Tiempo Argentino accedió al último pedido de informes que presentó la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay
El documento que revela los cruces entre Argentina y Uruguay por UPM
Un paper interno demuestra que la Dirección de Medio Ambiente oriental no cuenta con equipos propios para medir la contaminación y que su información proviene de la propia empresa. Confirman exceso de fósforo en el agua.
Por: Martin Piqué
El propio Timerman adelantó algunos datos que forman parte del estudio, cuyas mediciones fueron obtenidas en forma conjunta, con científicos de ambos países. El canciller mencionó algunas conclusiones alarmantes: que los efluentes volcados sobre el río tienen una temperatura de 32º (no deberían superar los 20º), el hallazgo en las aguas de altísimos niveles de fósforo y cromo (36 y 400 veces por sobre lo permitido, respectivamente) y la detección del pesticida endosulfán en el cauce del Uruguay. Prohibido en la Unión Europea, el endosulfán provoca daños en el sistema reproductivo y en el funcionamiento endocrinológico.
El informe que se conocerá en los próximos días forma parte del trabajo de inspección y monitoreo realizado por el Comité Científico. Hasta la semana pasada, la información resultante de las mediciones se mantuvo bajo cierta reserva. Una de las explicaciones de la extrema discreción fueron las constantes discusiones que ambas delegaciones vienen manteniendo en la CARU desde que la empresa finlandesa UPM comenzó a presionar por aumentar la cuota anual de pasta de celulosa (o "pulpa secada al aire", como se la llama técnicamente) que produce en Fray Bentos. Las discusiones entre ambas comitivas, que a pesar del lenguaje diplomático incluyen palabras fuertes y desmentidas categóricas, pueden cotejarse al revisar los documentos internos de la CARU de los últimos meses.
Tiempo Argentino pudo acceder a uno de los pedidos de informes presentados por la delegación argentina, que encabeza el embajador Hernán Orduna, a finales del mes de agosto. El contenido del documento, que en la jerga de la CARU se llama "nota externa", deja al desnudo las objeciones que venía presentando la Argentina ante el avance del proyecto Orion, como se conoce a la planta de producción de celulosa iniciada por la española Botnia y que luego quedó en manos de la finlandesa UPM.
La lectura del pedido de informes de Orduna permite reconstruir el historial de las discusiones entre Buenos Aires y Montevideo. Muchas de las quejas de la Argentina están concentradas en el funcionamiento del organismo del gobierno uruguayo encargado del controlar la contaminación: la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
La primera diferencia importante aparece con una resolución de la DINAMA en la que se aprueba un proyecto de ingeniería de tratamiento de efluentes residuales industriales. La representación argentina en la CARU se quejó, inicialmente, porque la contraparte uruguaya no le había enviado el proyecto completo que había sido aprobado sino apenas un "compendio".
Los contrapuntos siguen con la exigencia, por parte de la Argentina, de que la documentación respaldatoria sobre aquel proyecto esté firmada por un profesional responsable y competente en la materia de impacto ambiental. La delegación encabezada por Orduna luego exige que se le informe el nombre y los antecedentes profesionales del especialista que dirigió la construcción de la planta de tratamiento de efluentes industriales de UPM. Uruguay va informando a cuentagotas y por etapas.
El cortocircuito más fuerte que aparece en la nota firmada por Orduna lo aporta una pregunta incómoda. La Argentina consulta a la contraparte si los medidores de caudales de agua bruta y de los efluentes industriales volcados al río "se realizan directamente con equipos propios" de DINAMA o si, por el contrario, se utilizan "equipos instalados, mantenidos y operados por UPM". En este último caso, insiste Buenos Aires, se solicita información sobre los controles de periodicidad y de validación de datos. En su respuesta, Uruguay revela que los controles los hace directamente la empresa, que informa periódicamente a la DINAMA, y que esa dirección verifica los números recibidos haciendo balances de agua (se mide la proporción de desechos industriales por metro cúbico de agua). Además, el organismo uruguayo agrega que UPM cuenta con un "medidor continuo de caudal" para detectar efluentes industriales y que "retransmite los datos" a la DINAMA y a la propia CARU.
Las respuestas de Uruguay no satisfacen a la Argentina: las considera insuficientes, los representantes ante la CARU ponen en duda que exista esa verificación. Además, la Argentina denuncia que Uruguay no está haciendo un chequeo "temporal" de los vertidos de líquidos, para comparar la dimensión de los efluentes a medida que pasa el tiempo. "Eso es imprescindible para habilitar un aumento de producción", se advierte.
Las acusaciones más fuertes que plantea la delegación argentina ante la CARU tienen que ver con el exceso por parte de UPM en el vertido de fósforo sobre el río: Uruguay sólo admite excesos en los meses de febrero, marzo y abril de 2010. La Argentina replica que falta información sobre la cantidad de fósforo (medido en toneladas por día en base mensual).
El pedido de informes de Orduna advierte también sobre los efectos contaminantes del relleno industrial –a base de residuos– que está levantando UPM. Finalmente, en las últimas páginas de la nota externa (Nº 182/2013), la delegación ante la CARU denuncia no haber sido informada de la ampliación del "techo de producción" de la planta de celulosa a 1.111.250 toneladas.
La conclusión de la Argentina es que Montevideo "ignoró e infringió" el Estatuto del Río Uruguay firmado en 1975, su propia normativa interna, la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, de abril de 2010, y los Acuerdos Presidenciales de Anchorena y Olivos, del mismo año. "Uruguay es responsable de la modificación unilateral de las condiciones de funcionamiento", condena el embajador.
06.10.2013
Los asambleístas "intentarán pasar" la frontera uruguaya
los vecinos de gualeguaychú iniciarán su protesta hoy a las 15 horas
Por: Franco Mizrahi
Los referentes de la asamblea esperan una gran manifestación y no aceptan imposiciones del país vecino, que adelantó que prohibirá el cruce de los manifestantes. "Vamos a intentar pasar", aseguró el asambleísta José Pouler a Tiempo Argentino.
