Un momento de la audiencia en la sede de la Universidad del Noroeste El juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la localidad bonaerense de Junín se inició este martes, y en ese marco están imputados seis ex policías provinciales, uno de ellos médico, acusados como autores directos, y un ex coronel del Ejército, considerado autor mediato de crímenes contra 24 víctimas.
Los jueces Pablo Vega, César Álvarez y Carlos Rozanski, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, se trasladaron a esa ciudad para encabezar el juicio. La acusación está a cargo de los fiscales de la Unidad Fiscal de La Plata, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira.
Durante el debate, que se inició a las 9 y pasó a un cuarto intermedio, en la sede Junín de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, está previsto que declaren 153 testigos, que comparecerán entre las dos y tres audiencias semanales que prevé llevar adelante el Tribunal y hasta fin de año.
Los acusados son el ex coronel del Grupo de Artillería 101 de Junín, Ángel José Gómez Pola; el ex comisario de la seccional 1ra. de esa ciudad, Abel Oscar Bracken; el ex oficial inspector de Seguridad de la misma dependencia, Edgardo Antonio Mastandrea; los ex oficial subinspector Julio Ángel Esterlich y Aldo Antonio Chiachietta, médico de la fuerza; el ex oficial subinspector del Destacamento Morse, una pequeña localidad situada a 26 kilómetros de Junín, Miguel Ángel Almirón; y el ex oficial inspector de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares.
El Grupo de Artillería 101 de Junín fue la jefatura del área militar 131. Las áreas y subáreas fueron las porciones territoriales del esquema de dominio militar, que, en este caso, dependía del Primer Cuerpo del Ejército, con sede en la Capital Federal.
Fue por ese motivo que la investigación de estos sucesos estuvo a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Federico Delgado, quienes llevan adelante la pesquisa de los delitos cometidos e impulsados desde la jefatura del Comando de aquel cuerpo de Ejército.
Pero cuando la causa fue elevada a juicio oral y público, se dirimió la competencia en favor de la justicia federal platense, con jurisdicción territorial sobre el distrito bonaerense de Junín.
Los hechos que llegaron a juicio son parte de un circuito de represión que estuvo integrado por la comisaría 1ra. de Junín, que, de acuerdo a la acusación fiscal, durante la dictadura "se desdobló y una parte continuó con las tareas 'legales' y otra con las 'ilegales'", es decir que funcionó como un centro clandestino de detención.
Los otros enclaves de ese circuito represivo e ilegal lo constituyeron la Unidad 13 del Servicio Penitenciario Provincial, denominada por entonces "cárcel en construcción", dado que "el inmueble fue afectado al plan criminal cuando aún estaba en 'gestación', ya que para su fin original se inauguró en 1979", indicó el fiscal Delgado; el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse, que dependía de la comisaría 1ra. de Junín, y la Unidad Regional VIII de la Policía bonaerense, que era la jefatura de las comisarías de la zona y fue sede de la delegación regional de la DIPBA.
Fuente:Diagonales
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