EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS OBJETO COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRECTAS
Las urgencias de la Municipalidad
Los ediles López y Sukerman, quienes accedieron al dictamen del TMC, llegaron a la conclusión de que "existe nula transparencia de la intendencia en las pequeñas contrataciones", para resolver urgencias en determinadas situaciones.
"Lo que hicimos es analizar la documental", señalaron los concejales López y Sukerman.Imagen: Alberto Gentilcore
"La intendenta Mónica Fein cometió graves irregularidades en las compras y contrataciones directas durante el 2012, hablamos de comunicaciones móviles, un contrato seguridad privada en el Distrito Suroeste; una contratación directa de una empresa de limpieza en Distrito Norte y el alquiler de un inmueble en el Distrito Oeste. No lo decimos nosotros, lo observa el Tribunal Municipal de Cuentas (TMC), lo que hicimos es analizar la documental y llegamos a la conclusión de que existe nula transparencia de la intendencia ya no solo en las concesiones de espacios públicos sino también en las pequeñas contrataciones". De este modo se expresaron ayer los concejales del Frente para la Victoria-PJ, Norma López y Roberto Sukerman al dar a conocer el informe del TMC. En total el monto de las operaciones objetadas superan los 550 mil pesos.
"Son contrataciones donde se habla de urgencias para resolver determinadas situaciones, aunque en estos casos las tan mentadas urgencias no fueron ni objetivas ni inusuales, lo que a nuestro entender y el del Tribunal de Cuentas, hace que estas compras y contrataciones implican el establecimiento de la más absoluta discrecionalidad en el otorgamiento de prórrogas", afirmó Sukerman.
López especificó: "En el caso de la contratación de comunicaciones móviles, el 3 de octubre de 2011 resultó adjudicataria la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. Cuando finalizó el plazo de contrato de ocho meses se prorrogó el servicio hasta que finalice el proceso de licitación abierto. El Tribunal afirma que para otorgar una extensión sin licitación en ningún momento se documentó ni probó que Telefónica sea el único proveedor para contratarlo directamente". Esta contración sumó 332.268 pesos.
En cuanto a la contratación de seguridad privada en el Centro de Distrito Suroeste, los concejales señalaron que "se contrató a la firma Arcángel Seguridad Privada por el término de 3 meses o hasta adjudicación de la licitación pública. El contrato fue directo porque la firma anterior (Mendoza Seguridad) abandonó el servicio meses antes que culmine su obligación. El abandono fue un mes anterior a su culminación. Es decir, la licitación ya debería haber estado resuelta para ese entonces, y el mismo Tribunal de Cuentas afirma que no había una situación de urgencia que amerite la contratación directa, violando el artículo 67/68 de la Ordenanza de Contabilidad". Esto suma 145.200 pesos.
Por otra parte, el municipio hizo una contratación directa a la empresa Eco-Limp SRL para el Centro de Distrito Norte. El 29 de febrero de 2012 venció el contrato y el 13 de marzo se prorrogó por un mes (única prórroga posible). Para cubrir el mes de abril se hizo un concurso de precios. El llamado a licitación para cubrir el servicio se inició el 19/11/11 y el 4/9/12 se adjudicó a Eco-Limp por ser único oferente. Pero el servicio de mayo y junio lo presta la misma empresa y Asuntos Jurídicos dictamina que corresponde la contratación directa de esos 2 meses. El Tribunal dictamina que no existiendo excepción a lo establecido por la Ordenanza de Contabilidad, la contratación de los meses de abril a junio correspondía hacerse por licitación privada. "También se demuestra la falta de previsión de los tiempos necesarios para que el procedimiento licitatorio esté concluído antes del vencimiento de la contratación en vigencia", señalaron los ediles. Esta contración fue de 46.200 pesos.
Los concejales señalaron que el alquiler del inmueble donde funciona el Area de Servicios Urbanos del Centro Municipal del Distrito Oeste se hizo en forma directa y por tres meses cuando venció el contrato (setiembre de 2012); aunque en su momento la Municipalidad dijo que "no haría uso de prórroga alguna". El monto de la contratación directa fue de 34.500 pesos, "violando la Ley Orgánica en cuanto a contratación directa".
