OPINIÓN.

OPINION

Proyecto de Universidad de la Defensa
Por Jorge Raúl Fernández *

El proyecto de Universidad de la Defensa está elaborado sobre la base de tres institutos universitarios ya existentes (Instituto Universitario del Ejército, Instituto Universitario Naval e Instituto Universitario Aeronáutico), contemplados por la Ley de Educación Superior, con más de dos décadas de funcionamiento, evaluados periódicamente por la Coneau, que cuentan con casi 1700 docentes y cerca de 15 mil alumnos en sus distintas carreras, más las ofertas educativas que se dictan en la Escuela de Defensa Nacional, con la asistencia –entre otros– de 24 estudiantes latinoamericanos provenientes de Brasil, Ecuador, México, Venezuela y Colombia. Es decir que su creación –como muchas otras universidades– se concibe a partir de Institutos de Educación Superior ya existentes.

En la elaboración del citado proyecto se ha tomado en cuenta la experiencia de los mencionados institutos universitarios, los informes de la Coneau sobre los mismos o los modelos de universidades y sistemas educativos de la defensa de la legislación comparada, y también se ha interactuado en forma permanente con la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, consultado con legisladores nacionales ampliamente ligados a la temática, requerido opinión a personalidades del mundo académico y de la gestión universitaria, esquema de participación que tuvo su punto culminante el pasado 13 de febrero donde, en una jornada de presentación del anteproyecto, disertaron los directores de Educación de las tres fuerzas, diputados y senadores nacionales, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y otros rectores, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, entre otros, quienes formularon positivas apreciaciones sobre la creación de la universidad y acercaron valiosas ideas para que se incorporen como objetivos y desafíos en el proyecto institucional. Cabe señalar que dicho evento contó con la participación de los ministros de Educación y de Defensa que, desde ángulos distintos, señalaron el salto cualitativo que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional significaba para la educación superior en general y para el sistema de defensa en particular.

El proyecto de creación de la universidad encuentra su fundamento normativo en las leyes de Educación Superior y de Defensa Nacional, lo que permite que se pueda avanzar en la profundización de la aplicación de los principios institucionales y académicos del régimen universitario vigente, pero sin desconocer las particularidades propias de las Fuerzas Armadas, estrictamente relacionadas con la misión principal de la Defensa Nacional y la especial sujeción de las mismas a los poderes de la República. En particular, y en lo que se refiere a la primera de las normas mencionadas, encuentra cabida en sus artículos 74 y 77, lo que permite que la universidad dependa del Ministerio de Defensa y que la autonomía académica e institucional prevista en el artículo 29 esté limitada y sujeta a un régimen específico. Cabe señalar también que la creación encuentra legitimidad normativa en que las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas fueron consideradas institutos universitarios porque cada una de ellas desarrollaba una disciplina, cuestión que ahora se modifica al abordarse –desde la óptica de la Defensa y ya no solamente desde la especificidad de una fuerza o únicamente desde el componente militar– diversas temáticas que incluyen no sólo lo relacionado con las especialidades de tierra, mar y aire, sino que contemplan también aspectos relativos a ciencias de ingeniería o sociales, entre otras, lo que amerita el cambio de denominación. O sea, se trata de una universidad que unifica institutos universitarios existentes y que implica una mirada totalizadora desde la Defensa, pero que además representa un modelo diferenciado de diseño de organización institucional, contemplado en los artículos 74 y 77 de la Ley de Educación Superior.

En lo relativo a las finalidades que se persigue con el proyecto, la iniciativa se inscribe en el proceso de democratización y modernización de las Fuerzas Armadas que se desarrolla en nuestro país desde la recuperación de la democracia y que se ha profundizado en la última década, marco en el cual se ha sucedido un conjunto de acciones destinadas a reformar el sistema de formación militar, y donde queremos destacar principalmente las relacionadas con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la cuestión de género, la formación de civiles para la Defensa. En particular, con la creación de la universidad se intenta consolidar lo realizado y establecer un nuevo punto de partida para pensar las políticas de formación en el ámbito de la Defensa, contemplando los actuales y futuros desafíos de la misma, con un abordaje multidisciplinario que incorpore carreras y asignaturas para la producción del conocimiento científico-tecnológico, que forme militares y civiles con perspectivas estratégicas en problemáticas como recursos naturales, integración regional, ciberdefensa, entre otros relevantes. En síntesis, con la creación de la Universidad de la Defensa se busca consolidar y profundizar la relación entre el sistema de educación superior y la formación de militares y civiles para la defensa, contemplando los diferentes roles y responsabilidades de cada uno, en articulación con el sistema científico-tecnológico, en el marco del sistema democrático y considerando los procesos de integración y cooperación regional existentes, en la búsqueda de que la formación académica, la investigación y la extensión se acerquen cada vez más a los criterios de calidad hoy vigentes para la totalidad de las universidades nacionales.

