Por Sebastián Premici
LA AFIP CREO UN REGISTRO ONLINE DE LAS EXISTENCIAS DE GRANOS ALMACENADOS EN ACOPIOS Y SILOS BOLSA
Piedra libre a quienes se guardan la cosecha
Los acopiadores de cereales y oleaginosas deberán informar desde el 1º de abril sus tenencias de producción en un registro informático. La información le servirá al Estado para combatir la evasión y maniobras especulativas.
Por Sebastián Premici
El Gobierno sistematizó el registro de granos almacenados en los campos de los productores, de todas las escalas, o en los acopios.Imagen: Pablo Añeli
El gobierno nacional decidió sistematizar el registro de granos almacenados en los campos de los productores, de todas las escalas, o en los acopios. Desde diciembre de 2009, esta operación se hacía de manera manual y la AFIP no tenía un control en tiempo real de las existencias de los granos. Además, muchos productores grandes, incluso las multinacionales que cuentan con acopios en sus propios campos, no estaban obligados a declarar desde el momento de la cosecha cuál era su stock. Sí lo hacían al momento de vender el grano, pero esta situación habilitaba a las multinacionales y grandes productores a guardar en sus silos y silos bolsas parte de la cosecha. Esta situación pudo apreciarse semanas atrás cuando el Gobierno tuvo que negociar con las exportadoras la liquidación de soja retenida. Según el Gobierno, los productores tenían en su poder casi 8 millones de toneladas.
“Establécese un régimen de registración sistémica de movimiento y existencias de granos no destinados a la siembra, sean propias o de terceros de acuerdo con las formas, plazos y condiciones que se disponen en esta resolución”, puede leerse en la Resolución de la AFIP 3593, publicada ayer en el Boletín Oficial. El régimen entra en vigencia el 1º de abril.
Según explicaron a Página/12 desde la cartera de Agricultura, al día 10 de cada mes los molinos y acopios debían informar sus existencias. Es decir, el Estado lograba tener el dato real de los granos ya puestos en el sistema comercial. Sin embargo, los grandes productores que cuentan con capacidad de almacenamiento, o los molinos y acopios que poseen campos propios no estaban obligados a declarar sus existencias en tiempo real. Sólo declaraban la superficie sembrada y un estimativo de la cosecha, y los movimientos de compraventa realizados. La misma fuente lo ejemplificó de la siguiente manera: si un productor cosechó 3000 toneladas y solamente vendió la mitad, se quedaba con 1500 toneladas almacenadas en su silo, que sólo declararía una vez vendidas.
“El Estado dejó de tener un conocimiento acabado de su stock granario tras la destrucción de la Junta Nacional de Granos. Ahora se pasará a tener un control inmediato de las existencias, es decir quién es el dueño del grano y dónde lo tiene almacenado”, explicó a Página/12 Edgardo Romano, especialista en economía agraria de la Gran Makro-Nuevo Encuentro. “¿Dónde está el trigo no comercializado?”, le había preguntado por radio Marcelo Longobardi a Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria. Con algo de sorna, el ruralista respondió que estaba almacenado en silos y silos bolsas. A partir de la sistematización del registro de los granos acopiados, el Estado podrá saber quién es el dueño del grano y dónde está almacenado. El caso del trigo es emblemático, ya que es un insumo básico para la industria alimentaria.
Cada vez que se producen aumentos en el precio del pan, los ruralistas de la Mesa de Enlace suelen decir que es por la falta de trigo. Sin embargo, los propios dirigentes reconocen que el grano está almacenado. Por lo tanto, esta situación de incertidumbre generada muchas veces por los propios productores que tienen espalda para financiar el stockeo de su cosecha debería resolverse a partir del cambio implementado por la AFIP.
