23-8-2014
Abuelas
Nieta 115
Estela de Carlotto publica el último recordatorio de Laura: "Encontré la vida"
Abuelas
Nieta 115
Estela de Carlotto publica el último recordatorio de Laura: "Encontré la vida"
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo celebró la restitución de la nieta 115. El lunes se cumple el 36° aniversario del asesinato de su hija Laura y el recordatorio de ese día en Página/12 será el último que publique: "Con el encuentro de Guido sentía que debía decir 'basta de encontrar la muerte porque encontré la vida'".
Sol Vazquez
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo hoy que la búsqueda de los nietos robados durante la dictadura cívico militar "está dando frutos", al celebrar la restitución de identidad de la nieta 115, y confió en que este encuentro y el de su nieto Ignacio Guido "ayuden a que los argentinos nos pongamos de acuerdo en la construcción de nuestra democracia". A dos días de cumplirse el 36° aniversario del asesinato de su hija Laura, el 25 de agosto de 1978, Carlotto escribirá el primer recordatorio luego de conocer a su nieto: será el último que publica desde 1988 en el diario Página 12. "Será el último porque con el encuentro de Guido sentí que debía decir 'basta de encontrar la muerte porque encontré la vida'. Porque yo encontré a Laura en esa vida", dijo Carlotto convencida de haber "cumplido con el deseo de Laura de buscar a su hijo", nacido en cautiverio.
En diálogo con la agencia Télam después del anuncio de la restitución de la identidad de Ana Libertad Baratti De la Cuadra, nieta de Alicia "Licha" De la Cuadra -primera presidenta de la institución- Carlotto instó a que "ese estado de alegría y festejo sirva para afrontar las diferencias que tenemos y llegar a un acuerdo en una pelea llana, sin calumnias y denuncias que no prosperan".
En el término de diecisiete días, las Abuelas recibieron la noticia de la restitución del nieto de Estela, Ignacio Guido Carlotto Montoya y después la de Ana Libertad. Carlotto aseguró que el encuentro de su nieto "marcó una fecha muy especial en la toma de noción y de participación del pueblo" y destacó "la respuesta multitudinaria y mundial que recibimos las Abuelas por tantos años de búsqueda".
Desde su casa en La Plata, la presidenta de Abuelas lamentó que "Licha" -fallecida en 2008-, no haya podido conocer a Ana Libertad, como la llamó su madre al nacer durante su cautiverio en la comisaría 5ta. de La Plata. Recordó los encuentros en el departamento que 'Licha' habitaba en La Plata, donde se reunieron las primeras abuelas que buscaban a sus hijos y a sus nietos. "Fuí por consejo de mi consuegro, el padre de María Claudia Falcone (desaparecida), que me dijo: 'no estés sola, andá'. Y fuí. 'Licha' era cálida y tierna y lamenté mucho que no estuviera, pero hoy esperan a Ana Libertad una linda familia materna y paterna", afirmó la titular de la entidad.
En la causa iniciada por 'Licha' en la justicia, aparecieron nombres de representantes eclesiásticos involucrados, como el de Christian Von Wernich -condenado por crímenes de lesa humanidad- y de monseñor Emilio Grasselli. "En La Plata muchas madres fuimos a ver al arzobispo Antonio Plaza (fallecido) y se burlaban porque nuestras confesiones de mujeres desesperadas servían para seguir persiguiendo a nuestros hijos", recordó la Abuela de Plaza de Mayo al insistir en que "la iglesia fue partícipe de la dictadura", aunque reconoció que "hoy hay un papa (Francisco) que nos merece mucho respeto".
En la restitución de Ana Libertad, Carlotto destacó la colaboración de la Unidad especializada en apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y celebró que "hoy el Estado no nos deja solas" al señalar "la cadena de apoyo formal" como el de la CONADI y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Fuente:Infojus
Domingo 24 de Agosto de 2014
Por claudio mardones
La nieta 115 y la deuda de la Iglesia con la Memoria
El rol de Bergoglio y de los obispados resulta clave para acceder a información sobre la dictadura. Aunque desde hace pocos meses comenzó un lento proceso de acceso a los archivos del Vaticano, la CEA y las parroquias, cada nueva causa confirma que los secretos aún perduran.
Cómo un bumerang, la recuperación de la identidad biológica de Ana Libertad, la nieta 115 restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, volvió a rozar a la Iglesia Católica, la información que guarda celosamente y, esta vez, a Jorge Mario Bergoglio, el mismo que hace más de tres décadas atrás escuchó las súplicas de los padres de Elena de la Cuadra.
La joven fue secuestrada el 23 de febrero de 1977 y dio a luz a una niña el 16 de junio, en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Comisaría 5ª de La Plata, bajo la órbita de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Según Tiempo Argentino, poco después del nacimiento, Bergoglio era por entonces el joven provincial de los jesuitas en Argentina y fue una de las escalas eclesiásticas que hicieron Roberto De la Cuadra y su esposa Alicia Zubasnabar de De la Cuadra para saber el paradero de su hija. Por aquella época, "Licha" era la primera presidenta de Abuelas y había recurrido al superior de los Jesuitas en Italia para reconstruir el paradero de su hija.
