jueves, 08 de Agosto de 2013 
La historica lucha de los campesinos del Catatumbo ingresa en una nueva fase de acción colectiva con la instalación de la Mesa de negociaciones, a la que llegan como delegados de Santos reconocidos enemigos de la Zona de Reserva Campesina, como el señor Bedoya, del Ministerio de Defensa.

La lucha de los campesinos del Catatumbo liderada por ASCAMCAT, entra en un nuevo ciclo político a raíz de la instalación de la Mesa de negociaciones en la que se definen las demandas y peticiones del Pliego que ha servido de soporte a la movilización y huelga realizada durante más de 58 días en Tibú, Ocaña y los otros municipios de la región donde residen más de 300 mil colombianos.

Los dirigentes de la protesta y del movimiento social han dado muestras de destreza política para atender las peticiones de una Comisión mediadora de personajes influyentes que sugirió suspender temporalmente los bloqueos viales para facilitar los acuerdos y definiciones respecto de los problemas centrales que han motivado la explosión popular, sin antecedentes en las luchas del pueblo colombiano. Comparable solo con la potente erupción volcánica que significó el Paro cívico de septiembre de 1977.

Todo lo cual ha ocurrido sin que se haya renunciado a las justas demandas planteadas.
La Mesa del Catatumbo entra a funcionar desde hoy en las oficinas de la gobernación de Norte de Santander, en el salón Eustorgio Comenares, con la presencia de siete integrantes llegados de Bogotá y con seis delegados de los campesinos.

Los enviados por el señor Santos son el director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master; al Alto Consejero para las Regiones, Juan Carlos Mira; el director del Departamento de Nacional de Planeación, Mauricio Santamaría, y los viceministros de Trabajo, José Noé Ríos; de Defensa, Jorge Bedoya; del Interior, Carlos Gechem; y de Agricultura, Andrés Felipe García. Nombres ya conocidos por su presencia en anteriores y recientes encuentros y por su manifiesta incapacidad y mediocridad para plantear soluciones adecuadas a la problemática histórica y estructural que azota a los más pobres. Algunos de ellos, como Bedoya,  es un abierto francotirador de la Zona de Reserva Campesina. Hay que decirlo con todas las letras.

Los representantes populares en la Mesa serán Elizabeth Pabón, Eugenio Guerrero, César Jerez, José del Carmen Abril, Juan Carlos Quintero  Olga Lucia Quintero. Un equipo muy solido de voceros agrarios que poseen un profundo conocimiento del Catatumbo.

La negociación no será fácil sabiendo cual es la estrategia del señor Santos de dilatar y eludir los asuntos primordiales. Es muy probable que en principio lo que pretenda es construir un escenario de fingida tolerancia para proyectar una incidencia en las movilizaciones agrarias que se inician el 19 de agosto. las cuales quieren deslegitimar, abortar, desarticular y dispersar con presiones violentas del Esmad y manipulación mediática.

Parte fundamental del funcionamiento de la Mesa del Catatumbo es que se establezcan unos principios filosóficos mínimos, una Agenda que corresponda a los asuntos centrales del alzamiento popular (ZRC, Plan de ZRC, erradicación social de la coca, subsidios a las familias cocaleras, proyectos productivos, reformulación de los Conpes, plan de derechos humanos, inversión en educación y salud, control a los impactos de la Locomotora Minera, suspensión de la Zona militar de Consolidacion y recuperación estratégica, obras públicas, redes tecnológicas y garantías judiciales), un cronograma de implementación efectiva y coordinada de los acuerdos, la presencia de la Comisión mediadora para que dirima impases y una metodología de trabajo para que el funcionamiento de la Mesa de negociaciones sea muy eficiente y eficaz en su cometido.

La presencia de medios de comunicación, especialmente de medios alternativos, como Prensa Rural y Voz, será crucial en toda la dinámica que hará curso hacia adelante, tanto en la sede de la Gobernación en Cucuta como en los 13 municipios del Catatumbo, donde es convenientes se realicen de manera simultanea Audiencias Públicas con las avances y acuerdos logrados, en el día a día.

La Audiencia pública y los Cabildos son mecanismos institucionales del modelo democrático/participativo que involucran claramente a todos los habitantes y es garantía de transparencia y compromiso para alcanzar las soluciones que se requieren.

La Mesa del Catatumbo requerirá de la solidaridad de todos los colombianos, al igual que la acción colectiva de los mineros en curso, que hoy ha tenido un momento vibrante de lucha en el municipio de Zaragoza, en el bajo Cauca Antioqueño, donde el gobierno está movilizando los neoparamilitares de las Bacrims para asesinar a los pequeños, medianos y artesanos trabajadores de las minas de oro que reclaman sus derechos fundamentales.