“Hasta ahora podíamos saber cuánto hay en poder de los productores, pero los granos en manos de los acopiadores sólo podíamos estimarlos a través de las diferentes fuentes de información. Los acopiadores pueden ser exportadores o proveedores de los molinos o las multinacionales. Ahora sólo resta informatizar el formulario por el cual los productores informan que entregaron granos en consignación a los acopios”, sostuvo ayer Ricardo Echegaray durante un encuentro con periodistas.
La particularidad del mercado granario local hace que algunas multinacionales o grandes productores hayan diversificado verticalmente su negocio. Por ejemplo, la multinacional Cargill cuenta con cuatro plantas de molienda de oleaginosa y siete molinos harineros de trigo. Además, tiene por los menos 45 acopiadoras regionales propias, además de cinco puertos propios. Si las grandes cerealeras tenían la capacidad de presionar al gobierno nacional a partir de la no liquidación de granos retenidos, esto se debía a que podían mantener los granos en sus silos sin declarar. El Estado seguirá permitiendo el stockeo en silos, pero las empresas y productores deberán informar de manera online cuántos granos les restan por colocar en el mercado.
“Se hace necesario simplificar la operatoria de registración de movimientos físicos de granos y consolidar la captación de dicha información a los efectos de agilizar su utilización, adecuándola a los avances que incorporan los operadores, tanto en lo que se refiere a los sistemas de comercialización como al manejo físico de los granos y el consiguiente reflejo tributario”, sostiene la resolución publicada ayer.
Casamiquela con el Ipcva
El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y representantes del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) coincidieron ayer en trabajar para lograr un aumento de la productividad y una mayor transparencia en los eslabones de la cadena de comercialización. “Tenemos el fuerte compromiso de incrementar la competitividad de la cadena cárnica y para eso tenemos que avanzar en soluciones concretas. Queremos mejorar los números del sector, planteando otros indicadores, no sólo referido al stock”, señaló Casamiquela, tras una reunión con representantes del Ipcva. El ministro estuvo junto al secretario de Agricultura, Gabriel Delgado. Como continuidad de la mesa de ganados y carnes realizada en enero, en la reunión se abordaron cuestiones técnicas ligadas al control comercial, el sistema de información, la oferta de hacienda y el acceso a mercados internacionales, entre otros temas. Delgado indicó: “Debemos avanzar en la producción global de carne, en kilogramos por animal, en porcentaje de destete; por eso el trabajo conjunto debe ser la herramienta del cambio”.
RURALISTAS DISCREPARON SOBRE LA MEDIDA OFICIAL
Una Mesa con patas que crujen
La dirigencia rural no logró unificar una postura frente a la resolución de la AFIP que obligará a todos los productores a declarar de manera online las existencias de granos almacenadas en los campos propios o en acopios. El titular de Coninagro, Carlos Garetto, sostuvo que “es bueno que se produzcan mayores controles” sobre la cadena de comercialización. En cambio, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, sostuvo que “en vez de controlar, el Gobierno debería incentivar la producción”. Desde el Movimiento de Jóvenes Agrarios manifestaron que a partir de esta decisión “quedará claro que quienes almacenan los granos son los grandes productores”.
“Está bueno que haya controles. Los acopiadores, la industria y la exportación de granos ya estaban brindando esta información cada mes o quincenalmente, pero a partir de ahora tendrán que dar esa información de manera diaria”, manifestó Garetto. El representante de las cooperativas defendió que con esta iniciativa el Estado pueda “ampliar la base tributaria”. “En el sistema (de comercialización) hay evasión y hay que controlarla. Cuanto mejor la controlen, nos va a ir mejor a todos”, concluyó Garetto.
Por su parte, el diputado provincial bonaerense del PRO Jorge Srodek criticó la resolución de la AFIP.