El titular de la orden, Pedro Arrupe los derivó al provincial argentino. Según el testimonio que el actual Papa brindó por escrito el 23 de septiembre de 2011 en la causa federal 1351, que investigó el plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura, el jesuita escuchó al esposo de Licha, le ofreció ayuda pero "no recordó que le haya mencionado que la misma estuviera embarazada y explicó que lo habitual en esos tiempos era recurrir a las autoridades eclesiásticas de la zona donde se había producido el secuestro de la víctima".
La familia De la Cuadra sabía de la existencia de la niña y el embarazo gracias al testimonio de algunos sobrevivientes, pero Licha jamás alcanzó a leer las respuestas que Bergoglio le escribió al Tribunal Oral en lo Federal 6, porque el arzobispo porteño fue requerido por la justicia tres años después de su muerte y cuatro meses después de que Estela, la hija de "Licha" le reclamara al fiscal Martín Niklison que citara al cardenal primado de la Argentina.
"¿Cómo es que Bergoglio dice que hace sólo diez años del robo de bebés? ¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Elena de la Cuadra?", bramó la mujer para convencer al fiscal. La necesidad de los archivos romanos también fue mencionada por la presidenta de Abuelas Estela de Carlotto luego de la conferencia que encabezó este viernes para anunciar el hallazgo de Ana Libertad.
Bergoglio finalmente contestó las preguntas por escrito. Fue la segunda testimonial que prestó ante los estrados federales, luego de declarar el 8 de noviembre de 2010 frente a los magistrados del Tribunal Oral Nº5. En esa oportunidad dijo que hacía diez años que se había enterado de la existencia del robo de bebés, y luego habló sobre los padecimientos de los sacerdotes jesuitas Jorge Yorio y Francisco Jalics, que fueron secuestrados durante seis meses en la ESMA, luego de haber quedado completamente desprotegidos por la Compañía de Jesús. Bergoglio sostuvo que ayudó a salvarlos.
Lleva más de una década negando desprotección alguna, pero una serie de testimonios y pruebas documentales ponen sus afirmaciones en tela de juicio. "¿Recuerda que se haya hecho alguna denuncia a las autoridades judiciales?", le preguntaron los miembros del tribunal. "No recuerdo –contestó– y creo que se optó por hacerlas vía eclesiástica, en el Arzobispado, o en la Conferencia Episcopal (CEA), para que se unificaran a las otras denuncias, y fueran juntas", retrucó el prelado.
Los testimonios le sirvieron al actual Sumo Pontífice para dar por terminadas las sospechas en su contra ante la justicia, pero en cada testimonial, oral o escrita, Bergoglio habló de cartas, actuaciones, denuncias y documentaciones eclesiásticas que hasta la fecha nunca vieron la luz y que en muchos casos, continúan celosamente guardados dentro de los archivos del episcopado argentino y también, entre las añosas paredes del Archivo Secreto del Vaticano, uno de los depósitos documentales más antiguos del mundo.
El primer paso para abrirlos se concretó el 6 de febrero, hace seis meses, cuando Bergoglio recibió en el Vaticano a la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó para firmar un acuerdo de cooperación judicial, impulsado por la Cancillería, la secretaría de Culto, la secretaría de Derechos Humanos y la embajada ante el Vaticano.
Gracias a ese acuerdo la Santa Sede comenzará a aportar información judicial sobre los requerimientos judiciales que reciba para casos vinculados con el "lavado de activos, financiamiento del terrorismo, crimen organizado trasnacional o graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en nuestro país durante el terrorismo de Estado". Los aportes documentales comenzarán a concretarse cuando lleguen los pedidos judiciales y oficiales por medio de la Cancillería, referidos a casos específicos.
La necesidad de los archivos romanos también fue mencionada por la presidenta de Abuelas Estela de Carlotto luego de la conferencia que encabezó este viernes para anunciar el hallazgo de Ana Libertad. Sin embargo, fuentes oficiales que siguen de cerca el funcionamiento del nuevo protocolo judicial, explicaron que "sin perder de vista la importancia de los documentos vaticanos, la mayor incógnita no está en Roma, sino en Argentina, porque hasta ahora nunca se ha podido acceder a la documentación que poseen los obispados".
"Las familias que buscaban a sus hijos y nietos desaparecidos muy pocas veces llegaban a la nunciatura, pero en la mayoría de los casos recurrían a los curas de sus parroquias, que luego transmitían la información a los obispados", repasó la fuente en referencia a los registros de bautismos y a las notas y pedidos que atesoran los organismos eclesiásticos.
Esas piezas, que llevan cuatro décadas sin ver la luz, incluyen a las actas secretas de las asambleas de la Conferencia Episcopal Argentina. Entre 1976 y 1983, el mando de tropa del clero concretó una docena de asambleas, donde los prelados debatían e informaban, de manera reservada, las distintas novedades referidas a la desaparición de personas y las gestiones para saber su paradero.