El Tribunal de Cuentas concluye sobre la necesidad de atender a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ordenanza de contabilidad que indica que "los actos violatorios de disposiciones legales o reglamentarias comportan responsabilidad para quienes los dispongan y para quienes los ejecuten".
El concejal radical calentó ayer la escena política desde temprano en las radios y redondeó su ofensiva por la tarde, en la sesión del Concejo. Apuntó al Ejecutivo municipal como responsable directo detrás de los dos accidentes que estremecieron la ciudad hace un mes: la explosión de Salta 2141, la muerte de dos nenas en un juego del International Park. "Tienen que venir al Concejo todos los que deben dar respuestas para estas tragedias que podían evitarse. Está el ejemplo de lo que pasó con Cromañón y Once en Buenos Aires.
Algo se hizo mal o algo no se hizo por parte de aquellos que están en la cadena de responsabilidades para evitarlo", infirió. Entonces, afirmó: "Sin dudas, hay responsabilidades políticas; no me refiero a las penales porque no quiero ser juez y para eso está la Justicia. Pero si lo que ocurrió aquí se parangona con Cromañón u Once, puede ser hasta juicio político. Habrá que determinar hasta qué nivel. Hay quienes dicen que hasta la intendenta y funcionarios deberían dar un paso al costado", chicaneó.
Luego del incendio en la fábrica de colchones Productos Industriales SRL, de Urquiza al 4900, donde falleció un empleado que, además, trabajaba en negro, Cavallero enumeró irregularidades y cargó: "Está comprobado que dicho establecimiento había obtenido una habilitación por tan solo dos años, por no poseer los planos. Y por sus características, no sabemos si cumplió con lo establecido por Secretaría de Medio Ambiente provincial, en cuanto a especificar qué materiales van a utilizar", dijo el edil.
"No sabemos si (la firma siniestrada) poseía los elementos necesarios que se necesitan para contar con habilitación municipal, y con medidas de seguridad debidas como sensores de humo, sistema hidrante, pintura ignífuga en sus paredes por tratarse de un proceso con materiales altamente inflamables", abundó el edil.
Ayer en el Concejo, Cavallero reclamó elucidar "las responsabilidades políticas y legales que tienen las secretarías y subsecretarías de las cuales dependen no sólo los controles sino también la contra verificación de los mismos". Exigió del Ejecutivo un informe que exhiba el expediente de habilitación y el resultado de las inspecciones y contra verificaciones que hubiera realizado el municipio.
"Resulta impostergable aumentar los controles y establecer las verdaderas responsabilidades de los numerosos hechos que vienen sucediendo en la ciudad de Rosario", remarcó el ex intendente.
Por la campaña. El secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, salió al cruce de la hipótesis de renuncia y juicio político que disparó Boasso. "No nos corremos de ninguna responsabilidad. Siempre hemos concurrido al Concejo y enviado toda la documentación que se nos pidió. Lo mínimo que pedíamos era esperar el avance de los peritajes, pero vamos a respetar lo que el Concejo disponga, como siempre", señaló en alusión a la citación que impulsa la oposición sobre funcionarios de las áreas de control municipal para rendir explicaciones sobre la tragedia del juego del Parque de la Independencia.
Asegurado dijo que "los concejales han expresado que más allá de la investigación judicial, ellos buscan una responsabilidad política y esas palabras lo dicen todo. Estamos a un mes de la campaña electoral y están buscando un responsable político", descifró.
La resolución del proyecto de la concejala María Eugenia Schmuck (UCR), que no consiguió los votos necesarios para habilitar su tratamiento en el recinto, y que terminó con la decisión de las autoridades de la Comisión de Gobierno que resolvieron invitar a los funcionarios a través de una nota, fue duramente cuestionada por concejales opositores. Durante la reunión de la Comisión de Gobierno solicitada por su presidenta, los concejales Jorge Boasso (UCR), Roberto Sukerman (FpV) y María Fernanda Gigliani (PPS), firmantes del despacho que León había mandando a redactar nuevamente, solicitaron ponerlo a consideración.
