Organismos de DD.HH. de Jujuy impugnan el nombramiento de Carlos Schaefer como fiscal en Corrientes.

31.07.2013
Por justificar el Terrorismo de Estado al oficiar de defensor oficial
Organismos de DD.HH. de Jujuy impugnan el nombramiento de Carlos Schaefer como fiscal en Corrientes

"Alemán" Schaefer. Lo acusan de basarse en la Teoría de los dos demonios 
Los organismos de Derechos Humanos de Jujuy respaldaron las impugnaciones presentadas por Justicia Legitima del NEA al nombramiento del Dr. Carlos Adolfo Schaefer como fiscal federal ante el Tribunal Oral de Corrientes, acusándolo de exceder la defensa técnica de los imputados, y en su afán de legitimar actos estatales incompatibles con la vigencia de la Constitución, justificar la violación de los derechos personales por el Estado.En un escrito dirigido a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, los organismos de DD.HH. de Jujuy manifiestan su total oposición "a la aprobación del pliego correspondiente al Dr. Carlos A. Schaefer, aspirante al cargo de Fiscal Federal ante el Tribunal Oral de Corrientes".

"Compartimos las preocupaciones manifestadas por otros organismos de derechos humanos de la Provincia de Corrientes que alertan sobre el desempeño del mencionado postulante" al cargo, arranca el comunicado.
Comenta seguidamente la actuación de Schaefer en Jujuy, y particularmente "su reciente intervención" como defensor oficial "en el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad" que se realizó en dicha provincia.

Tanto de la lectura de sus dictámenes y presentaciones en las causas de instrucción como de su alegato, sostiene, "se desprende, de modo preocupante, el recurso a estrategias defensivas absolutamente incompatibles con el ejercicio de un integrante de un órgano institucional de la Democracia, como es el Ministerio Público de la Defensa."

Los organismos aportaron a titulo de ejemplo un recurso presentado por Schaefer y pidió a los senadores a que le pidan al TOF Federal de Jujuy los videos correspondientes a sus alegatos.

"La actuación de este magistrado excede los límites de la defensa técnica de los imputados, y en el afán de legitimar actos estatales incompatibles con la vigencia plena de la constitución, innecesariamente ingresa en un terreno ideológico, justifica actos estatales reñidos con la plena vigencia de los derechos de las personas, y que por lo demás resultan jurídicamente insostenible a la luz de todas las pautas interpretativas de los instrumentos legales y supra-legales vigentes en nuestro país", describe, lapidario, el comunicado.
Los organismos de DD.HH. de Jujuy dijeron que escucharon con preociupación como Schaefer recurría "a la ya desautorizada Teoría de los dos demonios" para naturalizar "las violaciones sistemáticas al orden constitucional, ocurridas en la década de 1970".

Según el criterio de Schaefer, continúa el comunicado, dichas violaciones sistemáticas al orden constitucional "estarían justificadas en base a una legalidad de facto", que Schaefer  presenta "bajo el eufemismo de 'normas públicas' de la época y el recurso a la razón de estado".

Todo ello, señala, "trasunta un claro desconocimiento de las categóricas previsiones del art. 29 de nuestra Carta Magna y del espíritu mismo del orden constitucional argentino."

Por otra parte, sigue, "las posiciones sostenidas por este aspirante podrían comprometer la responsabilidad internacional asumida por el Estado Argentino respecto de la vigencia plena y progresiva de los estándares internacionales de derechos humanos."

A todo aquello, rematan, "deben sumarse expresiones inapropiadas y ofensivas para los sentimientos de las víctimas y familiares presentes en las audiencias, como por ejemplo referirse a las víctimas, como 'supuestas víctimas'" lo que constituye "un claro incumplimiento de lo establecido en el 'Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos en el marco de Procesos Judiciales'", del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Por todo eso, concluye el  comunicado, alertan que la designación de Schaefer como fiscal pone "en riesgo la plena vigencia del sistema de garantías constitucionales y en tal sentido podría comprometer seriamente los derechos de las personas".

Firman, Inés Irene Peña por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos  de Jujuy; Eva Arroyo, por HIJOS-Jujuy; el Grupo de Abogados de DD.HH. de Jujuy; Hugo Condorí por la Asociación de Ex Presos Políticos de San Pedro de Jujuy y Pablo Martín Juárez por la agrupación "24 de marzo-Nunca más" de San Pedro de Jujuy.

Fuente:Telam