Hasta ahora la curia jamás fue requerida judicialmente sobre esas actas secretas, pero los pocos documentos aportados por el episcopado revelan la importancia de esas pruebas. Uno de ellos fue la carta que aportó el arzobispo de Santa Fe y titular de la CEA José María Arancedo en la investigación del asesinato de monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja el 4 de agosto de 1976.
En la carta el prelado le contaba al arzobispo santafesino Vicente Zaspe los peligros y amenazas que 20 días después terminarían con su vida. El otro documento no proviene de Santa Fé, sino del del Vaticano y también fue aportado este año. Se trata del informe "Crónica de los hechos relacionados con el asesinato de los padres Longueville Gabriel y Murias Carlos, dos sacerdotes riojanos asesinados el 18 de julio de 1976, un mes antes de que Angelelli apareciera asesinado al costado de la ruta 38.
Ambas piezas, confiadas cuatro décadas después de los hechos, son parte de un enorme fárrago de archivos que siguen guardados bajo siete llaves dentro del país y que también incluyen los reportes de los obispados castrenses y las capellanías policiales, un eje de información secreta que tuvo un elenco privilegiado entre la CEA y La Plata conducido por Victorio Bonamín, vicario castrense durante la dictadura; Antonio Plaza, arzobispo de La Plata y capellán mayor de la policía bonaerense y Adolfo Servando Tórtolo, hombre promovido por Plaza, luego arzobispo de Paraná y nombrado por el Papa vicario general de las fuerzas armadas en 1975.
Tórtolo fue dos veces presidente de la CEA en esa época. Los debates internos que condujo dentro de las asambleas que encabezó siguen sin ver la luz y quizás, para que la vean, haya que viajar al Vaticano con un requerimiento judicial en la mano.
"La búsqueda está dando frutos"
Un día después de informar la restitución de la nieta 115, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó ayer que la búsqueda de los nietos robados por el terrorismo de Estado "está dando frutos" y confió en que este encuentro y el de su nieto Guido "ayuden a que los argentinos nos pongamos de acuerdo en la construcción de nuestra democracia".
En diálogo con Télam, Carlotto recordó la historia de la última nieta recuperada, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, en cuya causa se evidencia la complicidad de la cúpula de la Iglesia con el última dictadura. En el expediente aparecieron nombres de representantes eclesiásticos como el cura Christian Von Wernich –condenado por crímenes de lesa humanidad– y monseñor Emilio Grasselli.
"En La Plata muchas madres fuimos a ver al arzobispo Antonio Plaza (fallecido) y se burlaban porque nuestras confesiones de mujeres desesperadas servían para seguir persiguiendo a nuestros hijos", recordó Carlotto. Y añadió: “La iglesia fue partícipe de la dictadura".
Fuente:Infonews
Domingo 24 de Agosto de 2014
Por ricardo ragendorfer
Las sotanas del infierno
La apropiación de Ana Libertad Baratti de la Cuadra involucró, con distintos grados de responsabilidad y conocimiento, a los siguientes altos dignatarios eclesiásticos de entonces: Pedro Arrupe –superior general de la Compañía de Jesús–, Jorge Bergoglio –provincial de los jesuitas y actual Sumo Pontífice–, Emilio Graselli –secretario del Vicariato Castrense– y Mario Picchi –obispo auxiliar de La Plata–, entre otros.
Este último informó al padre de Elena de la Cuadra –secuestrada en febrero de 1977 con un embarazo de cinco meses– que a la niña nacida en cautiverio la había tomado "una familia de bien, y no hay vuelta atrás".
¿Acaso el obispo obtuvo ese dato por boca del padre Cristian von Wernich? Según Tiempo Argentino, al respecto, hay un diálogo estremecedor –según sobrevivientes del centro clandestino de la Comisaría 5ª de La Plata– que Von Wernich, en su calidad de capellán de la Policía Bonaerense, mantuvo con Héctor Baratti, quien en dicha mazmorra acababa de enterarse de que su mujer había dado a luz. Los capellanes reconfortaban las almas de los represores, a veces muy turbadas por sus actos aberrantes hacia personas indefensas. –Ustedes no deben odiar cuando los torturan –aconsejó el cura.
–¿Qué culpa tiene mi hija? –quiso saber Héctor.
La respuesta fue: –Los hijos deben pagar las culpas de los padres.
Lo cierto es que este caso en particular pone de relieve la comprometedora sintonía de la jerarquía católica con la última dictadura. No es un secreto que la cúpula local de aquel credo brindó un gran apoyo político y espiritual al régimen castrense, además de haber tenido un papel no menor en el ocultamiento de sus crímenes.
En ello, sin ninguna duda, resalta la enorme influencia ejercida entre sacerdotes y militares por la organización ultraderechista francesa La Cité Catholique, fundada por Jean Ousset, cuya cosmovisión bailoteaba sobre la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, el método de la tortura y su fundamento dogmático tomista.
