4-2-2015
Senado
La oposición se negó a discutir la iniciativa
El Senado emitió dictamen al proyecto de reforma del sistema de Inteligencia
Senado
La oposición se negó a discutir la iniciativa
El Senado emitió dictamen al proyecto de reforma del sistema de Inteligencia
El plenario de comisiones aprobó el proyecto para reformar el sistema de inteligencia. Ahora quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara el miércoles de la semana próxima. El oficialismo aceptó algunos cambios propuestos por el CELS y especialistas en la materia al proyecto enviado por el Ejecutivo.
Fotos Mariano Armagno-Patrick Harr
En una breve conferencia el jefe del bloque del FpV, Miguel Ángel Pichetto, volvió a lamentar que la discusión “no se haya dado en un marco más plural” en referencia a la ausencia de la oposición, que se reunió en el Salón Illia para consensuar una estrategia propia. En ese acto, los dirigentes convocaron a una audiencia pública para el próximo miércoles para “que participen legisladores, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la AMIA y DAIA, entre otros”, según dieron a conocer en un comunicado. Allí explicarían las razones por las que rechazan el tratamiento de la reforma de Inteligencia.
Por su parte, el senador nacional Adolfo Rodriguez Saá, de Interbloque Federal, admitió que fue un error no haber participado del plenario y anunció hoy que los ocho integrantes de ese espacio asistirán el próximo miércoles a la sesión en la que se debatirá el proyecto de reforma al sistema de Inteligencia, diferenciándose así de la mayoría del arco opositor, que hoy resolvió no participar de ese plenario. El legislador puntano dejó en claro que los integrantes de ese interbloque ya no continuarán con la estrategia opositora de ausentarse de los ámbitos de discusión parlamentaria.
Además, Pichetto recordó que el debate continuará este jueves en la comisión bicameral que controla los servicios de inteligencia, donde podrían surgir nuevas propuestas para contemplar en el recinto “en relación a los gastos reservados de estos organismos”.
Como adelanto, Abal Medina dijo que, con el dictamen final, “se consiguió precisar y clarificar el rol de los servicios de Inteligencia, con un claro acento democrático y poniendo a ese tipo de tareas bajo absoluto control del Poder Legislativo y Judicial”. Y agregó: “El proyecto seguirá incorporando nuevas propuestas, con el objetivo de mantener el espíritu de la Ley de Seguridad Interior y priorizar los derechos de los ciudadanos por encima de toda acción investigativa”.
Además, Pichetto ratificó que el sistema de escuchas telefónicas pasará a manos de la Procuración General, tal como se establecía en la propuesta original. “Hay que mirar más allá de quienes ocupan los cargos. Acá estamos hablando de una institución y no de nombres particulares”, argumentó Pichetto, en referencia a las críticas de la oposición hacia Alejandra Gils Carbó.
Tras escuchar la opinión el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Sain y de los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la discusión se trasladará a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. La titular de la Comisión, la diputada Teresa García (FpV), convocó a una reunión para mañana a las 10.30. La bicameral está encargada de “fiscalizar” que el funcionamiento de los servicios de inteligencia “se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”. La ley vigente establece que la bicameral “tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio” y que los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional “deberán suministrar la información o documentación que la comisión solicite”.
Con críticas a la oposición y después de escuchar las sugerencias de los especialistas, el senador Marcelo Fuentes, que preside el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, dijo que el bloque del Frente para la Victoria (FpV), que tiene mayoría, tenía “amplia predisposición” para introducir mejoras en el articulado. El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, en medio de su exposición se refirió a los legisladores opositores como “desertores” por no participar en el debate, y destacó la “voluntad” de los senadores presentes de aceptar las modificaciones. Interrogando por un grupo de periodistas, Verbitsky sugirió que se “informe” a los senadores de los partidos opositores sobre las propuestas y que “nuevamente, los inviten a participar”. “Si insisten en estar ausentes, ya es su responsabilidad”, agregó.
En la apertura, Sain destacó positivamente la disolución de la actual Secretaria de Inteligencia y el avance en la regulación de un nuevo sistema de inteligencia. Consideró que “no sólo se cambia el nombre sino que tiene una anatomía funcional diferente” y puso de relieve que “el control monopólico de las escuchas no va a estar más dentro de la ex SIDE”. En ese marco, sostuvo que la propuesta del Poder Ejecutivo “supone cambios trascendentes en este sistema” y destacó que la iniciativa “tiene una fuerte connotación positiva e implica una fuerte reestructuración del sistema de inteligencia”.
Así también habló de la necesidad de avanzar, con mayor “especificidad” en la definición de inteligencia nacional, distinguiéndola de la inteligencia criminal. Coincidió a su turno Verbitsky, sentado a la derecha de Sain, en el centro de la sala. El periodista consideró necesario revisar puntillosamente el texto de la norma en lo referido a los subsistemas de inteligencia criminal y militar. “Sino lejos de solucionarse se van a agravar los problemas”, dijo.
Verbitsky lamentó la ausencia en el debate de los senadores de la oposición, a quienes se refirió como “desertores” y con insistencia los convocó a que “revean esa decisión irresponsable”. Y como sugerencia, y dependiendo de que la oposición se avenga a presentarse en la discusión, consideró que el debate podría extenderse “uno o dos meses”. Cuando se dio lugar a la preguntas, Abal Medina, consideró que “si no están presentes es porque no tenían nada que proponer”.
