10 de agosto de 2013

TRIBUNALES ARGENTINOS. NUEVA BATALLA CONTRA LA DICTADURA STRONISTA‏.

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS:   me complace saludarlos cordialmente y compartir la emoción de un nuevo paso dado en este mediodía, por más VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Un conjunto de destacados defensores de DDHH presentaron hoy, una querella criminal contra la dictadura stronista (1954-1989) por su condición de víctimas durante el periodo mencionado con el patrocinio del  abogado argentino Juan Maida y el experto español Aitor Martínez Jiménez   y el asesor jurídico de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de Paraguay, Juan Rivarola Cáceres.
El Juez Federal Norberto Oyarbide presenció en su despacho de los Tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires, Argentina, el acto de ratificación de todo lo manifestado y probado  por los querellantes sobre hechos que comprenden la totalidad de los casi 35 años  del Terrorismo de Estado en Paraguay, aplicado por la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner en el marco de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional y en aplicación de la Operación Cóndor
.Los/as querellantes se apoyan  en los términos del artículo 82 y ss. del Código Procesal Penal por los delitos de GENOCIDIO Y/O DE LESA HUMANIDAD en ejercicio del principio de JURISDICCIÓN UNIVERSAL.
Entre los querellantes figuran Domingo Laino, Martín Almada, Yudith Rolón Jacquet, Carlos Ortellado, Domingo Rolón, Virgilio Bareiro, Santiago Rolón, Celsa Ramírez, Carlos Luis Casabianca, MARGARITA MBYWANGY, Hernán Rolón y Gladys Rolón entre otras.  Las pruebas ofrecidas incluyen testimonios personales , el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia y numerosos documentos e informes de organismos internacionales. hallados en el llamado “Archivo del Terror”, actualmente Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los DDHH de la Corte Suprema de Paraguay.
Según se expresa en la querella la decisión de acudir a la Justicia Argentina se debe la “falta de voluntad” en Paraguay.
“ El delito de genocidio en el que se sustenta la acusación se refiere a la persecución contra Pueblos Originarios durante la dictadura, principalmente en los años ‘70 contra la comunidad Aché. Igualmente  la querella se centra en delitos contra la humanidad cometidos en ese mismo periodo, principalmente detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, exilio forzado y otros crímenes como esclavitud sexual o trabajos forzados. La dictadura de Stroessner se extendió en  el país por casi 35 años, desde 1954 a 1989, con un saldo estimado de entre tres mil y cuatro mil víctimas fatales”, sólo para mencionar un dato de las estadísticas de la Comisiñon de Verdad y Justicia. . Según lo       que se ha conocido la querella describe el contexto delictivo, la sistematicidad y planificación de los hechos, así como la participación del gobierno de los Estados Unidos en el asesoramiento y la instalación de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (hoy Museo de las Memorias: Dictadura y DDHH).
Igualmente destaca los acontecimientos que debieron favorecer  la intervención del Estado Paraguayo para cimentar la democracia  basado en la Justicia:  la nueva Constitución Nacional, los pactos y convenciones internacionales ratificados, los nuevos Códigos y leyes reglamentarias. Se le suma el hecho excepcional de disponer del llamado Archivo del Terror,  desde hace ya, 20 años y cuya importancia para la Justicia Universal ha  sido reconocida por la UNESCO como “Memoria del Mundo”. El archivo descubierto por Martín Almada,  el 22 de diciembre de 1992 en el Departamento de Producciones de la Policía en Lambaré en el marco de la investigación de su   habeas data  y en el  procedimiento dirigido por el Juez José Agustín Fernández. Documentos que han constituido prueba irrefutables en los procesos penales llevados a cabo en los países  del Cono Sur y en Francia, Italia y España           que han finalizado con severas condenadas a los genocidas.
Asimismo y en aplicación de la Justicia Transicional,  destacados luchadores/as y organizaciones de víctimas y de DDHH llevaron a cabo  acciones como el Juicios Éticos al Presidente Alfredo Stroessner y al ex Jefe de Policía y Ministro del Interior, General Duarte Vera, realizados múltiples investigaciones para ofrecerlas a la Justicia. Finalmente pudieron llevar a cabo el proceso de elaboración del proyecto de ley de creación de la Comisión de Verdad y Justicia,  aprobado el 11 de setiembre de 2003 como la ley 2.225. Seguidamente las organizaciones nucleadas en la MESA MEMORIA HISTÓRICA procedieron a la convocatoria, selección y organización de la Comisión, así como la búsqueda de recursos de la cooperación internacional. La Comisión trabajó durante cuatro años en medio de grandes dificultades financieras y con el respaldo oficial de la entonces canciller Leyla Rachid y su equipo de colaboradores. El Informe Final fue presentado  los días 28 y 29 del 2008 de agosto al Gobierno Nacional y a la Sociedad civil. Meses después, un decreto del Presidente Lugo, el 1875 lo declaró de interés nacional.