Con esa lógica, los capellanes reconfortaban las almas de los represores, a veces muy turbadas por sus actos aberrantes hacia personas indefensas.
En este punto, un interrogante: ¿a semejante "asistencia" se reducía el papel de los sacerdotes en las unidades de inteligencia o acaso les tocó un rol más activo y condenable?
En la historia de Von Wernich –condenado en 2007 a reclusión perpetua por 34 casos de privación de la libertad, 31 casos de tortura y siete homicidios en el inframundo del "circuito Camps"– se desliza una posible respuesta. En un espectro más abarcativo, sólo en el lapso de los últimos meses hubo al menos cinco noticias sobre curas seriamente implicados en la dictadura por delitos de lesa humanidad.
Uno de ellos es el padre José Mijalchik, quien supo ser habitué del centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán. Otro, el padre Eduardo McKinnon, cuyas actividades inquisitoriales en el centro clandestino La Perla y en la Penitenciaría del barrio San Martín fueron notorias, según los testimonios vertidos en el juicio que ahora investiga la represión en Córdoba.
También resalta el caso del sacerdote ítalo-argentino Franco Reverberi Boschi –refugiado en una parroquia de la ciudad italiana de Sorbolo–, cuyo proceso de extradición está en trámite; se lo acusa de interrogar a cautivos en el campo de exterminio conocido como La Departamental, en Mendoza.
Y no menos comprometida es la situación del cura Alberto Espinal, quien está procesado por oscuras tareas en el circuito represivo de La Pampa.
En ese lote, el recientemente fallecido sacerdote Aldo Vara ocupa un destacado sitial. Desde 1976 –como capellán del V Cuerpo del Ejército, en Bahía Blanca–, a Vara se lo relaciona con hechos y circunstancias siniestras. El más conocido fue protagonizado por estudiantes secundarios cautivos en el Batallón de Comunicaciones 181.
Allí conocieron al padre Aldo, quien les llevaba galletitas y cigarrillos, además de preguntarles cosas sobre sus vidas e ideas políticas. De modo casual, el tipo requería datos y nombres.
Siempre se mostraba comprensivo y contenedor; pero, cuando los chicos le confiaban las torturas sufridas, él se replegaba en un incómodo silencio. El caso de Vara es una muestra palmaria del papel protagónico de ciertos hombres de la Iglesia en el ejercicio del terrorismo de Estado.
Un papel que giraba en torno a tareas concretas de inteligencia. ¿Pero se trata de ejemplos aislados? ¿Estos sacerdotes se extralimitaron en sus tareas pastorales o, por el contrario, sus escalofriantes trayectorias forman parte de una generalidad? Un número razonable de coincidencias inclinan aquellas preguntas hacia la segunda alternativa.
De hecho, entre todos los capellanes denunciados hay un mismo patrón de conducta: simular un vínculo confesional con las personas secuestradas sin otro propósito que el de obtener información. En los centros de exterminio, los curas picaneaban con la cruz.
Un protocolo operativo que se extendía a familiares de las víctimas, ya sea para desalentarlos en su búsqueda con manipulaciones y maniobras extorsivas o, simplemente, para reunir más datos. Y con una frecuencia que sugiere el carácter orgánico de esas prácticas.
En suma, no sería una exageración decir que el Vicariato Castrense fue el Batallón 601 de la Iglesia Católica. El año pasado, en una comunicación telefónica con Tiempo Argentino, el cura Espinal –cuyas tareas represivas acababan de quedar al descubierto– profirió un jadeo casi canino al asimilar la primera pregunta:
–¿Cuál fue su reacción al enterarse del pedido de captura sobre usted?
–No sé de qué me está hablando. ¿Pedido de captura para mí?
–Sí. Por delitos de lesa humanidad.
–¡Qué barbaridad! Eso no tiene ningún fundamento.
–Se lo acusa de interrogar cautivos bajo tortura.
–¡Infamia! Sólo cumplí con la misión encomendada por monseñor (Victorio) Bonamín: brindar asistencia espiritual a los soldados.
–¿No siente culpa ante el recuerdo de esos cuerpos ultrajados?
–No he visto ningún cuerpo ultrajado. Sólo cumplí una misión.
–¿Se enorgullece de esa misión?
–Claro que sí; de eso no tenga ninguna duda. Dicho esto, se oyó el click que dio por finalizada la comunicación.
Que su Dios se apiade de él.
Fuente:Infonews
23 de Agosto de 2014
Licha y Estela De la Cuadra buscaron incansablemente a Ana Libertad
Una familia que encarna todas las tragedias de la dictadura
La nieta de la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo deberá reconstruir una historia plagada de ausencias, pero con una fuerte impronta militante. El rol de Von Wernich.
Por Pablo Roesler
Una familia que encarna todas las tragedias de la dictadura Licha - Buscó a su nieta hasta que falleció, en julio de 2008. Fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Ana Libertad Baratti De la Cuadra nació en cautiverio. Es la nieta de la primera presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia "Licha" Zubasnabar de De la Cuadra, quien la buscó desde los primeros años de la dictadura cívico militar y falleció el 1 de julio de 2008 sin llegar a conocerla.
