TUCUMÁN
Frenan demolición de edificio por el que habrían pasado desaparecidos santiagueños
El juez federal Daniel Bejas otorgó la medida atento a que en el lugar habría funcionado un centro clandestino.
Publicado el 23/06/2014
Frenan demolición de edificio por el que habrían pasado desaparecidos santiagueños
El juez federal Daniel Bejas otorgó la medida atento a que en el lugar habría funcionado un centro clandestino.
Publicado el 23/06/2014
CENTRO CLANDESTINO. Hay sospechas de que en el sótano del viejo edificio mantuvieron a presos políticos.
Un viejo chalet que está ubicado en el ingenio Bella Vista en Tucumán, estaba a punto de ser derrumbado y con ello, las posibilidades de que se pudiera avanzar en la investigación por la posible existencia de un centro clandestino de detención que funcionó en una construcción subterránea.
Sin embargo, la Justicia Federal dispuso una medida de no innovar que obliga a suspender los trabajos de demolición del chalet de propiedad de la firma José Minetti y Cía., y de sus construcciones anexas.
La resolución, que lleva las firmas del juez de Primera Instancia Raúl Daniel Bejas y de la secretaria del Juzgado, Virginia Duffy, ordenó que el personal de la delegación local de la Policía Federal constituya una custodia permanente en el establecimiento fabril.
Esta decisión tiene relevancia para los organismos de derechos humanos locales.
Antecedentes
Esto obedece a que sospechan que en el lugar podrían haber tenido cautivos a santiagueños desaparecidos, habida cuenta que muchos comprovincianos fueron trasladados a centros clandestinos de detención de la vecina provincia, caso Arsenal Miguel de Azcuénaga.
También, porque la Justicia Federal halló los restos de cinco santiagueños desaparecidos, en la fosa común conocida como Pozo de Vargas, en las afueras de la capital tucumana. Se trata del abogado Luis Alejandro Lescano; de la socióloga Marta Azucena Castillo; del trabajador Antonio Ybarra; y de los estudiantes Gloria Susana Figueroa Nieva y Julio Oscar Zurita.
El juez Bejas atendió el planteo del Ministerio Público Fiscal, a cargo de investigar una denuncia del secretario de Estado de Derechos Humanos de Tucumán, Humberto Rava, quien reveló que el casco o chalet ubicado en el ingenio, donde habría funcionado un Centro Clandestino de Detención (CCD) entre 1976 y 1977, se encontraba en peligro de demolición por obras que estaría realizando la empresa dueña del predio.
Preservación
En el pedido de la medida de no innovar, Rava recordó que la Ley 26.691, dictada por el Congreso de la Nación Argentina, establece la necesidad de preservar, señalar y difundir aquellos lugares en los cuales tuvieron funcionamiento Centros Clandestinos de Detención (CCD) durante la última dictadura militar.
También solicitó que se ordene la prohibición de innovar sobre el lugar en base al artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La propietaria del ingenio argumentó que las obras en la casona están vinculadas sólo a “una cuestión de expansión y resguardo del trabajo de empleados” que se desempeñan en la empresa.
Fuente:ElLiberal
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