Salta: el ex juez Lona será indagado en febrero en las causas “Ragone” y “Palomitas”
19.12.2013
El juez tucumano Luis Poviña, que subroga en la causa, dejó sin efecto la suspensión de la indagatoria que había ordenado su colega salteño Miguel Medina. De esa forma se hizo lugar al pedido del fiscal Azzolín y de la querella, que reclaman la indagatoria de Lona en dos causas emblemáticas.
El juez federal Fernando Poviña hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Horacio Azzolín y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y fijó audiencia para que el ex juez federal Ricardo Lona comparezca en el marco de una declaración indagatoria por su presunta participación en la denominada masacre de Las Palomitas, en la que once presos políticos fueron ejecutados durante un traslado el 6 de julio de 1976, y en la desaparición del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone.
Poviña convocó a indagatoria a Lona para el 27 de febrero a las 11.30 y justificó esa fecha en la "agenda ya asumida", dado que, al mismo tiempo que interviene en esta causa que tramita en Salta, es titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán y subroga el N°2 de Jujuy.
Para adoptar la resolución de convocar a indagatoria al ex juez federal, Poviña debió dejar sin efecto una disposición del juez salteño Miguel Medina, quien había dispuesto la suspensión de la indagatoria pautada en la causa "Ragone" para el 11 de julio pasado.
Medina ordenó la suspensión cuando Lona presentó un recurso de "falta de acción", que, en otros términos, significa que el imputado considera que los hechos por los que se lo acusa estaban prescriptos cuando se inició la causa. El juez Medina supeditó el llamado a indagatoria a la resolución de ese planteo y luego se apartó de la causa.
Poviña acaba dejar sin efecto esa suspensión con los argumentos que expusieron el fiscal Azzolín y la querella, que recogen la jurisprudencia de la Corte Suprema y diversa doctrina acerca de que ese tipo de planteos deben tramitar en forma separada a la causa principal y, mientras tanto, la investigación debe seguir adelante.
Así, el juez Poviña coincidió con la fiscalía en la necesidad de no demorar las investigaciones, teniendo en cuenta el tipo de delitos que se investigan, el tiempo que ha transcurrido y los derechos tanto del imputado como de las víctimas a obtener justicia.
"Las desavenencias y dificultades vistas hasta ahora en el sumario, atentan contra la garantía de desarrollar el proceso judicial dentro de un plazo razonable", remarcó el juez.
En ese sentido, indicó que "resulta imprescindible ahondar esfuerzos e imprimir celeridad en la investigación penal en curso para lograr esclarecer los hechos delictivos denunciados de carácter deshumanizante, garantizando así el derecho de las propias víctimas, sus familiares y causahabientes a conocer la verdad de lo ocurrido y obtener una reparación integral, así como la eventual condena de quienes puedan resultar responsables de tales hechos".
La resolución de Poviña es, en definitiva, el cumplimiento de una disposición de la Cámara Federal de Salta en la causa "Palomitas" a fines de junio pasado. El tribunal de alzada había anulado un sobreseimiento a Lona y ordenado al juez de instrucción Medina -hoy apartado- su llamado a indagatoria.
Fuente:Fiscales.gob.ar
Envío:Agnddhh
La causa lleva el nombre de Miguel Ragone, gobernador del PJ desaparecido
Mañana leen sentencia en la causa donde está acusado el ex jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú
Miguel Ragone, gobernador de Salta por el voto popular
Salta.- El Tribunal Oral Federal de Salta dará a conocer mañana la sentencia del juicio que se desarrolla en esta provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que se sustancia desde el 21 de mayo de 2012, con 17 imputados y 34 víctimas de crimenes. La última audiencia de este proceso se concretará mañana, a partir de las 9, en la sala de grandes juicios del edificio del Poder Judicial de Salta, denominada "Miguel Ragone". En primera instancia, se espera que los jefes militares imputados en la megacausa Carlos Alberto Mulhall y Héctor Ríos Ereñú, hagan uso de su derecho a hablar antes de recibir la condena correspondiente.
Salta.- El Tribunal Oral Federal de Salta dará a conocer mañana la sentencia del juicio que se desarrolla en esta provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que se sustancia desde el 21 de mayo de 2012, con 17 imputados y 34 víctimas de crimenes. La última audiencia de este proceso se concretará mañana, a partir de las 9, en la sala de grandes juicios del edificio del Poder Judicial de Salta, denominada "Miguel Ragone". En primera instancia, se espera que los jefes militares imputados en la megacausa Carlos Alberto Mulhall y Héctor Ríos Ereñú, hagan uso de su derecho a hablar antes de recibir la condena correspondiente.
Luego, el tribunal pasará a deliberar y se estima que en las primeras horas de la tarde se conocerá la sentencia de este juicio, por el que pasaron más de 270 testigos desde su inicio, el 21 de mayo de 2012. Durante estos casi 19 meses de proceso, se analizaron los hechos de 18 causas, con 20 imputados -de los cuales dos fallecieron en agosto y diciembre de 2012, y un tercero fue separado por razones de salud- y 34 víctimas.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, que constituye la acusación en la megacausa, aseguró que se trata del juicio "más extenso de la historia de Salta, especialmente de la justicia federal", con más de 80 audiencias de debate.