Por último, y para finalizar, creemos que la creación de la Universidad de la Defensa es un desafío que requiere del aporte de los diversos actores que ya han participado en el proceso de elaboración del proyecto y de muchos otros que esperamos sumar para el plan institucional, en caso de ser aprobado el mismo por el Congreso de la Nación.

* Secretario de Asuntos Estratégicos y Militares del Ministerio de Defensa. Profesor Titular Ordinario de la Universidad Nacional del Litoral.

OPINION

La “inteligencia” militar
Por Luis Miguel Baronetto *

Cuando Jorge Rafael Videla declaró como imputado el 6 de abril de 2011 en la causa por el homicidio del obispo Enrique Angelelli, se limitó a mencionar tres aspectos:

1. Que en audiencia concedida, el nuncio Pío Laghi le dijo: “Presidente, la Iglesia tiene asumido que el fallecimiento de monseñor Angelelli fue producto (sic) por un accidente. Usted puede dormir tranquilo respecto de este asunto”.

2. Que hacía entrega al juez de documentación recibida de un ex colaborador (69 fojas en fotocopias).

3. Que ese ex colaborador era el coronel (R) Eduardo De Casas.
Lo que no agregó Videla es que el militar retirado había trabajado en la Policía Federal de La Rioja y era enlace con inteligencia del Ejército.

La documentación de Videla, en fotocopias sin firmas, era una recopilación de informes de la inteligencia militar que pretendía instalar la versión del “accidente fatal”. El juez Herrera Piedrabuena desestimó el valor de esos anónimos por no reunir requisitos de prueba indiciaria y calificó la maniobra como “‘operación’ tendiente a desviar la investigación”. Pero esos papeles revelaron el activo rol de la inteligencia militar y su preocupación ante el develamiento de la verdad sobre el asesinato de Angelelli.

La actuación del colaborador de Videla, el coronel Eduardo De Casas, empezó en julio de 1986, poco después de que el juez Aldo Morales resolvió que la muerte del obispo obedecía a un “homicidio fríamente premeditado”. Ante el interés del entonces obispo de La Rioja, Bernardo Witte, elaboró una estrategia para hacerle llegar un supuesto testigo directo que afirmaba la versión del accidente vial. Raúl Antonio Nacuzzi declaró ante el obispo Witte –no ante la Justicia– que el conductor era Arturo Pinto y el obispo Angelelli fue despedido por la puerta del acompañante al volcar. Nacuzzi, fallecido, tuvo vinculaciones con el Batallón de Ingenieros de La Rioja, según declaró su segunda esposa en el juicio Angelelli, el pasado 9 de mayo.

La generosa colaboración de los servicios de inteligencia con el obispo Witte avanzó con un peritaje mecánico extrajudicial realizado en 1988 por el coronel (R) Héctor Maximiliano Payba, Dir. Téc. EMGE (Estado Mayor General del Ejército), quien siguiendo la versión militar dio por supuesto que Angelelli no conducía la camioneta.

La segunda ofensiva de la inteligencia militar fue en 2006, cuando se reactivó la causa por el asesinato, después de anuladas las leyes de impunidad y se conmemoraron los treinta años del crimen. El presidente Néstor Kirchner, con motivo de los homenajes, afirmó en Chamical que lo habían asesinado los militares. Y el cardenal Jorge Bergoglio, revestido con la casulla roja martirial, dijo en la homilía en la catedral riojana ese 4 de agosto que Angelelli “fue testigo de la fe derramando su sangre”.

