Segundo juicio por lesa humanidad
Declaró la titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
San Luis (Pelr) 14-11-13. En la cuarta jornada del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Luis durante la última dictadura militar, comenzaron a escucharse las primeras, de casi 300, testimoniales. Por la mañana lo hizo Lilian María Cruz Videla, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; mientras que por la tarde fue el turno de Ana María Garraza. Antes de comenzar su testimonio, el tribunal informó que hasta fin de año se ventilarán casos ocurridos en la capital provincial, por lo que aquellos procesados por hechos ocurridos en Villa Mercedes -y sus defensores- no tendrán la obligación de permanecer en la sala de audiencias. Lo mismo ocurrirá con los procesados por hechos en la capital, cuando se traten los casos de Villa Mercedes. Luego del testimonio de Garraza se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, a la hora 09:30, día en que se escucharán los testimonios de Gilberto Herrera, Julio Lucero Belgrano y Carlos Correa.
Videla comenzó su testimonio relatando cómo fue detenida en la madrugada del 17 o 18 -no recordó con exactitud el día- de diciembre de 1976, cuando un camión del Ejército cortó el tránsito frente a su domicilio, actuando un grupo de unos 10 a 15 hombres pertenecientes al Ejército y a la Policía, comandados por el entonces jefe de policía, Carlos Plá y Víctor David “El Japonés” Becerra -condenado en el primer juicio, ya fallecido-. Todo el proceso se realizó sin orden de allanamiento ni de detención. En ese momento la llevan al patio de la casa, razón por la cual no sabe qué hicieron en el interior de su vivienda, y cuando ya amanecía la llevaron a la Jefatura Central de Policía.
Recordó que estuvo detenida durante dos años y seis meses. Durante las primeras dos semanas “estuve tirada en el piso”, relató, junto a dos compañeras, de las cuales una ya falleció. Respecto de la otra de apellido Villegas “que era muy jovencita” a la cual Becerra o Plá -alternativamente- la retiraban todas las noches, “no sé decir para qué”.
Sobre su estadía en la Cárcel de Mujeres local, Videla se preguntó “no sé por qué no está acá” respecto de la directora -de apellido Vanucci-, porque asegura que ella sabía de las torturas que padecían los detenidos políticos. También recordó que las presas comunes eran muy solidarias y al estar privados de todo, eran aquellas las que se convirtieron en lazo con sus familias. El entonces obispo Laise no quedó fuera del testimonio, sobre quien aseguró que todas las cartas que les llegaban, “pasaban primero por él” y hasta habló de que tenía un archivo de los detenidos y de esas cartas; y sobre él también se preguntó por qué no estaba entre los procesados. En un momento de su relato en la Cárcel de Mujeres, señaló que una mujer de apellido Murúa, que era carcelera, “compró una niña para retener a un compañero de San Juan” y que un día llegó al penal la partera ya fallecida, Rosa Celorrio, y les dijo “esta hdp (por Murúa) que no me ha pagado todavía el documento por la hija que le metí”.
Al tiempo fue trasladada a Devoto en un avión Hércules que recogió presos de toda la zona. Al llegar, a cerca de 60 mujeres las llevaron a la iglesia de la prisión y delante del cura las hicieron desvestir, tirando las ropas frente al altar; todo esto frente al mismísimo cura y todo personal masculino. Videla afirmó que las cárceles de esa época no se parecen en nada a las de ahora, porque tenían prohibido todo y que permanecían todo el día en la celda, salvo dos horas. “Si era verano, nos sacaban en horas de la tarde y si era invierno, a las seis de la mañana”, dejando en claro el trato inhumano del que fueron víctimas.
Sobre su liberación, a la que tildó de “entre comillas”, ésta se produjo en junio de 1979, porque iba a venir a la Argentina una Comisión de Derechos Humanos, pero para obtener la libertad los familiares debieron firmar un acta donde figuraba que se arrepentían de todo lo que habían hecho; y que al momento de firmar la libertad, “muchos compañeros desaparecieron”.