Paula Litvachky, la directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, tuvo a su cargo explicar una serie de propuestas de modificación al proyecto, que la organización a la que pertenece dio a conocer públicamente con el título “Avances y retrocesos en la Ley de Inteligencia”. Destacó que deben reforzarse los niveles de “control político” sobre el organismo, que debe levantarse el secreto sobre la identidad del personal que no requiera ese resguardo, y suprimir la reserva sobre los fondos destinados a cubrir gastos propios de la administración de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Y apuntó a la profesionalización de los servicios de inteligencia como uno punto fundamental.
Respecto a la propuesta para que la Dirección de Observaciones Judiciales pase a la órbita del Ministerio Público Fiscal, Sain se manifestó favorablemente. Recordó que según fue fijado en el nuevo Código Procesal Penal, aprobado a fines del año pasado, serán los fiscales quienes lleven adelante las investigaciones criminales, con la aprobación de un juez de garantías. Y por esto, consideró que va de suyo que esta recaiga en el Ministerio Público Fiscal”.
Sobre las escuchas y observaciones judiciales, Litvachky remarcó que hay “algunas de inteligencia preventiva, que necesitan ser realizadas con autorización judicial pero no en el marco de una investigación, y si no se logra determinar la existencia de una amenaza deberían destruirse”. La directora del CELS consideró que esas escuchas, “no deberían estar dentro del Ministerio Público Fiscal”. Punto que Saín consideraría saldado si se introducen reformas sobre aquello que se define como actividades de inteligencia.
“La equivocación está en hablar de investigación e inteligencia interior, hay que precisar esto”, dijo Saín a Infojus Noticias al finalizar el encuentro. En consonancia con este punto, tanto Litvachky como Saín coincidieron en que resultaría inconveniente que el Ministerio de Seguridad se desprenda totalmente de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y que esta quedara subsumida en la AFI.
“Se desvirtúan así algunos de los avances de la Ley de Inteligencia Nacional que proponía, al menos en el plano normativo, una clara diferenciación de agencias y funciones entre los subsistemas”. Como ejemplo, Sain dijo que a veces en materia de investigación de inteligencia criminal se puede decidir que un cargamento de droga ingrese y avance para detectar su origen, y eso no podría ocurrir si esas escuchas están en manos del MPF, que tiene a su cargo investigar. Por eso, consideró el legislador solo deberían traspasarse a la AFI las acciones de inteligencia referidas a delitos federales y atentados al orden constitucional.
4-2-2015
Inteligencia
El CELS expondrá hoy -por ayer-en el Congreso
"Una reforma que cumpla con los objetivos del sistema democrático"
Inteligencia
El CELS expondrá hoy -por ayer-en el Congreso
"Una reforma que cumpla con los objetivos del sistema democrático"
La abogada Paula Litvachky del CELS dijo que hacen falta controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil sobre el sistema de inteligencia. El organismo participará hoy del debate en comisiones del proyecto de ley para crear la Agencia Federal de Inteligencia.
Mariano Armagno
Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que “hacen falta herramientas que permitan controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil sobre el sistema de Inteligencia” e insistió en que “con un cambio normativo no alcanza”. El CELS participará hoy de los debates de comisiones en el Congreso de la Nación para tratar el proyecto de ley que crea una Agencia Federal de Inteligencia en reemplazo de la ex SIDE. Llevará su respaldo a las líneas generales del proyecto y aportará sus comentarios para mejorar la iniciativa legislativa.
La abogada sostuvo que “en el contexto mundial actual es imposible” pensar un país sin un servicio de inteligencia. Pero aclaró que “debe funcionar para defender las instituciones democráticas y colaborar en la defensa nacional y la defensa de la seguridad interior”.
Anticipó que los planteos del CELS en el Congreso serán sobre el control de las actividades de la AFI y de los fondos reservados, el destino de su vieja planta de personal, la distinción entre investigación e inteligencia, el acceso y clasificación de la información y la ejecución de las escuchas telefónicas.
“La pregunta es cómo lograr que se diseñen límites y mecanismos para que haya control político del sistema de Inteligencia, controles parlamentarios y sociales de manera de evitar que se autonomice”, sostuvo Litvachky en una entrevista publicada hoy por el diario Página/12. Dijo que a lo largo de distintos gobiernos hubo problemas de funcionamiento que generaron “relaciones y modos de vincularse” que permitieron independencia y autonomía de los servicios de inteligencia. Como consecuencia, terminaron actuando “para sus propios intereses” y pactando con el sistema político y judicial.
La especialista afirmó que “esa autonomía genera problemas de gobernabilidad” y puso como ejemplo el caso AMIA, en el que “se vio a la propia SIDE involucrada en la maniobra de encubrimiento, con actores políticos y judiciales”. Aunque advirtió que es difícil de revertir, señaló que “es necesario hacer una reforma que cumpla con los objetivos del Estado de Derecho y el sistema democrático”.
