SE ENCONTRARON EN UN SUBSUELO DEL EDIFICIO CONDOR DOCUMENTOS INEDITOS DE LA ULTIMA DICTADURA
Actas secretas, biblioratos y listas negras
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló que se llegó a los papeles a partir de información del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Hay registros sobre pedidos de familiares de desaparecidos e información sobre algunas empresas como Aluar y Papel Prensa.
Por Ailín Bullentini
El ministro de Defensa durante el acto, con Madres de Plaza de Mayo.Imagen: Pablo Piovano
“SECRETO”. Así, en mayúscula y como introducción a todo lo que seguirá desde esa línea hacia abajo, comienzan las actas de los encuentros formales que compartieron los representantes de las diferentes fuerzas en la Junta Militar durante la última dictadura. Fueron 280 las reuniones que sucedieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, según los originales de las actas que fueron encontrados en el subsuelo de la sede central de la Fuerza Aérea. En una decena de ellas, según los registros que permanecieron escondidos durante más de tres décadas, los genocidas trataron “el problema de Papel Prensa” y “el arresto de los familiares e implicados en el caso Graiver”. En otras tantas, se ordena que “se debe evitar el uso del término ‘personas desaparecidas’, utilizando, en cambio, ‘pedidos de paraderos de personas’”. Tras un análisis preliminar, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ponderó el “valor histórico” de la documentación hallada, que comprende además 1500 biblioratos, carpetas con planes de gobierno y fundamentos ideológicos a lo que los genocidas llamaron el Proceso de Reorganización Nacional. Dejó a criterio de la Justicia la decisión respecto de su valor jurídico. “Es la primera vez que tenemos acceso a una documentación de esta índole”, destacó el ministro que, además, remarcó: “El hallazgo demuestra que la expectativa que todos mantenemos acerca de que pudiese seguir existiendo documentación (sobre el accionar de la última dictadura cívico-militar) no es en vano”.
“SECRETO”. Así, en mayúscula y como introducción a todo lo que seguirá desde esa línea hacia abajo, comienzan las actas de los encuentros formales que compartieron los representantes de las diferentes fuerzas en la Junta Militar durante la última dictadura. Fueron 280 las reuniones que sucedieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, según los originales de las actas que fueron encontrados en el subsuelo de la sede central de la Fuerza Aérea. En una decena de ellas, según los registros que permanecieron escondidos durante más de tres décadas, los genocidas trataron “el problema de Papel Prensa” y “el arresto de los familiares e implicados en el caso Graiver”. En otras tantas, se ordena que “se debe evitar el uso del término ‘personas desaparecidas’, utilizando, en cambio, ‘pedidos de paraderos de personas’”. Tras un análisis preliminar, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ponderó el “valor histórico” de la documentación hallada, que comprende además 1500 biblioratos, carpetas con planes de gobierno y fundamentos ideológicos a lo que los genocidas llamaron el Proceso de Reorganización Nacional. Dejó a criterio de la Justicia la decisión respecto de su valor jurídico. “Es la primera vez que tenemos acceso a una documentación de esta índole”, destacó el ministro que, además, remarcó: “El hallazgo demuestra que la expectativa que todos mantenemos acerca de que pudiese seguir existiendo documentación (sobre el accionar de la última dictadura cívico-militar) no es en vano”.
El jueves pasado, el jefe del Estado Mayor general de la Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo, llamó al ministro de Defensa con una noticia llamativa: en una “limpieza” en el subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea habían encontrado “documentación que prima facie parecía resultar sensible al período histórico comprendido entre 1976 y 1983, la última dictadura militar”, relató Rossi ayer en el marco de la conferencia de prensa a la que citó a medios, organismos de derechos humanos y representantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas.
La Dirección de Derechos Humanos de la cartera, a cargo de Stella Segado, y de Asuntos Jurídicos, a cargo de Graciana Peñafort, hicieron en estos días un análisis preliminar de los papeles resguardados en dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería durante treinta años. Ayer, Rossi limitó en seis meses la tarea de sistematización en profundidad de la información, que estará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio.