“Las existencias de granos ya están siendo controladas y la AFIP cuenta con toda esta información. Ahora suman un control más para presionar a los productores, demostrando una vez más la falta de previsibilidad de quienes nos gobiernan”, sostuvo el legislador a través de un comunicado. “Si el kirchnerismo quiere más dólares, lo que debe hacer es generar condiciones para que haya más producción, en lugar de seguir asfixiando a los productores”, agregó el también ruralista de Carbap, en sintonía con las palabras del presidente de la Sociedad Rural.
El presidente del Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios (MAJA), Esteban Motta, sostuvo que el registro de granos “demostrará que los que guardaban parte de la cosecha eran los grandes productores y exportadores y no los pequeños ni las cooperativas”. “No es trascendente, ni que vaya a modificar ni complicar ninguna situación, es un registro de control que el Estado tiene potestad de hacerlo”, defendió Motta. Este dirigente agropecuario forma parte de la Federación Agraria, actualmente enfrentado a la conducción de Eduardo Buzzi.
“Si el registro sirve para transparentar la existencia de granos, también podría servir para armar un mapa de los pequeños productores y cooperativistas, con el objetivo de armar políticas diferenciadas”, concluyó Motta.
El tema lo había planteado la presidenta Cristina Fernández días atrás en un discurso
Presentan un proyecto de ley que endurece el castigo a especuladores
Lo elaboró Héctor Recalde y modifica las leyes de Defensa del Consumidor, de Abastecimiento y Lealtad Comercial. Unifica plazos procesales y las penalizaciones, las que serían actualizadas con el mismo indicador de las jubilaciones.
Por: Agustín Álvarez Rey
Apenas una frase necesitó Recalde para sintetizar el espíritu del proyecto: "Esto viene a traducir en la letra lo que expresó Cristina (Fernández de Kirchner) hace 15 días." La referencia del abogado laboralista es precisa y tiene anclaje en los recursos utilizados por la presidenta para describir la situación de desigualdad de los consumidores frente a ciertas empresas. "El Poder Legislativo deberá tomar nota de estas cuestiones, vamos a trabajar seguramente con algún proyecto en el cual se aplique el tema tributario", señaló la presidenta y agregó: "Porque no puede ser que si vos dejás de pagar dos cuotas de la tarjeta de crédito, te cortan la tarjeta y no tenés recurso contra nadie. No puede ser que vos no pagués las dos cuotas del seguro, y tenés un accidente y no te cubre nada, y no hay juez que te dé la razón (…) Y resulta ser que estas grandes cadenas, que han crecido gracias, además, al consumo, pero increíble cómo han crecido en estos años, y bueno, pueden hacer todas estas cosas, y no haya jueces que, además, hagan valer el derecho de esos ciudadanos."
Así las cosas, el proyecto de Recalde plantea dar homogeneidad a los aspectos procesales de las tres leyes, reducir los plazos procesales, fijar la competencia judicial en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en las cámaras federales en las provincias, y actualizar las multas mediante la aplicación de la fórmula de la movilidad jubilatoria. Además, el texto que fue presentado ayer por la mañana en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados indica que la parte que recurre a la justicia debe acreditar el cumplimiento previo de la sanción pecuniaria (solve et repete), caso contrario la justicia no se abocará, quedando firme la sanción.
Por otra parte, el texto que entre otras también lleva la firma de Diana Conti, Andrea García, Leonardo Groso y Edgardo Depetri, facilita el ejercicio de las facultades que ya otorga la Ley de Abastecimiento al Poder Ejecutivo para expropiar bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación, y de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías.
Al respecto de la iniciativa, la diputada Diana Conti explicó que es el momento oportuno para avanzar con una iniciativa en ese sentido, "poner sanciones más actualizadas y dar mayores instrumentos a la autoridad de aplicación de la leyes para evitar el abuso que se comete".
En cuanto a la recepción que pueda tener la iniciativa por parte de las restantes fuerzas políticas que conviven en el Parlamento, Conti aseguró "no ver razón para que la oposición se oponga" y advirtió que, más allá de las posturas de los distintos bloques, la importancia radica en que el proyecto "va a ser acompañado por el pueblo, que es el que está siendo castigado por un desabastecimiento inducido".