Pero además de su apropiación, la mujer que acaba de recuperar su identidad recuperó también la historia de una familia de La Plata que encarna prácticamente todas las tragedias que desató la dictadura cívico militar: su mamá,
Elena De la Cuadra, fue secuestrada embarazada y la dio a luz en cautiverio; su papá, Héctor Baratti, fue arrojado al mar en un vuelo de la muerte luego de pasar 18 meses secuestrado en distintos centros clandestinos de detención; su tío, Roberto José De la Cuadra, obrero de YPF, está desaparecido, y la esposa es sobreviviente de un campo de concentración. Otro tío huyó a Italia perseguido por la triple A y otro se exilió en Europa para salvar su vida. Su tía Estela –que la buscó desde su nacimiento– tiene a su marido, Gustavo Fraire, desaparecido, y ella se exilió en Suiza, luego de haber escapado en 1978 a Brasil, donde por poco pierde a su hijo cuando un operativo del Plan Cóndor allanó la casa que compartía con otro argentino que nunca más apareció.
La tragedia en la familia de Licha y su marido Roberto Luis De la Cuadra comenzó el 2 de septiembre de 1976, cuando una patota irrumpió en su casa de La Plata y esperó a que volviera su hijo Roberto José, obrero de YPF, que estaba reunido con Raúl Bonafini, uno de los hijos desaparecidos de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
En el mismo momento, en la casa de los suegros de Roberto José se llevaron a su esposa, que sobrevivió al secuestro. Poco después, el 23 de febrero de 1977, una patota del coronel Ramón Camps secuestró en La Plata a Elena, embarazada de cinco meses, y a Héctor Baratti.
Ambos eran militantes del diezmado Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y participaban de una reunión de la organización en el consultorio odontológico de Lilia Fernández cuando fueron capturados junto a la odontóloga, su esposo Eduardo Bonín y Francisco Fracaroli. Estela De la Cuadra, tía de la nieta 115, recordó ese hecho el 7 de mayo de 2012 ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, que en diciembre de ese año condenó a 21 represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la red de centros clandestinos de la Policía Bonaerense conocido como Circuito Camps.
En ese debate recordó que por distintos testimonios de sobrevivientes, como Adriana Calvo y Miguel Laborde, supieron que Elena, Héctor, Lilia, Bonín, Fracaroli y su hermano Roberto José estuvieron detenidos en la Comisaría 5ta.
También por testimonios de sobrevivientes supieron que Elena había dado a luz. Uno de ellos fue Osvaldo Lovazzano, quien en el mismo juicio recordó que durante su cautiverio en la comisaría supo del nacimiento de la beba y que, a pesar del terror que sentía, avisó a la familia apenas fue liberado. "Antes de salir, en la comisaría 5ta la chica de Fernández a través de una pared me dijo: ‘avisale a De la Cuadra’", recordó
Lovazzano al declarar.
El recado fue pedido por Lilia cuando los represores le avisaron al hombre que iba a ser liberado. Lovazzano recordó que no entendía el pedido, por lo que la mujer insistió: "‘Pelotudo, acordate de la calle, de la cuadra’, me dijo, porque me había bloqueado.
‘¿Y qué me tengo que acordar?’, le dije. Y me respondió: ‘que tuvo familia y que está bien’". Unos pocos días después Lovazzano fue hasta una ronda que un grupo de madres realizaba en la Plaza San Martín de La Plata en la que estaba Licha, le dio el mensaje y salió corriendo.
LA CONDENA DEL CAPELLÁN. "Está bien, nosotros somos subversivos, pero ¿la nena, con cuatro días, qué culpa puede tener?", preguntó Baratti en el calabozo de la Comisaría 5ta. "Los hijos pagarán la culpa de los padres", respondió el cura Christian Von Wernich, condenado en 2007 por crímenes de lesa humanidad. La sentencia dictada por el capellán en 1977 se cumplió durante 37 años.
Esa conversación fue rescatada por Luis Velasco Blake, que estaba presente cuando esas ocho palabras fueron pronunciadas en el centro clandestino y sobrevivió para contarlo en el juicio por el Circuito Camps. En ese centro Elena De la Cuadra dio a luz a Ana Libertad el 16 de julio de 1977.
Luego, la mujer fue trasladada al centro que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, conocido como el Pozo de Quilmes. Baratti permaneció en cautiverio durante 18 meses. Junto con Bonín y Fraccaroli fue trasladado por distintas comisarías y dependencias de la Bonaerense.
Al menos tres sobrevivientes compartieron cautiverio con ellos en la comisaría 8va de La Plata, que funcionaba como un lugar de detención previo a que los desaparecidos fueran legalizados y llevados presos a la Unidad 9. Baratti y Fraccaroli fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de entre un grupo de 15 cuerpos que el mar devolvió a la costa en General Lavalle.