Entre las documentación hallada hay:
- 1500 biblioratos.
- Seis carpetas que contienen las actas originales de los encuentros que la Junta Militar mantuvo mientras duró su gobierno de terror, en las que quedaron registros de que discutieron sobre desaparecidos, sobre la detención de la familia Graiver, dueña de Papel Prensa, y sobre esa empresa. También sobre el conflicto con Chile por el canal de Beagle y la Ley de Radiodifusión.
-Documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, informes que “daban sustento doctrinario o ideológico al plan de gobierno de los genocidas, planificación de la estrategia a largo plazo.
n Registros de los pedidos que llegaban a la Junta por hombres y mujeres que desaparecían a diario, información sobre algunas empresas como Aluar y Papel Prensa, listas negras de artistas, comunicadores e intelectuales.
Antes y después de detallar el contenido general de los archivos encontrados, Rossi destacó cómo se produjo esa revelación: “Llegamos a esta documentación por una información que nos brindó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un integrante de la cúpula de las Fuerzas Armadas. No porque estábamos investigando nosotros, no por una investigación judicial, y eso es un hecho cualitativo absolutamente distinto de otras situaciones en las que se han encontrado documentos relacionados con la última dictadura”, subrayó Rossi y, en esa línea, lo relacionó con la “misión” que le encomendó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al nombrarlo al frente de la cartera: “La Presidenta me dijo que había que empezar a construir una nueva relación entre las Fuerzas y la sociedad, integradas a un proyecto de Nación, fuertemente vinculadas con la sociedad civil y prestigiosas. Este hecho demuestra que así se está actuando”.
También ayer, el ministro firmó una resolución que llama a los miembros de las Fuerzas Armadas a “intensificar la requisa en lugares no habituales de tránsito y uso (de las diferentes dependencias) ante la posibilidad de que pueda existir más documentación que ayude a ir consolidando la idea de memoria, verdad y justicia”. En ese sentido, destacó la presencia de la cúpula militar en la conferencia como un “cambio de época” y un “aporte a los festejos de los 30 años de democracia”.
“La Justicia determinará el valor jurídico que los documentos puedan tener a las causas abiertas”, mencionó Rossi. Para Peñafort, el valor jurídico de los papeles es “casi inédito”: “Estamos tratando con documentación original que en los juicios en los que se discute la política económica de la dictadura, por ejemplo, servirán para dar cuenta de un plan económico y sistemático hecho en violación a la Constitución y a los derechos humanos de quienes eran accionistas de las sociedades”. En cuanto a la historia, la directora de Asuntos Jurídicos de la cartera de Defensa coincidió con el titular, ya que “semejante cantidad de información, en relativo buen estado y sistematizada en su mayor parte, original, permite pensar que es posible encontrar otra información muy preciada y esperanzadora que conduzcan a datos que permitan resolver dudas sobre los hijos, sobre los nietos”.
Se querían quedar hasta el 2000
“Plan general de acción-tentativo” le llamaron los militares a una especie de mapa conceptual ubicado sobre una línea de tiempo que explica, didácticamente, que el Proceso de Reorganización Nacional constaba, para ellos, de varias etapas: Tras la fijación de la “estructura de poder”, que se desarrollaría entre 1976 y 1977, llegaría la “etapa fundacional”, con duración mínima hasta 1982, y la “nueva República”, que se extendería, cuanto menos, hasta el nuevo siglo. “Encontramos documentos que daban sustento doctrinario o ideológico al proyecto de reorganización nacional”, explicó Rossi. Entre ellos, hay papeles de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, datos sistematizados del plan de acción de gobierno encabezado por el entonces jefe de Planificación Ramón Díaz Bessone y un proyecto de la Asociación de Bancos Argentinos titulado Aportes al esquema del proyecto nacional, que, señaló Rossi, “prueba lo que dice la Presidenta acerca de que el golpe de 1976 fue cívico-militar”.