Litvachky planteó que “hacen falta herramientas normativas que permitan controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil”, y propuso que se plantee una depuración de la planta, “con un proceso de revisión del personal actual, del trabajo hecho y apertura de archivos”. Resaltó la función de los mecanismos de control, y dijo que deberá analizarse “cómo se va a controlar la ejecución presupuestaria de los gastos reservados”.
La abogada del CELS respaldó el traspaso de las escuchas telefónicas judiciales al Ministerio Público Fiscal, pero siempre que se trate de investigaciones criminales y con autorización del juez. “Sobre el resto de las escuchas, las que tienen que ver con inteligencia preventiva, eso será discutido”, anticipó. Dijo que “hay que separar la función de investigación de la inteligencia” y aseguró que “esa confusión es la que ha generado los lazos poco claros con la justicia federal”.
Fuente:Infojus
Convocados por el Frente para la Victoria, tanto Sain como los representantes del CELS arrancaron su exposición a las 11 de la mañana. Si bien compartían críticas en varios puntos, mantenían diferencias en la apreciación integral de la iniciativa. “La propuesta del Poder Ejecutivo supone cambios trascendentes con una connotación positiva”, aclaró Sain antes de comenzar a desmenuzar el proyecto. El legislador bonaerense rescató la transferencia de la dirección de observaciones judiciales al ámbito del Ministerio Público Fiscal, “en sintonía con la reforma del Código Procesal Penal”. “No va a ser la procuradora (Alejandra Gils Carbó) quien ordene las escuchas, sino un fiscal con el aval de un juez en función de garantías”, aseguró Sain, respondiendo a las críticas mediáticas de la oposición. Al mismo tiempo, remarcó que el proyecto evita que haya “relaciones subterráneas” entre agentes de Inteligencia y la Justicia Federal, ya que ese vínculo estará monopolizado por el director y subdirector de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En cuanto a las críticas, planteó mejoras en la redacción para evitar confusiones de conceptos tales como “Inteligencia criminal” e “investigación criminal”, entre otros. El primer término apunta al análisis de información con fines preventivos, mientras que el segundo atiende a la necesidad de producir información con valor probatorio para perseguir a presuntos autores de delitos ya cometidos. Esta fue una de las críticas compartidas con el CELS, que finalmente fue corregida en el dictamen. Otra de las modificaciones es la subordinación a la AFI de la dirección de Inteligencia militar, que según la redacción original permitía un margen de autonomización. “También se aclara la diferencia entre Seguridad Interior y Defensa Nacional y se erradica cualquier tipo de concepto o actividad que podía constituir un atajo involuntario para que las Fuerzas Armadas hagan tareas de Inteligencia en materia de seguridad interior”, señaló Sain a Página/12 tras conocerse las correcciones realizadas al proyecto.
Con un tono mucho más crítico, el CELS mantuvo buena parte de las diferencias señaladas antes de la firma del dictamen. En su exposición, Verbitsky remarcó la demora de diez años que lleva el Estado en la reforma del Sistema de Inteligencia y criticó la actitud tanto del oficialismo como de la oposición en este debate. “Nos parece de enorme irresponsabilidad tratar de sacar la ley a las disparadas, en un mes, ante una emergencia. Y es incomprensible que los opositores deserten de la discusión”, afirmó Verbistky a este diario.
Si bien reconoció que se mejoraron esas deficiencias de técnica legislativa y confusiones conceptuales, el director del organismo de derechos humanos y representante de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa advirtió que “en la medida que (la AFI) va a funcionar como auxiliar de la Justicia, la relación perversa va a seguir”. “Hay un compromiso del Estado nacional con las víctimas que no se está cumpliendo”, aseguró. Tanto él como la directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, remarcaron que no se modificó el registro ni el control de los fondos reservados del nuevo organismo, que continúan en manos de la comisión bicameral.
“En el control de los fondos y el tema del secreto no cambiaron nada. ¿Qué secretos hay que guardar aquí que no puede desclasificarse la documentación en los plazos en que lo hacen dos países que viven en guerra como Estados Unidos e Israel?”, preguntó Verbitsky, comparando los 25 años establecidos en el proyecto con los 10 y 15 años de los otros países, respectivamente.
Desde el oficialismo dejaron trascender que el tema del control de los fondos podría revisarse hoy en la comisión bicameral, a la que sí asistirán representantes de la oposición.
Los senadores Gerardo Morales (UCR) y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), junto a los jefes de los bloques de diputados del radicalismo, Mario Negri; del massismo, Rubén Darío Giustozzi; y del macrismo, Federico Pinedo, comandaron la reunión en el Salón Illia del Senado, donde anunciaron la audiencia pública para el próximo miércoles, que se propone, entre otros temas, analizar la denuncia del fallecido fiscal contra la Presidenta, su canciller y dirigentes oficialistas por el supuesto “encubrimiento” de los acusados iraníes por la voladura de la AMIA en 1994. A la que –según afirmaron– ya habrían comprometido su presencia representantes de la comunidad judía y directivos de la DAIA y la AMIA.
Además de “articular la formación de una comisión para la firma de un compromiso sobre los temas de agenda que impone la muerte del fiscal Nisman”, como expresó el jujeño Morales. De la misma forma que todos los precandidatos presidenciales y referentes de los frentes opositores rubricaron en la Asociación de Magistrados el documento que titularon
“Acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial”.