En relación con la Ley de Abastecimiento, el proyecto plantea también modificaciones en los artículos 26 y 27. En el primero de ellos, que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población cuando fuera necesario a fin de evitar desabastecimientos, acaparamientos y/o maniobras de agiotaje y especulación, facultando al Poder Ejecutivo a determinar en cada caso los bienes que serán expropiados, se propone suprimir la exigencia de la existencia de un estado de emergencia económica ya que la responsabilidad de satisfacer las necesidades esenciales de la población afectadas por maniobras del tipo de las previstas en la norma debe garantizarse también en situaciones de normalidad.
La eliminación de la necesidad de la declaración del estado de emergencia es una de las claves para el autor del proyecto. "Eso agiliza. El Estado cumple su rol porque lo que está en juego es el interés general", enfatizó Recalde y agregó: "Se está cuidando al pueblo de la especulación. La realidad es que esto era un escollo y que por eso se traban siete u ocho años en cobrar una multa."
En cuanto al artículo 27, la Ley de Abastecimiento faculta al Poder Ejecutivo, en caso de urgente necesidad pública, a intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías, cualesquiera sean sus propietarios, debiendo consignar con posterioridad judicialmente su precio de venta neta, en caso de urgente necesidad pública.
El proyecto que ingresó ayer a Diputados recoge además los puntos centrales de los proyectos presentados por el senador Aníbal Fernández para modificar las leyes de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor. En ambas normas, el senador planteaba que el recurso de apelación ante la sanción "será concedido en relación, excepto cuando se hubieren denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente, y con efecto devolutivo". De esta manera, se elimina el carácter suspensivo del recurso por lo cual la sanción se debe cumplir.
En los fundamentos que acompañan al texto, Recalde señala que la norma busca prevenir "las diversas maniobras especulativas de ciertos sectores productivos y de comercialización que impactan gravemente en la población consumidora en general, deben ser evitadas, y como última medida, de no ser ello posible, debe sancionarse adecuadamente la conducta reprochada". En ese sentido, el diputado del FPV detalló que, "acortando los tiempos del proceso, se generarían mayores incentivos de cumplimiento de las leyes, evitando la comisión de los actos que las normas sancionan, reforzando así la protección a los consumidores, usuarios, y a la población entera sin detrimento del derecho de defensa del destinatario de la medida".
Para el oficialismo, "los actos que pretendió evitar el legislador al sancionar las tres normas de referencia son aquellos que por su gravedad e impacto en la población, no sólo justifican el aumento de las facultades del Poder Ejecutivo respecto de los procesos comerciales y productivos, sino que denotan una urgencia extrema y una necesidad imperiosa de que se arbitren los medios para evitar actos de tinte inescrupuloso y contrarios al interés común".
Desde los fundamentos, los firmantes del proyecto destacan no sólo los cambios en cuanto a cumplimiento de las sanciones y celeridad del proceso, sino que entienden "que el poder disuasivo de la norma aludida será tanto mayor cuanto más se aumente la graduación de las sanciones y se acorten los plazos del procedimiento".
Por ahora, el proyecto que endurece las penas con el fin de proteger a los consumidores no tiene fecha de tratamiento y nadie se anima a aventurar si será parte de la agenda legislativa en el comienzo del período ordinario. Eso quedará claro luego del discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo.
las claves de los cambios que propone el proyecto
Montos de las multas: las multas para los infractores de la Ley de Abastecimiento irán desde los 5000 pesos hasta los 10 millones. En el caso de infracciones a la Ley de Abastecimiento, el límite máximo de la penalización se podrá extender hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida durante la infracción.
Actualización de multas: las multas se actualizarán según la fórmula que se emplea en la actualidad para efectuar la movilidad jubilatoria.