Los Graiver y Papel Prensa
Seis carpetas originales conservan 280 actas de reuniones de la Junta Militar; todas las que se desarrollaron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. “Allí figuran los temas que se trataban, las posiciones que tenían cada una de las diferentes fuerzas”, aseguró Rossi. De todos los asuntos, el referido a Papel Prensa SA fue el más destacado por el ministro en la conferencia. Según informó Rossi, hay trece actas en las que se registra el “seguimiento exhaustivo” del tema. De ellas, una docena están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1º de diciembre de 1977. El punto 5 del acta 19 (6 de abril de 1977) es el “arresto de familiares e implicados en el caso Graiver”. El 5.1 demuestra que los secretarios generales en la Junta decidieron “que sea nuevamente tratado el problema de Papel Prensa incluido en el acta 14 de la Junta Militar”. La Justicia cuenta con una copia solo del acta 14, en la causa que se sigue por la adquisición ilegal de la empresa de parte de Clarín y La Nación –figura en el informe de Ricardo Molina–. “La cantidad de actas relativas a Papel Prensa que encontramos referentes al primer tramo de la dictadura militar demuestra que era un tema absolutamente importante para la dictadura en ese momento y en la forma de tratamiento queda perfectamente establecido que, para ellos, la detención de la familia Graiver tiene que ver directamente con lo relativo a la empresa”, determinó Rossi. Entre la documentación hallada figura, además, información acerca del tratamiento que los militares les dieron a otras empresas, como Austral, Aerolíneas Argentinas y Aluar, también ligada al grupo Graiver.
“Peligrosidad ideológica”
Actas de las reuniones de las Juntas y libros de “entradas y salidas”.Imagen: Pablo Piovano
El ministro de Defensa mencionó como una muestra de la documentación hallada el añejo “Libro de Correspondencia: entradas y salidas”, en donde, según explicó Rossi, “cualquier comunicación que se quería hacer a la Junta quedaba asentada”. Desde el punto de vista histórico, “riquísimo”, categorizó. Allí, por ejemplo, figura la solicitud que hizo Hebe de Bonafini por sus hijos, aún hoy desaparecidos. Varios biblioratos, en tanto, albergan las listas negras de intelectuales, comunicadores y artistas. En 1980, había 331 personas categorizadas según su “peligrosidad ideológica”. De ellas, en 1982 sólo quedaban 153. “Había cuatro fórmulas para calificar a las personas: de la 1 a la 4, de menor a mayor intensidad de “peligrosidad”. Norma Aleandro, Emilio Alfaro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Julio Cortázar, Norman Briski, Roberto Cossa, Rogelio García Lupo, Eva Gibertti, Horacio Guaraní, Víctor Heredia, María Elena Walsh y Mercedes Sosa figuraron en las enumeraciones.
Fuente:Pagina12
El ministro de Defensa presentó archivos desconocidos de la represión, que registran la actividad de las Juntas Militares desde 1976 a 1983
Hallan documentos de la dictadura con pruebas clave sobre Papel Prensa
Agustín Rossi reveló el contenido de actas que demuestran el tratamiento en paralelo del traspaso de acciones a Clarín, La Nación y La Razón, y el cautiverio de los Graiver. Listas negras y un plan para ocupar el poder hasta el 2000.
Por: Felipe Yapur
Rossi reconoció que el hallazgo fue obra de la casualidad y el azar. Y es que la escena del descubrimiento hizo recordar a las viejas series televisivas en blanco y negro. En este caso, un grupo de empleados de maestranza buscaba en un sótano oscuro y húmedo, una habitación donde depositar los materiales de trabajo. De repente, en una sala de ese subsuelo les llamó la atención las existencia de dos cajas fuertes, una importante estantería de tres metros de largo por dos de alto, y un armario. Es allí donde estaban acomodadas (¿ocultas?) desde tal vez hace 30 años, esas 1500 carpetas de tapa negra y otros tantos libros y publicaciones, que guardaban la memoria histórica de los responsables del genocidio.