Esos cadáveres habían sido arrojados al mar con un vuelo de la muerte. En el juicio por el circuito Camps, Estela De la Cuadra no pudo explicar cómo los dos hombres llegaron a ese campo, pero aseguró: "Lo que es certero es que el vuelo salió el 6 de diciembre de 1978 con 30 personas del (centro clandestino) Olimpo y fueron tiradas al mar".
De la Cuadra remarcó que ese campo fue el destino del PCML, una organización política de izquierda que fue exterminada de un solo barrido en el "Operativo Escoba" realizado por la dictadura el 6 de diciembre de 1976.
"Otro triunfo de la justicia y de la memoria colectiva por sobre el olvido.
Gracias Abuelas por su lucha."
Cristina Álvarez Rodríguez Ministra de gobierno bonaerense
"Bienvenida Ana Libertad, nieta 115. ¡Noticias que nos llenan el alma!. ¡Un ejemplo para el mundo!"
Sergio Urribarri Gobernador de Entre Ríos
"Nos llena de alegría y felicidad la recuperación de la Nieta 115.
Nos afirma una vez más que estamos en el camino correcto."
Mónica Macha Senadora bonaerense (NE)
Fuente:Infonews
23 de Agosto de 2014
Pablo parenti explicó el rol del equipo que coordina desde 2012
Primer logro de la Unidad creada a pedido de Abuelas
La fiscalía ad hoc del Ministerio Público realizó la investigación preliminar tras recibir una denuncia de la CONADI. Los detalles. Primer logro de la Unidad creada a pedido de Abuelas Fiscal
- "Estamos tratando hacer un relevamiento de todas las partidas de la época para buscar casos sospechosos." - Foto: edgardo gÓmez » F.M.
En el primer piso de la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, apenas minutos después de comunicarse la restitución de la nieta 115, Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, y cuyo papel fue determinante en este proceso de restitución de identidad, explicó a Tiempo Argentino cuál fue su participación en el caso de Ana Libertad.
"El rol de esta unidad es realizar una investigación preliminar en los casos que se investigan los robos de bebés por la última dictadura cívico-militar que sirve a la justicia cuando el caso llega a un tribunal. Las denuncias que hacemos desde la Unidad Fiscal incluyen un pedido de extracción de material biológico (del joven cuya identidad se presume fue robada)."
Eso fue lo que pasó en el caso de Ana Libertad. Se trató del primer nieto recuperado en cuyo proceso intervino esta dependencia del Ministerio Público Fiscal, creada en 2012, por una solicitud de las Abuelas de Plaza de Mayo. –¿Cuántas investigaciones de este tipo realizaron hasta el momento? –Abrimos 180 investigaciones preliminares desde que se creó la Unidad. Muchas están en curso todavía. Algunas se archivaron porque los análisis dieron negativo y en otros casos hay procesos en marcha con resultados pendientes porque se sospecha que son hijos de desaparecidos.
También nos encontramos con casos donde hay delito de apropiación porque son adopciones por medio del tráfico de niños, pero no son hijos de desaparecidos.
–¿Cómo fue este caso puntual?
–El caso lo mandó la CONADI después de haber recibido un mail anónimo. Llegó a la unidad en febrero de 2013. Tuvimos la investigación preliminar, juntamos elementos de prueba e hicimos la denuncia y pedimos la extracción.
–¿Qué elementos motivaron la duda?
–Nosotros verificamos la partida de nacimiento, el hospital en el que nació, y ese tipo de elementos que permiten sospechar que no se trata de un hijo biológico. En este caso la familia apropiadora no estaba vinculada con las fuerzas (eran civiles). A veces el circuito que siguen los chicos hasta que llegan a los apropiadores es largo y complejo. Recién se vincula con este grupo familiar a partir del resultado del ADN. Y eso fue lo que sucedió en este caso.
–El caso de Guido Montoya Carlotto, de donde se desprendió el nombre del médico policial Julio Sacher, demuestra la información que esconden las partidas de nacimiento apócrifas. La unidad solicitó la digitalización de partidas a nivel nacional. ¿En qué estado se encuentra ese proceso?
–Estamos tratando de hacer un relevamiento de todas las partidas de la época para buscar casos sospechosos. Pero es un proceso muy complejo. Hay médicos que están vinculados a delitos que firmaron miles de partidas y no son todas apropiaciones. Necesitamos que todos los registros del país nos ayuden con esto. Por lo pronto, se digitalizaron las de Capital Federal, Santa Fe y Tucumán.
–El lunes usted alegará, en representación de la Unidad, en el juicio por la apropiación de Pablo Gaona Miranda…
–Sí, es el primer caso en el que vamos como fiscales en el juicio.
–¿Se va a repetir?
–Podría ser. Hay varias alternativas como grupos de fiscales y distintos grupos de trabajo. En este caso están acusados los apropiadores de Pablo y un militar que hacía inteligencia y que ofició de entregador.