La audiencia pública en paralelo con la sesión del Senado fue presentada como una convocatoria de todo el arco opositor, aunque no se pudieron disimular las divergencias que surgieron en el encuentro previo.
“Se acabó esto de dar quórum y legalizar una política contraria al país”, insistió el senador Solanas, uno de los que más fogonearon la ausencia opositora en el debate, ante la fisura opositora. Morales, uno de los diseñadores de esa estrategia, redujo la sensación de éxito –logrado con la ausencia de la oposición en las dos audiencias del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta– y se limitó a decir que ésa era la intención “de la mayoría de los bloques opositores”. Negri salió al cruce y trató de quitarle trascendencia a las diferencias opositoras: “no fue un tema central” en la discusión, dijo el radical cordobés.
Poco después, las diferencias confirmaron la fractura del frente opositor. “Nosotros hemos hecho una crítica y una autocrítica. Tuvimos la sensación de que la opinión pública consideró que debíamos haber asistido a la reunión de la comisión de ayer (por el martes).
Entonces hemos resuelto dar el debate, vamos a asistir a la sesión y vamos a hablar los ocho senadores que integramos el Interbloque Federal”, afirmó su presidente, el puntano Adolfo Rodríguez Saá. “Insistiremos en que las escuchas pasen a mano de la Corte Suprema y no de la Procuración General”, agregó el ex gobernador de San Luis y remarcó: “También vamos a opinar del crimen político del fiscal Nisman, que debe llamar la atención al Poder Ejecutivo, que debe respaldar una investigación profunda para que se sepa la verdad”.
Desde el oficialismo volvieron a cargar contra la postura opositora de ausentarse del debate legislativo, pero por lo bajo también le restaron legitimidad a la convocatoria opositora.
Afirman que la “audiencia pública”, en pleno receso legislativo y fuera del temario con que el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, no tiene ninguna atribución parlamentaria. Ni siquiera, insisten, está avalada por la mayoría de los integrantes de una comisión ni de los presidentes de ambas Cámaras.
Autoexcluida del debate sobre la ley que crea la nueva Agencia Federal de Inteligencia, la oposición parlamentaria encontró un escenario común para plantear sus críticas al Gobierno, aunque sólo tengan carácter declamativo.
- Se mantiene el encuadre de las actividades de Inteligencia en “el marco jurídico de la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos, los que se suscriban con posterioridad y toda otra norma que establezca derechos y garantías”.
- Se mantiene la creación “en el ámbito del Poder Ejecutivo, (de) la Agencia Federal de Inteligencia, como organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional”, que será conducida por un Director General y un Subdirector General, ambos designados por el presidente, con acuerdo del Senado.
- Se agrega que la AFI “dirigirá” el Sistema de Inteligencia Nacional, “abarcando todos los organismos que lo integran”.
- Se mantiene la transferencia al ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Dirección de Observaciones Judiciales, “el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”.
- Se modifica la definición de “Inteligencia nacional” como “la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la Seguridad Interior de la Nación”. El proyecto original se refería a “los hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes, para la prevención de amenazas internacionales provenientes de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada transnacional”.
- Se elimina el concepto de “Inteligencia interior” establecido en el artículo 3 del proyecto, que facultaba a realizar tareas de “investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal compleja o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a los establecido por el artículo 36 de la Constitución nacional”.
- Se cambia el plazo de 72 horas para informar a las autoridades del inicio de actividades de Inteligencia por uno “de manera inmediata”.
- Se mantiene la transferencia a la AFI de la dirección de Inteligencia Criminal, hasta ahora dependiente del Ministerio de Seguridad.
- Se mantiene el control parlamentario a través de la comisión bicameral, que tendrá “amplias facultades para controlar e investigar de oficio”.
- Se incorpora el deber de “reglamentar un nuevo régimen del personal de Inteligencia que establezca los niveles de reserva de identidad conforme a las tareas a desarrollar, procurando el carácter público de los funcionarios y restringiendo excepcionalmente las reservas que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de funciones”.
- Se mantiene el aumento de penas para aquellos funcionarios que incurran en delitos o irregularidades.
Fuente:Pagina12
Como parte de los cambios hechos ayer en el proyecto del PEN, la AFI será responsable de todos los organismos de espionaje. Aval parcial del CELS. Habría más modificaciones.
Si bien la oposición mantuvo su postura de desertar al debate sobre la Ley de Inteligencia, ello no evitó que las modificaciones al proyecto remitido por el Ejecutivo no incluyera algunas negociaciones para introducir correcciones.
Así, y luego de un cuarto intermedio intenso, los senadores del FPV firmaron un dictamen que recogió algunos aportes que, por ejemplo, reafirman la condición de la futura Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como órgano superior que dirige a todos los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional que incluye al ámbito militar y limita la autonomía de todos los organismos especializados en la materia.
El proyecto con modificaciones será debatido, si no median órdenes en contrario, el jueves 12 de febrero. Pero, como afirmó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Marcelo Fuentes, hasta ese día todavía hay posibilidades de que se realicen más correcciones.