La novedad subió rápidamente por el escalafón aeronáutico hasta llegar al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Mario Luis Callejo, quien le informó al ministro Rossi sobre el descubrimiento. La conducta del jefe de la aviación fue destacada por Rossi al considerar que se inscribe en la nueva etapa que viven las fuerzas armadas desde 2003 y que está relacionada con la integración de los militares a la vida de la sociedad civil y la democracia. "Me siento muy satisfecho por esta actitud", remarcó el ministro.
El día del descubrimiento, el jueves de la semana pasada, Rossi ordenó que la dirección de Derechos Humanos del Ministerio y el departamento legal hicieran un trabajo exhaustivo con toda la documentación y su resguardo en un lugar seguro que comenzó ese mismo jueves y todavía continuaba ayer. No es para menos. Por primera vez se accede a todas las actas de las juntas militares, desde la primera hasta la última, en 1983.
Sin duda que la venta de Papel Prensa representó para la primera Junta Militar un tema central de lo que ellos denominaron el "período fundacional" del denominado proceso de reorganización nacional que, según consta en un acta, planeaban extender más allá de 1990 para completarse con una "nueva república" en los albores del 2000.
"En el caso de Papel Prensa-Caso Graiver fueron encontradas trece actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo del tema, doce de ellas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1 de diciembre de 1977, lo que demuestra que el tema era de discusión permanente en la Junta", afirmó Rossi durante su exposición en la sede del Ministerio de Defensa. Todo este material, en buena parte desconocido, será entregado a la justicia, sobre todo al juez de instrucción del fuero Federal Julián Ercolini, a quien la Secretaría de Derechos Humanos le pidió que cite a indagatoria, entre otros, a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín; a Bartolomé Luis Mitre, de La Nación; y al ex ministro de Economía (ya fallecido) de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. En una de las actas, la número 19, que corresponde al 6 de abril de 1977, los jerarcas militares utilizan el término "arrestados" y no secuestrados, como sucedía en realidad, para referirse a los familiares de David Graiver y el caso Papel Prensa. Por esos días, la familia Graiver, tal como lo relató la viuda del banquero, Lidia Papaleo, entregaron las acciones de la fábrica de papel para diario luego de interminables sesiones de tortura.
Entre esas actas se encuentra también la número 14, de la cual había una sola copia en manos de la justicia, donde queda establecido que la Junta Militar autoriza la transferencia del 51% de las acciones de Papel Prensa SA a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. "El acta 14 tiene dos anexos –precisó Rossi–. El anexo 1 donde le dice a los tres adquirientes del paquete del 51% que el 49% tenían que dividirlo entre los diarios del interior, y el anexo 2, que suprime esa obligación (por pedido de los tres diarios), lo que deriva en que ese 49% termina quedando en manos del Estado." Es más, Rossi afirmó que a través del seguimiento que hacen Videla, Massera y Agosti en las actas al caso de la papelera "queda perfectamente establecida que la detención de la familia Graiver tenía que ver directamente, estaba relacionada, con la venta de Papel Prensa".
Burócratas, además de genocidas, aquellos militares dejaron un libro donde están sistematizadas las actas por temas y fechas de tratamiento lo que, de alguna manera, agiliza el trabajo de los investigadores. Entre ese material, encontrado entre humedad y materia fecal de roedores, la minuta correspondiente al acta número 20 destaca la necesidad de resolver lo actuado en el caso Papel Prensa para "evitar que el 'Grupo Graiver' cobre las sumas por las acciones vendidas", y resalta que "no se debe demorar el proyecto".
El otro punto que preocupaba a los jerarcas genocidas fue el de los desaparecidos. En varias de las actas figuran con esta denominación las personas que se había "devorado" la dictadura. Claro, las denuncias internacionales que complicaban las relaciones con países democráticos, llevaron a un debate dentro de la Junta sobre la forma en que debían ser llamados. En un primer momento decidieron llamarlos personas "con averiguación de paradero", pero no contentos con ello, el 8 de agosto de 1979, durante la reunión que generó el Acta 106, la Junta Militar analizó junto a los representantes de la denominada CAL (Comisión Asesora Legislativa) la redacción de un decreto-ley donde se habilite la figura de "presunción de fallecimiento" para los desaparecidos, que finalmente no prosperó .