"Allí vemos que el despacho que habíamos firmado el miércoles no estaba y le exigimos a la presidenta que lo anexara. Pero lo llamativo fue que apareció un despacho, que tiene fecha del día martes, con la sola firma de López Molina", dijo Gigliani. "La explicación que nos dio fue que ella tiene una modalidad de trabajo en la que revisa todos los despachos que salen de Comisión, pero que ese día justamente lo revisó tarde, y que ella tiene la responsabilidad de decir que ese despacho no reflejaba la voluntad de lo votado el día martes", agregó la edila del PPS.
"Lo que queda claro es que cuando un despacho reúne cuatro firmas está habilitado para ser tratado en el recinto. Si ese despacho que nosotros firmamos le faltaba una firma, lo que había que hacer era devolverlo a Comisión o tratarlo en otro momento, pero nunca puede desaparecer porque es un instrumento público", planteó Sukerman.
"Lo grave es que aparece un despacho que nunca se puso a la firma de los concejales. Si lo hubiesen puesto a consideración el miércoles lo firmábamos, aunque en disconformidad, porque hace un mes que venimos planteando el acompañamiento al pedido que vengan los funcionarios", reforzó Gigliani.
"Queda absolutamente claro que el que termina decidiendo en la Comisión que no venga (Fernando) Asegurado es el concejal López Molina, que terminó otra vez modificando su postura al pedir que se hiciera la convocatoria por nota", señaló Sukerman, quien recalcó que esta situación es sistemática, debido al "acuerdo político del socialismo con el Pro que se da en todas las comisiones y en el recinto".
Según León, la elaboración de la nota de convocatoria es una metodología válida: "Cuando se hicieron presentes los funcionarios municipales, en relación con la clausura del cabaret La Rosa, fueron convocados por una nota de la Comisión de Gobieno".
Fuente:Rosario12
López especificó: "En el caso de la contratación de comunicaciones móviles, el 3 de octubre de 2011 resultó adjudicataria la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. Cuando finalizó el plazo de contrato de ocho meses se prorrogó el servicio hasta que finalice el proceso de licitación abierto. El Tribunal afirma que para otorgar una extensión sin licitación en ningún momento se documentó ni probó que Telefónica sea el único proveedor para contratarlo directamente". Esta contración sumó 332.268 pesos.
En cuanto a la contratación de seguridad privada en el Centro de Distrito Suroeste, los concejales señalaron que "se contrató a la firma Arcángel Seguridad Privada por el término de 3 meses o hasta adjudicación de la licitación pública. El contrato fue directo porque la firma anterior (Mendoza Seguridad) abandonó el servicio meses antes que culmine su obligación. El abandono fue un mes anterior a su culminación. Es decir, la licitación ya debería haber estado resuelta para ese entonces, y el mismo Tribunal de Cuentas afirma que no había una situación de urgencia que amerite la contratación directa, violando el artículo 67/68 de la Ordenanza de Contabilidad". Esto suma 145.200 pesos.
Por otra parte, el municipio hizo una contratación directa a la empresa Eco-Limp SRL para el Centro de Distrito Norte. El 29 de febrero de 2012 venció el contrato y el 13 de marzo se prorrogó por un mes (única prórroga posible). Para cubrir el mes de abril se hizo un concurso de precios. El llamado a licitación para cubrir el servicio se inició el 19/11/11 y el 4/9/12 se adjudicó a Eco-Limp por ser único oferente. Pero el servicio de mayo y junio lo presta la misma empresa y Asuntos Jurídicos dictamina que corresponde la contratación directa de esos 2 meses. El Tribunal dictamina que no existiendo excepción a lo establecido por la Ordenanza de Contabilidad, la contratación de los meses de abril a junio correspondía hacerse por licitación privada. "También se demuestra la falta de previsión de los tiempos necesarios para que el procedimiento licitatorio esté concluído antes del vencimiento de la contratación en vigencia", señalaron los ediles. Esta contración fue de 46.200 pesos.
