“Me levanta la sábana con la ametralladora”
Por Elena Corvalan
Seis de los ocho testigos que declararon ayer en la continuidad de la Causa Metán, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia Salta, describieron las persecuciones, el hostigamiento, los allanamientos a deshoras de la noche y abusos a los que fueron sometidos por miembros de la Policía de la provincia, de cuyos operativos no quedaban a salvo ni los niños de tres años. Tres testigos contaron haber despertado con armas en sus rostros.
Otra vez fueron señalados los policías Rafael Rolando Perelló y Eduardo del Carmen del Valle como partícipes de estos hechos, además de otros policías, como el inspector Echenique. Este era quien comandaba al grupo de unos 20 policías, entre ellos Del Valle y Perelló, que la madrugada del 4 de mayo de 1976 rodeó la casa de los Núñez, entró a patadas y detuvo a cuatro hermanos, tres (junto a un primo, Juan Núñez, que fue detenido en Rosario de la Frontera) recuperaron la libertad en días subsiguientes, Pedro Francisco Núñez quedó detenido y fue desaparecido. Juan Carlos Núñez tenía 16 años, esa madrugada despertó con un arma en la cabeza.
En calzoncillos
Echenique lo golpeó y lo obligó a buscar su documento con la boca, manteniendo las manos detrás de la nuca, luego lo sacó al patio, donde esperaban sus hermanos, ateridos. Con apenas los pantalones puestos, los llevaron a la Comisaría de Metán, donde quedaron de pie, las manos en la nuca, mirando a la pared. Oscar, el último de los hermanos en salir, que ayer declaró por videoconferencia desde Buenos Aires, recordó que vio a Pedro en la Comisaría: “tenía la nariz y los labios lastimados”.
Lo que vino después obligó a la separación de la familia: mientras los padres iban de la Comisaría de Metán a la capital provincial, sin recibir información de Pedro, los hermanos libres eran sometidos a una persecución que alejó a los amigos y los obligó a exiliarse. “Salíamos y éramos detenidos por averiguación de antecedentes, a pesar de que nos conocían a todos”, contó Juan Carlos.
Los cuatro hermanos militaban en la organización vecinal, y Pedro militaba además en la JP. Ahí militaba también Mario Monasterio Sánchez, desaparecido el 28 de enero de 1976. Su prima, María Eva Sánchez, que entonces vivía con él en la casa de los abuelos Fernando Sánchez y María Santos Ordóñez, describió la última visión que conserva de él: “Mario pasa y alguien le pregunta, creo que era mi abuela, ‘¿comiste Mario?’
Y dice: ‘sí, una salchicha’. Al rato pasa y dice ‘me está persiguiendo el auto ése’”. Por la ventana María Eva vio un auto y rogó: “Mario no salgás”. Mario encaró hacia su habitación, que tenía salida independiente. Al día siguiente notaron su ausencia. La familia de Fernando Sánchez Arreyes sufrió 4 allanamientos antes del secuestro. “Recuerdo siempre la violencia, la brusquedad, el maltrato verbal.
Yo tengo aún hoy el sonido del peso de los pasos”, de las cosas arrojadas con violencia; una vez un policía le levantó “la sábana con la ametralladora”, recordó la testigo. “Después quedábamos como devastados, no hablábamos”. El grupo de tarea cortaba las calles y entraban por los fondos, a veces con reflectores.
El último allanamiento fue al mediodía de la desaparición de Mario: lo encabezó el policía Mario o Hernán Coronel, de traje y arma en mano. José Bustos, amigo y compañero de militancia de Monasterio, contó que el joven había sido detenido y torturado antes de la desaparición.
Dijo que él mismo fue seguido constantemente y fue detenido en 1981, oportunidad en que la policía allanó su casa y sacaron a su padre “a las patadas. Mi sobrino, de tres años, lloraba y lo agarraba a mi papá”. En 1978 Antonio Navarrete trabajaba en la finca de donde fue secuestrado Orlando Ronal Molina.
También tuvo un despertar violento: le envolvieron la cara con una sábana, asfixiándolo, lo interrogaron sobre Molina, lo maniataron y lo golpearon. Tardó una hora en liberarse y buscó a los obreros que habían quedado en el monte, adonde los atacantes los habían obligado a meterse, antes de llevarse a Molina: “Ellos no querían salir, ‘se metamos en el monte’, decían, y se metieron como tres horas, tenían miedo de que vuelvan y los maten”, contó el testigo.
Piden la inmediata detención de Del Valle
El fiscal federal Francisco Snopek pidió ayer al Tribunal Oral Federal de Salta que se ordene la inmediata detención del ex director de Tránsito de Metán Eduardo del Carmen del Valle. El Tribunal prefirió dejar la decisión para más adelante.
La solicitud (una reiteración de otra realizada por vía escrita) se hizo luego de que declarara Carmen Gladis Vázquez, una comerciante de Metán miembro de una familia que sufrió la persecución terrorista del Estado durante los años 70. Vázquez relató que Del Valle fue a su comercio en noviembre o principios de diciembre de 2013. Además de sugerir una amenaza, “¿te acordás de mí?”, para entonces estaba con prisión domiciliaria, por lo que no debía abandonar su casa.
Vázquez dijo que en aquel tiempo no sabía que Del Valle estaba en esta situación y por eso no denunció el hecho antes. Dijo que en realidad tomó conciencia de esta situación cuando comenzaron los testimonios en el juicio que se lleva a cabo en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia, en el que ex director de tránsito y policía es uno de los principales acusados.
Un asado para infiltrarse
Oscar y Juan Carlos Núñez sostuvieron ayer que el oficial de Policía Rafael Perelló hizo tareas de inteligencia antes que del operativo en que fueron detenidos y su hermano Pedro fue desaparecido. Oscar contó que Perelló “estuvo esa semana” en la casa del mecánico Juan Navarro, que era vecino.