La jornada, intensa, comenzó a las 11:30, con la segunda audiencia prevista para analizar el proyecto. En esta oportunidad participaron el diputado bonaerense kirchnerista, Marcelo Sain, y el titular del CELS, el periodista Horacio Verbitsky. Ambos, desde sus respectivas posiciones, presentaron observaciones y recomendaciones para mejorar el proyecto llegado desde el PEN. La oposición no se presentó pero siguió el plenario a través del sistema del Senado TV en uno de las salones cercanos del Congreso.
Sain, que milita en Nuevo Encuentro, abrió su exposición dándole un contexto histórico a la generación de la actual Ley de Inteligencia. Recordó que la sanción de esa norma se produjo durante el gobierno de la Alianza y que contó con el apoyo del peronismo. Una forma elegante de mostrar la actitud tomada por la actual oposición, en particular la Unión Cívica Radical.
En cuanto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Sain afirmó que "no es sólo un cambio de nombre" sino que "supone cambios trascedentes que tienen una fuerte connotación positiva". "Por ejemplo –señaló–, el organismo de Inteligencia no va a tener más la potestad de la escuchas."
A su turno, Verbitsky se mostró crítico. Por un lado, se quejó del tiempo transcurrido desde aquel compromiso asumido por el gobierno en 2005 –durante la presidencia de Néstor Kirchner– para modificar la Ley de Inteligencia hasta este momento.
Por otra parte, señaló que el proyecto del PEN "no sólo no corrige el defecto fundamental de la (futura ex) Secretaría de Inteligencia, sino que, por el contrario, consolida lo que nosotros creemos que es un error y que es mantenerla como auxiliar de la justicia". Para el titular del CELS, "ese es el punto de partida de la desviación de poder y de funciones en los últimos años".
Verbitsky efectuó ese señalamiento antes del cuarto intermedio que se dieron los senadores para analizar las recomendaciones y que derivó en varias modificaciones que tiene el dictamen.
El cuarto intermedio fue intenso y productivo e incluyó consultas al más alto nivel que habilitaron los cambios. En ese encuentro participó la conducción del bloque del FPV, Sain y representantes del CELS, que no se quedaron hasta el final.
Varios de los allí presentes confiaron a Tiempo que las correcciones son más que positivas.
En primer lugar porque se mejora la definición de la inteligencia nacional, se elimina el concepto de inteligencia interior y, sobre todo, se coloca a la futura AFI como un organismo superior que dirige a todos los componentes del mundo de la inteligencia y, sobre todo, a los militares.
El otro tema que destacaron como sustancial son las funciones que se le otorgan a la AFI, donde "producirá" a través de "obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior" y no investigará.
Seguimiento
La Bicameral de Seguimiento se reunirá hoy. Emitirá opinión sobre el proyecto. Y tiene previsto avanzar en un propuesta para mejorar los controles de los organismos.
Fuente:TiempoArgentino
La abogada sostuvo que “en el contexto mundial actual es imposible” pensar un país sin un servicio de inteligencia. Pero aclaró que “debe funcionar para defender las instituciones democráticas y colaborar en la defensa nacional y la defensa de la seguridad interior”.
Anticipó que los planteos del CELS en el Congreso serán sobre el control de las actividades de la AFI y de los fondos reservados, el destino de su vieja planta de personal, la distinción entre investigación e inteligencia, el acceso y clasificación de la información y la ejecución de las escuchas telefónicas.
“La pregunta es cómo lograr que se diseñen límites y mecanismos para que haya control político del sistema de Inteligencia, controles parlamentarios y sociales de manera de evitar que se autonomice”, sostuvo Litvachky en una entrevista publicada hoy por el diario Página/12. Dijo que a lo largo de distintos gobiernos hubo problemas de funcionamiento que generaron “relaciones y modos de vincularse” que permitieron independencia y autonomía de los servicios de inteligencia. Como consecuencia, terminaron actuando “para sus propios intereses” y pactando con el sistema político y judicial.
La especialista afirmó que “esa autonomía genera problemas de gobernabilidad” y puso como ejemplo el caso AMIA, en el que “se vio a la propia SIDE involucrada en la maniobra de encubrimiento, con actores políticos y judiciales”. Aunque advirtió que es difícil de revertir, señaló que “es necesario hacer una reforma que cumpla con los objetivos del Estado de Derecho y el sistema democrático”.
Litvachky planteó que “hacen falta herramientas normativas que permitan controles políticos, parlamentarios y de la sociedad civil”, y propuso que se plantee una depuración de la planta, “con un proceso de revisión del personal actual, del trabajo hecho y apertura de archivos”. Resaltó la función de los mecanismos de control, y dijo que deberá analizarse “cómo se va a controlar la ejecución presupuestaria de los gastos reservados”.
La abogada del CELS respaldó el traspaso de las escuchas telefónicas judiciales al Ministerio Público Fiscal, pero siempre que se trate de investigaciones criminales y con autorización del juez. “Sobre el resto de las escuchas, las que tienen que ver con inteligencia preventiva, eso será discutido”, anticipó. Dijo que “hay que separar la función de investigación de la inteligencia” y aseguró que “esa confusión es la que ha generado los lazos poco claros con la justicia federal”.