La etapa de alegatos, que comenzó el 4 de noviembre último, concluyó el martes pasado, con la exposición del defensor oficial Federico Petrina, que asiste a 13 de los 17 imputados en este proceso. El día anterior hicieron lo propio su par oficial Martín Bomba Royo, que asiste a Ríos Ereñú; y los letrados particulares Orfeo Maggio, Dardo Verchán y Luis Garzón, mientras que el fiscal lo hizo el pasado 9 de diciembre, en una exposición que se extendió durante más de 12 horas.
El Tribunal Oral Federal de Salta, que lleva adelante el debate, está integrado por Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, en tanto que Gabriel Casas actúa como cuarto juez.
Entre los acusados, además de Mulhall, que estaba a cargo de la guarnición Salta del Ejército, y Ríos Ereñú, quien revistaba en el Regimiento Monte 28 de Tartagal y que durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue jefe del Estado Mayor del Ejército, están los militares Miguel Gentil y Joaquín Cornejo Alemán. A ellos se suman los miembros del ejército Marcelo Diego Gatto, Virtom Modesto Mendíaz, Fernando Antonio Chaín y Ricardo Benjamín de la Vega. Están imputados también los policías Joaquín Guil, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Julio Oscar Correa, Raúl Toledano, Mario Pachao (futbolista y DT) y Víctor Hugo Almirón, además del ex guardiacárcel de la Delegación Salta de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray, y el civil Juan Manuel Ovalle.
En tanto, Ubaldo Tomislav Vujovich y Abel Vicente Murúa fallecieron en diciembre y en agosto de 2012, por razones de enfermedad, mientras que el imputado Roberto Puertas fue excluído del proceso luego de sufrir un accidente cerebro vascular.
Las querellas están a cargo de los abogados Matías Duarte, en representación de la Asociación de Periodistas de Salta; y David Leiva, por la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Tania Kiríaco fue nombrada por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para su representación; mientras que Gastón Casabella lleva adelante la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y Carlos Saravia actúa por Luis Fronda.
Entre las víctimas se destacan Silvia Aramayo, que al momento de ser secuestrada era docente auxiliar de la cátedra de Historia de la UNSa; Gemma Fernández, que era profesora de Antropología; y Carlos Rojas, quien era alumno de la Facultad de Ciencias Económicas.
También están el arquitecto Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, de General Güemes; René Russo, de Orán; Carlos Mosca Alsina; el soldado Víctor Brizzi; Martín Miguel Cobos; Luis Risso Patrón, de Metán; el gremialista Jorge Santillán; Reynaldo Isola; el periodista Luciano Jaime; Nolberto Guerrero; Felipe Burgos; y el médico Pedro Urueña.
Asimismo, entre las víctimas se incluyen Eduardo Fronda y cuatro jóvenes militantes asesinados en la localidad salteña de Rosario de Lerma, identificados como Alfredo Mattioli, los hermanos Sergio y Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia.
En su alegato, la Fiscalía solicitó la pena de reclusión perpetua para Ríos Ereñú, Mulhall, Cornejo Alemán, Gentil, Mendíaz y Guil, prisión perpetua para Toledano, Alzugaray y Ovalle; 18 años de prisión para Correa; 16 para Almirón; 12 para Vivas; 9 para Pachao; 8 años para Caucotta; 6 para de la Vega; y 3 años y 8 meses para Gatto y Chain.
La causa principal fue caratulada "Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía, como autor mediato y partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda". A esta causa se le suman otras 17, por hechos cometidos en esta provincia norteña, entre 1975 y 1978.
Fuente:Telam
Envío:Agnddhh
Fuerte presencia de funcionarios nacionales y total ausencia de provinciales
Salta: Siete condenas a prisión perpetua en fallo unánime
Coronel Mulhall. Tres condenas al hilo
(Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta).- Tras más de año y medio de debate, en fallo unánime, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a prisión perpetua a cinco militares, un comisario y un integrante del Servicio Penitenciario Provincial, por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura cívico-militar. A otros 8 represores les impuso condenas que van desde los 10 años a 5 años de prisión. En todos los casos, las penas deben ser de cumplimiento efectivo, en cárceles federales, por lo que se revocaron las prisiones domiciliarias (no obstante, varios condenados podrían zafar de la cárcel por razones médicas). Dos mayores fueron absueltos por el beneficio de la duda.El fallo se dictó en una sala colmada, sobre todo por familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Acompañaron varios funcionarios nacionales, legisladores del Partido Obrero y el intendente de Hipólito Irigoyen. En cambio, no hubo funcionarios provinciales.
Salta: Siete condenas a prisión perpetua en fallo unánime
(Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta).- Tras más de año y medio de debate, en fallo unánime, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a prisión perpetua a cinco militares, un comisario y un integrante del Servicio Penitenciario Provincial, por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura cívico-militar. A otros 8 represores les impuso condenas que van desde los 10 años a 5 años de prisión. En todos los casos, las penas deben ser de cumplimiento efectivo, en cárceles federales, por lo que se revocaron las prisiones domiciliarias (no obstante, varios condenados podrían zafar de la cárcel por razones médicas). Dos mayores fueron absueltos por el beneficio de la duda.El fallo se dictó en una sala colmada, sobre todo por familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Acompañaron varios funcionarios nacionales, legisladores del Partido Obrero y el intendente de Hipólito Irigoyen. En cambio, no hubo funcionarios provinciales.