Luego de su liberación, cuando llegó a San Luis, le llegó una citación para que se presentara en la Jefatura Central de Policía, y allí Becerra le informó que tenía la obligación de presentarse una vez por semana; mientras que desde el Ejército le informaron que cada vez que tuviera que salir de la provincia, debía pedir autorización con antelación. Como si fuera poco, fue llamada desde la Policía Federal, donde tuvo que soportar un interrogatorio similar a los que sufrió durante su detención.
Ante una pregunta, Videla recordó que en el allanamiento se secuestraron tres armas, una de las cuales era obsoleta, y que alguien le pidió que se las guardara por lo que se estaba viviendo en el país producto de la dictadura militar. Asimismo aseguró que resultó sobreseída en primera instancia y absuelta en segunda, en la justicia federal.
Finalmente, Videla dejó muy mal parados a quienes integraban la justicia federal de la época, -los tres detenidos Hipólito Saá (fiscal federal), Carlos Pereyra González (secretario) y Eduardo Allende (juez federal)- porque durante su detención le tomaron declaración sin la presencia de su abogado y porque todo el procedimiento se realizó sin una orden emanada por ellos. Sobre Vanucci, la directora del penal, se pidió compulsa de las declaraciones de Videla, las que deben ser enviadas a Fiscalía federal para su investigación.
Informe: Carlos Rubén Capella
Ana María Garraza
“Estábamos cenando cuando unos 50 militares, policías uniformados y de civil entraron a nuestra casa…”
San Luis 14-11-13 En la jornada de ayer en horas de la tarde se escuchó el testimonio de Ana María Garraza, quien estuvo detenida desde el 19 de octubre de 1976 hasta diciembre del ‘83. A pedido de la Fiscalía comenzó su exposición con el relato sobre su detención.
“En la noche del 19 de octubre irrumpieron en nuestra casa 50 efectivos, que golpean la puerta y cuando mi padre Pedro Garraza, abre, fue empujado y casi tirado al piso. Inmediatamente comenzaron a entrar y pasar militares y policías, a la orden del Capitán Plá y Becerra. A mi hermana, Lina y a mí nos tiraron al piso, donde permanecimos por un largo tiempo, hasta ser trasladadas a la Jefatura Central de Policía en un patrullero. Luego en ese lugar vi a mi madre Chabela quien también fue detenida junto a mi padre. Ambos de una larga trayectoria gremial, Pedro delegado de Obras Sanitarias de la Nación y mi madre dirigente docente desde siempre. Mi hermanita Marisa de 8 años fue asistida por familiares, durante los dos años de prisión de mi madre. Hasta Diciembre de ese año estuvimos con Lina en la Jefatura luego fuimos trasladadas a Mendoza y en 1978 a Devoto hasta ser liberadas en 1983. Pedro fue enviado a Sierra Chica y Rawson, también fue liberado en 1983.
También relato la testigo de un traslado a dependencias de la Policía Federal donde fue golpeada por Borsalino, por detrás y en los oídos. Además de las permanentes amenazas y golpes recibidos en Jefatura, que por las noches las sacaban al patio junto a su hermana y eran rodeadas por efectivos de uniforme y civil.
Con respecto a recibir asistencia médica dijo que nunca en Jefatura, salvo, que en una oportunidad les dolía mucho la cabeza, y le solicitaron atención a Moreno Recalde, quien le acerco unas aspirinas, que inmediatamente fueron sacadas por Becerra.
Reconoció a Plá, Becerra, Ricarte, Chavero, Velázquez, Pérez, Garro, Orozco, entre otros como efectivos que estaban, en Jefatura durante la detención.
“Si bien el Juez Allende ya me había visto en la cárcel de Mendoza, en abril de 1977 recuerdo un incidente vivido en Devoto en una visita del Juez, junto al Fiscal Hipólito Saá, quien me ofreció un cigarrillo, y el Juez le dijo que no lo necesitaba. Por supuesto nunca se interesó sobre mi situación”.