“Iba todos los días con el pretexto de hacer arreglar el auto y era para vigilar. Se hizo de todos los muchachos de la cuadra, hablaba con todos. Incluso pagó asados para ganarse la confianza de los pibes de la cuadra y después no volvió más”, contó.
Navarro, ya fallecido, era esposo de Ramona Rosalía Rueda de Navarro, que ya ha sido sindicada como colaboradora de los represores. En la misma cuadra hubo un operativo en la casa de la familia Ortega, en el que fueron desaparecidos los hermanos Luis y José.
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Un testigo incriminó en varios asesinatos al policía Andrés del Valle Soraire
Salta-Causa Metán: finqueros colaboraban con combustible para la Policía
Por Elena Corvalán,directora de Radio Nacional-Salta
Testigos confirmaron ayer, en el marco de la Causa Metán, que en la década de los '70 finqueros del sur de Salta colaboraban con la Policía aportándole combustible y carne. Otro testigo, Segundo Rodríguez, ratificó su convicción de que integrantes del grupo de tareas Guardia del Monte asesinaron a su hermano Oscar Ramón Rodríguez y a su primo José Lino Salvatierra. "(Andrés del Valle) Soraire ha andado allá tres veces en el monte (antes del doble asesinato)”, aseguró Rodríguez. Luego se explayó, con lenguaje campechano, sobre las razones que lo llevan a la convicción de que el oficial Soraire y otros miembros del grupo de tareas Guardia del Monte asesinaron a sus parientes, convicción que compartía su hermano Domingo Nolasco, fallecido hace un año.
En 1977 Segundo vivía en la finca de los Rodríguez. Ahí recibió las visitas de la Policía; dos fueron a la noche, la última fue tres días antes de la emboscada, el 10 de mayo de 1977. La primera vez fueron “Soraire, Valle, Acosta y Corbalán”. En las dos últimas visitas Soraire insistió en saber si Nolasco iba a ir por la finca y en qué vehículo andaría: “Pasado mañana va a venir porque tenemos que cargar este carbón”, respondió Segundo. Tres días después se enteraba por Nolasco de la muerte del hermano menor y del primo, que conducían el camión en lugar de Nolasco.
Los primos, de 21 y 23 años de edad, habían sido emboscados en la finca El Tunal, en el departamento Anta, la noche del 10 de mayo de 1977. Ahí los habrían matado, los cargaron en la caja de la camioneta en la que andaban los agresores y arrojaron los cuerpos en el paraje Loma Pedregosa, a dos kilómetros de la ruta nacional 16 y, y carca de la finca San Jorge. Dejaron un cartel: “Por ladrón y cuatrero”.
Segundo ratificó también que el propio jefe de Policía, Carlos Carpani Costa, reconoció –en presencia del jefe de Seguridad, Joaquín Guil- la autoría del hecho por parte de Soraire y los otros policías, y que en retribución le ofreció matar a “cuatro, cinco” enemigos suyos.
La audiencia de ayer dejó en claro que el vale todo impuesto por el terrorismo de Estado fue aprovechado en algunos casos para dirimir diferencias personales, y también para obtener ganancias. En este sentido, fueron quizás más importantes los silencios y las expresiones con doble sentido que las palabras expresadas.
Hugo Garrett era administrador de la finca San Jorge, o finca Colbert como la conocían. Contradictorio, corrigiéndose cada vez que le hacían notar esta circunstancia, fue uno de los que confirmó el maridaje entre finqueros y policías: “Él trabajaba en la Policía y nosotros colaborábamos con él”, dijo cuando le preguntaron si conocía a Soraire.
Luego aclaró: entregaban nafta y carne, e información cuando robaban vacas. Sobre las víctimas, dijo que no las conocía pero que sabía que a la familia Rodríguez le decían “Arbolitos” y se comentaba que eran cuatreros.
El abogado querellante Juan Carlos Galli le hizo notar que en un año y medio en la finca hubo “una merma de 8 mil a 4 mil vacunos, ¿usted cree que los cuatreros pudieron llevarse 4 mil cabezas?”, interrogó.
Al testigo le costó explicar y argumentó que tan abultado faltante pudo haber sido consecuencia de un error en el conteo. Segundo y Nolasco Rodríguez también han dado cuenta de que aportaban combustible para la Policía.
El finquero Miguel Ángel Sastre se aferró a la falta de memoria. “¿A qué se dedicaba Soraire?”, llegó a retrucar ante la pregunta acerca de si lo conocía.
La investigación del crimen de Salvatierra y Rodríguez se tramitó primero en la justicia provincial. Soraire, Fortunato Saravia, Santos Leonides Acosta y Miguel Ángel Corbalán fueron acusados pero el proceso fue interrumpido por autoridades militares (que alegaron la participación de los acusados en el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone). La causa fue reabierta en 1984, en 1986 Saravia fue condenado y los otros fueron absueltos. En 1987 se ordenó que se dictara una nueva sentencia respecto de Soraire, que ya se había fugado.
En 2007 fue detenido en la causa Ragone, de la que fue absuelto por la duda en 2011. Pero no recuperó su libertad porque para entonces el crimen de “Los Arbolitos” ya había sido declarado delito de lesa humanidad.
La audiencia continuará hoy, con más testimonios. En este proceso se juzga también a los policías Eduardo del Carmen del Valle, Rafael Rolando Perelló y Marcos Honorio Medina y a los ex militares Carlos Mulhall y Miguel Gentil, por delitos cometidos en el sur de la provincia, entre 1976 y 1978.
Fuente:Telam
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