El 19 de agosto, al iniciarse el gran Paro Nacional Agrario, el Catatumbo será un símbolo de la protesta y huelga agraria que ya ha formalizado ante el Ministerio de Agricultura su pliego principal consistente en la implementación de medidas frente a la crisis de la producción agropecuaria; accesos a la propiedad de la tierra; reconocimiento a la territorialidad campesina; participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera; tomar medidas de protección a la protesta y que se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y finalmente inversión social en la población rural y urbana en educación; salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Todos somos Catatumbo. 
Cucuta, 8 de agosto de 2013

¿Por qué clama el Catatumbo?
por Annalisa Melandri 
Lunes, 29 de Julio de 2013 
Al Catatumbo había que abrirle sus venas y sacarle su sangre: petróleo y carbón, uranio, oro y piedras preciosas, los campesinos eran una componente innecesaria del paisaje. Tenían que irse y dejar el campo libre.
¿Por qué clama el Catatumbo?
por Annalisa Melandri — www.annalisamelandri.it
Los diálogos de paz de  La Habana, Cuba,  entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano, parecen haber  destapado en la tierra de Macondo una   inmensa Caja de Pandora.

Solo con soñar la paz, todo se  vuelve  posible.

No apenas en la isla caribeña, patria de nuestro padre  Fidel y de nuestra madre, la dignidad latinoamericana,  cuyo 60 aniversario celebramos justo en estos días,  las delegaciones han  abordado  el tema de la reforma agraria, eje neurálgico de la justicia social,   en Colombia, desde esa misma tierra   -cuya tenencia ahora el reto consiste en democratizarla,  cuyo trabajo es tiempo de dignificar– desde ese mismo elemento básico de la naturaleza,  surge el nuevo clamor del pueblo.

Los campesinos de  esa  polvorera  silente  que ha sido hasta hoy en día el Catatumbo,  reclaman,  piden  y gritan por  derechos ancestrales; reclaman,  piden y gritan todo lo que Catatumbo  está reclamando, pidiendo y gritando desde aquel  nefasto  29 de mayo de 1999,  cuando un Estado asesino abrió las puertas de su más florida región a las garras sangrientas de su ejército aliado a la violencia paramilitar .

El mundo entonces estaba ausente o mirando por otro lado  y la Caja de Pandora estaba bien serrada. La sangre corrió por las veredas, los muertos lanzados a las fosas o colgados a las ramas de los arboles,  descansaron en otro momento como simples NN bajo cruces artesanales hechas por manos piadosas con  lagrimas y rabia.

Colombia mientras tanto lavaba su ropa sucia en los cuarteles militares o en las salas del Palacio de Nariño.
Fueron años de despojo de tierras,  mientras  con ellas se iba despojando  el futuro, los sueños y la vida misma del campesinado del Catatumbo.

El terror llegó con nombres difíciles: las ejecuciones extrajudiciales, palabra con la que las organizaciones humanitarias  indican el crudo  asesinato de inocentes,  fueron casi 10 mil solo en esa región; el desplazamiento, con que se llamó  el viaje sin retorno de los campesinos despojados de todo, menos que de la pobreza  –que ya era entonces fiel compañera de vida–  y que desde ese entonces se llamó miseria o se le agregó el adjetivo de “extrema”, vio 100 mil de esos peregrinos sin retorno dirigirse hacia las ciudades; losdesaparecidos –y no hay otra palabra para minimizar el drama de la muerte huérfana de una tumba donde llorarla– casi 600.

Las palabras duelen y asustan y la geografía colombiana pudiera describirse enteramente con palabras  de horror.

El Catatumbo no es solo una riquísima y fértil región del departamento del Norte de Santander, atravesado por el rio que lleva su mismo nombre, abrazada a la línea de confín con la vecina Venezuela, no, eso no era suficiente, al Catatumbo había que abrirle sus venas y sacarle su sangre:  petróleo y carbón,  uranio, oro y piedras preciosas.

Los campesinos eran una componente innecesaria del paisaje.  Tenían  que irse y dejar el campo libre.
¿Cómo lograrlo? Transformando sus hogares en un infierno, sus pueblos en degolladeros, sus campos en cementerios.

Muchos huyeron  -se “desplazaron” dirían luego las ONG–  dejando el botín sobre el que estaban  sentados en las manos de los halcones, de las transnacionales y sus hombres en saco y corbata, de los narcotraficantes.