Fuente:Infojus
EL FPV INCORPORO PROPUESTAS DEL CELS Y DEL EX TITULAR DE LA PSA
Con cambios para la AFI
Se firmó dictamen y se tratará en el Senado la semana próxima. Sain se mostró conforme, aunque Verbitsky reclamó más modificaciones.
Por Sebastian Abrevaya
Por Sebastian Abrevaya
El plenario de comisiones funcionó sin presencia de la oposición.Imagen: Rafael Yohai
El Frente para la Victoria realizó ayer modificaciones al proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia enviado por el Poder Ejecutivo y firmó dictamen para que la iniciativa sea tratada en el recinto del Senado la próxima semana. Con la oposición ausente del debate, ayer por la mañana expusieron el Centro de Estudios Legales y Sociales y el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Sain, quienes plantearon sus críticas y la necesidad de realizar cambios. Luego de un cuarto intermedio, el jefe de bloque del FpV, Miguel Pichetto, anunció que se habían incorporado algunas de esas propuestas y que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia se reunirá hoy, donde se seguirán analizando otros aspectos del tema. Sain, legislador de Nuevo Encuentro, consideró que el Senado “fue receptivo de las consideraciones más sustantivas” realizadas en la comisión. Sin embargo, para el director del CELS, Horacio Verbitsky, el dictamen firmado “no es satisfactorio”. “No han solucionado el problema de fondo. El monstruo sigue adentro”, aseguró Verbitsky, quien agregó que todavía continuaban estudiando el texto.
El Frente para la Victoria realizó ayer modificaciones al proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia enviado por el Poder Ejecutivo y firmó dictamen para que la iniciativa sea tratada en el recinto del Senado la próxima semana. Con la oposición ausente del debate, ayer por la mañana expusieron el Centro de Estudios Legales y Sociales y el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Sain, quienes plantearon sus críticas y la necesidad de realizar cambios. Luego de un cuarto intermedio, el jefe de bloque del FpV, Miguel Pichetto, anunció que se habían incorporado algunas de esas propuestas y que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia se reunirá hoy, donde se seguirán analizando otros aspectos del tema. Sain, legislador de Nuevo Encuentro, consideró que el Senado “fue receptivo de las consideraciones más sustantivas” realizadas en la comisión. Sin embargo, para el director del CELS, Horacio Verbitsky, el dictamen firmado “no es satisfactorio”. “No han solucionado el problema de fondo. El monstruo sigue adentro”, aseguró Verbitsky, quien agregó que todavía continuaban estudiando el texto.
Convocados por el Frente para la Victoria, tanto Sain como los representantes del CELS arrancaron su exposición a las 11 de la mañana. Si bien compartían críticas en varios puntos, mantenían diferencias en la apreciación integral de la iniciativa. “La propuesta del Poder Ejecutivo supone cambios trascendentes con una connotación positiva”, aclaró Sain antes de comenzar a desmenuzar el proyecto. El legislador bonaerense rescató la transferencia de la dirección de observaciones judiciales al ámbito del Ministerio Público Fiscal, “en sintonía con la reforma del Código Procesal Penal”. “No va a ser la procuradora (Alejandra Gils Carbó) quien ordene las escuchas, sino un fiscal con el aval de un juez en función de garantías”, aseguró Sain, respondiendo a las críticas mediáticas de la oposición. Al mismo tiempo, remarcó que el proyecto evita que haya “relaciones subterráneas” entre agentes de Inteligencia y la Justicia Federal, ya que ese vínculo estará monopolizado por el director y subdirector de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En cuanto a las críticas, planteó mejoras en la redacción para evitar confusiones de conceptos tales como “Inteligencia criminal” e “investigación criminal”, entre otros. El primer término apunta al análisis de información con fines preventivos, mientras que el segundo atiende a la necesidad de producir información con valor probatorio para perseguir a presuntos autores de delitos ya cometidos. Esta fue una de las críticas compartidas con el CELS, que finalmente fue corregida en el dictamen. Otra de las modificaciones es la subordinación a la AFI de la dirección de Inteligencia militar, que según la redacción original permitía un margen de autonomización. “También se aclara la diferencia entre Seguridad Interior y Defensa Nacional y se erradica cualquier tipo de concepto o actividad que podía constituir un atajo involuntario para que las Fuerzas Armadas hagan tareas de Inteligencia en materia de seguridad interior”, señaló Sain a Página/12 tras conocerse las correcciones realizadas al proyecto.
Con un tono mucho más crítico, el CELS mantuvo buena parte de las diferencias señaladas antes de la firma del dictamen. En su exposición, Verbitsky remarcó la demora de diez años que lleva el Estado en la reforma del Sistema de Inteligencia y criticó la actitud tanto del oficialismo como de la oposición en este debate. “Nos parece de enorme irresponsabilidad tratar de sacar la ley a las disparadas, en un mes, ante una emergencia. Y es incomprensible que los opositores deserten de la discusión”, afirmó Verbistky a este diario.
Si bien reconoció que se mejoraron esas deficiencias de técnica legislativa y confusiones conceptuales, el director del organismo de derechos humanos y representante de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa advirtió que “en la medida que (la AFI) va a funcionar como auxiliar de la Justicia, la relación perversa va a seguir”. “Hay un compromiso del Estado nacional con las víctimas que no se está cumpliendo”, aseguró. Tanto él como la directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, remarcaron que no se modificó el registro ni el control de los fondos reservados del nuevo organismo, que continúan en manos de la comisión bicameral.