La lectura de la sentencia se hizo a las 12,30, hora y media antes de la prevista inicialmente. Las condenas máximas recayeron sobre Carlos Alberto Mulhall, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Cornejo Alemán, Miguel Gentil y Héctor Ríos Ereñú; el ex comisario Joaquín Guil, y el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray.
Esta es la tercera sentencia que recae sobre Mulhall, Guil, Gentil y la segunda contra Alzugaray.
Mulhall, que fue jefe de la Guarnición Ejército Salta, fue declarado autor mediato de “homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas” en 20 hechos, homicidio simple en un hecho, “privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de sus funciones y el empleo de violencia” reiterada en 14 oportunidades, aplicación de apremios ilegales y violación agravada, todos en concurso real.
A Guil lo declararon autor mediato de 16 hechos de homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad en 14 oportunidades y un hecho de tormentos agravados.
Gentil, ex jefe de la Policía salteña, fue declarado autor mediato por los homicidios agravados del periodista Luciano Jaime y los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP), Ricardo Tapia, Alfredo Mattioli, Liendro Estopiñán y Marcos Estopiñán. Y por dos hechos de privación ilegal de la libertad, en perjuicio de Jaime y de Ramón Gerardo Gallardo.
Alzugaray fue declarado partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado, privación de la libertad agravada y tormentos agravados, en perjuicio de Eduardo Fronda.
Mendíaz, también jefe policial, fue condenado como autor mediato de cinco hechos de homicidio agravado, por Gemma Fernández Arcieri, Héctor Gamboa, Martín Cobos, Carlos Figueroa Rojas y Silvia Aramayo. Y cuatro hechos de privación ilegítima de la libertad agravada.
Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Monte 28, en Tartagal, fue declarado autor mediato de dos homicidios agravados y dos hechos de privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de Jorge René Santillán y Pedro Urueña.
Cornejo Alemán fue condenado por el homicidio agravado y la privación ilegítima de la libertad agravada del conscripto Mario Brizzi. Por este hecho también fue condenado a 5 años de prisión el coronel retirado Ricardo Benjamín Isidro de la Vega. Los mayores Marcelo Gatto y Fernando Chaín, que estaban acusados por la privación, fueron absueltos por “el principio de la duda”.
Participación secundaria
Los policías Julio Correa y Víctor Hugo Almirón fueron condenados a 10 años de prisión. Correa, por su participación en 4 secuestros cometidos en General Guemes: de las hermanas Francisca y Berta Torres, del conscripto Felipe Pizarro Gallardo y Nolberto Guerrero.
Almirón fue condenado como partícipe secundario de los secuestros de Oscar Bianchini, Néstor Díaz y Ramón Gallardo, en el barrio de Tres Cerritos.
El policía Mario Pachao recibió una pena de 8 años, por la detención irregular y los tormentos infligidos a Ernesto Luis Mamaní, en la Central de Policía. El civil Juan Manuel Ovalle recibió igual condena, en su caso como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad de Aramayo.
Por la detención y torturas que sufrió el ex legislador y sindicalista Pablo Salomón Ríos, fueron condenados los policías Felipe Caucotta, a 7 años de prisión, y Ramón Vivas, a 5 años.
El policía Raúl Toledano fue condenado a 7 años de prisión como partícipe secundario del secuestro del policía Pedro Vélez.
Los familiares y querellantes esperaron la lectura gritando consignas de los organismos de derechos humanos y dando el “¡Presente!” para cada una de las víctimas. Los familiares de los acusados salieron del silencio cuando se conocieron las dos absoluciones.
Sobre el final, la pretensión del defensor oficial Federico Petrina de hablar antes de que se cerrara la audiencia, desató la reacción de los querellantes. Y la respuesta del abogado Luis Garzón, que enrostraba a los familiares violaciones de los derechos humanos.
Ya retirados los jueces, los querellantes se mezclaron en abrazos con llanto, risas y cantos. Hubo también otro cruce verbal con los familiares de los acusados.
Cárcel común y juntas médicas
El Tribunal integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek dispuso que las penas sean de cumplimiento efectivo, tal como lo habían solicitado el fiscal federal Ricardo Toranzos y los querellantes.
En consecuencia revocó revocó las prisiones domiciliarias de Mulhall, Cornejo Alemán, Gentil, Ríos Ereñú, Mendíaz, Guil y Alzugaray. Y dispuso la inmediata detención de los policías Julio Correa, Víctor Hugo Almirón, Raúl Toledano, Mario Pachao, Felipe Caucotta y Ramón Vivas, del militar Ricardo de la Vega y del civil Juan Manuel Ovalle.
El Tribunal dispuso que Mulhall seguirá alojado en el Hospital Penitenciario Central de la Unidad Penitenciaria de Ezeiza. Y ordenó “el inmediato traslado de Miguel Raúl Gentil, Héctor Luis Ríos Ereñú y Virtom Modesto Mendíaz” a ese mismo Hospital; y el “inmediato traslado de Joaquín Cornejo Alemán, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray al Complejo Penitenciario Federal III –Güemes”. También los nuevos detenidos fueron trasladados a la cárcel federal de Guemes.
La decisión fue saludada con aplausos por los familiares de víctimas y militantes de organismos de derechos humanos. Pero enseguida comenzaron las exclamaciones de desaprobación cuando el secretario Mariano García Zavalía leyó la disposición de que una junta médica “de tres profesionales de la salud designados por el Cuerpo Médico Forense” examine a Mendíaz, Mulhall, Gentil y Ríos Ereñú “e informe fundadamente respecto de si las condiciones de salud de los nombrados permiten que continúen alojados en una unidad penitenciaria”.