Los concejales señalaron que el alquiler del inmueble donde funciona el Area de Servicios Urbanos del Centro Municipal del Distrito Oeste se hizo en forma directa y por tres meses cuando venció el contrato (setiembre de 2012); aunque en su momento la Municipalidad dijo que "no haría uso de prórroga alguna". El monto de la contratación directa fue de 34.500 pesos, "violando la Ley Orgánica en cuanto a contratación directa".
El Tribunal de Cuentas concluye sobre la necesidad de atender a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ordenanza de contabilidad que indica que "los actos violatorios de disposiciones legales o reglamentarias comportan responsabilidad para quienes los dispongan y para quienes los ejecuten".
CRITICAS DE CAVALLERO Y BOASSO
Ciudad sin controles
La oposición en el Concejo Municipal asestó duras críticas a la forma en la que la Intendencia ejerce su poder de policía en cuanto a la supervisión de comercios e industrias. "La ciudad sigue sin controles", afirmó Héctor Cavallero, del Partido del Progreso Social. Y su par radical Jorge Boasso comparó la tragedia del International Park con las de Cromañón y Once y deslizó su intención de ver a la intendenta Mónica Fein renunciada y sometida a juicio político. Desde el Ejecutivo, Fernando Asegurado se mostró dispuesto a presentarse en el Concejo y contextualizó la bravata de Boasso en el marco de la campaña electoral.
El concejal radical calentó ayer la escena política desde temprano en las radios y redondeó su ofensiva por la tarde, en la sesión del Concejo. Apuntó al Ejecutivo municipal como responsable directo detrás de los dos accidentes que estremecieron la ciudad hace un mes: la explosión de Salta 2141, la muerte de dos nenas en un juego del International Park. "Tienen que venir al Concejo todos los que deben dar respuestas para estas tragedias que podían evitarse. Está el ejemplo de lo que pasó con Cromañón y Once en Buenos Aires.
Algo se hizo mal o algo no se hizo por parte de aquellos que están en la cadena de responsabilidades para evitarlo", infirió. Entonces, afirmó: "Sin dudas, hay responsabilidades políticas; no me refiero a las penales porque no quiero ser juez y para eso está la Justicia. Pero si lo que ocurrió aquí se parangona con Cromañón u Once, puede ser hasta juicio político. Habrá que determinar hasta qué nivel. Hay quienes dicen que hasta la intendenta y funcionarios deberían dar un paso al costado", chicaneó.
Luego del incendio en la fábrica de colchones Productos Industriales SRL, de Urquiza al 4900, donde falleció un empleado que, además, trabajaba en negro, Cavallero enumeró irregularidades y cargó: "Está comprobado que dicho establecimiento había obtenido una habilitación por tan solo dos años, por no poseer los planos. Y por sus características, no sabemos si cumplió con lo establecido por Secretaría de Medio Ambiente provincial, en cuanto a especificar qué materiales van a utilizar", dijo el edil.
"No sabemos si (la firma siniestrada) poseía los elementos necesarios que se necesitan para contar con habilitación municipal, y con medidas de seguridad debidas como sensores de humo, sistema hidrante, pintura ignífuga en sus paredes por tratarse de un proceso con materiales altamente inflamables", abundó el edil.
Ayer en el Concejo, Cavallero reclamó elucidar "las responsabilidades políticas y legales que tienen las secretarías y subsecretarías de las cuales dependen no sólo los controles sino también la contra verificación de los mismos". Exigió del Ejecutivo un informe que exhiba el expediente de habilitación y el resultado de las inspecciones y contra verificaciones que hubiera realizado el municipio.
"Resulta impostergable aumentar los controles y establecer las verdaderas responsabilidades de los numerosos hechos que vienen sucediendo en la ciudad de Rosario", remarcó el ex intendente.