Estado de emergencia: se elimina la exigencia de la existencia del estado de emergencia para aplicar la Ley de Abastecimiento.
Plazos procesales: se plantea la homogeneidad de los aspectos procesales de las leyes de Defensa del Consumidor, Abastecimiento y Lealtad Comercial. También se propone la reducción de los plazos procesales, fijar la competencia judicial en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en las Cámaras Federales en las provincias.
Pague primero: el proyecto establece que será obligatorio el pago previo de las multas por parte de las empresas para poder interponer el recurso de apelación contra una resolución administrativa en cualquiera de las instancias en que se generase (ministerios, secretarías o entes reguladores nacinales o provinciales).
monopolio y ganancia
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó el rol del Estado como "regulador" para evitar la formación de "monopolios y oligopolios" que perjudiquen a los más débiles, y dejó claro que esta función "no implica una regulación de la tasa de ganancias de las empresas".
El jefe de ministros hizo esta aclaración ayer, en su habitual conferencia de prensa matinal en la Casa de Gobierno, para "evitar" falsas interpretaciones (como las presentadas por diversos matutinos en la jornada de ayer) y, en este marco mencionó que hasta en los países más "modernos" del mundo, como Estados Unidos y la Unión Europea, existe este rol regulador, para que el sistema económico "funcione bien".
En ese sentido, el ministro citó el caso de Microsoft, en Europa, y la ley anti-trust en los Estados Unidos.
En ese sentido, el funcionario aclaró que "en la Argentina el primer proyecto de ley de regulación de defensa de la competencia tuvo origen en 1909". Además, indicó que "el funcionamiento del sistema capitalista implica también el debate respecto a la regulación de la existencia de monopolios y oligopolios".
El miércoles Capitanich había señalado que el gobierno propiciaba una revisión legislativa de la situación de los monopolios y los mercados concetrados, a fin de evitar la imposición de precios a partir de posiciones dominantes.
Fuente:TiempoArgentino
21.02.2014
en abril se pone en práctica Granos: mejorarán el control del comercio, el transporte y el acopio
La AFIP digitalizó los procesos que antes eran registrados en forma manual.
Conocerá en tiempo real la situación de la producción.
Por: Nicolás Furfaro
Según estableció la resolución, los operadores deberán acceder vía web al "Registro Sistémico de Movimientos y Existencias de Granos" en el sitio oficial de la AFIP para volcar la información solicitada. El nuevo esquema tiene lugar tras el conflicto originado en los últimos meses por la propensión de los productores a no liquidar parte de la producción ante la expectativa de una mayor devaluación o una suba en la cotización de los productos.
Desde la AFIP explicaron que la implementación del nuevo registro no implica mayores controles y que solamente se remplaza el actual libro de movimiento y existencias de granos por un libro electrónico que permitirá conocer en tiempo real la formación de stock físico de granos en cada planta, a través de la recepción y emisión de cartas de porte/CTG y otros comprobantes. "Hablaban de un cambio mucho mayor al que realmente se hizo. No estamos frente a una mayor presión por parte del gobierno para que liquiden o algo así, sino que se digitaliza un libro que los acopios ya llevaban", explicó el titular del organismo, Ricardo Echegaray.
En esta línea, el funcionario ejemplificó con otras digitalizaciones que se realizaron, como por ejemplo en el caso del registro de los granos que tienen los productores. Esa cifra se maneja desde 2009 y actualmente arroja unas 7.900.000 toneladas de soja que no se comercializaron.
Obviamente, con la mayor tecnología se permitirá tener una información más precisa sobre los granos acumulados en los eslabones intermedios de la cadena y así poder observar mejor el stock total en tiempo real, con la consiguiente mayor eficiencia en la cruza de datos. "Se le da una facilidad al acopio y también a la AFIP, que ya no va a tener la necesidad de mandar inspectores a ver los libros personalmente para dar una cifra con profesionalidad", planteó Echegaray.
"Nosotros tenemos un programa de planificación de acciones relativas a la información con la que administramos los granos, con esos regímenes seguimos todo el proceso y vamos sumando nuevos pasos", planteó el titular de la AFIP. El próximo objetivo del gobierno es el formulario 1116 A, documento con el que el productor le da granos en consignación al acopio, estrategia que se da mucho en el mercado.
La implementación del nuevo registro suscitó divergencias entre las entidades que conforman la Mesa de Enlace. Al conocerse la iniciativa, el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, advirtió que si el gobierno pretende que haya mayor producción de granos "tiene que promoverla, no castigarla". Por el contrario, el presidente Coninagro, Carlos Garetto, aseguró que un mayor control permitirá ampliar la base tributaria y bajar impuestos al sector. "Está bueno que haya controles", señaló el dirigente en declaraciones a Radio Nacional.
Fuente:TiempoArgentino
21.02.2014
katya daura entregó un premio
Presencia de Casa de Moneda en un certamen europeo
La Casa de Moneda fue elegida por la industria internacional de billetes y monedas para entregar el premio al mejor billete de Europa. En el marco de la Conferencia de Alta Impresión de Seguridad en Milán (Italia), Goznak, la Casa de Moneda rusa, próxima a cumplir 200 años de vida, se llevó el galardón con un billete conmemorativo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Katya Daura, titular de la Casa de Moneda SE de Argentina, entregó el premio a las autoridades de Goznak.
Según explicó la firma de capital nacional, Goznak es una de las Casas de Moneda públicas más importantes del mundo. Lanzó junto al Banco Central de Rusia un billete de valor nominal de 100 rublos conmemorando los Juegos Olímpicos de Invierno que están realizándose en la ciudad de Sochi. Se trata de una emisión conmemorativa de 20 millones de unidades.
El billete galardonado incorpora medidas de seguridad de vanguardia similares a las implementadas en el billete de 100 pesos argentino con la imagen de Eva Perón. Representa en el anverso un snowboarder volando sobre una estación de esquí alpina y en el reverso la efigie del estadio olímpico y el pájaro de fuego.
Al término del acto de premiación Daura señaló que "es un honor haber sido elegida por la industria internacional de billetes para estar presente y entregar tan distinguido galardón a una casa impresora pública. Detrás de un billete, hay centenares de personas que dedican su esfuerzo y su trabajo en este proceso.
Cada día los trabajadores de nuestras Casas de Moneda brindan lo mejor de sí para garantizar un producto confiable y seguro.
En este caso en particular la Casa de Moneda rusa, como nuestra Casa de Moneda tiene una tradición centenaria de saber hacer, de arte y oficio, de lealtad hacia lo público, gran sentido de pertenencia, fidelidad, compromiso y responsabilidad con su tarea diaria.
Este premio no sólo es para las Casas de Moneda y sus billetes, este premio pone de manifiesto la excelencia de un país y de sus trabajadores."
La Bolsa ganó un 0,32%
El Índice Merval ganó ayer un 0,32% por el impulso de algunas empresas energéticas (Edenor, 5,43 por ciento). Del lado de los títulos públicos nominados en dólares, el Bonar X subió 0,6%, el Boden 2015 quedó un 1,02% arriba y entre los que ajustan por CER, el Discount terminó con un descenso del 1,22 por ciento. En el plano cambiario, el dólar minorista en el Banco Nación subió a $ 7,82. La plaza cambiaria movilizó operaciones por U$S 91 millones cursadas por el Siopel y otros U$S 102 millones vía Mercado Electrónico de Cambios. El BCRA compró cerca de U$S 10 millones de dólares. En tanto, la AFIP informó que ayer se concretaron 7900 operaciones de compra de dólar para ahorro por $ 34,5 millones, equivalentes a U$S 4,44 millones.
Fuente:TiempoArgentino
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