“En el control de los fondos y el tema del secreto no cambiaron nada. ¿Qué secretos hay que guardar aquí que no puede desclasificarse la documentación en los plazos en que lo hacen dos países que viven en guerra como Estados Unidos e Israel?”, preguntó Verbitsky, comparando los 25 años establecidos en el proyecto con los 10 y 15 años de los otros países, respectivamente.
Desde el oficialismo dejaron trascender que el tema del control de los fondos podría revisarse hoy en la comisión bicameral, a la que sí asistirán representantes de la oposición.
LA MAYORIA SE NIEGA A DISCUTIR; EL PF LO HARA
Oposición dividida
El Peronismo Federal asistirá a la sesión. El resto de la oposición convocó a debatir sobre la muerte de Nisman en paralelo a la reunión del Senado sobre la ley de Inteligencia.
Por Miguel Jorquera
Por Miguel Jorquera
Pinedo, Negri, Morales y Giustozzi reunidos ayer en el Senado.Imagen: Rafael Yohai
Luego de rehuir el debate en comisión sobre el proyecto del Gobierno para modificar el área de Inteligencia y tras ratificar –con algunas deserciones– que tampoco bajará al recinto de ninguna de las dos cámaras del Congreso para plantear sus diferencias con la iniciativa oficial, la oposición parlamentaria encontró un nuevo escenario para sus críticas al Gobierno: la convocatoria a una “audiencia pública” para “debatir el esclarecimiento” de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el mismo día que el Senado le daría media sanción a la disolución de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que modificará parte de sus atribuciones y su actual estructura. Senadores y diputados opositores hicieron el anuncio, luego de una reunión en la que algunos bloques –como el Peronismo Federal– expresaron su “autocrítica” por ausentarse del debate legislativo que ahora están dispuestos a enfrentar en el recinto, fracturando la estrategia que trazaron las principales bancadas de la oposición.
Luego de rehuir el debate en comisión sobre el proyecto del Gobierno para modificar el área de Inteligencia y tras ratificar –con algunas deserciones– que tampoco bajará al recinto de ninguna de las dos cámaras del Congreso para plantear sus diferencias con la iniciativa oficial, la oposición parlamentaria encontró un nuevo escenario para sus críticas al Gobierno: la convocatoria a una “audiencia pública” para “debatir el esclarecimiento” de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el mismo día que el Senado le daría media sanción a la disolución de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que modificará parte de sus atribuciones y su actual estructura. Senadores y diputados opositores hicieron el anuncio, luego de una reunión en la que algunos bloques –como el Peronismo Federal– expresaron su “autocrítica” por ausentarse del debate legislativo que ahora están dispuestos a enfrentar en el recinto, fracturando la estrategia que trazaron las principales bancadas de la oposición.
Los senadores Gerardo Morales (UCR) y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), junto a los jefes de los bloques de diputados del radicalismo, Mario Negri; del massismo, Rubén Darío Giustozzi; y del macrismo, Federico Pinedo, comandaron la reunión en el Salón Illia del Senado, donde anunciaron la audiencia pública para el próximo miércoles, que se propone, entre otros temas, analizar la denuncia del fallecido fiscal contra la Presidenta, su canciller y dirigentes oficialistas por el supuesto “encubrimiento” de los acusados iraníes por la voladura de la AMIA en 1994. A la que –según afirmaron– ya habrían comprometido su presencia representantes de la comunidad judía y directivos de la DAIA y la AMIA.
Además de “articular la formación de una comisión para la firma de un compromiso sobre los temas de agenda que impone la muerte del fiscal Nisman”, como expresó el jujeño Morales. De la misma forma que todos los precandidatos presidenciales y referentes de los frentes opositores rubricaron en la Asociación de Magistrados el documento que titularon
“Acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial”.
La audiencia pública en paralelo con la sesión del Senado fue presentada como una convocatoria de todo el arco opositor, aunque no se pudieron disimular las divergencias que surgieron en el encuentro previo.
“Se acabó esto de dar quórum y legalizar una política contraria al país”, insistió el senador Solanas, uno de los que más fogonearon la ausencia opositora en el debate, ante la fisura opositora. Morales, uno de los diseñadores de esa estrategia, redujo la sensación de éxito –logrado con la ausencia de la oposición en las dos audiencias del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta– y se limitó a decir que ésa era la intención “de la mayoría de los bloques opositores”. Negri salió al cruce y trató de quitarle trascendencia a las diferencias opositoras: “no fue un tema central” en la discusión, dijo el radical cordobés.
Poco después, las diferencias confirmaron la fractura del frente opositor. “Nosotros hemos hecho una crítica y una autocrítica. Tuvimos la sensación de que la opinión pública consideró que debíamos haber asistido a la reunión de la comisión de ayer (por el martes).