Es que los querellantes tienen experiencia en detenciones efectivas que duran un suspiro con la aparición de rápidas dolencias que obligan a las prisiones domiciliarias, como lo recordó luego el abogado Matías Duarte. El Tribunal también dispuso que una junta médica del sistema de salud provincial examine a los alojados en la cárcel de Guemes, con el mismo objetivo.
Todos a Casación
Aunque los querellantes se manifestaron contentos con la sentencia, la abogada Susana Aramayo adelantó que irán a Casación por las absoluciones de los mayores Fernando Chaín y Marcelo Gatto, que estaban acusados de haber participado del secuestro de Víctor Brizzi. También la Fiscalía informó extraoficialmente que casará la sentencia solicitando la revisión de estas absoluciones.
Del otro lado, los defensores oficiales Martín Bomba Royo informó que ya hizo reserva de ir a la Cámara Nacional de Casación Penal insistiendo con la absolución de Ríos Ereñú. El defensor oficial Federico Petrina, también dejó planteada la casación, en representación de 13 de los condenados, entre ellos Mulhall y Guil.
El abogado Dardo Verchán, que asiste a Toledano, dijo que hará lo propio.
Ausencias y presencias
El abogado David Leiva lamentó la ausencia de funcionarios provinciales, a pesar de que habían sido invitados. Por contraposición, destacó la presencia de funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el director del Programa Verdad y Justicia, Beinusz Smukler; la directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlin, organismo que fue querellante en este proceso. También estuvieron el delegado local del INADI, Nicolás Hirtz; la coordinadora local de la AFSCA, Josefina Adrover.
De Salta concurrieron los legisladores del Partido Obrero Claudio del Plá y Gabriela Cerrano, y el intendente de Hipólito Irigoyen.
Fuente:Telam
Envío:Agnddhh
Los familiares y representantes de las organizaciones de derechos humanos estallaron en júbilo cuando terminó la lectura de la resolución. En tanto que los parientes y amigos de los condenados se retiraron desencantados con el veredicto. Tanto ellos como los abogados defensores aceptaron con respeto el fallo, a pesar de no estar de acuerdo con el mismo. El único que no estuvo a la altura de las circunstancias fue el comisario y abogado José Luis Garzón, defensor del exfutbolista de Juventud Antoniana Mario Pachao. Garzón se quejó y gritó a viva voz por los cánticos de los familiares de las víctimas y de los abogados querellantes. El letrado quedó más desairado aún cuando pidió la palabra al presidente del tribunal. “Señores, el juicio ha terminado”, dijo sin más trámites Jiménez Montilla.
Ovalle detenido y alojado en la cárcel
La mayor expectativa del juicio estaba centrada en la suerte de Juan Manuel Ovalle, el único civil sometido a proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia y para quien el fiscal Ricardo Toranzos había solicitado prisión perpetua por el secuestro y desaparición de la docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Silvia Benjamina Aramayo, el 24 de septiembre de 1976. Una sensación de desencanto invadió la sala cuando se anunció su condena a 8 años, pero todo se compensó cuando al final de la lectura del veredicto se conoció que las penas a todos los condenados sería de cumplimiento efectivo, tal como lo habían requerido el fiscal y las querellas. Ovalle fue inmediatamente detenido y alojado en la cárcel federal de General Guemes.”Se hizo justicia y el hecho de que Ovalle cumpla la pena en la cárcel era lo que todos esperábamos ”, expresó Nora Aramayo, hermana de Silvia. Y agregó: “ahora esperamos que encontrar los restos mortales de mi hermana para darle cristiana sepultura”. Silvio Santillán, hijo del gremialista asesinado en General Mosconi, también manifestó sentirse satisfecho con el fallo. "Lo que falta es encontrar al grupo que secuestró a mi padre y no voy a parar hasta lograr ese objetivo”, dijo.
La nómina de los condenados
Tania Kiriaco, querellante de la causa
Por primera vez que hace justicia con los casos relacionados con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia de Salta. En los juicios, siempre solicitábamos, a la par de las condenas a los genocidas, condena efectiva para los imputados, pero esto último nunca se concretaba. Esta vez, el reclamos de los familiares y de los abogados querellantes encontró una respuesta acorde a derecho por parte del Tribunal Federal. Creo que esto marca un precedente importante para lo que vendrá. En el caso de Ovalle, nos satisface mucho que cumpla la condena una cárcel común, como debe ser.
Matias Duarte, querellante de la causa
Ha sido un sentencia justa, la que por su calidad trae un poco de alivio y consuelo a los familiares luego de tantos años de lucha por una justicia justa. Atribuyo esta decisión del Tribunal Oral Federal al hecho de que a lo largo del debate se han podido comprobar todas y cada una de las acusaciones a los imputados. Lo que pasó a lo largo de este juicio ha sido importante porque con las condenas y la revocatoria de las prisiones domiciliarias vamos allanando caminos para los próximos juicios relacionados con los crímenes de lesa humanidad. Me satisface que los jueces se hayan pronunciado en este sentido y celebro las condenas
Gastón Casabella, querellante de la causa
Para mi esta ha sido una experiencia valiosa por todo lo que significó este juicio que demoró más de lo previsto. De todas maneras, el esfuerzo y la espera valieron la pena y logramos demostrar la responsabilidad de quienes estaban imputados de gravísimos hechos de sangre. Me satisface que el Tribunal haya concluido con condenas justas y sobre todo que haya determinado que los condenados vayan a la cárcel. Esto era lo que los familiares estaban esperando. Estoy contento y por eso no pude ocultar mi emoción cuando escuché el veredicto.