Entre el material expuesto, Rossi detalló la existencia de "listas negras" donde se señalaban como "peligrosos" a 331 artistas, intelectuales y periodistas . Cada nombre llevaba la calificación que iba de F1 a F4. Esto demostraba el grado "peligrosidad" de los integrantes de la lista. La categorización preveía ir habilitando de a poco la reincorporación a sus trabajos de los menos peligrosos pero todo debió apurarse con el proceso electoral de 1983.
El ministro también hizo referencia a la existencia de un libro de la mesa de entrada de la Rosada donde consta, entre otras miles, una solicitud presentada por Hebe de Bonafini cuando, como otras tantas Madres de Plaza de Mayo, peregrinaba por la justicia, la Iglesia y el Estado en busca de sus hijos detenidos-desaparecidos. Todo ha quedado guardado en estos documentos que representan una porción importante de la memoria, contribuyen a la verdad y ahora puede formar parte sustancial de la justicia.
El presidente de la Asociación de Bancos, Narciso Campos, presentó un proyecto a la Junta Militar para lanzar un plan económico de largo plazo, según admite un texto al que tuvo acceso este diario del material que presentó Agustín Rossi.
Por:Mariano Beristain
Así, los hombres del mundo financiero dieron su diagnóstico de la situación que se vivía en los '70 y entregaron una "apreciación de la situación del área de Economía al año 2000". Dieron su punto de vista sobre los "aportes" que la economía podía hacer a todos los sectores y, en ese contexto, incluyeron "objetivos específicos de orden sectorial". Trsd las recomendaciones del curso de acción propuesto al ministro de Planeamiento Carlos E. Laidlaw sacaban a relucir cuál era la mejor forma de beneficiarlos. Sin embargo, la asociación de bancos no mantuvo en las sombras su apoyo a la última dictadura cívico militar, sino que recorriendo los diarios de aquella época se puede observar la forma en la que sostenían al gobierno. "La Asociación de Bancos de Capital y dirección argentinos, reitera hoy su adhesión a los principios de moralización, reconstrucción y recuperación de nuestros valores nacionales (…). Sin prejuicio de que las empresas humanas son siempre perfectibles, nuestra convicción de que el país ha tomado el buen camino es inquebrantable", sostenía la entidad en una solicitada publicada cuando se cumplió un año del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El apoyo no era inocente, sino que los intereses de los banqueros se vieron beneficiados por la destrucción de la matriz productiva y la apertura al mundo de la especulación. Por otra parte, deben destacarse las realizaciones del gobierno en el campo de los cambios estructurales. "Nos incumben específicamente algunos que, a nuestro juicio, van construyendo el marco jurídico que hará posible e impulsará una gran transformación de nuestro sistema financiero que podrá así contribuir decisivamente al futuro progreso económico. Tal carácter tienen, por ejemplo, la descentralización de los depósitos y la Ley de Entidades Financieras", explicaban. La reforma financiera promovida por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz y sancionada el 1 de junio de 1977 fue tal vez una de las medidas con mayor impacto negativo en la estructura económica. En la práctica, significaba la liberalización del mercado de dinero, la desregulación de las tasas, la garantía de Banco Central sobre los depósitos y facilidades para la apertura de entidades y financieras del exterior.
los eufemismos de la junta
El descubrimiento hecho por el Ministerio de Defensa permitió conocer más sobre una de las obsesiones de la Junta Militar: la forma de comunicar y de ocultar el accionar del terrorismo de Estado. Así lo muestran varias actas dadas a conocer por el ministro Agustín Rossi, donde los represores abordaron el tema de cómo referirse a los desaparecidos.
