24-4-2014
Lesa Humanidad
La declaración de un militar que complica más a Massot
“No nos queda otro remedio que ‘chuparlos’ por izquierda”
Lesa Humanidad
La declaración de un militar que complica más a Massot
“No nos queda otro remedio que ‘chuparlos’ por izquierda”
Se lo dijo Diana Massot, directora de La Nueva Provincia, a René Azpitarte, el jefe del V Cuerpo de Ejército en 1976. Fue una sentencia de muerte para dos obreros gráficos del diario. En 1987, Acdel Vilas se lo contó a un militar que la semana pasada lo declaró en la causa. “El testimonio es indubitable”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Palazzani.
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Jorge Molina, ex delegado de LNP, compañero de Henrich y Loyola.Al lado Angi Loyola-Telam
El hombre les dijo que estaba dispuesto a declarar en la causa en la que se investiga el rol que jugó, como conductora de los destinos de La Nueva Provincia, la familia Massot. Es el portador, desde hacía 27 años, de un secreto que puede terminar de vincular a la cúpula directiva del diario con el secuestro y asesinato de dos obreros gráficos combativos: el esterotipista Miguel Ángel Loyola y el maquinista Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca- el 30 de junio de 1976.
El diario no denunció las desapariciones, publicó en un rincón marginal cuando aparecieron los cadáveres y nunca siguió el caso. Gutiérrez les dijo hoy a los fiscales que era un “deber de gratitud” con la hermana de Loyola –a quién había conocido en aquella época- lo que lo impulsaba a presentarse a testificar.
El testigo develó la existencia de una reunión, en 1976, de la que participaron tres personas y aún no se tenían noticias. Diana Julio de Massot –madre de Vicente, y entonces directora del diario-, el general René Azpitarte -comandante del 5to. Cuerpo del Ejército- y Acdel Vilas –el primer comandante del Operativo Independencia y mano derecha del general- se juntaron y uno de los temas que se abordaron fue el de los sindicalistas de la rotativa. “Para Acdel Vilas, aparentemente, ese no era un tema de la subversión”, detalló sobre el testimonio de Gutiérrez una fuente judicial. Cuando se iba de la reunión, Vilas escuchó una frase de Diana Massot dirigida al general Azpitarte que esta semana recordó con nitidez:
-No nos va a quedar otro remedio que chuparlos por izquierda.
La revelación sobre los pormenores del cónclave se la hizo el propio Vilas en 1987 a Mauricio Gutiérrez –que ha defendido, entre otros, al teniente coronel Miguel Ángel García Moreno y al coronel Jorge Enrique Mansuelo Swendsen–, cuando el militar estaba detenido por los juicios contra las autoridades de la dictadura, antes de las leyes de impunidad. Y fue anexado hoy por los fiscales a la causa judicial. En una rueda de prensa que improvisaron afuera del juzgado, después de las cuatro horas en las que Massot ensayó respuestas ante el juez, Palazzani y Nebbia contaron sobre la importancia del nuevo testimonio. En comunicación con Infojus Noticias, Palazzani consideró que “solidifica de manera absoluta” el vínculo entre
La Nueva Provincia y el homicidio de los dos obreros gráficos.
“El testimonio es indubitable por su procedencia, que viene desde el ámbito militar, y por su contenido”, agregó Palazzani. En la época de la reunión y los secuestros, el diario era conducido con pulso de hierro por un triunvirato familiar: Diana Julio de Massot –la directora-, y sus hijos Federico y Vicente Massot. Aunque Vicente, único sobreviviente de entonces, no estuviera presente en esa reunión, los fiscales creen que es imposible que se hubiera mantenido al margen. “Había un acuerdo táctico entre ellos, eran una familia. A esa cita, fue la dueña del circo a hablar con el dueño del circo”, graficó el fiscal.
Con esta nueva prueba, los fiscales apelarán nuevamente la negativa a encarcelar a Massot ante la Cámara Federal de Apelaciones. Y será evaluada por el juez Álvaro Caleffi a la hora de decidir si finalmente lo procesa a Massot, o no.
24-4-2014
Lesa humanidad
En los tribunales de Bahía Blanca
Declaró Massot: se negó a responder a los fiscales
El director del diario La Nueva Provincia se presentó esta mañana a prestar declaración indagatoria. Sólo aceptó contestar las preguntas del juez Coleffi. Hace cinco días apareció un nuevo testimonio que compromete al diario.