Dardo Verchán, defensor del expolicía Toledano
A lo largo de más de cuarenta años de ejercicio en la profesión, siempre he sostenido que hay que ser respetuoso de los fallos de la Justicia, más allá de que uno no pueda estar de acuerdo, como en este caso. Hasta que no conozca los fundamentos de la resolución es difícil emitir una opinión y voy a esperar ese tiempo y recién entonces me pronunciaré. De todas maneras quiero adelantar que vamos a recurrir a todas las instancias que sean necesarias para demostrar que mi cliente Raúl Eduardo Toledano es inocente. Yo lo conozco a Toledano y estoy seguro que nada tiene que ver en este caso.
David Leiva, abogado querellante de Orán
Este no solo es un triunfo de los familiares y de los abogados querellentes, sino de la sociedad. Creo que con este juicio se desnudó el pacto de sangre que tenían los genocidas. Todos participaron y fueron cómplices de las torturas, de los secuestros y desapariciones y de los asesinatos de muchos compañeros. Esto explica el pacto de silencio y por eso nadie quiere hablar y se muestran como mansos corderitos. Es importante la sentencia que se dictó, pero hace falta algo más. Tenemos que seguir luchando para encontrar los restos mortales de quienes están desaparecidos. Esa es la meta, ese es el objetivo.
Mariana Gamboa, hija de desaparecidos
Estamos contentos con el fallo de este juicio, pero tenemos que seguir adelante. Hay mucho camino por recorrer y en ese sentido tenemos un fuerte compromiso. Hay muchos responsables sueltos. Hay que investigar a los gendarmes de quienes nada se dice, pero que mucho tuvieron que ver con el genocidio. Es justo que se haya dispuesto que los condenados de hoy vayan a la cárcel. Me alegra que la justicia vaya comprendiendo de a poco que esta gente no puede estar suelta. Ellos siguen representando un peligro, sobre todo para quienes no cesamos en nuestra lucha.
Fuente:ElTribuno
Envío:Agnddhh
Esta es la tercera sentencia que recae sobre Mulhall, Guil, Gentil y la segunda contra Alzugaray.
Mulhall, que fue jefe de la Guarnición Ejército Salta, fue declarado autor mediato de “homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas” en 20 hechos, homicidio simple en un hecho, “privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de sus funciones y el empleo de violencia” reiterada en 14 oportunidades, aplicación de apremios ilegales y violación agravada, todos en concurso real.
A Guil lo declararon autor mediato de 16 hechos de homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad en 14 oportunidades y un hecho de tormentos agravados.
Gentil, ex jefe de la Policía salteña, fue declarado autor mediato por los homicidios agravados del periodista Luciano Jaime y los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP), Ricardo Tapia, Alfredo Mattioli, Liendro Estopiñán y Marcos Estopiñán. Y por dos hechos de privación ilegal de la libertad, en perjuicio de Jaime y de Ramón Gerardo Gallardo.
Alzugaray fue declarado partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado, privación de la libertad agravada y tormentos agravados, en perjuicio de Eduardo Fronda.
Mendíaz, también jefe policial, fue condenado como autor mediato de cinco hechos de homicidio agravado, por Gemma Fernández Arcieri, Héctor Gamboa, Martín Cobos, Carlos Figueroa Rojas y Silvia Aramayo. Y cuatro hechos de privación ilegítima de la libertad agravada.
Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Monte 28, en Tartagal, fue declarado autor mediato de dos homicidios agravados y dos hechos de privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de Jorge René Santillán y Pedro Urueña.
Cornejo Alemán fue condenado por el homicidio agravado y la privación ilegítima de la libertad agravada del conscripto Mario Brizzi. Por este hecho también fue condenado a 5 años de prisión el coronel retirado Ricardo Benjamín Isidro de la Vega. Los mayores Marcelo Gatto y Fernando Chaín, que estaban acusados por la privación, fueron absueltos por “el principio de la duda”.
Participación secundaria
Los policías Julio Correa y Víctor Hugo Almirón fueron condenados a 10 años de prisión. Correa, por su participación en 4 secuestros cometidos en General Guemes: de las hermanas Francisca y Berta Torres, del conscripto Felipe Pizarro Gallardo y Nolberto Guerrero.
Almirón fue condenado como partícipe secundario de los secuestros de Oscar Bianchini, Néstor Díaz y Ramón Gallardo, en el barrio de Tres Cerritos.
El policía Mario Pachao recibió una pena de 8 años, por la detención irregular y los tormentos infligidos a Ernesto Luis Mamaní, en la Central de Policía. El civil Juan Manuel Ovalle recibió igual condena, en su caso como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad de Aramayo.
Por la detención y torturas que sufrió el ex legislador y sindicalista Pablo Salomón Ríos, fueron condenados los policías Felipe Caucotta, a 7 años de prisión, y Ramón Vivas, a 5 años.
