BAHÍA BLANCA: EL 26 DE AGOSTO COMIENZAN A DECLARAR TESTIGOS EN EL JUICIO POR LA CAUSA FRACASSI.

13.08.2014
Hay 12 imputados de la Marina, 6 del Ejército y 5 de la Prefectura
Bahía Blanca: El 26 de agosto comienzan a declarar testigos en el juicio por la causa "Fracassi"

Enrique Heinrich, el asesinado secretario del Sindicato de Artes Gráficas bahiense 
Bahía Blanca.- El Tribunal subrogante Oral Federal de Bahía Blanca comenzará a escuchar a partir del 26 de agosto a los primeros testigos en el marco del juicio oral y público a 25 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada durante la última dictadura cívico militar. Así lo resolvieron los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava en la audiencia de hoy, en la que los imputados se negaron a ampliar su declaración indagatoria. Fuentes judiciales señalaron a Télam que "a partir del 26 de agosto desde las 9 se iniciará la ronda de las declaraciones testimoniales, que continuarán el 27 y 28 de agosto".

Se trata de la causa 1.103 caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros". Los detenidos están imputados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra un total de 66 víctimas. En la audiencia de hoy fueron convocados al estrado el ex integrante del Servicio Penitenciario provincial, Héctor Luis Selaya, y el ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones, Carlos Andrés Stricker.
  
Selaya, quien fue condenado en el 2012 a 17 años y medio de prisión en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en esta ciudad, solicitó a los jueces cambios en las medidas de seguridad durante el traslado de los imputados desde la cárcel de Villa Floresta hasta la sala de audiencias en la Universidad Nacional del Sur (UNS). "Las medidas de sujeción, es decir las esposas, que nos trasladan desde la unidad hasta acá y la ley nacional 24660 y provincial 12256 establecen que deben hacerlo en aquellos casos que haya una posibilidad de fuga", dijo el imputado. Por su parte Stricker, quien fue condenado el año pasado a prisión perpetua en otro juicio por delitos de lesa humanidad, solicitó aclarar cuestiones vinculadas con la composición del Batallón de Comunicaciones 181 y del V Cuerpo del Ejército.
  
Se encuentran imputados los integrantes de la Armada Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Manuel Jacinto García Tallada, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raúl Artemio Domínguez. Por el Ejército están imputados Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre y Alejandro Lawless. En el caso de la Prefectura Naval, Félix Ovidio Cornelli, Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos, Néstor Alberto Nougués y Luis Alberto Pila. También se analizá la conducta del integrante de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman y de Héctor Luis Selaya por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

De las 66 víctimas, 13 se encuentran desaparecidas, otras 5 fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano y la Base de Infantería de Baterías, y el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.


El procesado Nougués perdió la prisión domiciliaria

El prefecto (RE) Néstor Alberto Nougués, acusado y procesado por delitos de lesa humanidad perpetrados en Bahía Blanca, perdió hoy el beneficio de la prisión domiciliaria, al violar la prohibición con la excusa de asistir al cumpleaños de su nieta. Será alojado en el penal de Villa Floresta, en las afueras de Bahía Blanca, y desde allí será conducido a la sala de audiencias del TOF, cada vez que se lo requiera.

Nougués está imputado en el secuestro de 66 personas, entre ellas dos trabajadores del diario La Nueva Provincia que fueron asesinados, en el marco de una causa en la que es investigado Vicente Gonzalo Massot, propietario de esa publicación. Según consiga el portal Infojus Noticias, los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, a cargo del tribunal que juzga estos delitos de lesa humanidad, revocaron este beneficio en base a informes elaborados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
  
Los jueces habían recibido además varias denuncias anónimas sobre la conducta que tenía el acusado, quien salía de su domicilio de Ingeniero White "de forma sistemática y sin justificación". El juicio, que se reanudó esta tarde, investiga el secuestro de 66 personas, 13 de las cuales se encuentra desaparecidas y cinco fueron asesinadas.

Todas ellas pasaron por centros clandestinos de detención ubicados en la zona de Puerto Belgrano y Bahía Blanca, ciudades que se encontraban bajo la jurisdicción de la Armada y el V Cuerpo de Ejercito.
Fuente:Telam

13/08/2014 
efemedelacalleSilencios y excusas

Oscar Castro, jefe de un grupo de tareas, se esperanzó en un “inexorable cambio de las circunstancias”.