La convocatoria es a las 15 horas en el paraje Arroyo Verde, ubicado en el kilómetro 28 de la Ruta Internacional 136. "Seguramente, nos reunamos antes", dijo a este diario la asambleísta Paola Robles. Desde allí, en una caravana de vehículos se movilizarán hacia el puente internacional Puerto Unzué-Fray Bentos.
"Veremos hasta dónde podremos acceder porque ya se informó que no se va a permitir el paso masivo a Uruguay", especificó Robles.
A diez años del primer cruce por el conflicto con las papeleras –el 4 de octubre de 2003 se realizó el primer acto conjunto sobre el puente para oponerse a la construcción de las entonces plantas ENCE y Botnia–, la logística "está aceitada", explicaron los asambleístas. De hecho, Robles explicó que quien no tiene vehículo para movilizarse no tiene más que "acercarse a una intersección en la ruta y será 'levantado'".
Si bien los asambleístas no quisieron arriesgar un número de vehículos, Robles recordó que un mes y medio atrás, "cuando comenzó el rumor de que se permitiría un aumento de la producción de la pastera, fuimos con casi 300 autos hasta el puente". Para esta ocasión esperan un número mayor.
Pouler resaltó que en 2007, en la primera etapa de este conflicto, hubo "cinco mil autos en el puente. Sólo pasaron mil a Fray Bentos. Nos demoraban los trámites, nos subían perros, pasaban espejos por debajo de los autos. Ahora no sé qué harán", aseguró a este diario. Aunque consideró que, "si llegamos a pasar 200 o 300, va a ser un logro".
Uruguay ya dejó entrever algunas de las medidas que implementará. Según hizo trascender el gobierno oriental, no cerrará sus fronteras pero desplegará un fuerte dispositivo de seguridad. "Sólo permitirá que cruce el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, acompañado por no más de tres activistas", informó ayer el diario uruguayo El País. Y que "la Armada utilizará una lancha guardacostas y un avión".
Por su parte, el diario La República citó al jefe de Relaciones Públicas de la Armada Nacional, Gastón Jaunsolo, quien aseguró que "no se va a permitir el ingreso de manifestantes", y que para evitarlo harán una "revisación" puntillosa en el paso de frontera.
El vocero de la Marina precisó: "Ven el auto, y si no tiene pancartas, nada de eso… se ve en qué estado llega (el visitante) y ahí mismo se decide." "La gente nuestra tiene olfato para detectar" esos casos, dijo Jaunsolo.
El asambleísta José Pouler, en tanto, advirtió: "No aceptamos imposiciones", aunque indicó que la decisión de aceptar la propuesta del intendente de Río Negro (de reunirse con su par de Gualeguaychú y entre tres y diez manifestantes) dependerá de la asamblea. "Decide la mayoría", expresó. "Deliberaremos allí si cruzamos y, si lo hacemos, quiénes irán", añadió Robles.
En la reunión, el intendente de Río Negro "estará acompañado de dos sindicalistas de UPM y un edil de cada bancada de la Junta Departamental", comunicó El País que, como ya hizo en otras oportunidades, tilda de "piqueteros" a los asambleístas. "No nos puede esperar con dos concejales y dos trabajadores, no es un argumento científico con respecto a la contaminación", se quejó Pouler.
Bahillo "le entregará (a su par uruguayo) informes científicos que comprueban la contaminación (provocada por UPM), aunque Lafluf tiene informes por completo diferentes", aseguró Pouler. Ante este escenario, las partes difícilmente lleguen a un acuerdo.
Fuente:TiempoArgentino
EL FACTOR ELECTORAL EN LA CRISIS CON URUGUAY
Más preguntas que respuestas
La nueva escalada por la contaminación del río Uruguay desafía la sensatez de ambos gobiernos. Mujica mencionó el factor electoral argentino, en una obvia proyección de lo que ocurre en Uruguay, de donde provino la decisión unilateral. Derrotado en la interna, sin el premio consuelo de la vicepresidencia para su esposa, Mujica comienza a parecerse en el ocaso a quien lo precedió y a facilitarle la tarea sucia a quien lo sucederá, en ambos casos Tabaré.
Por Horacio Verbitsky
Imagen: Gonzalo Martinez
El presidente uruguayo José Mujica atribuyó la falta de entendimiento por la ampliación de la planta papelera sobre la margen oriental del Río Uruguay al proceso electoral argentino. Basta ver los avisos televisados de los distintos candidatos para advertir que en campaña muchos ánimos se trastornan y muchas mentes se ofuscan. Pero también Uruguay está en pleno proceso proselitista, si bien la renovación presidencial no ocurrirá dentro de un mes sino en un año, y Mujica enfrenta una de las situaciones más difíciles de su larga vida política, cosa que incluso confesó en Buenos Aires. Por eso, habló de la Argentina pensando en el Uruguay. En cualquier caso, está claro que de aquel lado del río las empresas aún condicionan las decisiones del sistema político, tal como ocurrió en las dos primeras décadas de la democracia argentina, y que el anuncio de Mujica obedeció a una imposición de la pastera finlandesa UPM sobre la institucionalidad uruguaya. La Argentina no tiene movida ganadora en este juego: o se resigna a la decisión unilateral del Uruguay, en desmedro de su propia entidad nacional, o actúa del mismo modo inamistoso, recortando beneficios concedidos a los amigos orientales, y excita así el nacionalismo del Paisito, que llega al culmen de su unidad cuando acusa la prepotencia del poderoso vecino.
Bandazos
El chacarero de Rincón del Cerro perdió la disputa por la política fiscal con su vicepresidente Danilo Astori, la candidatura para sucederlo ante su peor rival e incluso el premio consuelo de que su esposa, la senadora Lucía Topolansky, pudiera acompañar a Tabaré Vázquez en la fórmula que competirá el año próximo, contra los desvaídos partidos tradicionales, cuya política histórica es hoy mejor servida por el Frente Amplio. En lugar de Lucía, Tabaré impulsa a la presidente del Frente Amplio, la socialista Mónica Xavier.