El policía Raúl Toledano fue condenado a 7 años de prisión como partícipe secundario del secuestro del policía Pedro Vélez.
Los familiares y querellantes esperaron la lectura gritando consignas de los organismos de derechos humanos y dando el “¡Presente!” para cada una de las víctimas. Los familiares de los acusados salieron del silencio cuando se conocieron las dos absoluciones.
Sobre el final, la pretensión del defensor oficial Federico Petrina de hablar antes de que se cerrara la audiencia, desató la reacción de los querellantes. Y la respuesta del abogado Luis Garzón, que enrostraba a los familiares violaciones de los derechos humanos.
Ya retirados los jueces, los querellantes se mezclaron en abrazos con llanto, risas y cantos. Hubo también otro cruce verbal con los familiares de los acusados.
Cárcel común y juntas médicas
El Tribunal integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek dispuso que las penas sean de cumplimiento efectivo, tal como lo habían solicitado el fiscal federal Ricardo Toranzos y los querellantes.
En consecuencia revocó revocó las prisiones domiciliarias de Mulhall, Cornejo Alemán, Gentil, Ríos Ereñú, Mendíaz, Guil y Alzugaray. Y dispuso la inmediata detención de los policías Julio Correa, Víctor Hugo Almirón, Raúl Toledano, Mario Pachao, Felipe Caucotta y Ramón Vivas, del militar Ricardo de la Vega y del civil Juan Manuel Ovalle.
El Tribunal dispuso que Mulhall seguirá alojado en el Hospital Penitenciario Central de la Unidad Penitenciaria de Ezeiza. Y ordenó “el inmediato traslado de Miguel Raúl Gentil, Héctor Luis Ríos Ereñú y Virtom Modesto Mendíaz” a ese mismo Hospital; y el “inmediato traslado de Joaquín Cornejo Alemán, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray al Complejo Penitenciario Federal III –Güemes”. También los nuevos detenidos fueron trasladados a la cárcel federal de Guemes.
La decisión fue saludada con aplausos por los familiares de víctimas y militantes de organismos de derechos humanos. Pero enseguida comenzaron las exclamaciones de desaprobación cuando el secretario Mariano García Zavalía leyó la disposición de que una junta médica “de tres profesionales de la salud designados por el Cuerpo Médico Forense” examine a Mendíaz, Mulhall, Gentil y Ríos Ereñú “e informe fundadamente respecto de si las condiciones de salud de los nombrados permiten que continúen alojados en una unidad penitenciaria”.
Es que los querellantes tienen experiencia en detenciones efectivas que duran un suspiro con la aparición de rápidas dolencias que obligan a las prisiones domiciliarias, como lo recordó luego el abogado Matías Duarte. El Tribunal también dispuso que una junta médica del sistema de salud provincial examine a los alojados en la cárcel de Guemes, con el mismo objetivo.
Todos a Casación
Aunque los querellantes se manifestaron contentos con la sentencia, la abogada Susana Aramayo adelantó que irán a Casación por las absoluciones de los mayores Fernando Chaín y Marcelo Gatto, que estaban acusados de haber participado del secuestro de Víctor Brizzi. También la Fiscalía informó extraoficialmente que casará la sentencia solicitando la revisión de estas absoluciones.
Del otro lado, los defensores oficiales Martín Bomba Royo informó que ya hizo reserva de ir a la Cámara Nacional de Casación Penal insistiendo con la absolución de Ríos Ereñú. El defensor oficial Federico Petrina, también dejó planteada la casación, en representación de 13 de los condenados, entre ellos Mulhall y Guil.
El abogado Dardo Verchán, que asiste a Toledano, dijo que hará lo propio.
Ausencias y presencias
El abogado David Leiva lamentó la ausencia de funcionarios provinciales, a pesar de que habían sido invitados. Por contraposición, destacó la presencia de funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el director del Programa Verdad y Justicia, Beinusz Smukler; la directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlin, organismo que fue querellante en este proceso. También estuvieron el delegado local del INADI, Nicolás Hirtz; la coordinadora local de la AFSCA, Josefina Adrover.
De Salta concurrieron los legisladores del Partido Obrero Claudio del Plá y Gabriela Cerrano, y el intendente de Hipólito Irigoyen.
Fuente:Telam
Envío:Agnddhh
Salta
Concluyó el juicio por la megacausa de la UNSa
MEGACAUSA: duras condenas y prisión efectiva
Revocaron el régimen domiciliario de cumplimiento de penas. Todos los sentenciados fueron enviados a la cárcel.
Concluyó el juicio por la megacausa de la UNSa
MEGACAUSA: duras condenas y prisión efectiva
Revocaron el régimen domiciliario de cumplimiento de penas. Todos los sentenciados fueron enviados a la cárcel.