Fuente:TiempoArgentino
Sábado, 23 de agosto de 2014
El rol que tuvo Von Wernich en el secuestro y apropiación de la nieta 115
El miembro de la Iglesia Católica conoció a los padres de la nieta recuperada en un centro clandestino. La historia de ese encuentro.
La tragedia en la familia de Licha y su marido Roberto Luis De la Cuadra comenzó el 2 de septiembre de 1976, cuando una patota irrumpió en su casa de La Plata y esperó a que volviera su hijo Roberto José, obrero de YPF, que estaba reunido con Raúl Bonafini, uno de los hijos desaparecidos de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. En el mismo momento, en la casa de los suegros de Roberto José se llevaron a su esposa, que sobrevivió al secuestro.
Poco después, el 23 de febrero de 1977, una patota del coronel Ramón Camps secuestró en La Plata a Elena, embarazada de cinco meses, y a Héctor Baratti. Ambos eran militantes del diezmado Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y participaban de una reunión de la organización en el consultorio odontológico de Lilia Fernández cuando fueron capturados junto a la odontóloga, su esposo Eduardo Bonín y Francisco Fracaroli.
Estela De la Cuadra, tía de la nieta 115, recordó ese hecho el 7 de mayo de 2012 ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, que en diciembre de ese año condenó a 21 represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la red de centros clandestinos de la Policía Bonaerense conocido como Circuito Camps.
En ese debate recordó que por distintos testimonios de sobrevivientes, como Adriana Calvo y Miguel Laborde, supieron que Elena, Héctor, Lilia, Bonín, Fracaroli y su hermano Roberto José estuvieron detenidos en la Comisaría 5ta.
También por testimonios de sobrevivientes supieron que Elena había dado a luz. Uno de ellos fue Osvaldo Lovazzano, quien en el mismo juicio recordó que durante su cautiverio en la comisaría supo del nacimiento de la beba y que, a pesar del terror que sentía, avisó a la familia apenas fue liberado.
"Antes de salir, en la comisaría 5ta la chica de Fernández a través de una pared me dijo: ‘avisale a De la Cuadra’", recordó Lovazzano al declarar. El recado fue pedido por Lilia cuando los represores le avisaron al hombre que iba a ser liberado.
Lovazzano recordó que no entendía el pedido, por lo que la mujer insistió: "‘Pelotudo, acordate de la calle, de la cuadra’, me dijo, porque me había bloqueado. ‘¿Y qué me tengo que acordar?’, le dije. Y me respondió: ‘que tuvo familia y que está bien’". Unos pocos días después Lovazzano fue hasta una ronda que un grupo de madres realizaba en la Plaza San Martín de La Plata en la que estaba Licha, le dio el mensaje y salió corriendo.
La condena del capellán
"Está bien, nosotros somos subversivos, pero ¿la nena, con cuatro días, qué culpa puede tener?", preguntó Baratti en el calabozo de la Comisaría 5ta. "Los hijos pagarán la culpa de los padres", respondió el cura Christian Von Wernich, condenado en 2007 por crímenes de lesa humanidad. La sentencia dictada por el capellán en 1977 se cumplió durante 37 años.
Esa conversación fue rescatada por Luis Velasco Blake, que estaba presente cuando esas ocho palabras fueron pronunciadas en el centro clandestino y sobrevivió para contarlo en el juicio por el Circuito Camps.
En ese centro Elena De la Cuadra dio a luz a Ana Libertad el 16 de julio de 1977. Luego, la mujer fue trasladada al centro que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, conocido como el Pozo de Quilmes.
Baratti permaneció en cautiverio durante 18 meses. Junto con Bonín y Fraccaroli fue trasladado por distintas comisarías y dependencias de la Bonaerense. Al menos tres sobrevivientes compartieron cautiverio con ellos en la comisaría 8va de La Plata, que funcionaba como un lugar de detención previo a que los desaparecidos fueran legalizados y llevados presos a la Unidad 9.
Baratti y Fraccaroli fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de entre un grupo de 15 cuerpos que el mar devolvió a la costa en General Lavalle. Esos cadáveres habían sido arrojados al mar con un vuelo de la muerte. En el juicio por el circuito Camps, Estela De la Cuadra no pudo explicar cómo los dos hombres llegaron a ese campo, pero aseguró: "Lo que es certero es que el vuelo salió el 6 de diciembre de 1978 con 30 personas del (centro clandestino) Olimpo y fueron tiradas al mar".
De la Cuadra remarcó que ese campo fue el destino del PCML, una organización política de izquierda que fue exterminada de un solo barrido en el "Operativo Escoba" realizado por la dictadura el 6 de diciembre de 1976.
Fuente:DiaioUnoMdza.
ESTELA DE CARLOTTO HABLO DE LA RECUPERACION DE LA NIETA 115
“El Estado no nos deja solas”
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo destacó la tarea de la Unidad especializada en la apropiación de niños durante la dictadura, cuya investigación permitió identificar a Ana Libertad. “Son logros colectivos”, dijo su titular, Pablo Parenti.
Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada en la apropiación de niños durante la dictadura.Imagen: Télam
“Estamos muy contentos de haber podido aportar nuestro granito de arena, pero hay que destacar que son logros colectivos y no fuimos más que uno de los varios actores que intervinieron en el caso”, aclaró ayer Pablo Parenti, titular de la Unidad Especializada en casos de apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado, en referencia a la identificación de la nieta 115, hija de Héctor Baratti y Elena de la Cuadra. “Por cada restitución hay cientos de investigaciones que no llegan a un ADN positivo”, recordó Parenti, cuyo equipo concentra e investiga desde octubre de 2012 las denuncias sobre posibles apropiaciones durante la última dictadura. “Hoy el Estado no nos deja solas”, destacó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a propósito de esa unidad.
Los nietos restituidos también celebraron la recuperación de la identidad de Ana Libertad, nieta de la primera presidenta de Abuelas, Alicia Zubasnabar de de la Cuadra, fallecida en 2008. Pablo Gaona Miranda señaló que, tras la identificación de Ignacio Guido Montoya Carlotto, la mujer que resultó ser Ana Libertad pidió a través de su abogado que “aceleren” los trámites para conocer su identidad, pues había dado una muestra de su ADN y esperaba el resultado. Horacio Pietragalla se esperanzó en que “la masividad de la noticia” de la aparición de Ignacio Guido “va a traer muchos nietos más”. Victoria Montenegro enfatizó la necesidad de “seguir despertando la conciencia”, para que “se entienda que mientras le falte la identidad a uno de nuestros nietos, nos sigue faltando nuestra identidad completa”.
La Unidad Especializada en apropiaciones de la Procuración General de la Nación realiza un trabajo silencioso que se tradujo en la aceleración de los tiempos de las investigaciones. El proceso comienza por lo general en derivaciones de denuncias que se reciben en Abuelas de Plaza de Mayo, en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), en el Fondo de Recompensas específico (con reserva de la identidad del denunciante) o bien de querellantes o particulares. Luego se aplica un protocolo, que se aprobó junto con la creación de la Unidad, con una serie de medidas de prueba para corroborar si existen sospechas fundadas de que pueda tratarse de una apropiación en el marco del terrorismo de Estado.
La tarea de esa unidad fue elogiada por Carlotto, quien destacó el acompañamiento del Estado a las Abuelas de Plaza de Mayo. La presidenta de esa entidad explicó que ahora cuentan con una “cadena de apoyo formal”, entre cuyos eslabones citó a la Conadi y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Parenti detalló que durante los 22 meses transcurridos desde octubre de 2012 “abrimos 180 investigaciones preliminares, de las cuales la mitad están en curso y la otra mitad fueron cerradas”. “Apuntamos a robustecer el caso, de modo que cuando lo presentamos ante la Justicia tenga el estado de sospecha necesario para ordenar el análisis de ADN”, agregó. Cuando Abuelas pidió la creación de la Unidad pasaban dos años entre la recepción de la denuncia y la realización del análisis de ADN. “Ese plazo no se justificaba porque las medidas son bastante básicas. Al establecer vínculos con distintas agencias, públicas o privadas, logramos que el tránsito por la unidad sea rápido. En pocos meses tenemos el caso investigado y cuando jueces o fiscales reciben los resultados, por lo general coinciden y ordenan el ADN”, explicó.
Hasta la última semana ningún caso investigado por la Unidad se había traducido en una identificación. Algunos se judicializaron pero los ADN dieron resultado negativo. En otros los análisis están en curso. Sobre los que se cerraron, en algunos se constató que eran nacimientos y/o adopciones en regla; en otros había sospechas de delitos pero fuera del período del terrorismo estatal (esos casos se denuncian a la Justicia); y un tercer grupo, dentro del rango de años que incluye la dictadura, son casos de víctimas de tráfico de niños sin vínculos con el terrorismo de Estado. Al menos uno tuvo final feliz: una mujer se reencontró con su madre, que la había entregado de niña.
Parenti destacó el de Ana Libertad como “un caso donde intervinieron todas las agencias del Estado”: la Conadi, luego la Unidad, tras el pedido de ADN la Unidad Fiscal y un juez federal de La Plata, más tarde Cancillería, un consulado y el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Ojalá este trabajo en común pronto dé más frutos”, se esperanzó.
Los nietos restituidos también se expresaron. Pietragalla recordó a “Licha” de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas. “Los que la conocimos, los que la pudimos disfrutar, sabemos que era una abuela hermosa, que luchó siempre para encontrar a su nieta. Lamentablemente hoy no está, pero están su familia, sus tías, que están felices”, destacó. Por su parte, Victoria Montenegro, la nieta 66 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, también celebró que “tantos años de búsqueda den frutos” y en su caso destacó el trabajo de la Conadi para encontrar a los nietos radicados en el exterior. “En Europa está la red por la identidad, donde también se trabaja en la búsqueda de Abuelas”, recordó además Montenegro, y resaltó “la importancia de que la política de derechos humanos sea una política de Estado”.
Fuente:Pagina12
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