Durante una charla en un colegio, Vázquez comunicó que había contemplado con los jefes militares un posible conflicto bélico con la Argentina y que había pedido en Estados Unidos el apoyo diplomático de Washington. Por el escándalo que produjo esta grave revelación, Tabaré anunció su retiro de la política, decisión que no le llevó ni dos años revisar. Ya sin opciones para su MPP, el primer ex guerrillero que llegó a la presidencia por medios legales dedica su último año de gobierno a facilitar el regreso de Vázquez, ahorrándole el costo de las decisiones más controvertidas. Ya en 2006, cuando Mujica sólo era ministro de Agricultura de Tabaré, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, James D. Nealon, lo describía en un despacho a su ministerio de relaciones exteriores como “un aliado clave”, que “ha sido útil en contrarrestar a los ideólogos de la extrema izquierda” y apoyado a Tabaré a “buscar buenas relaciones con Estados Unidos”, aunque “gran parte de la región haya dado un bandazo hacia la izquierda”. En el ocaso, Mujica comienza a parecerse a quien lo desplazará.
La autorización a la pastera para que aumente la producción, sin esperar el acuerdo que la Argentina reclama según los tratados vigentes y las decisiones de la Corte Internacional de La Haya, no es el único indicio. Antes de viajar a las Naciones Unidas, donde sedujo a los encandilados por la era de la imagen, sin tomar en cuenta la vaguedad de sus (in)definiciones, había anunciado la adjudicación de nuevos canales de televisión a las más poderosas empresas de medios, dejando de lado a las cooperativas de trabajadores, que habían obtenido la mejor evaluación de la comisión independiente que estudió las propuestas. Los elegidos fueron los tres canales de aire privados (Montecarlo Canal 4, Saeta Canal 10 y Teledoce, del grupo que edita el diario El País), VTV (del grupo Tenfield, que monopoliza la transmisión del fútbol y otros eventos deportivos, propiedad del traficante de jugadores Francisco Casal, asociado con el ídolo rioplatense Enzo Francescoli) y Bla, una revista de farándula y avisos. La objeción de Mujica a las cooperativas La Diaria y Demos fue que contemplaban financiar su inversión con aportes del Fondo para el Desarrollo. Para compensar, Mujica también anunció que entregaría un canal a la central de trabajadores PIT-CNT. Durante el mismo viaje, en el que mateó con David Rockefeller, quien a sus 98 años es dudoso que supiera con quién estaba, Mujica anticipó la inminente autorización a UPM en una entrevista con la agencia de negocios Bloomberg, propiedad del alcalde de Nueva York.
Su curiosa justificación para violar tratados y fallos internacionales obligatorios suscita preguntas obvias: de haber un problema electoral argentino y si, como dice, no le quedaba otro remedio que inclinarse ante la exigencia de la empresa respaldada por Tabaré y la oposición albirroja, ¿qué razón había para adelantar el piedrazo? Si el factor electoral existe, su proyección en la Argentina se agotará en tres semanas, mientras Uruguay convivirá con él hasta el 26 de octubre de 2014.
La pregunta del millón
El límite de un millón de toneladas anuales de pasta fue fijado en 2005 por el gobierno del Uruguay, en base a un informe propio de Impacto Ambiental, que fue ratificado en 2010 por la Corte Internacional de Justicia, bajo el control y la vigilancia continua de la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU. En 2012, Uruguay sometió a la CARU la solicitud de UPM de ampliar su producción anual, en modificación de las condiciones previstas en el proyecto original. El procedimiento de información y consulta previas se encuentra en pleno desarrollo, de acuerdo con el Estatuto del Río Uruguay. La Argentina sostiene que la información y documentación recibidas eran incompletas y cuatro veces solicitó información complementaria, que Uruguay no suministró. De las 21 preguntas que presentó la Argentina, sólo diez fueron respondidas por Uruguay. Según el gobierno argentino, ésta es una nueva violación al procedimiento de información y consulta que, de acuerdo con el fallo de La Haya, Uruguay ya violó en ocho ocasiones y actuando de mala fe. Por eso entiende que la autorización unilateral implica una nueva controversia entre las partes, que puede ser sometida por cualquiera de ellas a la Corte Internacional. El incremento que ahora permitió Mujica blanquea niveles de producción ya alcanzados, por encima del tope legal, según los registros aduaneros del propio Uruguay: la planta de UPM se excedió en 50.597 toneladas en 2009; 97.407 en 2010; 96.880 en 2011; 88.124 en 2012 y 74.410 toneladas hasta septiembre de 2013, introduciendo en el río mayor cantidad de sustancias, energía y contaminación, en desacato a todas las normas, incluyendo los Acuerdos Presidenciales y de Cancilleres de 2010 para la ejecución de la sentencia de La Haya. El Día de los Inocentes de 2012, el Uruguay reconoció que no había consentido ningún excedente de producción sobre el millón de toneladas autorizadas. Desde 2010, el Comité Científico ingresó 28 veces a la planta para realizar mediciones y tomar de muestras de efluentes, instaló siete boyas con sondas de medición en la zona de potencial influencia de la planta sobre el Río Uruguay y tomó muestras de las aguas en 32 puntos del río. Las únicas mediciones válidas de acuerdo con la sentencia de La Haya son las que se realizan dentro de la planta, en el caño de desagüe, y no las que puedan realizarse en cualquier lugar del río, como intenta presentar el gobierno uruguayo. Los resultados no se difundieron debido a los desacuerdos en la CARU sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa, por falta de información y obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo de la planta. Según la posición argentina, Uruguay pretende mezclar el monitoreo de la planta ordenado en la sentencia de La Haya con el de la Desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay e incorporar esa desembocadura dentro de la zona de influencia de la planta de UPM en el Río Uruguay. También se opone a difundir los cálculos másicos y volumétricos de parámetros medidos por el Comité Científico, a publicar sus actas de ingreso a UPM, sus conclusiones, y los datos y análisis de las muestras de los equipos instalados y a instalarse en la planta y pretende reemplazar los informes del Comité Científico de la CARU por los de sus propios organismos nacionales. De acuerdo con la posición argentina, la planta no cumple con la normativa conjunta ni con la específica uruguaya, como el exigente decreto 253/79 y sus modificatorios. La planta de UPM no cumple estos límites establecidos:
- su temperatura supera el valor establecido en más del 50 por ciento;
- el contenido promedio de fósforo supera 36 veces el límite permitido por la normativa uruguaya, lo cual redundará en un incremento de los elevados valores que ya contiene el río;
- en cuatro muestras, los fenoles detectados duplicaron y hasta cuadruplicaron el tope vigente y en tres la cantidad admisible de cromo;
- el Comité Científico también detectó en el efluente de la planta endosulfán, un pesticida organoclorado de uso prohibido desde 2011 en el Uruguay, y
- en seis de catorce mediciones se detectaron grasas y aceites, que no debían estar allí.
