17.11.2013
Para seis, pidieron prisión perpetua, incluyendo al general Río Ereñú
Salta: Defensores coinciden en pedir condenas y cárcel común para 10 de los 17 hombres juzgados
Abogado Leiva. sorprendió al tribunal al aparecer enmascarado con una media.
(Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta).- Los abogados querellantes David Leiva, Susana Aramayo, Gastón Casabella y Tania Kiriaco coincidieron ayer en pedir condenas y cárcel común para 10 de los 17 hombres que están siendo juzgados en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia. Hubo pedidos de prisión perpetua para 6 acusados: los militares retirados Héctor Río Ereñi (quien fuera jefe del Ejército en la presidencia de Raúl Alfonsín), Carlos Alberto Mulhall, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Cornejo Alemán y Miguel Raúl Gentil, y el comisario retirado Joaquín Guil.
Para seis, pidieron prisión perpetua, incluyendo al general Río Ereñú
Salta: Defensores coinciden en pedir condenas y cárcel común para 10 de los 17 hombres juzgados
(Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta).- Los abogados querellantes David Leiva, Susana Aramayo, Gastón Casabella y Tania Kiriaco coincidieron ayer en pedir condenas y cárcel común para 10 de los 17 hombres que están siendo juzgados en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia. Hubo pedidos de prisión perpetua para 6 acusados: los militares retirados Héctor Río Ereñi (quien fuera jefe del Ejército en la presidencia de Raúl Alfonsín), Carlos Alberto Mulhall, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Cornejo Alemán y Miguel Raúl Gentil, y el comisario retirado Joaquín Guil.
En el caso del civil Juan Manuel Ovalle hubo diferentes pedidos: mientras Leiva (querellante junto a Aramayo por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia;los familiares de Víctor Brizzi y Martín Cobos,y los de Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Gamboa) pidió que se lo condene a 6 años de prisión por el secuestro de la docente Silvia Aramayo, los abogados Casabella (de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y Kiriaco (en representación de la madre de Aramayo, Brunilda Rojas) consideraron que debe ser condenado a prisión perpetua, como partícipe en el secuestro y en el homicidio de la joven.
También hubo pedidos de penas de 6 años para los militares FernandoChaín, Marcelo Gatto y Ricardo Benjamín de la Vega, por el secuestro del soldado Brizzi. En el caso de De la Vega, Leiva solicitó que se lo comience investigar por el homicidio del joven militante de la JP.
En general, los querellantes hicieron un repaso por las acciones del terrorismo de Estado en la provincia y acusaron a los juzgados de integrar el aparato represivo del Estado en la aplicación de un plan sistemático de eliminación de personas.
Es que los hechos objeto de este proceso fueron cometidos en distintos puntos de la provincia y los acusados son representativos de la organización de las fuerzas armadas y de seguridad a los fines de la represión. Mulhall era jefe de la Guarnición Ejército Salta (ya tiene dos condenas en su haber); Guil era el ex jefe de Seguridad de la Policía salteña (también tiene ya dos condenas); el mayor Mendíaz fue jefe de la Policía en momentos en que se cometieron varios hechos investigados en este juicio. Ríos Ereñú era jefe del Regimiento de Monte 28, en Tartagal, cuando se cometió el secuestro y asesinato del dirigente de la JP Jorge René Santillán. Gentil era jefe de la Policía en 1975, año en que fueron asesinados el periodista Luciano Jaime y los jóvenes Alfredo Mattioli, Marcos y Sergio Estopiñán y Ricardo Tapia.
Los querellantes sostuvieron que en este proceso ha quedado claro que en la provincia existió una estructura represiva iniciada tras la intervención al gobierno de Miguel Ragone, en noviembre de 1974 y que se acrecentó tras el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976.
A poco de su llegada, el primer interventor federal, Alejandro Mosquera, nombró en la Jefatura de Policía al militar Gentil y dejó a la Policía bajo la jurisdicción del Ejército, que proveía de información de inteligencia sobre los posibles blancos de la acción represiva.
La Policía de Salta, afirmó Casabella, participó de este entramado represivo “liberando zona, fraguando sumarios” y aportando personal para los operativos.
En el caso de Ovalle, los querellantes lo acusan de haberse infiltrado en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para realizar tareas de inteligencia.
A Mulhall lo acusaron por 9 hechos de homicidio(por Aramayo, Cobos, Brizzi, Raúl Osores, el matrimonio Gamboa, Santillán, René Russo y Figueroa Rojas) y 8 de privación ilegítima de la libertad; a Guil, por 10 homicidios. A Mendíaz lo señalaron como partícipe de 5 homicidios, igual que Gentil.
La audiencia seguirá el 3 de diciembre, con el alegato del fiscal federal Ricardo Toranzos.
Reconocible, a pesar de las medias
Con la cara cubierta con una media, el abogado David Leiva sorprendió ayer a los asistentes a la sala de grandes juicios “Gobernador Miguel Ragone”, en la Ciudad Judicial. Fue en el momento de fundamentar por qué está convencido de que Juan Manuel Ovalle participó del secuestro de Silvia Aramayo, tal como viene sosteniendo, hace 37 años, su madre, Brunilda Rojas.
La mujer sostiene que reconoció a Ovalle, por su voz y por su contextura física, en el grupo de tareas que la madrugada del 25 de septiembre de 1976, irrumpió en su casa de la calle Aniceto de la Torre al 1800, con las caras cubiertas por medias. Rojas afirma que conocía a Ovalle porque iba seguido a su casa a buscar a su hija.
“Seguramente después de haberme escuchado durante un año, a pesar de la media que tengo puesta sobre la cara, el Tribunal me va a reconocer por el contexto físico y por esta voz que es un timbre personal y es un reconocimiento de la personalidad, así como la señora Brunilda Rojas lo reconoció a Ovalle, después de haberlo conocido un año en su contexto físico y también por la voz”, sostuvo el letrado.
Más tarde, la abogada Tania Kiriaco enumeró las pruebas que en su opinión hacen caer la postura defensiva de Ovalle. Particularmente, desestimó las fotos que exhibió el acusado para mostrar que era cercano a Miguel Ragone y a los militantes por el regreso de Perón: “Las fotos no prueban nada. Astiz también tiene fotos con las Madres”, retrucó Kiriaco.
La abogada Tania Kiriaco pidió que se investigue al ex juez federal Ricardo Lona por su presunta participación en el secuestro y desaparición de Silvia Aramayo. Recordó en tal sentido que en 1976 el entonces magistrado “archivó en 6 fojas” la denuncia presentada por la madre de la joven.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, pidió que se investigue al ex docente de la Universidad Nacional de Salta Mario Casalla por “su presunta participación en el homicidio calificado y la privación ilegítima de la libertad” de Aramayo, Víctor Brizzi y Gemma Fernández Arcieri de Gamboa.
Fuente:Telam
Envío:Agnddhh
Salta
Megacausa de la UNSa/Las querellas culminaron sus alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad
Piden perpetua y condenas efectivas para los imputados
19.11.13
Dieron por probada la participación de los implicados en secuestros, homicidios y desaparición de personas en Salta.
Megacausa de la UNSa/Las querellas culminaron sus alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad
Piden perpetua y condenas efectivas para los imputados
19.11.13
Dieron por probada la participación de los implicados en secuestros, homicidios y desaparición de personas en Salta.
Piden perpetua y condenas efectivas para los imputados
Ayer concluyeron los alegatos de los querellantes en el juicio por la megacausa de la UNSa con el pedido de drásticas condenas para los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia a partir de 1975. Para graficar el contexto en que se desarrollaron los hechos, el querellante David Leiva dio por probado que los secuestros, la desaparición y los asesinatos de las personas que fueron materia de debate en este prolongado juicio formaron parte del plan sistemático de eliminación de quienes no comulgaban con el Gobierno de facto. Dijo que para lograr ese cometido, las fuerzas de seguridad actuaron en forma coordinada para lograr impunidad. Puso como ejemplo los casos del matrimonio Gamboa, secuestrado cerca del domicilio del jefe de infantería de la Policía local (24/09/76); del gremialista Jorge Santillán, secuestrado a poca distancia de la comisaría de General Mosconi (10/08/76); del adolescente Martín Cobos, asesinado a pocas cuadras de la Seccional Quinta (24/09/76). Destacó que con el mismo grado de impunidad se consumó la desaparición de Víctor Brizzi, cuyos rastros se perdieron cuando cumplía el servicio militar en la Guarnición Ejército Salta, el 8 de marzo de 1976. Con el mismo énfasis el representante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia dio por probada la participación del único civil, Juan Manuel Ovalle, en el secuestro y desaparición de la profesora de la Universidad Nacional de Salta Silvia Aramayo. Leiva pidió perpetua y prisión efectiva para el exjefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, para el exjefe de Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, para el exsubjefe de esa unidad militar Joaquín Cornejo Aleman, para los exjefes de la Policía de la Provincia Miguel Gentil y Virtom Mendía y para el exdirector de Seguridad de esta fuerza, Joaquín Guil. También solicitó 6 años de prisión para Fernando Chaín, Marcelo Gatto y Ricardo de la Vega, imputa dos por el caso Brizzi.
Para sustentar una prueba se colocó una capucha
La nota de color la dio el abogado David Leiva en el momento en que justificaba la participación de Juan Manuel Ovalle en el secuestro y desaparición de la profesora Silvia Aramayo. La docente fue sacada de su domicilio por un grupo armado que ingresó con el rostro cubierto. Brunilda Rojas, madre de Aramayo, dijo que reconoció a Ovalle por la voz. Para convencer al Tribunal que los dichos de la mujer son ciertos, el querellante se colocó una capucha y dirigiéndose a los jueces dijo: “Después de más de un año de debate ustedes tienen registrada mi voz y en cualquier circunstancia van a saber que soy yo así me cubra rostro”. El letrado sostuvo que Ovalle concurría asiduamente a la vivienda porque mantenía una relación amorosa con Silvia. “Este detalle es importante para asegurar con grado de certeza que la señora dijo la verdad”, expresó.
La responsabilidad de los imputados
Gastón Casabella, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo una pormenorizada valoración de las pruebas para justificar los pedido de condenas en los caso de Brizzi, Aramayo, del periodista Luciano Jaime, de Héctor Gamboa y su esposa Gemma Arcieri y de la masacre de Rosario de Lerma. El querellante dio por probada con grado de certeza la responsabilidad de cada uno de los imputados. “El contexto nos indica que los crímenes no se ejecutaron en un marco de guerra y que todo fue obra del terrorismo de Estado”, expresó. Casabella responsabilizó del avance del aparato represivo a la inacción de la Justicia Federal. Al referirse al caso Jaime, dijo que Gentil y Guil fueron los que planificaron la ejecución del periodista del diario El Intransigente, cuyo cadáver apareció dinamitado en El Encón Chico, en Rosario de Lerma, el 12 de febrero de 1975. “Lo mataron por su profesión y por su militancia política”, afirmó. De igual forma sostuvo que quedó probada la participación de estos dos imputados en la ejecución de cuatro militantes del Frente Revolucionario Peronista, en ese departamento del Valle de Lerma. Alfredo Matioli, Ricardo Tapia, Liendro Marcial y Sergio Marcos Estopiñan fueron acribillados en una vivienda, donde se habían ocultado de la persecución policial. Casabella también calificó de patético el caso del matrimonio Gamboa, secuestrado por un grupo de tareas, quien dejó abandonada en la puerta de una casa vecina a su hija de cinco meses. En los mismo términos se refirió a la desaparición del soldado Víctor Brizzi y la docente Silvia Aramayo. Luego de su extenso alegato, pidió prisión perpetua para Mulhall, Gentil y Guil, como autores mediatos. La misma condena requirió para Ovalle como partícipe necesario de homicidio y privación ilegítima de la libertad.
Pidió la pena máxima para Ovalle
“La cesantía de docentes fue uno de los métodos de persecución ideológica que imperó en la de la Universidad Nacional de Salta”, dijo Tania Kiriaco, la representante de esa casa de estudios y de los familiares de la profesora Silvia Aramayo. Expresó que la docente era una militante peronista de las villas de Salta y por ese motivo el aparato represivo siempre la tuvo en la mira. Refirió que el contacto que tuvo con Ovalle, quien era alumno de Silvia en la UNSa, fue determinante para su trágico final. “Los hechos demostraron que entre ambos había una relación amorosa, que el imputado frecuentaba la casa y por eso la madre de Silvia asegura que lo reconoció por la voz la noche que la secuestraron”, afirmó la letrada. Kiriaco hizo hincapié en el testimonio de excompañeras de Silvia que describieron que Ovalle era un infiltrado y que varias personas sospechaban de él porque sabían que era medio hermano del comisario Abel Murúa, quien en esa época era jefe de Inteligencia de la Policía local. “La mejor prueba de que Ovalle trabajaba para los servicios la dio el exjefe de Policía Virtom Mendía cuando declaró en este juicio que según Murúa los mejores informantes de la UNSa eran los estudiantes”. Tras calificar de sólido el testimonio de la madre de la docente sostuvo que “no se puede exigir estándar riguroso para las pruebas tomando en cuenta el tiempo que pasó”. Culminó su alegato solicitando prisión perpetua para Ovalle como partícipe necesario de la desaparición de Aramayo.
Para sustentar una prueba se colocó una capucha
La nota de color la dio el abogado David Leiva en el momento en que justificaba la participación de Juan Manuel Ovalle en el secuestro y desaparición de la profesora Silvia Aramayo. La docente fue sacada de su domicilio por un grupo armado que ingresó con el rostro cubierto. Brunilda Rojas, madre de Aramayo, dijo que reconoció a Ovalle por la voz. Para convencer al Tribunal que los dichos de la mujer son ciertos, el querellante se colocó una capucha y dirigiéndose a los jueces dijo: “Después de más de un año de debate ustedes tienen registrada mi voz y en cualquier circunstancia van a saber que soy yo así me cubra rostro”. El letrado sostuvo que Ovalle concurría asiduamente a la vivienda porque mantenía una relación amorosa con Silvia. “Este detalle es importante para asegurar con grado de certeza que la señora dijo la verdad”, expresó.
La responsabilidad de los imputados
Gastón Casabella, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo una pormenorizada valoración de las pruebas para justificar los pedido de condenas en los caso de Brizzi, Aramayo, del periodista Luciano Jaime, de Héctor Gamboa y su esposa Gemma Arcieri y de la masacre de Rosario de Lerma. El querellante dio por probada con grado de certeza la responsabilidad de cada uno de los imputados. “El contexto nos indica que los crímenes no se ejecutaron en un marco de guerra y que todo fue obra del terrorismo de Estado”, expresó. Casabella responsabilizó del avance del aparato represivo a la inacción de la Justicia Federal. Al referirse al caso Jaime, dijo que Gentil y Guil fueron los que planificaron la ejecución del periodista del diario El Intransigente, cuyo cadáver apareció dinamitado en El Encón Chico, en Rosario de Lerma, el 12 de febrero de 1975. “Lo mataron por su profesión y por su militancia política”, afirmó. De igual forma sostuvo que quedó probada la participación de estos dos imputados en la ejecución de cuatro militantes del Frente Revolucionario Peronista, en ese departamento del Valle de Lerma. Alfredo Matioli, Ricardo Tapia, Liendro Marcial y Sergio Marcos Estopiñan fueron acribillados en una vivienda, donde se habían ocultado de la persecución policial. Casabella también calificó de patético el caso del matrimonio Gamboa, secuestrado por un grupo de tareas, quien dejó abandonada en la puerta de una casa vecina a su hija de cinco meses. En los mismo términos se refirió a la desaparición del soldado Víctor Brizzi y la docente Silvia Aramayo. Luego de su extenso alegato, pidió prisión perpetua para Mulhall, Gentil y Guil, como autores mediatos. La misma condena requirió para Ovalle como partícipe necesario de homicidio y privación ilegítima de la libertad.
Pidió la pena máxima para Ovalle
“La cesantía de docentes fue uno de los métodos de persecución ideológica que imperó en la de la Universidad Nacional de Salta”, dijo Tania Kiriaco, la representante de esa casa de estudios y de los familiares de la profesora Silvia Aramayo. Expresó que la docente era una militante peronista de las villas de Salta y por ese motivo el aparato represivo siempre la tuvo en la mira. Refirió que el contacto que tuvo con Ovalle, quien era alumno de Silvia en la UNSa, fue determinante para su trágico final. “Los hechos demostraron que entre ambos había una relación amorosa, que el imputado frecuentaba la casa y por eso la madre de Silvia asegura que lo reconoció por la voz la noche que la secuestraron”, afirmó la letrada. Kiriaco hizo hincapié en el testimonio de excompañeras de Silvia que describieron que Ovalle era un infiltrado y que varias personas sospechaban de él porque sabían que era medio hermano del comisario Abel Murúa, quien en esa época era jefe de Inteligencia de la Policía local. “La mejor prueba de que Ovalle trabajaba para los servicios la dio el exjefe de Policía Virtom Mendía cuando declaró en este juicio que según Murúa los mejores informantes de la UNSa eran los estudiantes”. Tras calificar de sólido el testimonio de la madre de la docente sostuvo que “no se puede exigir estándar riguroso para las pruebas tomando en cuenta el tiempo que pasó”. Culminó su alegato solicitando prisión perpetua para Ovalle como partícipe necesario de la desaparición de Aramayo.
Fuente:ElTribuno
Envío:Agnddhh
Envío:Agnddhh
No hay comentarios:
Publicar un comentario