Los que se quedaron sobrevivieron, fumigados por el glifosato y hostigados por los viejos y nuevos paramilitares, buscando sustento en lo único  que había disponible: las plantaciones de coca, la madre de todos los negocios.

Hoy,  que se vuelve a rumorear  con ese concepto olvidado e innominable,  que mueve golpes y magnicidios, capaz de derrumbar gobiernos y de atemorizar  las oligarquías terratenientes en todo el mundo y en manera particular de nuestra Patria Grande, hoy que se vuelve a hablar y soñar con una reforma agraria, los campesinos,  los que se quedaron y los que con el tiempo regresaron,  hoy  piden y claman por un  nuevo Catatumbo.

Claman por el dialogo, por el derecho a la tierra, por subsidios estatales frente a la erradicación manual de la plantaciones de coca, por  programas para desarrollar pequeñas y medianas actividades agrícolas.
Lamentablemente parece que no ser estos lo planes del gobierno.

Los hombres en saco y corbata hablan inglés y dibujan en la geografía nacional plantaciones de palma africana, concesiones mineras y petrolíferas. Su trabajo no había terminado. “Demasiado temprano están  hablando de reforma agraria!” parecen gritar desde los altavoces que les presta el gobierno. “Déjenos terminar con nuestro plan!”  y piden al ejército represión y mas represión. Regresarán los paracos, volarán las Aguilas Negras…

La Habana parece haber interrumpido el trabajo sucio de despojo del territorio, las venas del Catatumbo estaban abiertas y las sanguijuelas listas.

Una vez más  en la tierra de Macondo los deseos y las necesidades del  pueblo, del campesinado, de los indígenas  van en dirección opuesta al plan nacional e internacional para Colombia.

Solo con soñar la paz –y una reforma agraria– todo se vuelve posible, y la violencia se reanuda.


[Colombia] “Cuando morimos, descansamos, Santos”: Timoleón Jiménez
por Kaos. América Latina 

Domingo, 18 de Agosto de 2013 
La cuestión con las FARC, que sin duda celebraremos nuestros cincuenta años de lucha armada mientras Juan Manuel hace las maletas o pugna por su reelección, es más sencilla de lo que parece.

Ahí vamos, ahí vamos… respondió socarronamente el general Sergio Mantilla cuando la prensa le preguntó cuán cerca de Timoleón Jiménez se hallaba el Ejército. Como quien repite una lección aprendida, dijo igual que el Presidente, que la guerra está pronta a acabarse por las buenas o por las malas. Y aprovechó la ocasión para advertir a nuestros delegados en La Habana que siguen siendo un objetivo de alto valor estratégico, así que no vaya a ocurrírseles salirse del proceso, o de Cuba, porque perderían las garantías conocidas.

El general Mantilla al menos hizo mención a órdenes de captura. El Presidente en cambio fue mucho más explícito, la orden que tienen las fuerzas militares es ejecutar a cualquier miembro de las FARC que localicen en Colombia. Dar muerte, o de baja, o matar, especialmente a Timochenko, con quien al mismo tiempo no descarta reunirse, siempre que sirva para poner fin al conflicto. No se puede bajar un instante la guardia, porque “sería un incentivo perverso para que la guerrilla prolongue las conversaciones indefinidamente”, explicó.

A la oligarquía colombiana, como a sus verdugos de turno, no le interesa disimular su carácter violento, ni su lógica de imposiciones y dominación. Ante las tropas, por boca del Presidente, repite el estribillo según el cual la Mesa de La Habana no hubiera existido si no fuera por la campaña exitosa cumplida por las fuerzas armadas. En otros escenarios, es el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien advierte que para llegar al punto actual fueron determinantes el Plan Colombia de Pastrana y el cerco militar realizado durante el gobierno de Álvaro Uribe.

El punto actual son las conversaciones de paz de La Habana. Y el punto de partida, el proceso de paz del Caguán. Resulta una monumental tontería afirmar que se requirieron diez años de guerra, aterradoras cifras de muertos y heridos, miles de millones de dólares y millones de desplazados y de víctimas para obligar a las FARC a sentarse en una mesa de diálogos, cuando precisamente allí estábamos al iniciarse semejante demostración de fuerza tan criminal como inútil. Olvidaron que fue el régimen quien se paró de la Mesa.