La Argentina también se opone al aviso previo que el Comité Científico debe dar a la empresa antes de cada inspección, por disposición uruguaya, ya que los diez días que demora el trámite permiten corregir algunos apartamientos de la normativa antes del control. La alta concentración de fósforo promueve el crecimiento de algas que se corresponden con la acumulación de cianobacterias en la superficie. Estas masas densas de algas pueden ser barridas por el viento hacia las bahías o las costas e interrumpir el balance de oxígeno disuelto en el curso de agua. De día, el problema es atenuado por la fotosíntesis de las algas, pero de noche los bajos niveles de oxígeno disuelto consumido por las algas pueden causar la mortalidad de peces, lo cual se agrava con el aumento de la temperatura. Esas bacterias también pueden ser tóxicas para los animales que beben el agua, que adquiere olor y sabor desagradables. La descarga de una masa líquida con una temperatura superior a la del río constituye la violación al Estatuto del Río Uruguay contemplada en su artículo 40. De acuerdo con los datos recolectados desde mayo de 2008, la temperatura de los efluentes supera en más del 50 por ciento el valor establecido vigente. A lo largo de un año, la carga orgánica vertida por la planta equivale a la demanda química de oxígeno de una ciudad de 96.500 habitantes que volcara sus efluentes crudos al río; a la cantidad de fósforo de una ciudad de 25.000 habitantes y a la de nitrógeno de una ciudad de 28.000 habitantes que descargara sus efluentes sin tratamiento. Uruguay no cuestiona esas cifras, pero se queja de la alarma que producen.
El miércoles 2 la Argentina hizo conocer estos valores. Al día siguiente, dos ministros uruguayos aseguraron que la planta cumplía con los estándares ambientales. Sin embargo, debieron reconocer que las cifras mencionadas por la Argentina eran reales. La diferencia reside en su interpretación. Uruguay informó sobre supuestas contaminaciones en otros sitios y localidades de los dos países. Pero los datos divulgados por la Argentina, que Uruguay no desmiente, fueron recabados dentro de la planta, en los caños de desagüe de efluentes y en los pluviales antes de llegar al río, tal como lo estableció el fallo de La Haya. Los estándares establecidos aplicables son los del Digesto de la CARU y, sólo cuando fueren más exigentes, los de la normativa uruguaya. Pero Uruguay aplica en forma unilateral estándares propios menos exigentes, de cuyo rechazo la Argentina dejó constancia en las actas de la CARU. Incluso si se tomaran los valores máximos uruguayos, el vertido de UPM al río equivaldría al de una ciudad de 36.000 habitantes en fósforo, 440.000 habitantes en demanda de oxígeno y 197.000 habitantes en nitrógeno. El efluente de fósforo de UPM supera nueve veces al del río y 36 veces lo permitido por la norma uruguaya.
El recurso a la Corte Internacional anunciado por la Argentina intenta mantener el litigio en términos razonables, pero no sería beneficioso que los denominados ambientalistas de la margen occidental volvieran a enturbiar las relaciones con sus desplantes belicosos. Además de tener la razón, es conveniente guardar las proporciones, algo que no pueden hacer los municipios ni las provincias sino el gobierno de la Confederación Argentina.
La extorsión
Por Horacio Verbitsky
El Estatuto del Río Uruguay establece un Mecanismo de Información y Consulta que debía pronunciarse sobre la producción permitida, y la Corte Internacional de La Haya señaló ocho violaciones uruguayas al mecanismo. Pero UPM planteó una situación de hecho para extorsionar al gobierno uruguayo: alcanzó el tope permitido de un millón de toneladas dos meses antes de lo previsto y anunció que si no le permitían incrementar la producción dejaría que el seguro de desempleo se hiciera cargo de todos sus obreros y proveedores. Durante las negociaciones binacionales urgidas por Uruguay, la Argentina propuso una transacción de compromiso: aceptar por una vez que a los efectos del cálculo de la producción se considerara que el año 2013 terminó en agosto, una ficción que hubiera permitido diferir la decisión hasta agosto de 2014, con tiempo para estudiar alternativas satisfactorias para ambos países. Dos ministros y un alto funcionario uruguayo se interesaron por esta alternativa, pero Mujica la rechazó y desde su despacho, sin la presencia de su ministro de Relaciones Exteriores, anunció que autorizaba en forma unilateral el incremento de la producción en 100.000 toneladas. Para justificar lo decidido habló de la contaminación en Buenos Aires, Montevideo y Gualeguaychú e inclusive de su mítica chacra, cuando el único tratado en discusión es el del Río Uruguay y el único fallo de La Haya se refiere al control binacional dentro de la planta de UPM. Sin esperar ni siquiera 48 horas, UPM hizo saber que no se conforma con esa concesión y que reclama otras 200.000 toneladas adicionales.
Fuente:Pagina12
Contaminación y dependencia
Año 6. Edición número 281. Domingo 06 de Octubre de 2013
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 281. Domingo 06 de Octubre de 2013
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Sin desmerecer estos legítimos reclamos, es preciso hacer memoria: la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya estableció en abril de 2010 una serie de medidas para blindar con rigor científico cualquier dato falso o manipulado por parte de la empresa o de funcionarios de ambas naciones. Así, hay un comité científico encargado de monitorear todos estos asuntos, tiene sus propios laboratorios, convoca a concursos transparentes para ocupar cargos de responsabilidad, organiza cursos y seminarios con intendentes y asociaciones civiles de ambas orillas, entre otras tantas actividades. La cooperación binacional para encauzar un conflicto que durará años es el contexto en el cual se desarrolla este diferendo. Lo que no debe perderse de vista es que UPM es una transnacional y opera entre dos naciones con alta vulnerabilidad externa. Uruguay prácticamente no tiene industrias y Argentina sufrió la destrucción sistemática de su desarrollo industrial autónomo. Al punto tal que, según la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del Indec, las 500 empresas más grandes del país representan el 24% del PBI, lo que habla de un alto nivel de concentración de la economía. De esas 500, 335 son extranjeras. Hoy ambos países están viviendo un crecimiento que no solo se debe a las políticas sociales y de consumo que sus gobiernos impulsan sino que son parte del modelo de agronegocios concebido por otras multinacionales, que van desde las productoras de semillas genéticamente modificadas hasta la comercialización por parte de las multinacionales del sector.
En ese proceso, la destrucción del medio ambiente y la contaminación no son un dato menor: la tala sistemática de bosques y la utilización de plaguicidas tóxicos no están sometidas a un control severo como debería ser. Es más, la creciente asimilación del glifosato por parte de los cultivos de maíz y soja hace que las plagas sean más resistentes y eso lleva a que año a año se utilice más cantidad de productos tóxicos que degradan los suelos, destruyen la biodiversidad y crean diversos trastornos para la salud humana.
El conflicto de la ex Botnia tiene una gran visibilidad y es utilizado, a veces con poca responsabilidad, como chicana política. Se vale, en buena medida, de supuestos sentimientos nacionalistas. Y eso es producto de una pésima interpretación de la historia. Vale la pena recordar que José Artigas se reivindicaba "argentino de la Banda Oriental" y fue perseguido por los unitarios que expresaban los intereses del puerto de Buenos Aires aliados a los negocios británicos en el Río de la Plata. El modelo sojero del agronegocio, en cambio, logra disimularse como una alternativa de desarrollo. Tiene un poder tan grande que logra mantenerse fuera de la agenda. La realidad es que la triangulación de las operaciones al interior de las comercializadoras de granos les permite falsear información y en muchos casos la producción de soja realizada en suelo argentino aparece como exportación uruguaya, por ejemplo. Es una manera, entre otras, de eludir impuestos o retenciones que tienen esas multinacionales.
La Argentina, con una fuerte tradición en la capacitación de profesionales en química, agronomía, veterinaria y otras disciplinas directamente vinculadas a la producción alimentaria y granaria, está hoy disminuida en su capacidad crítica al modelo sojero.
Recientemente, en la localidad de Villa Ojo de Agua, al sur de Santiago del Estero se acaba de inaugurar la Universidad Campesina (Unicam) que cuenta con el aval de cuatro universidades nacionales: las de La Plata, Quilmes, Córdoba y Río Cuarto. Las autoridades de esta última mantienen un enfrentamiento público con la empresa Monsanto, que está construyendo dos plantas en esa provincia, una en Río Cuarto y la otra en Malvinas Argentinas. La Unicam se dirige a los jóvenes de comunidades rurales y de pueblos originarios con una propuesta orientada a la agroecología, el desarrollo rural, los derechos humanos, el arte y el periodismo.
El diferendo de la ex Botnia no debería volver de ningún modo a los niveles de conflicto previos a la resolución de La Haya de 2010. La decisión argentina de reclamar ante esa corte internacional no significa que el diálogo sea roto y que la información disponible permita hacer las correcciones necesarias. Sería inadmisible que los intereses de una multinacional se impongan por encima de los gobiernos de dos países soberanos. Además, debería servir de ejemplo para poner autoridad política y sanitaria sobre el desastre ambiental, económico y político que genera el modelo sojero sin contención que afecta a los dos países.
Otra Corte. Cuando se realizó el primer canje de la deuda externa argentina, en 2005, se fijaron los tribunales de Estados Unidos para dirimir los conflictos legales. Hasta entonces, los bonistas habían realizado demandas en diversos países. Mañana, lunes 7 de octubre, se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos de a conocer cuáles serán los juicios que acepte y también cuáles rechace. Recordemos que Argentina recurrió el fallo de la Corte del Segundo Distrito de Nueva York que ratificó un fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa de ese estado. El juez estableció en noviembre de 2012 que los fondos de inversión NML Capital y Aurelius debían cobrar el 100% de la demanda que suma un total de 1.330 millones de dólares. A su vez, el juez estableció que si las autoridades no pagaban en forma voluntaria, daría órdenes al Banco de Nueva York para que sean retenidos los pagos que se hacen a través de ese banco a los tenedores de títulos que cobran regularmente en las fechas de vencimiento. Pasado casi un año, en caso de que la Corte no tome el caso argentino no significa que la decisión de Griesa pueda ejecutarse de inmediato. La Argentina tiene un recurso pendiente ante la Corte del Segundo Distrito de Nueva York. Se trata de un pedido de que se ese tribunal se reúna con el pleno de sus 13 integrantes y revise la sentencia tomada que fue de una sala, integrada por tres jueces. Luego de ese fallo, en caso de que fuera negativo, podría eventualmente motivar otra apelación ante la Suprema Corte.
Por ello es que la Suprema Corte podría aclarar mañana que no rechazó definitivamente el caso argentino sino que –en una decisión que sería lógica– resolvió esperar para considerar todos los recursos del mismo caso en forma conjunta. También podría ocurrir que decidan pedirle opinión al gobierno de Estados Unidos como medida previa a resolver, tal como ocurrió en otros casos. En definitiva, el caso podría quedar en suspenso por un tiempo, quizá hasta octubre de 2014 cuando nuevamente decidan qué casos toman y qué casos no.
Hay un tema que circula y que complica más esto: qué derechos tendrían quienes ya entraron en los dos canjes precedentes de pedir una mayor remuneración por los bonos ya canjeados. El tema tiene varias implicancias, sobre todo por la magnitud de una demanda que involucre al 93% de quienes aceptaron sumas bastantes menores a las nominales de los títulos que canjearon en 2005 y en 2010. La Argentina, en ambos canjes, se comprometió a no otorgar condiciones más favorables (la denominada "cláusula de mejor acreedor") hasta el 31 de diciembre de 2014. Es decir, ni en este canje que propuso abrir la Argentina ni en ningún otro que eventualmente se pudiera proponer, el Gobierno podría hacer una propuesta más favorable a los tenedores de títulos. Eso sí, después de esa fecha y según las condiciones de emisión de los nuevos títulos, esos acreedores no podrían reclamar si el país ofreciera mejores condiciones. Es decir, un tercer canje, que fuera aceptado por los fondos que tienen fallo favorable de Griesa, no podría darle ventajas adicionales. Esto es: si la Corte no dice expresamente que va a tomar el caso argentino, esos especuladores se sentirán fuertes y difícilmente quieran resignarse a una oferta con quita similar al 93% de los que sí aceptaron negociar. Parece que la única vía es la Justicia y la expectativa para la Argentina es que la Corte falle a favor. Por eso, la demora en el tratamiento beneficiaría, por dos motivos. Primero, porque debería mantenerse la decisión del tribunal de Nueva York de no ejecutar la sentencia hasta la decisión de la Suprema Corte y los pagos de la deuda se realizarían normalmente sin riesgo de default técnico. Segundo, porque luego de enero de 2015, se podría llegar a otro acuerdo con los holdouts, incluso aunque resultara más beneficioso para ellos si las circunstancias así lo justificaran.
“De acuerdos y confianzas”
Año 6. Edición número 281. Domingo 06 de Octubre de 2013
Por Pedro Guastavino Senador FPV - Entre Ríos.
Año 6. Edición número 281. Domingo 06 de Octubre de 2013
Por Pedro Guastavino Senador FPV - Entre Ríos.
Opinión.
La instalación de la pastera Botnia nunca se puso a consideración de ningún gobierno argentino, nunca tuvo ni Gualeguaychú, ni Entre Ríos, ni el gobierno nacional injerencia ni autoridad para decidir sobre su construcción, porque Botnia se instaló en territorio uruguayo, por una decisión unilateral del gobierno del Uruguay. No obstante su funcionamiento, en tanto afecta al río que sí está regido por tratados internacionales que ambos países americanos suscribimos en 1975, es lo que nos da sobrados motivos y razones en esta lucha que hoy, lamentablemente, inicia un nuevo capítulo. Un capítulo –si se quiere– muy repetido en el cine de terror del capitalismo actual: el que revela que el verdadero poder no es el poder político sino el de las empresas transnacionales, el que da cuenta de cuán pequeños pueden ser nuestros países si perdemos el horizonte de nuestra soberanía y si lo que nos manda y nos ordena es la necesidad del capital extranjero por sobre el bienestar de nuestras comunidades.
En el 2006, el gobierno argentino denunció al gobierno uruguayo ante la Corte Internacional de la Haya por la Violación del Tratado del Río Uruguay. Entonces, empezamos un largo peregrinar diplomático con idas y venidas, y denuncias cruzadas ante distintos organismos, a lo que se sumó el accionar de la asamblea de vecinos con los cortes de rutas, pese a lo cual, la planta siguió construyéndose y finalmente, comenzó a funcionar.
En 2010, la Corte Internacional de la Haya dio finalmente su veredicto: aunque condenó al Uruguay por haber violado en 11 oportunidades el Tratado del Río Uruguay, y también lo condenó por haber actuado de mala fe en el proceso de negociaciones bilaterales, consideró que la planta podía seguir operando porque las pruebas de contaminación aportadas entonces por la Argentina no eran suficientes.
La Corte también mandó a ambos países a acordar la forma de controlar y monitorear el funcionamiento de la planta, cuestión que el Uruguay ha venido entorpeciendo de mala fe para que no se pueda cumplir: el acuerdo establecido determinaba que debían ser informes unánimes elaborados en forma conjunta por las dos delegaciones y en toda ocasión, nuestros científicos y técnicos se encontraron con trabas administrativas o controversias respectos de los parámetros que impidieron –hasta hoy que se rompió el acuerdo– dar a conocer, al menos, nuestra verdad de la historia.
La decisión tomada por el presidente José Mujica rompió mucho más que un acuerdo diplomático: quebró un vínculo de confianza que existía con nuestro país, y nos obliga a volver al Tribunal Internacional de La Haya, con todas las pruebas que la Delegación Argentina en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) ha ido acumulando para demostrar las trampas que fue poniendo ya sea la pastera o la contra parte uruguaya para dificultar o impedir los controles y su publicación, y los daños y la contaminación que ya ha causado en el ambiente y el ecosistema del río Uruguay; y para que este Tribunal dictamine acerca de cómo resolvemos una controversia en la que una empresa privada no puede –definitivamente– mandar más que dos naciones.
Nuestro gobierno ha sido claro y no está dispuesto a ceder un paso más. Ya se ha perdido mucho tiempo tratando de no lastimar el vínculo de cooperación y hermandad con el pueblo uruguayo, pero no sólo los informes sobre la contaminación son contundentes, sino que es evidente –y vergonzosa– la situación de extorsión a la que está siendo sometido el país vecino. ¿Qué más podemos esperar?