En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal de Salta aplicó durísimas condenas a 15 de los 17 procesados por 34 crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Salta a partir de 1975. Más allá de la calidad de las penas -que para la mayoría estaba sellada-, el veredicto se potenció con la decisión de los jueces de revocar la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la prisión preventiva de la que gozaban todos los condenados. Con esto se hizo realidad el clamor de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que minutos antes de conocerse la sentencia hicieron estallar la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial entonando con unción la conocida consigna: “Cárcel común / perpetua y efectiva / ni un solo genocida / por la calles de Argentina”. La audiencia comenzó pasadas las 9, oportunidad en que el tribunal autorizó al exjefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, y al exjefe de la Guarnición Militar Salta, Carlos Alberto Mulhall, a expresar sus últimas palabras. “Soy inocente, nunca participé ni ordené un acto de agresión contra ningún ser humano”, expresó Ríos Ereñú, procesado por los secuestros y asesinatos del médico Pedro Urueña y el gremialista René Santillán, ocurridos en Tartagal y General Mosconi, respectivamente. Luego los camaristas Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek pasaron a deliberar. Cerca de las 13, el secretario Mariano García Zavalía inició la lectura del veredicto, comenzando con Mulhall, quien por ser la máxima autoridad del Ejército, antes y después del golpe de Estado de 1976, fue encontrado culpable en la mayoría de los crímenes de lesa humanidad que se ventilaron en este juicio. La pena que se le aplicó fue de prisión perpetua, por considerarlo autor mediato de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas (20 hechos). A éstos se suman un homicidio simple; 14 casos de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de sus funciones y el empleo de violencia, aplicación de apremios ilegales y violación agravada por el concurso de dos o más personas. La misma condena recayó en el exsubjefe de la Guarnición Militar Salta, Joaquín Cornejo Alemán, por la desaparición del soldado conscripto Víctor Brizzi. Lo propio ocurrió con Ríos Ereñú, por los citados casos del norte cuando el militar se desempeñaba como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, Tartagal. Otros de los sentenciados con la pena capital fueron los exjefes de la Policía de la Provincia Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz; el exdirector de Seguridad de esta fuerza Joaquín Guil y el exoficial de inteligencia de la Policía Federal Juan Carlos Alzugaray. Los únicos absueltos fueron Marcelo Gatto y Fernando Chaín, quienes estaban imputados por el caso Brizzi.
Los familiares y representantes de las organizaciones de derechos humanos estallaron en júbilo cuando terminó la lectura de la resolución. En tanto que los parientes y amigos de los condenados se retiraron desencantados con el veredicto. Tanto ellos como los abogados defensores aceptaron con respeto el fallo, a pesar de no estar de acuerdo con el mismo. El único que no estuvo a la altura de las circunstancias fue el comisario y abogado José Luis Garzón, defensor del exfutbolista de Juventud Antoniana Mario Pachao. Garzón se quejó y gritó a viva voz por los cánticos de los familiares de las víctimas y de los abogados querellantes. El letrado quedó más desairado aún cuando pidió la palabra al presidente del tribunal. “Señores, el juicio ha terminado”, dijo sin más trámites Jiménez Montilla.
Ovalle detenido y alojado en la cárcel
La mayor expectativa del juicio estaba centrada en la suerte de Juan Manuel Ovalle, el único civil sometido a proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia y para quien el fiscal Ricardo Toranzos había solicitado prisión perpetua por el secuestro y desaparición de la docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Silvia Benjamina Aramayo, el 24 de septiembre de 1976. Una sensación de desencanto invadió la sala cuando se anunció su condena a 8 años, pero todo se compensó cuando al final de la lectura del veredicto se conoció que las penas a todos los condenados sería de cumplimiento efectivo, tal como lo habían requerido el fiscal y las querellas. Ovalle fue inmediatamente detenido y alojado en la cárcel federal de General Guemes.”Se hizo justicia y el hecho de que Ovalle cumpla la pena en la cárcel era lo que todos esperábamos ”, expresó Nora Aramayo, hermana de Silvia. Y agregó: “ahora esperamos que encontrar los restos mortales de mi hermana para darle cristiana sepultura”. Silvio Santillán, hijo del gremialista asesinado en General Mosconi, también manifestó sentirse satisfecho con el fallo. "Lo que falta es encontrar al grupo que secuestró a mi padre y no voy a parar hasta lograr ese objetivo”, dijo.
La nómina de los condenados
- Las condenas aplicadas por el Tribunal de Justicia fueron las siguientes:
- Carlos A. Mulhall fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía, entre otros cargos.
- Joaquín Cornejo Alemán, penado con prisión perpetua por homicidio agravado, entre otros cargos.
- Héctor Luis Ereñú, recibió prisión perpetua. Por homicidio culposo agravado por alevosía.
- Miguel Gentil recibió prisión perpetua por homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad.
- Virtom M. Mendíaz penado con prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, etc.
- Joaquín Guil, recibió prisión perpetua por autor de delitos de homicidio agravado por alevosía.
- Diego Gatto, fue absuelto por el Principio de la Duda de los cargos en su contra.
- Fernando Chaín fue absuelto de los delitos que se cargaron en su contra por el Principio de la Duda.
- Juan Carlos Alzugaray, condenado de prisión perpetua e inhabilitación agravado por alevosía.
- Julio Oscar Correa, condenado a 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.
- Víctor Hugo Almirón, condenado a 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.
- Mario Reinaldo Pachao, condenado a 8 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta.
- Juan Manuel Ovalle, condenado a 8 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta.
- Felipe Caucota, condenado a 7 años de prisión e inhabilitación absoluta por 7 años.
- Raúl Eduardo Toledano, condenado a la pena de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta.
- Ricardo Benjamín de la Vega, condenado a 5 años de prisión e inhabilitación absoluta.
- Jacinto Ramón Vivas, condenado a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación absoluta.