Vicente Massot, el empresario de medios y director del diario La Nueva Provincia, estuvo desde las 8:15 de la mañana hasta las 14 hs.en la sede de Tribunales Federales de Bahía Blanca. Hoy declaró durante cuatro horas por su posible participación en crímenes de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico-militar. El ex ministro de Defensa de Carlos Menem, llegó a las siete y media de la mañana a la sede del juzgado de la calle Alsina 317 y logró evadir a los organismos de derechos humanos, las organizaciones políticas y sociales, y las guardias periodísticas –locales y nacionales- que se agolparon minutos más tarde en los alrededores del Tribunal.
Massot llegó por sus propios medios después de que la Cámara de Apelaciones bahiense ratificara la denegatoria de detención del juez de primera instancia, Álvaro Coleffi, al considerar que no había riesgo de fuga, por el conocimiento público de su persona y su arraigo con la ciudad. Entró por la esquina de Alsina y Zapiola y caminó los ochenta metros que lo separaban de la puerta del juzgado. A esa hora de la mañana, ni siquiera estaba dispuesto el fuerte operativo de seguridad que se desplegó poco después, con más de 50 prefectos y 20 efectivos de la policía federal. En las dos esquinas de Tribunales, organizaciones sociales y políticas repudiaban al hombre que mantiene vínculos aceitados con el poder militar.
A lo largo de su declaración Massot sólo aceptó responder las preguntas del juez Coleffi. En cambio, se negó a contestar las de los representantes del Ministerio Público Fiscal que habían pedido su detención. Ahora el juez tiene un plazo de diez días hábiles para decidir si lo procesa o no. Pero fuentes vinculadas a la investigación advirtieron a Infojus Noticias que ese plazo puede extenderse por la cantidad de pruebas acumuladas a analizar. Por otro lado, la detención del empresario seguirá en el ámbito de la Cámara de Apelaciones donde los fiscales intentarán reflotar el tema con la nueva prueba del expediente.
Una vez concluida la indagatoria, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia hablaron con los medios. Los fiscales contaron acerca de un nuevo testimonio "que solidifica de manera absoluta el vínculo entre La Nueva Provincia y el homicidio de los dos obreros gráficos", dijeron. Se trata del testimonio de Mauricio Gutiérrez, un teniente coronel retirado que actualmente es abogado de marinos y hombres del ejército acusados por delitos de lesa humanidad. Gutiérrez era conocido de la hermana de uno de los obreros gráficos asesinados, Miguel Ángel Loyola, y se presentó espontáneamente a declarar hace cinco días.
Massot está acusado de integrar "junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedios actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales", señalaron los fiscales en un estudio de las pruebas recogidas en la investigación, que fue delegada por el juzgado en la Fiscalía. El empresario está imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos", de acuerdo a la acusación.
También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
Fuente:Infojus
EL DIRECTOR DE LA NUEVA PROVINCIA DECLARO ANTE LA JUSTICIA
La estrategia de culpar a mamá
Vicente Massot declaró como acusado por delitos de lesa humanidad. Minimizó las pruebas en su contra y dijo que su madre y su hermano, ya fallecidos, manejaban el diario cuando desaparecieron trabajadores. Los dichos de un militar lo comprometen.
Por Diego Martínez
Ocho actas ante escribano en 1975 prueban la intervención de Massot en el conflicto con los gráficos.
Imagen: Télam
El empresario Vicente Ma-ssot se negó ayer a responder preguntas de los fiscales que lo acusan por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y volvió a centrar todas las responsabilidades en su madre Diana Julio y su hermano Federico, ambos fallecidos. El director de La Nueva Provincia intentó minimizar la importancia de las actas labradas en 1975, en las que aparece negociando cara a cara con los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y dijo no recordar cómo se enteró de sus asesinatos en julio de 1976. Las actas sobre el supuesto “sabotaje” al diario, en las que Massot figura dando órdenes desde el despacho de su mamá en los momentos más álgidos del conflicto, son la base del informe de Prefectura sobre “guerrilla sindical”, que concluyó con la decisión de “ralear” de la tierra a los dirigentes gremiales. La novedad que descolocó al empresario fue la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien rompió el pacto de silencio al contar que el general Acdel Vilas le dijo, en 1987, que escuchó cuando la directora del diario le pidió al general Osvaldo Azpitarte “chupar por izquierda” a los delegados que días después serían secuestrados. “Son declaraciones infames e infamantes”, se ofuscó Massot, quien sigue en libertad y volvería a ser citado por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi para ampliar su declaración indagatoria.
El empresario Vicente Ma-ssot se negó ayer a responder preguntas de los fiscales que lo acusan por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y volvió a centrar todas las responsabilidades en su madre Diana Julio y su hermano Federico, ambos fallecidos. El director de La Nueva Provincia intentó minimizar la importancia de las actas labradas en 1975, en las que aparece negociando cara a cara con los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y dijo no recordar cómo se enteró de sus asesinatos en julio de 1976. Las actas sobre el supuesto “sabotaje” al diario, en las que Massot figura dando órdenes desde el despacho de su mamá en los momentos más álgidos del conflicto, son la base del informe de Prefectura sobre “guerrilla sindical”, que concluyó con la decisión de “ralear” de la tierra a los dirigentes gremiales. La novedad que descolocó al empresario fue la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien rompió el pacto de silencio al contar que el general Acdel Vilas le dijo, en 1987, que escuchó cuando la directora del diario le pidió al general Osvaldo Azpitarte “chupar por izquierda” a los delegados que días después serían secuestrados. “Son declaraciones infames e infamantes”, se ofuscó Massot, quien sigue en libertad y volvería a ser citado por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi para ampliar su declaración indagatoria.
Massot ingresó al juzgado a las 7.30, mientras militantes de organismos de derechos humanos y de izquierda llegaban con sus banderas. “Es un día histórico para la ciudad. Fue uno de los partícipes civiles más importantes de la dictadura”, recordó Alejandra Santucho, de HIJOS Bahía Blanca. “Heinrich y Loyola hicieron un trabajo de hormiga para organizar a los trabajadores que habían sido expulsados del gremio”, recordó su compañero Jorge Manuel Molina.
La indagatoria, que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani habían pedido en mayo del año pasado, comenzó con la lectura de la acusación y el detalle de las pruebas. El acusado negó una a una las imputaciones y entregó notas de Clarín, La Nación y otros diarios para demostrar que publicaron “varios de los ejemplos de supuesta acción psicológica y complicidad” que se le adjudican a La Nueva Provincia.
Luego precisó datos que había dado en su “declaración espontánea” del mes pasado.
El eje de la defensa de Massot, que comenzó el 18 de marzo, pasa por probar que vivía en Buenos Aires, que sólo hacía “visitas ocasionales en calidad de hijo”, que en 1976 hizo la conscripción y que recién en 1977 se hizo cargo de la oficina en Buenos Aires pero sin responsabilidades importantes. Ocho actas ante escribano durante el segundo semestre de 1975, sin embargo, prueban su intervención personal en el conflicto con los gráficos, encabezando negociaciones con Heinrich y Loyola. En julio su madre le firmó un poder para que negociara con obreros en huelga y le delegó facultades para suspender y despedir empleados. En septiembre citó a los delegados al despacho de la directora para tratar de que levantaran medidas de fuerza, fue a la rotativa a convencer a los armadores que cubrieran un “retiro de colaboración” y pasó varias madrugadas discutiendo sobre distribución de tareas y horas extra. Las actas, insumo del informe de Prefectura, muestran sus fracasos para evitar las medidas de fuerza, pero sobre todo su participación en decisiones cruciales de las que dependía la salida del diario.
“Las organizaciones subversivas habían matado” a once gerentes y jefes de personal, por lo cual su madre le pidió que se quedara en Bahía, dijo Massot el mes pasado, cuando sólo sabía de una de las actas. “Mi participación fue absolutamente accidental”, pretendió ayer, porque se limitó a “dos semanas en un conflicto de más de dos años”. Luego él mismo se refutó: entre enero y marzo de 1976, admitió, la madre le pidió colaboración “a toda la familia” para que saliera el diario, “con lo cual todos los días convivíamos tíos, primos, sobrinos, hermanos”.
La noticia que más lo incomodó ayer no fue ver su nombre en las actas ante escribano, sino el relato del diálogo de su mamá con el general Azpitarte en los días previos a los asesinatos, que Gutiérrez contó ante los fiscales. En 1987, antes de las leyes de impunidad, Vilas cumplía prisión preventiva en el Cuerpo V, donde solía conversar con el entonces auditor. Hablando de “la costumbre de ciertos sectores civiles de pedirles favores a los militares”, le contó que en junio de 1976 Azpitarte lo citó a su casa del barrio Palihue para participar de una entrevista pedida por Diana Julio. La directora del diario planteó allí “que tenía problemas con los obreros gráficos Heinrich y Loyola” y “pidió una solución porque le habían parado el diario”. Azpitarte le pidió opinión a Vilas, quien consideró que el tema no era “de incumbencia militar”. Su superior le ordenó retirarse y, mientras se alejaba, escuchó las palabras de la señora: “Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda”, frase que Gutiérrez tradujo como “secuestrarlos”. El abogado apuntó que el diálogo fue “sobre fines de junio de 1976” y que días después se produjeron los secuestros. “Declaraciones infames e infamantes”, refunfuñó ayer Massot y curiosamente trató de desacreditar al militar diciendo que fue “defensor del general Vilas”, a quien su diario siempre consideró un héroe de la guerra sucia.
Fuente:Pagina12
En un hecho histórico, el director de La Nueva Provincia de Bahía Blanca declaró como imputado en una causa de lesa humanidad
Massot negó su responsabilidad en el asesinato de dos obreros gráficos
Ante el juez Coleffi, el empresario periodístico definió a los fiscales como dos "militantes" y se negó a aceptar preguntas. Exhibió notas de archivo de Clarín y La Nación donde se informaba sobre la represión igual que en su diario.
Por: Gerardo Aranguren
La declaración del empresario se convirtió en un hecho histórico en sí mismo: es la primera vez que el dueño de un diario es indagado en las causas contra el terrorismo de Estado y abre la puerta para que se repita en otras investigaciones. "Es un paso muy importante en la búsqueda de justicia. Costó mucho pero ya tiene efectos jurídicos y la importancia emblemática que tiene esta causa produce efecto en la sociedad", destacó el fiscal José Nebbia a Tiempo Argentino.
Como lo hiciera en marzo pasado, cuando se presentó voluntariamente, el empresario volvió a rechazar los hechos que se le imputan: la coautoría del asesinato de dos trabajadores gráficos de su diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, así como la complicidad en el secuestro, tormentos y homicidio de unas 30 personas.
Tras la indagatoria, el juez Coleffi tiene un plazo de diez días para decidir si procesa o no al empresario, aunque existe la posibilidad de que se realice una ampliación de la indagatoria a partir de la gran cantidad de nuevas pruebas.
El juzgado federal amaneció vallado y rodeado por un fuerte operativo de seguridad realizado por agentes de Prefectura Naval y la Policía Federal. "Massot genocida, a la cárcel de por vida", decía una de las banderas que colgaban de las vallas colocadas por los organismos de Derechos Humanos, familiares de las víctimas y organizaciones políticas y sociales que se acercaron para participar de lo que consideraron "una jornada histórica".
Durante la audiencia, Massot calificó a los fiscales como "militantes" que lo consideran un "enemigo", por lo que se negó a contestar las preguntas de Nebbia y Miguel Palazzani, quienes estuvieron acompañados por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
Como parte de su estrategia, minimizó su responsabilidad en el diario. Sin embargo, no pudo explicar su activa participación en la negociación con los delegados gráficos asesinados durante una huelga en 1975, como quedó probado en las actas de la empresa. También mostró notas de archivo de Clarín y La Nación donde, al igual que en su diario, informaron sobre enfrentamientos cuando en realidad se había tratado de asesinatos.
Buena parte de la indagatoria se centró en las nuevas pruebas obtenidas en los últimos días. La principal fue una declaración de Mauricio Gutiérrez, un teniente coronel retirado que actualmente es defensor privado de imputados en delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca.
El abogado y ex militar se acercó a la fiscalía y relató que el general Acdel Vilas le contó que había presenciado una reunión entre el entonces comandante del V Cuerpo del Ejército, Osvaldo Azpitarte, y Diana Julio, madre de Massot y directora del diario. Allí se trató la situación de los delegados gráficos Heinrich y Loyola, y la discusión finalizó con una frase de la mujer, quien aseguró: "No nos queda otro remedio Osvaldo, hay que 'chuparlos' por izquierda."
Massot no rechazó los dichos pero intentó descalificar al testigo, abogado de varios militares quien en varias ocasiones cuestionó la designación de los fiscales ad hoc en Bahía Blanca.
Esta causa surgió en 2012, cuando el Tribunal Oral Federal local ordenó investigar la relación de la cúpula del diario con la represión ilegal desatada en la ciudad. "Cuando comenzamos las investigaciones en 1986 sabíamos del entramado que existía entre sectores corporativos, tanto empresariales como mediáticos, pero era muy difícil avanzar", recordó Hugo Cañón, ex fiscal y actual co presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Años después, la Comisión recuperó documentación que permite probar ese vínculo, como el hallazgo de una lista de personas a ser detenidas, entre los que figuraban los dos delegados gráficos asesinados. "También se pudo demostrar que el periódico a través de Massot operaba para desinformar, infundir terror y legitimar enfrentamientos fraguados", señaló y agregó: "Fue un camino muy largo, trabajoso y duro pero creo que significa algo muy trascendente para demostrar que si bien los militares fueron los ejecutores, detrás operaron los factores de poder económico, mediáticos y eclesiásticos."
Fuente:TiempoArgentino
OPINION
Periodismos criminalesPor Florencia Saintout *
El exterminio consiste en la sustracción a la especie humana de una parte de ella. Para hacerlo posible es necesario una operación cultural gigantesca y previa: quitarle a esa parte su condición de humanidad. Hacer de esa parte, de esos hombres (varones y mujeres) unos no-hombres. Entonces será posible su eliminación. La tortura; la muerte. Finalmente, la aceptación de que hay no humanos entre los humanos y que esos “no-humanos” son un riesgo para el resto del “cuerpo social”.
Un plan de eliminación de un grupo social, con la magnitud del elaborado y puesto en marcha en la dictadura, sólo es posible si se construye la aceptación de que eso sería necesario, fundada en la creencia de que hay algunos a los que se puede/debe exterminar. A partir de esa operación, sus vidas no serán lloradas porque no son consideradas ni siquiera vidas, sólo esto explica la concreción del horror. Para dar forma a ese artificio es necesario construir una serie de categorías sobre el otro que se fijen como verdad: los subversivos, los delincuentes, los bárbaros. Y en esta tarea los medios, como maquinarias especializadas en la producción simbólica que nomina la vida, ocupan un lugar fundamental.
La llamada propaganda negra no es otra cosa que la construcción de unos nombres, de unos relatos, de unas categorías, de unas imágenes que ordenan los acontecimientos a partir de un eje de destrucción del otro. Ese proceso se hace ocultando la verdad y sobre todo mintiendo acerca de ella.
No hay exterminio sin categorías que definan a un otro como exterminable. Los estigmas, reactualizados, pueden subsistir más allá de la detención coyuntural del exterminio. Pueden quedar como saberes ocultados en los sedimentos siempre disponibles de la historia. Por ello la afirmación innegociable del “Nunca Más”, porque la construcción de un sistema social de terror que habilitó la desaparición, el robo de bebés y la tortura no puede darse por terminada de manera definitiva con la llegada de la democracia.
Por eso, aunque nada garantice, la reparación de la Justicia en el marco de la verdad es indispensable para que nunca más ocurra, bajo las mismas o diferentes formas, el gran crimen. Las complicidades mediáticas deben ser juzgadas para afianzar el camino de justicia y la certeza de que nunca más seremos víctimas de una maquinaria de terror como la que vivimos. Massot tendrá que dar respuestas.
De la verdad hacia la justicia
Llegué a vivir a Bahía Blanca en 1983. Hice el colegio secundario a dos cuadras de La Nueva Provincia y ya para ese entonces todo el mundo sabía que la familia Massot era coautora del gran crimen de la dictadura. En esos tiempos donde los adolescentes podíamos salir de noche y encontrarnos con Astiz en algún boliche, nadie imaginaba que a los dueños del diario más poderoso del sur (ese que había entregado a trabajadores, que había publicado información arrancada de las sesiones de tortura en la macabra Escuelita; el que habló de enfrentamientos y celebró en su editorial del 24 de marzo de 1976 “la hora de responder con violencia ordenadora”) se los podía juzgar, o siquiera indagar. Era tal el grado de impunidad que todo lo que se sabía sólo podía ser balbuceado entre ilusiones de democracia y terror en el cuerpo.
La Nueva Provincia era el poder intocado de la ciudad. El poder real.
Con el Juicio a las Juntas militares en 1985 se abrió un camino de reparación de los crímenes. Con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final nuevamente volvimos a pensar que del infierno iba a ser imposible salir.
En ese infierno, Vicente Massot formó parte del gobierno de Menem, que encarnaba el plan de miseria planificada que había denunciado Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas como el peor crimen.
El primero que relacionó a la familia Ma-ssot con el genocidio fue Hugo Cañón –cuando era fiscal general de Bahía Blanca en 1987–, quien resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y principal vínculo del diario con la dictadura.
En 2012, terminado el juicio que condenó al primer grupo de represores que cometió delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca, se reunieron denuncias y pruebas sobre el rol que ocupó el diario La Nueva Provincia legitimando el terrorismo de Estado. Así, el tribunal habló de “propaganda negra” –en alusión directa a las operaciones de consolidación de terror sobre la población– y de cómo el diario participó activamente en la construcción del enemigo, cooperando con el Ejército y la Armada en el exterminio de un sector de la sociedad. En la sentencia se ordenó investigar cuál fue el papel que cumplió La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado.
Vicente Massot empezó a dar explicaciones por el asesinato de dos delegados gremiales: Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Ellos habían encabezado un paro antes de la dictadura. Ya con el golpe, Diana Julio de Massot, la que se atrevía a decirles cagones a los militares porque no eran más salvajes de lo que debían, fue hasta el gremio y los increpó: “A ver si se animan ahora”. Lo que sigue es conocido. Los fueron a buscar a sus casas y de sus asesinatos La Nueva Provincia sólo mencionó dos líneas. No dijo nada de las condiciones ni de las torturas. Nunca más volvió a hablar del tema. Los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani acusan a Vicente Massot como “coautor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos, instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material, encubriendo a sus autores inmediatos”.
También Massot tiene que responder a la acusación de autoría de la propaganda negra al servicio del exterminio. Es decir, a aquello que siempre supimos que había sucedido pero que nunca pensamos que iba a ser juzgado: la responsabilidad con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca en la última dictadura.
El diario: los medios
Lo que está sucediendo en Bahía Blanca es un gran paso en el entendimiento de que la dictadura cívico-militar tuvo como coautores a ciertos medios de comunicación y a ciertos periodistas. Que ellos ocuparon un lugar fundamental.
Si bien es cierto que las características del diario, y de los Massot en particular, habilitarían a pensar que éste es el peor caso, no deberíamos quedarnos tranquilos pensando que La Nueva Provincia es un caso aislado, y que juzgado el monstruo más grotesco las monstruosidades desaparecerán (como señalan los jóvenes investigadores A. Santomaso y A. Olsetein, la línea editorial de La Nueva Provincia sigue sosteniendo la idea de la guerra sucia; la reivindicación del accionar terrorista del Estado y la demonización de la subversión a la que relacionan con el actual gobierno).
Sobran las pruebas para demostrar que ha sido un sistema de medios de comunicación el que ha actuado en la Argentina consolidando las posibilidades de la masacre. Sólo con leer materiales como el libro Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso, escrito por Eduardo Blaustein y Martín Zubieta, como uno más entre tantos, podemos dar cuenta de una prensa al servicio del exterminio. Ni qué hablar de los casos como el de Papel Prensa, que ya está en el recorrido de la Justicia.
En estos últimos años hemos asistido permanentemente a los comunicados de la SIP o de Adepa en Argentina hablando de la libertad de expresión. Es interesante recordar cómo en 1977, sólo a cuatro días de que Rodolfo Walsh hiciera circular su Carta donde denunciaba “la censura a la prensa”, Federico Massot tenía tribuna para afirmar en Cartagena de Indias en la Asamblea de la SIP “que es lógico que ante la escalada del marxismo internacional en la Argentina las autoridades se vean obligadas a tomar decisiones lesivas respecto de ciertas libertades en salvaguarda de la integridad nacional”.
En esta línea de defensa de un régimen criminal, como fue el de la dictadura y de sus cómplices, Adepa ya en los primeros días del golpe se manifestó satisfecha por “el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa”. Hace menos de un mes Adepa se pronunció en contra del allanamiento ordenado por la Justicia en La Nueva Provincia, diciendo que se trata de un “ataque a los medios que expresan visiones críticas”. Con el discurso que convenga, lo único que defienden es a los perpetradores.
Con los juicios de lesa humanidad van surgiendo informaciones sobre el papel jugado por los medios. Lo que se está develando es la existencia de un sistema mediático al servicio del genocidio. Se hace necesario continuar con el esfuerzo de sistematización de esta información para reunir las pruebas que permitan llegar al juicio de este periodismo coautor del exterminio. Porque ya no podemos seguir pensando en posiciones de socios más o menos directos o de cómplices, sino de coautorías. La verdad nos abrirá los pasos a la Justicia.
* Decana de la Facultad de Periodismo de La Plata.
Fuente:Pagina12
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