A lo largo de 10 años me ha tocado ser testigo y protagonista de esta lucha, desde el inicio, desde los primeros reclamos. En Entre Ríos, en Gualeguaychú, somos pocos y nos conocemos mucho: hay incluso quienes iniciamos juntos el reclamo y hoy –esta coyuntura electoral– nos descubre transitando veredas políticas opuestas. Sin embargo, no tengo dudas de que esta lucha nos encontrará caminando el puente con la misma bandera. No hay margen para chicanas en esta pelea.
Paso a paso fuimos abriendo juntos los ojos, dirigentes y vecinos, aprendiendo sobre ecología, debatiendo, analizando, asimilando parámetros de contaminación, leyendo sobre cloruros y fenoles. Después de 10 años, Gualeguaychú tiene una sociedad mucho más madura, comprometida, ha construido una conciencia ambiental como pocos lugares del mundo.
Ha sido un camino muy difícil para todos, hemos vivido momentos de mucha tensión, de mucha angustia: para el vecino común, porque ve enfrente esa mole que crece y lo llena de impotencia, y para quienes hemos transitado esta etapa como dirigentes, porque hemos debido tolerar muchas veces el agravio injusto y desconfiado que golpea y poco aporta a la solución del problema.
Los conflictos son parte de la vida de cualquier pueblo, como lo son de cualquier persona. Las situaciones conflictivas nos llenan de angustia, de incertidumbre, de dolor, pero no hay duda de que estos escenarios de crisis son generalmente un motor que nos impulsa hacia adelante, nos motivan a dar ese paso necesario para remediar las situaciones que hay que corregir. El desafío es siempre seguir, pese a todo.
Finalmente, hay algo que no debemos perder de vista porque habla del país en el que vivimos, del país que hemos sabido construir, un país que se planta ante los líderes del mundo con voz propia. ¿Se imaginan este escenario en los ’90? Mientras enfrente hay dirigentes que no tienen más remedio ni otra salida que doblegarse ante los intereses y mandatos del capital internacional, de este lado del río, tenemos la fortaleza de levantar la cabeza para seguir dando pelea. Estamos a un paso, pero la diferencia es enorme. Y esta fortaleza la hemos construido de la mano de Néstor y de Cristina, de este proyecto político que en 10 años nos devolvió la dignidad de pelear por lo nuestro. Es ahí, en estas situaciones límites donde se ven con claridad las convicciones y los valores que de verdad anidan en la fibra de nuestros dirigentes y en los proyectos que sostienen.
Hoy, Gualeguaychú vuelve a cruzar el puente como hace 10 años, para llegar hasta Uruguay con la misma bandera, con el mismo grito que mezcla angustias y esperanzas. Esta vez, nuestro reclamo que siempre fue justo, se verá reforzado por la contundencia del informe que los científicos argentinos hicieron público y la nueva denuncia ante la justicia internacional que asumió nuestro país.
Hoy estamos todos en el puente.
Entre la pastera y la campaña
Año 6. Edición número 281. Domingo 06 de Octubre de 2013
Por Daniel Míguez
politica@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 281. Domingo 06 de Octubre de 2013
Por Daniel Míguez
politica@miradasalsur.com
Panorama. El anuncio del presidente de Uruguay, su impacto en el proceso electoral. El FPV se encamina a llegar Octubre con mejores resultados que los de la PASO. Las claves que podrían reducir la brecha entre Insaurralde y Massa
El conflicto con Uruguay por las pastera de Fray Bentos reapareció con fuerza a tres semanas de las elecciones legislativas. Ante la actitud del presidente uruguayo José Pepe Mujica –todavía difícil de descifrar– de instalarle este problema a Cristina antes del 27 de octubre, el Gobierno espera que su actitud en defensa de la soberanía le dé algún rédito electoral.
El pedido de la pastera de ampliar su producción en 100 mil toneladas fue elevado al gobierno uruguayo hace trece meses, por eso resulta extraño que Mujica no haya esperado apenas tres semanas para darle la autorización que le dio esta semana desatando nuevamente el conflicto.
Una vez más, el gobierno uruguayo dejó a la Comisión Binacional del Río Uruguay como papel pintado. El Tratado al respecto indica claramente que cualquier acción sobre ese río debe ser aceptada por ambos países. ¿Qué sentido tiene si cuando una de las partes no está de acuerdo con una medida, la otra la lleva adelante igual?
Argentina volvió a recurrir a la Corte Internacional de La Haya, anuncio que fue hecho por el canciller Héctor Timerman acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que se mostró desde el primer momento como un activo protagonista.
Los medios opositores al Gobierno y algunos dirigentes de la oposición volvieron a fijar posición en contra de los intereses de Argentina, como cada vez que hay una controversia internacional. Así como están favor de los fondos buitre o como estuvieron a favor de España cuando la estatización de Aerolíneas Argentinas, ahora defienden la posición de Uruguay.
Unos de los argumentos preferidos es decir que en la Argentina se viven situaciones de contaminación ambiental peores que las que genera la ex Botnia. Es probable que sea así y que el Gobierno tenga que intensificar controles, pero hay una diferencia sustancial. Todos los ejemplos que se ponen –desde las mineras en la Cordillera hasta las fábricas que vuelcan deshechos sobre el río Paraná– se circunscriben exclusivamente al territorio y aguas argentinos; en cambio, la afectación del río Uruguay debe contar con la anuencia de los dos países. La discusión, entonces, no pasa por quién contamina más, sino dónde.
Los vecinos de Gualeguaychú, con su intendente Juan José Bahillo a la cabeza, iban a marchar hoy a Fray Bentos a entregar un petitorio, en una movida no exenta de riesgos. El gobierno uruguayo avisó que lo impedirá y el intendente de Río Negro (el departamento donde se encuentra la fábrica) dijo que sólo recibirá a Bahillo y cinco asambleístas.