La mayoría de esos documentos "giran en torno a qué decir frente a la opinión pública. Las discusiones internas sobre cómo abordar el tema en los medios de comunicación y como referirse a las personas desaparecidas usando eufemismos tales como 'averiguación de paradero'", detalló la cartera de Defensa en su presentación ante la prensa. Otro tanto ocurre con la "información elaborada frente a requerimientos de organismos internacionales o familiares de desaparecidos".
Por ejemplo, en el Acta Nº 106, del 8 de agosto de 1979, la Junta decidió redactar una ley de "Presunción de fallecimiento" en referencia a los desaparecidos. Ya en el Acta Nº 130, del 11 de marzo de 1980, se dispuso "reemplazar el uso de 'personas desaparecidas' por pedidos de paradero de personas".
05.11.2013
Entre la documentación hallada en el Edificio Cóndor figura una nómina de 300 personas perseguidas por la dictadura
Se trata de los listados confeccionados por la Junta Militar que luego eran distribuidos a los medios de comunicación para evitar que los señalados fueran contratados. Detalles.
Por: Gerardo Aranguren
Una lista con más de 300 nombres de artistas, periodistas e intelectuales con "antecedentes ideológicos marxistas" fue identificada entre los archivos encontrados en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Entre los nombres figuran Norma Aleandro, Luis Brandoni, Norman Briski, Julio Cortázar, María Elena Walsh, Fernando "Pino" Solanas y Luis Brandoni, entre muchos otros cuyo destino fue, mayoritariamente, el exilio.
Cuando promediaba su presentación, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció que entre los miles de documentos sensibles que hallaron el jueves pasado se encontró una carpeta que analiza exclusivamente las listas negras de la última dictadura entre 1973 y 1983, confeccionadas por la Junta Militar y distribuidas después en los medios de comunicación y todos los estamentos del Estado para que no fueran contratados.
Según detalló el ministro, el 31 de enero de 1980 integraban las listas negras 331 personas clasificadas bajo la Fórmula 4 (F4), el mayor de los cuatro niveles de "peligrosidad". Estos niveles iban del 1 al 4: ser calificado con F1 significaba "sin antecedentes marxistas", con F2 que "los antecedentes que registra no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista", y F3 que esa persona "registra algunos antecedentes (…) pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramientos, promoción, otorgamiento de beca, etc." Quedar encasillado en el nivel F4 significaba que esa persona "registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.", señala uno de los documentos que establece las fórmulas de calificación de personas utilizadas por la Junta Militar.
Otra de las listas encontradas, con fecha del 20 de octubre de 1982, todavía mantenía en el nivel F4 a 153 personas. "Queda claro que, a medida que nos acercábamos a la democracia, esas listas se iban eliminando", explicó Rossi.
La lista concretamente está conformada por 19 páginas con los nombres de artistas, periodistas e intelectuales, su DNI, su profesión y una fecha que marcaría el momento en el que el caso fue incluido en esa lista.
En cada página se incluyeron las instrucciones de la Junta para quien tuviera en su poder esos documentos. Allí se aclara que "estos antecedentes constituyen elementos de orientación, no de prueba" y que no deben ser divulgados, no deben ser copiados y deben ser incinerados.
El listado conocido ayer lo integran 331 nombres. Entre ellos se encuentran actores y actrices muy reconocidos, como Norma Aleandro, Héctor Alterio, Luis Brandoni y Norman Briski, Nacha Guevara, Víctor Laplace y Federico Luppi, entre muchos otros.
En el grupo de escritores la dictadura agrupó a Abelardo Castillo, el uruguayo Eduardo Galeano, Julio Cortázar, David Viñas, Roberto "Tito" Cossa y María Elena Walsh, y entre los periodistas se menciona a Osvaldo Bayer, Rogelio García Lupo, Tomas Eloy Martínez, Francisco "Paco" Urondo, quien se encuentra desparecido, y Jacobo Timerman.
La lista negra se extiende también hacia músicos y compositores, como Leonardo Favio, Miguel Ángel Estrella, Jaime Dávalos, el conjunto Los Trovadores, Horacio Guarany, Víctor Heredia, Armando Tejada Gómez, Osvaldo Pugliese y Mercedes Sosa.