El martes 26 de agosto comenzarán las declaraciones testimoniales en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Armada Argentina en Bahía Blanca y la región durante el terrorismo de Estado.

Esta semana cinco imputados hicieron uso del derecho a ampliar sus indagatorias y uno perdió el privilegio de la prisión domiciliaria por escapar a un cumpleaños familiar. Parte de los reos que siguen el debate desde Capital fueron trasladados en un colectivo del Servicio Penitenciario Federal para presentarse ante los jueces.

El grupo de acusados está compuesto por integrantes de la Armada Argentina, el Ejército, la Prefectura Naval, el Servicio Penitenciario y la Policía bonaerenses. Se investigan hechos padecidos por 66 víctimas en el Buque ARA 9 de Julio -anclado en la Base Naval de Puerto Belgrano- y la Base Baterías, entre otros campos de exterminio.

El martes por la mañana los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Mario Triputti ordenaron completar la lectura unificada de los requerimientos de elevación a juicio de 24 de los imputados para finalizar con el apartado referido al represor Alejandro Lawless, incorporado al debate luego de su captura durante la feria judicial. Estuvo prófugo ocho meses.

Luis Alberto Nougués fue enviado a Villa Floresta.

“El tribunal ha tomado conocimiento que usted ha violado la prisión domiciliaria en las condiciones que le fueran dadas, por lo tanto se revoca tal beneficio y se lo va a remitir en forma inmediata, al término de esta audiencia, a la Unidad Nº4 de Villa Floresta”, dijo en el arranque vespertino el juez Bava al prefecto Luis Alberto Nougués. El fin de semana el represor concurrió al cumpleaños de una nieta en Ing. White, su defensor Luís De Mira aseguró que no incumplió la domiciliaria sino que fue “un hermano muy parecido a él” quien salió de su casa de la localidad portuaria.

El ex jefe de la Base Naval Puerto Belgrano y comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio, Edmundo Nuñez, fue el primero en ser convocado por el tribunal. Por videoconferencia se identificó y se negó a ser indagado. Luis Alberto Pablo Pons dijo que escuchó “un poco” la imputación y aseguró a instancias de su esposa que “no tiene memoria” para declarar.

Al ser llamado Félix Ovidio Cornelli intervino su defensor para solicitar que no se le tome declaración -al igual que a Eduardo Fracassi, Manuel Jacinto García Tallada y Domingo Negrete- hasta tanto se conozcan los resultados de una serie de estudios médicos ordenados en junio que pretenden la suspensión de sus procesamientos. El presidente del tribunal cumplió igualmente con la formalidad. Finalmente, Enrique de León se acercó a la camarita para afirmar que tampoco iba a hablar.

Luego fue el turno de los represores que siguen las audiencias en la sala de Colón 80 y quienes habían sido trasladados por el Servicio Penitenciario Federal para la ocasión en compañía de un médico que se ubicó unas bancas más atrás que los marinos y militares.

Subió al escenario Tomás Hermógenes Carrizo y se mantuvo en silencio. Lo siguió el ex comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio y de la Fuerza de Tareas Nº2, Oscar Alfredo Castro, para declarar sin responder preguntas. Pidió la anulación de la acusación en su contra y se reservó cuestionar su procesamiento y el supuesto avasallamiento a sus derechos humanos, “con el convencimiento de que el inexorable cambio de las circunstancias presentes haga posible el total cumplimiento de la Constitución, pilar fundamental de la República que todos hemos jurado respetar (…) En un nuevo ciclo no muy lejano de nuestro devenir, ya sea por mí mismo o por mis descendientes, podré probar mi inocencia”.

Sostuvo que no tenía jurisdicción sobre los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que la Armada habilitó en el Buque ARA 9 de Julio y en la Base de Infantería de Marina Baterías. La culpa, como siempre, fue de los muertos: “Quien dirigió todas las operaciones contra la subversión, fueran legales o ilegales, fue el comandante de Operaciones Navales (Luis María) Mendía”. Justamente Mendía fue quien subrayó que Castro “condujo ‘eficazmente’ la Fuerza de Tareas 2, ‘empeñada diariamente en la guerra antisubversiva'” como contó Diego Martínez en esta nota sobre los hijos desaparecidos del capitán.