Un nuevo informe sin firma ni fecha calificó de “marxista-tercermundista” el impulso judicial de los querellantes. En esta nueva etapa, además del coronel De Casas, que mostró poseer un verdadero expediente paralelo, con papeles y fotos de Angelelli, algunos en original –según declaró un testigo en el juicio–, actuó el general (R) Jorge Norberto Apa, detenido y procesado en mayo de este año por 85 desapariciones y 20 secuestros en una investigación judicial a cargo de la jueza federal Alicia Vence, de San Martín. El general Apa fue jefe de Inteligencia Subversiva Terrorista del Departamento Interior de la Jefatura de inteligencia del Estado Mayor del Ejército en los años 1979 y 1980. Y siguió trabajando en su especialidad, aportando en la elaboración de otro informe sobre la investigación efectuada por el fallecimiento de Enrique Angelelli, bastante similar al anterior, según la carta del arzobispo Carmelo Giaquinta al coronel De Casas. Pero además desarrolló una intensa actividad hacia miembros destacados del Episcopado argentino. Y demostrando conocer internas episcopales, el 2 de agosto de 2006, con el epígrafe de “presidente” –sin especificar de qué–, envió una carta al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer:

“Nos dirigimos a S.E.R., en cumplimiento de un deber de elemental prioridad ética, ante lo que consideramos una clara maniobra para involucrar a la Iglesia Católica en un hecho de evidente falsedad. Nos referimos a la muerte de monseñor Enrique Angelelli, que se está instrumentando como martirio, ubicando como autores de su muerte a miembros de las FF.AA. Adjuntamos para su conocimiento la información documentada (copia fiel del original) que demuestra que la muerte fue claramente un accidente. Si la jerarquía católica desconociese esa circunstancia, sería víctima de una maniobra perversa y, como tal, plena de injusticia. Hemos considerado que la magnitud y gravedad del hecho en análisis amerita su conocimiento por las más altas autoridades de la Iglesia. En consonancia con esto le hacemos saber que esta información le fue entregada al señor cardenal primado, monseñor Jorge Bergoglio, con fecha 3 del corriente”. Nótese que la carta fechada el 2 de agosto da cuenta de una entrega de documentación aún no enviada. Un nuevo embate de inteligencia para insistir ante la jerarquía eclesiástica en la versión del accidente.

El mismo general Apa se presentó ante otros obispos sin identificarse con rango militar sino como “Sr. Jorge Norberto Apa, presidente del Centro de Estudios Históricos Verdad y Dignidad”, después de la creación de la Comisión Episcopal ad hoc “Monseñor Enrique Angelelli” que presidió Giaquinta hasta su fallecimiento. Y es mencionado por éste en la carta al coronel De Casas. En esa carta, según los papeles de Videla, también le agradeció la visita para reunirse con la mencionada comisión en “El Cenáculo - La Montonera”, previa a la Asamblea Episcopal del 9 de abril de 2008. Esta intensa actividad de inteligencia, además de ser usada ahora por los defensores de los imputados, ha influido sobre la mayoría de los miembros del Episcopado, que hasta el momento soslayó pronunciarse públicamente.

* Querellante en la causa judicial por el asesinato de Angelelli.

OPINION

Puntos de partida
Por Eduardo Aliverti

Imagen: Pablo Piovano

Los avatares de la economía les ganan espacio mediático a los de la política, como siempre sucede cuando la segunda tiene poco que decirle a la primera. O cuando quien dice, desde la política, es antes el Gobierno que la oposición. O cuando es mejor que lo que dice la oposición no trascienda en demasía, porque queda más cerca del papelón que de otra cosa.

En el escenario estrictamente político sobresalió una foto del gobernador bonaerense con el cordobés, con caras sonrientes. No hay ingenuidad respecto de las especulaciones que despierta una imagen de ese tipo, del mismo modo en que el Episcopado no debe hacerse el desentendido acerca de algunas frases despiadadas de los documentos que emite. Las interpretaciones de lo que uno hace y dice, y mucho más en política, son en contexto y subtexto, no en el romanticismo de pretender que habrá lecturas amplias. Si Scioli y De la Sota se fotografían juntos habrá de inferirse y propagandizarse, inevitablemente, que quisieron decir algo. El bonaerense, sobre todo. Está en campaña presidencial. Scioli lanza, refuerza, que su aptitud es la unidad y no la confrontación. Está bien, es su armado. Y el cordobés, que jamás pudo mover el amperímetro por fuera de su provincia ni se presume que pueda hacerlo (cabe recordar que llegó a hablar del “cordobesismo” como meta de construcción masiva...), aprovecha para ganar un recuadro en los medios de alcance nacional; lo cual no tenía desde que, en diciembre último, se le sublevó su policía. De ahí a colegir que muchos ojos políticos miran a De la Sota, como pudo leerse en un titular periodístico, vaya si hay diferencia. No es noticia: suena a intento de operación mediática o a que no hay algo mejor para despertar interés desde una columna de actualidad política. No lo hay porque Fauna es un mamarracho donde se persiste en un todos contra todos en que la suma viene dando resta, y porque a Sergio Massa, quien hasta hoy es una exitosa construcción mediática de territorio recortado, empieza a acabársele la batería de estar a favor de la felicidad. Para las primarias y las presidenciales del año que viene falta tan mucho como poco, aun con la pausa que impondrá el Mundial, y los tiempos coyunturales se agotan. Más temprano que tarde será acá o allá, con éstos o aquéllos, para el oficialismo y para la oposición. En el palo K, es si se continúa firme o modosito (la opinión del firmante, ya expresada en numerosas oportunidades, es que, de no ser firme, no es). Pero en el espectro opositor no llegan a definir, ni tan sólo, con quién o quiénes podrían erigir una opción efectiva, específica, superadora de las declamaciones contra la corruptela kirchnerista. En la línea explícitamente gorila, la única figura con carisma y penetración mediática, Elisa Carrió, insiste con destruir todo lo que construye. Macri sube en todas las encuestas, pero no le alcanza para una proyección presidencialista. A Massa tampoco, por fuera de la publicidad mediática. Y el reciente congreso nacional del PJ, o del pejotismo como mito intimidante, terminó en una argamasa demostrativa de que el kirchnerismo, por ahora, se los fumó a todos. No es por convicción ideológica que gobernadores, intendentes y punteros terminaron ahí, en lo listado por el círculo chico de Cristina y Zannini sino porque afuera de ahí, en esa ancha avenida peronista y empezando por Massa, nadie asegura mejores perspectivas que lo que hay. La pregunta consiste en lo siguiente, según lo ve el periodista: ¿es de ahí para abajo o de ahí para arriba donde debe centrarse cómo seguir?

A todo esto, el jueves se produjo un hecho que hace años, muchos, no se veía. Clarín se vio en la obligación de un titular central, de portada, que semántica y profesionalmente se denomina objetivado. Se remitió a consignar que aumentaba el monto del salario familiar y de la AUH. Esta ascenderá desde junio a casi 650 pesos mensuales, que significa alrededor de 3 millones y medio de pibes siendo que, por familia, el promedio es de dos hijos. La cadena nacional en que la Presidenta hizo el anuncio tuvo un rating casi inédito, de 20 puntos en la sumatoria de todos los canales de aire. El medio y grupo comunicacional más imponente no tuvo manera de evitar que su titular, bajada y cuerpo central de la noticia fueran ésos, en esencia: que el Gobierno sigue poniendo plata por abajo, contra todas las experiencias de resultado ya conocido, dramáticas, que consistieron en sacar de abajo para poner en un alto que derramaría, y nunca derramó, hacia los sectores postergados.

Dos fallos judiciales, uno relativo al acuerdo gubernamental con Irán sobre el atentado a la AMIA y el otro sobre una de las causas que involucran al vicepresidente Boudou, vinieron a salvarles las papas al periodismo militante anti K cuando ya no daba para más la monserga del mínimo no imponible, que fue el tema fuerte de comienzos de semana. El periodista y contador Hugo Presman (www.presmanhugo.blogspot.com) se refirió al tema con didáctica precisión, más algún detalle realmente asombroso. “Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias tuvieron dos aumentos en el año 2013. Uno en marzo y otro en agosto. La particularidad de este último es que estableció que toda persona en relación de dependencia cuyo sueldo bruto, al 31 de agosto de 2013, sea igual o inferior a 15 mil pesos, no está alcanzada por la retención de Impuesto a las Ganancias, sin importar que sea soltero o casado. Teniendo en cuenta que el grueso de los asalariados tiene un sueldo promedio de entre 6 y 12 mil pesos, los alcanzados por el Impuesto a las Ganancias varían, según las siempre dificultosas estadísticas de nuestro país, entre el 5 y el 8 por ciento, una cifra considerablemente menor que la del trabajo informalizado, que ronda el 35 por ciento. Sin embargo, y aunque resulte un despropósito, el mínimo no imponible preocupa mucho más, o tiene más prensa, que los que permanecen en negro. Pero el análisis está incompleto si no se aclara que el 31 de agosto constituye una foto que congela la imagen. Es decir, que toda persona que posteriormente haya tenido aumentos que lleven su remuneración a superar los 15 mil pesos sigue exceptuada de las retenciones de Ganancias. Eso amplía en forma considerable los trabajadores no alcanzados. Al mismo tiempo origina una flagrante inequidad, que no se encuentra incluida en ninguno de los trabajos de los analistas económicos y políticos ni en los reclamos sindicales. Una persona que ingresó a una empresa en cualquier mes posterior a agosto de 2013 y gane más de 15 mil pesos queda sujeta a retención del mencionado impuesto. De esa forma, entre dos personas con la misma remuneración actual, por ejemplo de 20 mil pesos, pero con fechas de ingreso diferentes (una anterior y otra posterior al meridiano del 31 de agosto del 2013), la primera estará exceptuada y la otra quedará sujeta al pago del Impuesto a las Ganancias”. Como bien agrega Presman, esto es fruto de la infinidad de parches que tiene un sistema de impuestos regresivo al que el kirchnerismo no se decidió –ni decide– a echar mano. Y como también añade, “la AFIP es una contumaz generadora de resoluciones que en algún momento llegaron a dos por día, muchas de ellas contradictorias entre los motivos que las originan y su texto dispositivo. Y otras que modifican resoluciones anteriores que, a su vez, ya habían sido rectificadas parcialmente. Todo ello constituye una selva jurídica, que termina siendo un laberinto inexpugnable donde transitan expuestos inspectores y contribuyentes”.

Algún carácter aparentemente técnico de estas observaciones no va en perjuicio de su profunda raigambre política porque, al cabo, se trata de cómo las decisiones que se adoptan perjudican o benefician a las grandes mayorías. La de los impuestos es una cuestión árida, a nadie le gusta pagarlos y muchos opinantes tocan de oído, pero en cualquier caso es cierto que estamos hablando nada menos que de cómo se redistribuyen los ingresos del Estado. Justamente por eso, debería llamar la atención que tanto reclamante sindical y liberal –términos sinónimos, muchas veces– priorice exigencias como la de subir el mínimo no imponible, que afecta a un porcentaje ínfimo de los trabajadores. Y eso habla, y mucho, de cuántos y cuáles son los trabajadores que les interesan a quienes afirman representarlos a todos. Ni los informalizados ni los laburantes con salarios bajos o no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias son la preocupación de los analistas y colegas que dicen alarmarse por el impacto de la inflación en el poder adquisitivo. Tampoco es esa franja ampliamente mayoritaria de trabajadores lo que les quita el sueño a personajes como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, que el miércoles pasado convocaron a una marcha que fue incapaz de llenar Plaza de Mayo apenas en su mitad. ¿Podría haber aspirado a más un llamamiento sin oradores, sin consignas –sin míseros afiches, siquiera– que refiriesen la incidencia de las grandes corporaciones empresarias en el proceso inflacionario? ¿Cómo habría sido posible que tuvieran convocatoria un sindicalista que hasta ayer nomás juramentaba adhesión al kirchnerismo y otro que supo marcar como utopía que se dejase de robar al menos por dos años? Esto último no pretende ser (solamente) un chascarrillo contra gentes a las que es fácil entrarles, como el ex camionero y el ex gastronómico, sino un apunte remanido acerca de la falta de estatura con que se abordan algunos asuntos de cómo se reparte la torta.

Una vez más, que es vez ya cansadora pero imprescindible, habrá de decirse que el modo de hacerlo mejor es a partir de lo logrado. Nunca antes de ahí.
Fuente:Pagina12