A estos nombres se suman el pintor Antonio Berni, los cineastas Leonardo Favio, Octavio Getino y el actual senador electo Fernando "Pino" Solanas.
Otro dato que surge es el momento en que empezaron a ser investigados, con casos previos al golpe de Estado y que se remontan al gobierno de Isabelita e incluso a la dictadura de Lanusse. Por ejemplo, el periodista Jorge Luis Bernetti comenzó a ser observado el 23 de agosto de 1969, en tanto que el seguimiento de "Tito" Cossa empezó el 11 de diciembre del ‘75.
repercusiones tras el hallazgo
Sergio Urribarri (Gobernador de Entre Ríos): “Treinta años de democracia nos permiten mirar hacia atrás, mientras seguimos construyendo presente y futuro. Festejemos la vida, poder coincidir o disentir, pero con un país que tiene un norte, ¡que no negocia su dignidad! Tantos hombres y tantas mujeres de nuestra cultura que fueron perseguidos por la dictadura cívico militar. Esta lejos pero no debemos olvidarlo. La cultura y sus artistas en las listas negras”.
Hebe de Bonafini (Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo): "Me parece maravilloso lo que encontraron y todavía lo que habrá. El hallazgo es increíble, fantástico, y me da muchas ganas de seguir peleando. Cuando discutíamos (sobre la posible existencia de los archivos) algunos me decían que los habían tirado al río, llevado a España o quemado. Yo les decía que como ellos (los militares) estaban seguros de que estaba bien lo que estaban haciendo, iban a guardar todo. Ellos creyeron que pasaban a la historia con esto. Es un momento muy importante para que se sepan muchas cosas, como la complicidad de los bancos.”
Horacio Pietragalla (Diputado nacional y nieto recuperado):“Es importantísimo el valor probatorio en las causas que se vienen. La documentación sobre los bancos y sobre Papel Prensa nos va a dar mucha información para poder avanzar con las responsabilidades civiles, que es lo que se viene en los juicios de lesa humanidad”.
Hugo Yasky (Secretario General de la CTA): “Las actas de la dictadura son la memoria oculta del terrorismo de Estado y ahora vamos a tener la posibilidad de conocerlas. Solo un gobierno que fue capaz de terminar con la impunidad como el de Cristina Kirchner podía dar al pueblo argentino esta enorme oportunidad, que tiene trascendencia histórica, de transmitir ahora más que nunca Memoria Verdad y Justicia”.
Hebe
Entre los registros de tramitaciones en la mesa de entradas de la Junta figura el pedido de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por el destino de sus hijos.
Fuente:TiempoArgentino
Cuando promediaba su presentación, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció que entre los miles de documentos sensibles que hallaron el jueves pasado se encontró una carpeta que analiza exclusivamente las listas negras de la última dictadura entre 1973 y 1983, confeccionadas por la Junta Militar y distribuidas después en los medios de comunicación y todos los estamentos del Estado para que no fueran contratados.
Según detalló el ministro, el 31 de enero de 1980 integraban las listas negras 331 personas clasificadas bajo la Fórmula 4 (F4), el mayor de los cuatro niveles de "peligrosidad". Estos niveles iban del 1 al 4: ser calificado con F1 significaba "sin antecedentes marxistas", con F2 que "los antecedentes que registra no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista", y F3 que esa persona "registra algunos antecedentes (…) pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramientos, promoción, otorgamiento de beca, etc." Quedar encasillado en el nivel F4 significaba que esa persona "registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.", señala uno de los documentos que establece las fórmulas de calificación de personas utilizadas por la Junta Militar.
Otra de las listas encontradas, con fecha del 20 de octubre de 1982, todavía mantenía en el nivel F4 a 153 personas. "Queda claro que, a medida que nos acercábamos a la democracia, esas listas se iban eliminando", explicó Rossi.