Pretendiendo haber comandado un simple conjunto de técnicos y administrativos manifestó que los integrantes de las patotas debían haber estado “psicológica y espiritualmente convencidos de los delitos a perpetrar para que, en el caso del personal naval, pudieran vencer la repugnancia lógica de quienes pertenecían a una institución que desde su creación hasta el día de hoy ha inculcado a su personal el amor a la libertad, la ley, los derechos humanos y la necesidad ética de ser misericordiosos con los vencidos”.

Castro deslindó responsabilidades sobre los servicios de inteligencia y el departamento correspondiente del Comando de Operaciones Navales y refirió “enfrentamientos ideológicos” con el almirante Emilio Massera que interfirieron en su carrera.

Raúl Oscar Otero, Pedro Alberto Pila y Gerardo Alberto Pazos prefirieron declarar en otro momento del debate y se limitaron a describir sus supuestos problemas de salud a petición del tribunal.

José Luis Ripa.

“Soy una persona de honor que al enterarse que había sido mencionado en el expediente me presenté voluntariamente en los tribunales de Bahía Blanca, no tengo nada que ocultar y no soy culpable de nada de lo que se me acusa”, dijo José Luis Ripa, ex jefe del Departamento Seguridad y comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano.

Entregó un par de copias de su declaración al tribunal -“si no, no la van a entender”-, se colocó anteojos, dejó a su lado un bastón y afirmó que no estuvo a cargo de la seguridad de Puerto Belgrano al momento de los hechos que se le imputan.

“Me han acusado de crímenes sin probar ninguna de las aseveraciones que con tanta liviandad hicieron, por eso señores integrantes del tribunal no entiendo qué estoy haciendo aquí, no entiendo porqué me pasé desde mis 74 a mis 79 años detenido”, rezongó sin considerar las décadas de impunidad que impidieron su juzgamiento  con anterioridad.

Alejandro Lawless fue oficial de la Sección Personal del Batallón de Comunicaciones 181 e intentó mejorar su situación leyendo un párrafo de una resolución del ex juez Alcindo Álvarez Canale quien, en la primera instancia judicial, sostuvo que el represor “no se desempeñó como S1 u oficial de Personal en el batallón” en el período que se analizaba.

Leandro Marcelo Maloberti.

Leandro Marcelo Maloberti, dejó su chalet en el Barrio Golf de Sierra de la Ventana para negarse a la indagatoria. La misma actitud tomaron Domingo Ramón Negrete, el cumpleañero Nougués y los ex guardias de La Escuelita, Felipe Ayala y Raúl Artemio Domínguez.

La audiencia del martes culminó con la autorización por parte de los jueces para que los genocidas trasladados desde Buenos Aires puedan “regresar a sus domicilios”.

Este miércoles la sesión duró poco más de veinte minutos, los necesarios para completar las indagatorias. Guillermo Julio González Chipont, Luis Ángel Bustos, Víctor Raúl Aguirre, Víctor Oscar Fogelman y Manuel Martínez Loydi no hablaron.

El condenado ex titular de la Unidad 4 de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, tampoco quiso declarar pero criticó la sanidad de la cárcel. “La unidad no nos provee ningún medicamento, actualmente estoy gastando más de mil pesos por mes, esto no ocurría en la Unidad 22 de La Plata”, dijo y agregó que la médica cardióloga que lo visitaba semanalmente no concurre hace veinte días. Diplomático, aclaró que Sanidad no depende más del Servicio Penitenciario sino de las autoridades provinciales. Cabe destacar que a pesar de los cuestionamientos, la situación de los represores difiere claramente de la de los presos por delitos menores de la UP4 que padecen violaciones a los derechos humanos que motivaron la presentación un habeas corpus colectivo meses atrás.

Alejandro Lawless.

Selaya protestó finalmente por la utilización de las esposas durante los traslados cuando, a su entender, no existe riesgo de fugas. En la tribuna escuchaba el reclamo Alejandro Lawless, quien escapó corriendo en pleno centro porteño ante un “descuido” de tres jóvenes oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El cierre fue para Carlos Andrés Stricker. El ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 hizo aclaraciones sobre la composición de su unidad dejando fuera de su responsabilidad o en jurisdicción del Comando del V Cuerpo de Ejército las dependencias que funcionaron como centros clandestinos de detención en los predios de Villa Floresta.

El martes 26 de agosto a las 9 comenzarán las declaraciones testimoniales en Colón 80. Continuarán las audiencias el miércoles 27 y el jueves 28. Pueden concurrir mayores de 18 años con DNI o grupos de estudiantes secundarios, acompañados por sus docentes, previo aviso al tribunal.

Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB