El juicio contra Otilio Romano y el resto de los ex jueces comenzará el 17 de febrero
La justicia aceptó la unificación de las causas por delitos de lesa humanidad donde desfilarán alrededor de 40 imputados y más de 200 testigos. Entre los acusados, figuran cinco jueces del fuero federal.
Por: Maxi Quinteros
La justicia federal decidió unificar todas las causas pendientes por delitos de lesa humanidad y realizar un mega juicio oral que comenzará el 17 de febrero. Se tratará de un proceso judicial de características históricas, por los apellidos de los acusados y por la cantidad de víctimas. Entre ellos, figuran los ex camaristas federales, Luis Miret y Otilio Romano, junto a funcionarios policiales y militares que desempeñaban tareas en el D2, el principal centro clandestino de detención y torturas en Mendoza durante la dictadura.La unificación de las causas se había convertido en un nudo judicial para el avance de los procesos contra los ex represores y funcionarios judiciales. La iniciativa era impulsada tanto por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y por el fiscal federal, Dante Vega. Y, por ende, resistida por la defensa de los ex jueces que integraban la Cámara Federal de Apelaciones.
La acumulación de causas -donde figuran alrededor de 100 víctimas- en un solo juicio permitirá que ante un mismo tribunal -el Federal Oral Nº 1, presidido por Alejandro Piña- comparezcan unos 42 imputados vinculados a delitos de lesa humanidad.
Se calcula que habrá más de 200 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el centro clandestino de detención y tortura que funciona en el D2, por donde pasaron la mayor parte de las víctimas, pero también por el Liceo Militar General Espejo y la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer.
"Considero que será el juicio mas grande en la Provincia de Mendoza y considero que con la acumulación se respeta el planteo histórico del Medh de acumular las causas del terrorismo de estado", aseguró el abogado Pablo Salinas, representante del organismo.
El argumento de fondo por el que se pedía la unificación consistía en que, si cada causa fuera juzgada por separada, cada proceso y por ende cada condena seguiría demorándose. La investigación de los delitos llevó más de 20 años Y Mendoza fue una de las provincias más retrasadas en juzgar a los ex represores. En ese tiempo de dilaciones, los ahora acusados fueron envejeciendo, algunos enfermeraron y murieron sin llegar a tribunales, en tanto que otros fallecieron cumpliendo la pena en la cárcel. Si las causas siguieran juzgándose por separado, las víctimas que sobrevivieron y los testigos iban a tener que desfilar varias veces para aportar sus testimonios.
"Es una acumulación con criterios de justicia, que la mayor parte de las víctimas que figuran en las diferentes causas y los imputados y los lugares físicos son comunes también en las mismas causas, es revertir aquel proceso de desguace que se hizo en los años anteriores, bajo la órbita de Romano y Miret y los hacían ver como hechos comunes, individuales. Es un enorme avance", definió Fernando Rule, de la Asociación de ex Detenidos Políticos.
Los ex jueces federales, por primera vez a juicio
Serán juzgados en la misma casa donde años atrás omitían investigar a pesar de las denuncias o convalidaban la excarcelación de los imputados.
Se trata de cinco ex jueces federales que serán juzgados por primera vez: a Miret y Romano, se le suman Guillermo Petra, Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo.
El caso más emblemático es el de Romano que, tras ser suspendido en un jury, decidió evadir a la Justicia y escaparse a Chile. Una libertad condicionada que le duró dos años hasta que finalmente fue arrestado por la policía chilena en Reñaca y extraditado este año a Argentina. Al ex magistrado se le acusa de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y por allanamiento ilegal en varias causas.
A Miret se lo acusa por su actitud colaboracionista y pasiva para con la represión en varias causas, entre ellas, la detención ilegal de Luz Faingold cuando ésta era menor de edad. Miret no sólo se negó a restituirla a sus padres, además se negó a investigar los abusos que Faingold sufrió en cautiverio.
La Cámara de Apelaciones conformada por Romano, Miret y Julio Demetrio Petra tuvo un rol importante ya en democracia, cuando se comenzó a investigar las denuncias de los familiares y de las víctimas de delitos de lesa humanidad. Entre otras cosas, porque aceptaba los pedidos de excarcelación de los ex funcionarios militares y policiales con los que a partir del 15 de febrero compartirán el banco de los acusados.