La lista concretamente está conformada por 19 páginas con los nombres de artistas, periodistas e intelectuales, su DNI, su profesión y una fecha que marcaría el momento en el que el caso fue incluido en esa lista.
En cada página se incluyeron las instrucciones de la Junta para quien tuviera en su poder esos documentos. Allí se aclara que "estos antecedentes constituyen elementos de orientación, no de prueba" y que no deben ser divulgados, no deben ser copiados y deben ser incinerados.
El listado conocido ayer lo integran 331 nombres. Entre ellos se encuentran actores y actrices muy reconocidos, como Norma Aleandro, Héctor Alterio, Luis Brandoni y Norman Briski, Nacha Guevara, Víctor Laplace y Federico Luppi, entre muchos otros.
En el grupo de escritores la dictadura agrupó a Abelardo Castillo, el uruguayo Eduardo Galeano, Julio Cortázar, David Viñas, Roberto "Tito" Cossa y María Elena Walsh, y entre los periodistas se menciona a Osvaldo Bayer, Rogelio García Lupo, Tomas Eloy Martínez, Francisco "Paco" Urondo, quien se encuentra desparecido, y Jacobo Timerman.
La lista negra se extiende también hacia músicos y compositores, como Leonardo Favio, Miguel Ángel Estrella, Jaime Dávalos, el conjunto Los Trovadores, Horacio Guarany, Víctor Heredia, Armando Tejada Gómez, Osvaldo Pugliese y Mercedes Sosa.
A estos nombres se suman el pintor Antonio Berni, los cineastas Leonardo Favio, Octavio Getino y el actual senador electo Fernando "Pino" Solanas.
Otro dato que surge es el momento en que empezaron a ser investigados, con casos previos al golpe de Estado y que se remontan al gobierno de Isabelita e incluso a la dictadura de Lanusse. Por ejemplo, el periodista Jorge Luis Bernetti comenzó a ser observado el 23 de agosto de 1969, en tanto que el seguimiento de "Tito" Cossa empezó el 11 de diciembre del ‘75.
repercusiones tras el hallazgo
Sergio Urribarri (Gobernador de Entre Ríos): “Treinta años de democracia nos permiten mirar hacia atrás, mientras seguimos construyendo presente y futuro. Festejemos la vida, poder coincidir o disentir, pero con un país que tiene un norte, ¡que no negocia su dignidad! Tantos hombres y tantas mujeres de nuestra cultura que fueron perseguidos por la dictadura cívico militar. Esta lejos pero no debemos olvidarlo. La cultura y sus artistas en las listas negras”.
Hebe de Bonafini (Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo): "Me parece maravilloso lo que encontraron y todavía lo que habrá. El hallazgo es increíble, fantástico, y me da muchas ganas de seguir peleando. Cuando discutíamos (sobre la posible existencia de los archivos) algunos me decían que los habían tirado al río, llevado a España o quemado. Yo les decía que como ellos (los militares) estaban seguros de que estaba bien lo que estaban haciendo, iban a guardar todo. Ellos creyeron que pasaban a la historia con esto. Es un momento muy importante para que se sepan muchas cosas, como la complicidad de los bancos.”
Horacio Pietragalla (Diputado nacional y nieto recuperado):“Es importantísimo el valor probatorio en las causas que se vienen. La documentación sobre los bancos y sobre Papel Prensa nos va a dar mucha información para poder avanzar con las responsabilidades civiles, que es lo que se viene en los juicios de lesa humanidad”.
Hugo Yasky (Secretario General de la CTA): “Las actas de la dictadura son la memoria oculta del terrorismo de Estado y ahora vamos a tener la posibilidad de conocerlas. Solo un gobierno que fue capaz de terminar con la impunidad como el de Cristina Kirchner podía dar al pueblo argentino esta enorme oportunidad, que tiene trascendencia histórica, de transmitir ahora más que nunca Memoria Verdad y Justicia”.
Hebe
Entre los registros de tramitaciones en la mesa de entradas de la Junta figura el pedido de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por el destino de sus hijos.
Fuente:TiempoArgentino
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