En todas sus guerras contra el pueblo de Colombia, la oligarquía bipartidista ha apelado a los emplazamientos y amenazas. El Presidente Valencia creyó que con izar el pendón nacional en la destruida aldea de Marquetalia había finiquitado el asunto. Y el Presidente Gaviria, que con su guerra integral pondría fin al problema en dieciocho meses. El presupuesto de Uribe fue de dos años, y no lo logró en dos gobiernos. Recién posesionado, Santos advirtió que si no nos entregábamos vendrían por nosotros. Lejos de lograrlo, vuelve a mostrarnos los colmillos.

La cuestión con las FARC, que sin duda celebraremos nuestros cincuenta años de lucha armada mientras Juan Manuel hace las maletas o pugna por su reelección, es más sencilla de lo que parece. Mucho más fácil que matarnos o desmovilizarnos a todos. Más simple que encarcelar 13.700 compatriotas inconformes. Es abrir realmente las puertas a la democracia en nuestro país, desterrar para siempre la manía de imponer las decisiones a la fuerza.

El diario El Espectador tituló recientemente que todos los días era atacado un defensor de derechos humanos en Colombia y que en los siete primeros meses de 2013 cada cuatro días ha sido asesinado uno. En un país en que el Presidente y los ministros del interior y de defensa acusan de guerrilleros de las FARC a los campesinos y mineros que protestan y paran, no es extraño que la Policía y el Ejército, en cumplimiento del público mandato presidencial, los repelan con granadas y balas de fusil. Ni que los grupos paramilitares que subsisten amenacen de muerte a líderes de la oposición o maten dirigentes reclamantes de tierra o defensores de derechos humanos.

¿Acaso valían algo los campesinos masacrados en las recientes marchas en el Catatumbo? ¿No salió todo el Establecimiento y la prensa a rodear al conductor que en Cáceres decidió arrollar con su camioneta a los mineros que bloqueaban la vía? En este último caso, todos hablaban del terrible drama del pobre hombre que accidentalmente, por obra de la infiltración guerrillera en la protesta, había matado a cinco mineros y lesionado ocho más, estableciendo una cruel segregación entre quien deliberadamente asesina y las repudiables víctimas que lo provocan. Vaya a saberse realmente cuál es la condición de semejante energúmeno.

Cuando el Presidente se ufana en los montes de María de haber estado allá seis años atrás, comprobando la baja de Martín Caballero, olvida que consta judicialmente que Caballero y los guerrilleros que lo acompañaban, fueron rematados salvajemente por la tropa, después que el bombardeo de la fuerza aérea los había dejado heridos, desarmados y pidiendo clemencia al tiempo que ofrecían entregarse. Y cuando celebra la muerte de Seplin en el Cauca, oculta que no fue dado de baja en combate sino asesinado a traición y sobreseguro cuando en compañía de un campesino transitaba vestido de civil por un camino. Igual a como mataron a Gabriel Zavala en Zaragoza, o al Negro Eliécer en el Norte de Santander.

La dificultad para llegar a prontos acuerdos radica precisamente en las confesiones públicas de Santos: “no estamos negociando nada que pueda preocupar a los colombianos en materia económica o de aspectos fundamentales de nuestro sistema de gobierno”. Los guerrilleros colombianos no estamos defendiendo ningún sistema criminal de gobierno, ni estamos empeñados en sacar adelante una política económica que beneficie las transnacionales en desmedro del pueblo de nuestro país. Santos sí, y esa es nuestra pequeña gran diferencia.

Los combatientes y mandos de las FARC somos revolucionarios, no nos mueve ningún interés personal, ni percibimos ningún salario por lo que hacemos. Hemos entregado nuestras vidas a la más bella causa del género humano, poner fin a la discriminación entre los hombres, a la explotación de unos por otros, a las injusticias institucionalizadas. Defendemos la independencia y soberanía real de nuestra patria, banderas heredadas del Libertador Simón Bolívar. No pretendemos la revolución en una Mesa, pero sí al menos concertar un gran acuerdo que saque al país para siempre de la opresión violenta, que siente unas bases mínimas para la construcción de la justicia social. Nuestros adversarios sólo insisten en rendiciones.

Las amenazas de muerte y las órdenes de ejecución sin ninguna clase de juicio no sirven para intimidarnos, ni logran aclimatar el ambiente de reconciliación necesario para concertar una salida. Valga recordar, llevando abusivamente a la prosa a Jorge Manrique, que “Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, por tristes casos, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas; así que no hay cosa fuerte, que a papas, emperadores y prelados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganado”. Cuando morimos descansamos, Santos.
Timoleón Jiménez
Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Agosto 14 de 2013
Envío:Amarelle

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