Una vez más se vivieron situaciones tensas, que obligaron al titular del Tribunal, en este caso Marcelo Alvero, a intervenir, ya que por la presión, el tono y el tenor de las preguntas de los abogados defensores, Estrada (Rossi) y Bahamonde (Garro. Palma, Pérez), la testigo preguntó si ella era la imputada.
Al finalizar su testimonio Ana María resaltó el valor de la democracia que estamos viviendo y reivindicó la actitud de ayer y hoy de su familia.
Colaboración especial Wences Rubio – Periodista Radio Nacional San Luis
Segundo juicio por crímenes de lesa humanidad
Cremont, de prisión domiciliaria a cárcel común
San Luis (Pelr) 13-11-13. Con una demora de 50 minutos -algo que lamentablemente se convirtió en costumbre-, comenzó ayer la tercera jornada del segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se sigue en San Luis a militares, policías y un civil, cometidos durante la última dictadura militar. En la mañana el tribunal rechazó los planteos que había realizado el defensor Vidal, con lo que José María Pérez Villalobo volvió a integrarlo como presidente y por la tarde resolvió a favor del planteo que había realizado por la mañana el Ministerio Público Fiscal para que el acusado Cremonte, que gozaba de prisión domiciliaria vuelva a la cárcel común mientras dure el proceso. Por momentos, el juicio se pareció más a un programa televisivo político de poca monta que a un juicio, con fuertes discusiones entre las partes, las que no pudieron ser contenidas por el presidente, quien se mostró demasiado permisivo para este tipo de vergonzosos comportamientos.
La audiencia comenzó con la presidencia de Marcelo Alvero -y la ausencia de Pérez Villalobo-, quien se había hecho cargo de la misma el miércoles pasado tras la recusación que planteó Vidal sobre Pérez Villalobo. Luego de leer la resolución por la cual rechazaron la recusación planteada por Vidal, por extemporáneo y “claramente dilatoria”, Pérez Villalobo se constituyó en la sala y retomó la presidencia del tribunal. Acto seguido comunicaron que también habían rechazado los planteos de inconstitucionalidad y el pedido de apartamiento de Dante Vega quien juega el rol de tercer fiscal, junto a Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid.
Con la retoma de la audiencia, pidió la palabra el defensor Eduardo “Lalo” Esley, quien recusó a la fiscal Mónica Spagnuolo por “enemistad manifiesta” basándose en una denuncia que presentó y que está por resolverse en la Cámara Federal de Mendoza. Aquí se dio lugar el primer cruce fuerte entre miembros de las partes, cuando comenzaron una discusión Esley y Spagnuolo, donde el defensor la trató de “mentirosa” y le espetó “usted no es una persona de bien”, a lo que recibió como respuesta un ‘mire quién habla’ por parte de la fiscal. El planteo de Esley fue rechazado in limine por el tribunal.
A su turno, Osvaldo Viola -defensor del médico Vicente Ernesto Moreno Recalde-, también tuvo fuertes discusiones con el fiscal Vega, sin que el presidente del tribunal lograra evitarlas demostrando que el juicio se le estaba yendo de las manos.
El Ministerio Público Fiscal, pidió que se ordenara la inmediata detención y disposición en cárcel común de Hugo Ricardo Cremonte, Miguel Ángel Fernández Gez, Juan Amador Garro, Pedro Armando Gil Puebla, Benjamín Jofré, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Vicente Ernesto Moreno Recalde, Andrés Enrique Manuel Ortuvia Salinas, Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomas Palma y Juan Carlos Pérez; mientras dure el proceso por temor a la fuga. Posteriormente, cada uno de los defensores se opuso al planteo, basados en las avanzadas edades, las enfermedades y casi indigencia como para organizar una fuga; lo que no terminó por convencer al tribunal puesto que dictaminó a favor del pedido fiscal.
Informe: Carlos Rubén Capella
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