Hasta que no se le encuentre una solución estable, el conflicto seguirá latente y reaparecerá en cada oportunidad que se plantee un escenario nuevo.
Dólares y buitres. La situación con Uruguay corrió de la agenda mediática una novedad en materia de financiamiento que puede ser una puerta más amplia para la entrada de dólares, tan necesarios después de las fuga de divisas que padecimos los argentinos. Se trata de un atajo en el esquema de blanqueo de capitales, que hasta ahora había dado muy pocos resultados y que había llevado a Cristina a prorrogarlo hasta fin de año. Hasta ahora se permitía traer moneda extranjera no declarada y blanquearla a través de la compra de dos bonos: los Cedín, para inversiones inmobiliarias, y los Baade, para inversiones energéticas.
Ahora la petrolera Bridas, principal accionista de Pan American Energy y socia de la gigantesca petrolera china Cnocc, negoció con el Gobierno argentino un camino alternativo: invertir al menos 500 millones de dólares ya blanqueados comprando Baade, que el Estado argentino pagará en tres años con dólares líquidos y eximiendo a la empresa del encaje del 30%, recurso que instrumentó el kirchnerismo para evitar los capitales golondrinas que se volcaban a la especulación financiera. Así se abre una nueva puerta para darle vida a estos bonos que no habían despertado entusiasmo y oxigenar el camino para el arribo de dólares que se había estrechado.
Si esta fue la noticia económica de la semana, la no noticia fue la indefinición de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto de la aceptación de la causa abierta por los fondos buitre, que tiene un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en contra de la Argentina. Se esperaba que el lunes o martes la Corte informara qué casos tomaba, pero por ahora lo sigue analizando. La nueva versión es que la resolución la tomará esta semana.
El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen acaba de decir “la impresión que hay en el mercado es que es muy difícil que la Corte Suprema tome el caso en la cuestión de fondo”. Nielsen es el mismo que cuando era funcionario del Gobierno obligó al propio Néstor Kirchner a salir a desmentirlo cuando puso en riesgo el canje de la deuda por unas declaraciones que había hecho en Italia a favor de los holdouts. Ojalá que en este caso sea sólo una expresión de deseos y no un dato de “los mercados”, porque si la Corte no toma el caso sería una muy mala noticia para nuestro país.
Otra vez en campaña. Con el arranque formal de la campaña para las legislativas del 27 de octubre se instalaron las encuestas que indican que Sergio Massa estira su ventaja sobre Martín Insaurralde, que pasó a cobrar más protagonismo individual, teniendo en cuenta que había llegado a las PASO con poco nivel de conocimiento de los votantes. De hecho, en uno de sus spots se refiere directamente a eso, a que no lo conocían bien. Por eso, la idea ahora es que se muestre él y ya no sólamente al amparo de Cristina ni de Daniel Scioli.
El nuevo aporte de Cristina en ese sentido son las entrevistas que se emiten los domingos a la tarde. La semana pasada, el reportaje que le hizo Jorge Rial tuvo mucha repercusión así como la segunda parte que se emitió anoche. Desligadas de los resultados de la perfomance de Cristina en las entrevistas, las últimas encuestas indicaban una notable mejoría en la imagen positiva de la Presidenta.
Al igual que Cristina, Scioli aparece junto a Insaurralde en ocasiones más espaciadas, contadas, mientras sigue mostrándose como candidato presidencial para 2015. La acción más elocuente esta semana fue la reunión que mantuvo con empresarios, casi los mismos que había reunido Massa antes de las PASO.
También pareció tener el mismo formato la reunión del Partido Justicialista, que ratificó su respaldo a Cristina y a los candidatos del Frente para la Victoria en lo coyuntural, pero que paralelamente busca dar señales de que allí está la continuidad del modelo y no en Massa.
Quién es el garante del modelo y la necesidad de tener un Congreso que acompañe a Cristina, parecieran ser las dos claves para reducir la brecha entre Massa e Insaurralde. Es que, por un lado, aún no quedó claramente establecido entre los votantes que Massa es la oposición al modelo. Quizá buena parte de la propaganda de campaña debería concentrarse en ese punto y, además, con palabras contundentes.
Respecto de la futura composición del Congreso, todavía tiene influencia en algún sector social esa idea de no votar al oficialismo para que haya “equilibrio de poderes”.
Del otro lado del kirchnerismo, mientras Massa espera con comodidad que pasen estas tres semanas sin olas, Mauricio Macri empezó a dar pelea para el 2015, pensando que tiene asegurado el triunfo en las legislativas de la Ciudad.
Su enojo porque el círculo rojo le soltó la mano y se la dio a Massa se habrá transformado en ira cuando empezó a notar que el respaldo mediático del que goza desde hace años se empezó a debilitar para fortalecer al intendente de Tigre, ya que en teoría comparten votantes. Por esa razón, algunos de aquellos medios que fueron sus aliados publicaron esta semana denuncias de pago de sobreprecios en la construcción de los carriles exclusivos para colectivos en la avenida 9 de Julio. Habrá que ver hasta cuándo podrá sostener Macri su candidatura presidencial.
Por otra parte, la situación que vive Estados Unidos a partir de que la oposición republicana dejó sin presupuesto al gobierno de Barack Obama, forzándolo a un ajuste de hecho, fue aprovechada por el kirchnerismo para alertar sobre los riesgos que implican tener un Congreso con mayoría opositora. También el oficialismo recordó cuando en 2009, el “grupo A” dejó al Gobierno sin el Presupuesto. Por ahora parece que Cristina contará con el presupuesto para 2014, que ya tiene media sanción de Diputados y esta semana tratará el Senado.
La campaña entra en la recta final y en estas tres semanas, por sobre los condimentos tradicionales de la política local, no sólo seguirá en escena la tensión con Uruguay, sino que en cualquier momento la decisión de la Corte estadounidense pasará a la primera página de la agenda.
Fuente:MiradasalSur
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