Por la campaña. El secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, salió al cruce de la hipótesis de renuncia y juicio político que disparó Boasso. "No nos corremos de ninguna responsabilidad. Siempre hemos concurrido al Concejo y enviado toda la documentación que se nos pidió. Lo mínimo que pedíamos era esperar el avance de los peritajes, pero vamos a respetar lo que el Concejo disponga, como siempre", señaló en alusión a la citación que impulsa la oposición sobre funcionarios de las áreas de control municipal para rendir explicaciones sobre la tragedia del juego del Parque de la Independencia.
Asegurado dijo que "los concejales han expresado que más allá de la investigación judicial, ellos buscan una responsabilidad política y esas palabras lo dicen todo. Estamos a un mes de la campaña electoral y están buscando un responsable político", descifró.
RATIFICAN CITACION A BAITA, GONTIN Y RAMIREZ PARA EL 25
Daniela León convocó por nota a funcionariosPor Claudio Socolsky
La polémica por la citación a funcionarios municipales al Concejo Municipal para que brinden explicaciones sobre la actuación del municipio por el accidente del International Park sumó ayer un nuevo capítulo. La presidenta de la Comisión de Gobierno, Daniela León (UCR), convocó por la mañana a una nueva reunión, luego de que ediles opositores plantearan que se discutiera el expediente que incluía al secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, en la lista de convocados. Pero León resolvió convocar por nota, firmada por ella y el vicepresidente de la Comisión, Roy López Molina (Pro), al subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Luis Baita, la directora de Concesiones, Hilda Gontín, y el director de Inspección, Gregorio Ramírez, para que concurran el próximo 25 de setiembre al Palacio Vasallo. "Esto surgió del despacho aprobado el martes pasado en la comisión que presido", precisó León.
La resolución del proyecto de la concejala María Eugenia Schmuck (UCR), que no consiguió los votos necesarios para habilitar su tratamiento en el recinto, y que terminó con la decisión de las autoridades de la Comisión de Gobierno que resolvieron invitar a los funcionarios a través de una nota, fue duramente cuestionada por concejales opositores. Durante la reunión de la Comisión de Gobierno solicitada por su presidenta, los concejales Jorge Boasso (UCR), Roberto Sukerman (FpV) y María Fernanda Gigliani (PPS), firmantes del despacho que León había mandando a redactar nuevamente, solicitaron ponerlo a consideración.
"Allí vemos que el despacho que habíamos firmado el miércoles no estaba y le exigimos a la presidenta que lo anexara. Pero lo llamativo fue que apareció un despacho, que tiene fecha del día martes, con la sola firma de López Molina", dijo Gigliani. "La explicación que nos dio fue que ella tiene una modalidad de trabajo en la que revisa todos los despachos que salen de Comisión, pero que ese día justamente lo revisó tarde, y que ella tiene la responsabilidad de decir que ese despacho no reflejaba la voluntad de lo votado el día martes", agregó la edila del PPS.
"Lo que queda claro es que cuando un despacho reúne cuatro firmas está habilitado para ser tratado en el recinto. Si ese despacho que nosotros firmamos le faltaba una firma, lo que había que hacer era devolverlo a Comisión o tratarlo en otro momento, pero nunca puede desaparecer porque es un instrumento público", planteó Sukerman.
"Lo grave es que aparece un despacho que nunca se puso a la firma de los concejales. Si lo hubiesen puesto a consideración el miércoles lo firmábamos, aunque en disconformidad, porque hace un mes que venimos planteando el acompañamiento al pedido que vengan los funcionarios", reforzó Gigliani.
"Queda absolutamente claro que el que termina decidiendo en la Comisión que no venga (Fernando) Asegurado es el concejal López Molina, que terminó otra vez modificando su postura al pedir que se hiciera la convocatoria por nota", señaló Sukerman, quien recalcó que esta situación es sistemática, debido al "acuerdo político del socialismo con el Pro que se da en todas las comisiones y en el recinto".
Según León, la elaboración de la nota de convocatoria es una metodología válida: "Cuando se hicieron presentes los funcionarios municipales, en relación con la clausura del cabaret La Rosa, fueron convocados por una nota de la Comisión de Gobieno".
Fuente:Rosario12
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