Para contribuir a hacer visibles los crímenes de la dictadura y favorecer la conciencia de los DDHH se concretó el Museo de las Memorias:Dictadura y DDHH, hace ya una década mediante un convenio interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el de Educación y Cultura y la Fundación Celestina Pérez de Almada. La entonces ministra  Blanca Ovelar, hoy senadora nacional por el Partido Colorado, dispuso la creación de las Cátedras de la Memoria sin lograr su aplicación efectiva. Tras largos años, se conformó la Defensoría del Pueblo y se puso en vigencia  la Ley de indemnizaciones que no alcanzó a todas las víctimas pese al largo periodo transcurrido y a los sucesivos mandatos del Defensor Páez Monges.  
Las organizaciones produjeron importantes investigaciones sobre el proceso continuo de violaciones al derecho en cuestiones estructurales como el Informe Chokokue que da cuenta de decenas de muertes de los años de la transicion , la situación de los pueblos originarios  y la creciente criminalización de la protesta social, urbana y campesina. En el período además, ocurrieron catástrofes como el incendio del Supermercado Ykua Bolaños con centenares de fallecidos , una seguidilla de muertes y encarcelamientos  de líderes campesinos y hace un año la masacre en el campo estatal de Marina kue.
Los juicios por delitos de lesa humanidad y DDHH iniciados por algunas víctimas  hace ya 24 años no han tenido solución en la mayoría de los casos, pese a las gestiones de Martín Almada y la Asociación Americana de Juristas, de conformar una Unidad Especializada  en los procesos vinculados  a la mencionada etapa histórica. La afanosa búsqueda de más de 500 detenidos desaparecidos lleva años sin que se efectivice desde el Estado Paraguayo, los recursos mínimos indispensables.
Sólo los esfuerzos llevados a cabo en la educación no formal , las campañas de difusión, por las organizaciones especializadas en los campos de la Memoria e Historia Reciente con apoyo de la cooperación internacional, proporcionan indicios alentadores de un creciente interés en los y las jóvenes que reciben los relatos de los y las protagonistas históricos en encuentros, talleres, museos y centros de memoria y que canalizan en un numerosas  producciones estudiantiles y en una participación cada vez más notable en las manifestaciones y acciones contra la impunidad.
Diversos datos de la realidad y en especial el tratamiento de los juicios en los que se procesan a campesinos, indican una escasa voluntad de cambio. Lo más grave de todo, es la lejanía absoluta del Poder Judicial de la situación de las  víctimas aunque se disponga de tribunales en casi todo Paraguay e infinidad de funcionarios.
Las víctimas querellantes de hoy, sobreviven no sólo a sus propias experiencias, sino a la muerte de los Compañeros y Compañeras  desatendidos, demorados e ignorados  en sus demandas de reparación. Situaciones que adquieren el carácter de re-victimizaciones continuadas.
Las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión de la Verdad cumplen en poco días cinco años, casi sin aplicación….Dos reuniones nacionales organizadas por la Mesa Memoria Histórica,a través de los informes de representantes departamentales, confirman la crítica situación de las víctimas.
La diaria observación de la evolución de los procesos judiciales en la Argentina, las medidas de reparación  que permiten comprobar           que la exigibilidad de los DDHH, han originado  políticas de Estado, han llevado a continuar la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación hoy en los tribunales de la Argentina. La sureña tierra de asilo de miles y miles de paraguayos/as y el territorio donde también donde desaparecieron más de un centenar jóvenes militantes sociales, estudiantes, dirigentes sindicales y políticos paraguayos residentes en Argentina y que fueron víctimas de la Operación Cóndor.
El orden mundial está siendo conmovido en sus cimientos por los embates de modelos económicos inadecuados,  por estos lados del mundo, donde los índices macroeconómicos parecen más elevados y se contrastan con visibles asimetrías en el acceso a los bienes y oportunidades, es preciso seguir incidiendo  desde la sociedad civil para el que desarrollo se alcance desde el enfoque de derechos …pero está claro que no será posible si los poderosos no reconocen la dignidad de los otros y las otras personas….si no comprenden que los problemas del pasado, son los problemas de la actualidad … Tampoco se trata llantos que incomodan…ni de saldar deudas de tiempos viejos que “a nadie interesa…” , se trata de Justicia y ésta implica restablecer el equilibrio, hacer posible la convivencia desde los Valores de una sociedad que se caracterice por su inteligencia en organizar sistemas éticamente solidarios y socialmente productivos.
Por ello, los/as paraguayos/as que hoy ingresaron a los Tribunales argentinos tienen la trascedente misión de abrir el camino para miles de compatriotas de Paraguay y de la Patria Grande para que basados en el principio  de Justicia Universal, puedan ejercer el Derecho a la Memoria la Verdad, la Justicia y la Reparación.-
Asunción, 6 de agosto de 2013.-

MARIA STELLA CACERES
DIRECTORA DEL MUSEO DE LAS MEMORIAS.DICTADURA Y DDHH
FUNDACION CELESTINA PÉREZ DE ALMADA
Envío:
Asociacion Ex Presos Politicos Cordoba
sitio web: https://sites.google.com/site/expresospoliticoscordoba/home

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