Otro de los que sería enjuiciado en este proceso es Enrique Gómez Saa, cuyo juicio tendría que haber comenzado el pasado 11 de noviembre, pero que se suspendió porque el ex represor del Ejército porque se encuentra internado en el Hospital Español por un accidente que le provocó debilidad en los miembros inferiores y síndrome de confusión.
Pando: sin charla y sin acto
La noticia del megajuicio llega en un contexto signficativa. Este fin de semana trascendió la visita de Cecilia Pando, esposa de un militar -Pedro Rafael Mercado- y defensora de los ex represores. La activista de ultraderecha ha sido invitada por el ex senador demócrata Sergio Miranda, cuyo padre -Ricardo Miranda Genaro- estuvo a cargo del D2 en 1977 y fue condenado pero cumple prisión domiciliaria, según informaron desde Radio Nacional Mendoza.
Inicialmente, Pando daría una charla en el auditorio Calle, de diario Los Andes, pero la misma fue desactivada por el centenario matutino. Finalmente, tampoco hubo acto en las escalinatas de Tribunales Federales, tal como se había previsto. El repudio social hacia la figura de la defensora de jerarcas como Jorge Rafael Videla bastaron para que la visita de Pando fracasara rotundamente.
Fuente:ElSol
Envío:Agnddhh
En dicha oportunidad el tribunal oral acreditó la existencia de un circuito clandestino de detención instaurado en Santa Fe en tiempos del último gobierno militar que “se iniciaba con el secuestro de cada víctima, generalmente desde su domicilio o la vía pública, por parte de un grupo de personas de distintas fuerzas, fuertemente armadas, siempre en forma violenta, mediando golpes y amenazas, para luego ser trasladados y esposados, vendados o encapuchados, ocultos en el asiento de atrás de algún vehículo, a alguna de las dependencias utilizadas como primera escala del circuito, mayormente la Comisaria Cuarta, o en algunos casos la Comisaría Primera o la Brigada de Investigaciones, donde permanecían cautivas en pésimas condiciones de detención”.
“Por su parte las ‘casitas’, situadas a las afueras de la ciudad, eran utilizadas en esta primera etapa para efectuar los interrogatorios bajo torturas. Allí eran llevados los detenidos alojados en las dependencias mencionadas, generalmente de noche, siendo luego restituidos a esos lugares. Durante esta etapa, las víctimas estaban en condición de desaparecidas pues su detención era clandestina, no figurando su situación en ningún asiento legal, como surge de los libro de guardia reservados, algunos de los cuales fueron incorporados como prueba al debate.”
“Luego de obtener las firmas de declaraciones extraídas bajo tormentos, las víctimas eran alojadas en dependencias de la Guardia de Infantería Reforzada, donde funcionaba el Área 212, y posteriormente eran trasladados a distintas cárceles, a Coronda en el caso de los hombres y a Devoto en el caso de las mujeres.”
Víctor Hermes Brusa se desempeñaba como auxiliar principal de la Secretaría Electoral adscripto al Juzgado Federal a cargo del Dr. Fernando Mántaras, tramitando especialmente las causas en las cuales se investigaba la infracción a la ley 20.840, que reglamentaba un régimen de penalidad para las actividades terroristas. Se demostró que “Brusa se apersonaba en los centros clandestinos de detención, arrogándose el cargo de secretario y en el marco de los interrogatorios a los que sometía a las víctimas, las presionaba con volver a llamar al grupo de torturadores, con el fin de que ratifiquen las declaraciones denominadas confesiones, obtenidas durante el periodo de detención ilegal para luego, fundar una condena”.
Los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay consideraron que la presentación era inadmisible (art. 280 del CPCYCN)."
Otros en capilla:
Chaco: Roberto Mazzoni Formosa: El ex juez federal Luis Vivas
Córdoba: defensores denunciados Ricardo Haro, Luis Eduardo Molina y fiscales como Antonio Sebastián Cornejo.
Mar del Plata: Gustavo Demarchi y el juez suspendido Pedro Federico Hooft.
Salta: El ex juez Ricardo Lona
CABA: Romero Victorica
Santa Fe: Luis María Vera Candioti, ex juez federal que está imputado en la mega causa de esa provincia y está libre.
La Rioja: Roberto Catalán ex juez federal
Tucuman: Ex juez federal Manlio Martínez. Ademas de los citados están miembros del Poder Judicial de San Luis, Santiago del Estero, etc
Envío:Agnddhh
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