Tania Kiriaco, querellante de la causa
Por primera vez que hace justicia con los casos relacionados con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia de Salta. En los juicios, siempre solicitábamos, a la par de las condenas a los genocidas, condena efectiva para los imputados, pero esto último nunca se concretaba. Esta vez, el reclamos de los familiares y de los abogados querellantes encontró una respuesta acorde a derecho por parte del Tribunal Federal. Creo que esto marca un precedente importante para lo que vendrá. En el caso de Ovalle, nos satisface mucho que cumpla la condena una cárcel común, como debe ser.
Matias Duarte, querellante de la causa
Ha sido un sentencia justa, la que por su calidad trae un poco de alivio y consuelo a los familiares luego de tantos años de lucha por una justicia justa. Atribuyo esta decisión del Tribunal Oral Federal al hecho de que a lo largo del debate se han podido comprobar todas y cada una de las acusaciones a los imputados. Lo que pasó a lo largo de este juicio ha sido importante porque con las condenas y la revocatoria de las prisiones domiciliarias vamos allanando caminos para los próximos juicios relacionados con los crímenes de lesa humanidad. Me satisface que los jueces se hayan pronunciado en este sentido y celebro las condenas
Gastón Casabella, querellante de la causa
Para mi esta ha sido una experiencia valiosa por todo lo que significó este juicio que demoró más de lo previsto. De todas maneras, el esfuerzo y la espera valieron la pena y logramos demostrar la responsabilidad de quienes estaban imputados de gravísimos hechos de sangre. Me satisface que el Tribunal haya concluido con condenas justas y sobre todo que haya determinado que los condenados vayan a la cárcel. Esto era lo que los familiares estaban esperando. Estoy contento y por eso no pude ocultar mi emoción cuando escuché el veredicto.
Dardo Verchán, defensor del expolicía Toledano
A lo largo de más de cuarenta años de ejercicio en la profesión, siempre he sostenido que hay que ser respetuoso de los fallos de la Justicia, más allá de que uno no pueda estar de acuerdo, como en este caso. Hasta que no conozca los fundamentos de la resolución es difícil emitir una opinión y voy a esperar ese tiempo y recién entonces me pronunciaré. De todas maneras quiero adelantar que vamos a recurrir a todas las instancias que sean necesarias para demostrar que mi cliente Raúl Eduardo Toledano es inocente. Yo lo conozco a Toledano y estoy seguro que nada tiene que ver en este caso.
David Leiva, abogado querellante de Orán
Este no solo es un triunfo de los familiares y de los abogados querellentes, sino de la sociedad. Creo que con este juicio se desnudó el pacto de sangre que tenían los genocidas. Todos participaron y fueron cómplices de las torturas, de los secuestros y desapariciones y de los asesinatos de muchos compañeros. Esto explica el pacto de silencio y por eso nadie quiere hablar y se muestran como mansos corderitos. Es importante la sentencia que se dictó, pero hace falta algo más. Tenemos que seguir luchando para encontrar los restos mortales de quienes están desaparecidos. Esa es la meta, ese es el objetivo.
Mariana Gamboa, hija de desaparecidos
Estamos contentos con el fallo de este juicio, pero tenemos que seguir adelante. Hay mucho camino por recorrer y en ese sentido tenemos un fuerte compromiso. Hay muchos responsables sueltos. Hay que investigar a los gendarmes de quienes nada se dice, pero que mucho tuvieron que ver con el genocidio. Es justo que se haya dispuesto que los condenados de hoy vayan a la cárcel. Me alegra que la justicia vaya comprendiendo de a poco que esta gente no puede estar suelta. Ellos siguen representando un peligro, sobre todo para quienes no cesamos en nuestra lucha.
Fuente:ElTribuno
Envío:Agnddhh
En una tantas conversaciones con el entrañable amigo David Leiva, me contó en confidencia, que ahora la puedo publicar como un ejemplo de que no hace falta ingenieria economica para la busqueda de pruebas, sino la intución, en este caso de quien fue militante de los 70, como lo reconocio publicamente en una de las audiencia.
- "Una mañana estaba en Tartagal y me me fui a la Biblioteca Popular a revisar los archivos de los periodicos de Tartagal y uno de ellos estaba la foto de Rios Ereñu en acto patriotico el dia de los secuestros, que según el ya no estaba en ciudad", me dijo David.
Es que los legajos militares, como se demostro con el represor Braga en Jujuy, son trajes a medidas de cada represor.
Envío:Agnddhh
Indagatoria para Lona
El ex juez federal de Salta Ricardo Lona deberá responder ante la Justicia. Fue convocado para febrero a una declaración indagatoria por su presunta participación en la denominada Masacre de Las Palomitas, en la que once presos políticos fueron ejecutados durante un traslado el 6 de julio de 1976 y en la desaparición del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone. Así lo resolvió el juez tucumano Luis Poviña, que subroga en la causa, al dejar sin efecto la suspensión de la indagatoria que había ordenado su colega salteño Miguel Medina y haciendo lugar al pedido del fiscal Horacio Azzolín y de la querella, que reclaman la indagatoria de Lona en estas dos causas emblemáticas. Lona, que había pedido la prescripción de las causas a través de un recurso de “falta de acción” judicial, está acusado por delitos de supuesto “encubrimiento y prevaricato” por no haber investigado once denuncias que llegaron a su conocimiento como único juez federal de Salta, sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad antes y durante la dictadura, ya que “no realizó investigación ni diligencia alguna”.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
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