Entonces hemos resuelto dar el debate, vamos a asistir a la sesión y vamos a hablar los ocho senadores que integramos el Interbloque Federal”, afirmó su presidente, el puntano Adolfo Rodríguez Saá. “Insistiremos en que las escuchas pasen a mano de la Corte Suprema y no de la Procuración General”, agregó el ex gobernador de San Luis y remarcó: “También vamos a opinar del crimen político del fiscal Nisman, que debe llamar la atención al Poder Ejecutivo, que debe respaldar una investigación profunda para que se sepa la verdad”.
Desde el oficialismo volvieron a cargar contra la postura opositora de ausentarse del debate legislativo, pero por lo bajo también le restaron legitimidad a la convocatoria opositora.
Afirman que la “audiencia pública”, en pleno receso legislativo y fuera del temario con que el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, no tiene ninguna atribución parlamentaria. Ni siquiera, insisten, está avalada por la mayoría de los integrantes de una comisión ni de los presidentes de ambas Cámaras.
Autoexcluida del debate sobre la ley que crea la nueva Agencia Federal de Inteligencia, la oposición parlamentaria encontró un escenario común para plantear sus críticas al Gobierno, aunque sólo tengan carácter declamativo.
SE FIRMO AYER EN EL SENADO
Claves del dictamen
Luego de un debate a puertas cerradas entre los senadores del Frente para la Victoria, el subdirector de la Secretaría de Inteligencia, Juan Martín Mena; el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, y los representantes del Cels, Horacio Verbitsky y Paula Litvachky, el oficialismo pasó a la firma el dictamen que contiene varias modificaciones al proyecto original y mantiene otras. Aquí se enumeran algunos de los ejes centrales:
- Se mantiene el encuadre de las actividades de Inteligencia en “el marco jurídico de la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos, los que se suscriban con posterioridad y toda otra norma que establezca derechos y garantías”.
- Se mantiene la creación “en el ámbito del Poder Ejecutivo, (de) la Agencia Federal de Inteligencia, como organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional”, que será conducida por un Director General y un Subdirector General, ambos designados por el presidente, con acuerdo del Senado.
- Se agrega que la AFI “dirigirá” el Sistema de Inteligencia Nacional, “abarcando todos los organismos que lo integran”.
- Se mantiene la transferencia al ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Dirección de Observaciones Judiciales, “el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”.
- Se modifica la definición de “Inteligencia nacional” como “la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la Seguridad Interior de la Nación”. El proyecto original se refería a “los hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes, para la prevención de amenazas internacionales provenientes de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada transnacional”.
- Se elimina el concepto de “Inteligencia interior” establecido en el artículo 3 del proyecto, que facultaba a realizar tareas de “investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal compleja o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a los establecido por el artículo 36 de la Constitución nacional”.
- Se cambia el plazo de 72 horas para informar a las autoridades del inicio de actividades de Inteligencia por uno “de manera inmediata”.
- Se mantiene la transferencia a la AFI de la dirección de Inteligencia Criminal, hasta ahora dependiente del Ministerio de Seguridad.
- Se mantiene el control parlamentario a través de la comisión bicameral, que tendrá “amplias facultades para controlar e investigar de oficio”.
- Se incorpora el deber de “reglamentar un nuevo régimen del personal de Inteligencia que establezca los niveles de reserva de identidad conforme a las tareas a desarrollar, procurando el carácter público de los funcionarios y restringiendo excepcionalmente las reservas que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de funciones”.
- Se mantiene el aumento de penas para aquellos funcionarios que incurran en delitos o irregularidades.
Fuente:Pagina12
05 de Febrero de 2015
Aun en soledad, el FPV logró dictamen para que el Senado trate el próximo miércoles el proyecto oficial
La Agencia Federal controlará también la inteligencia militarComo parte de los cambios hechos ayer en el proyecto del PEN, la AFI será responsable de todos los organismos de espionaje. Aval parcial del CELS. Habría más modificaciones.
Intensa jornada - Los legisladores del kirchnerismo; Verbitsky, del CELS; y el diputado bonaerense Sain centralizaron el debate sobre una nueva inteligencia.
Así, y luego de un cuarto intermedio intenso, los senadores del FPV firmaron un dictamen que recogió algunos aportes que, por ejemplo, reafirman la condición de la futura Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como órgano superior que dirige a todos los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional que incluye al ámbito militar y limita la autonomía de todos los organismos especializados en la materia.
El proyecto con modificaciones será debatido, si no median órdenes en contrario, el jueves 12 de febrero. Pero, como afirmó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Marcelo Fuentes, hasta ese día todavía hay posibilidades de que se realicen más correcciones.
La jornada, intensa, comenzó a las 11:30, con la segunda audiencia prevista para analizar el proyecto. En esta oportunidad participaron el diputado bonaerense kirchnerista, Marcelo Sain, y el titular del CELS, el periodista Horacio Verbitsky. Ambos, desde sus respectivas posiciones, presentaron observaciones y recomendaciones para mejorar el proyecto llegado desde el PEN. La oposición no se presentó pero siguió el plenario a través del sistema del Senado TV en uno de las salones cercanos del Congreso.
Sain, que milita en Nuevo Encuentro, abrió su exposición dándole un contexto histórico a la generación de la actual Ley de Inteligencia. Recordó que la sanción de esa norma se produjo durante el gobierno de la Alianza y que contó con el apoyo del peronismo. Una forma elegante de mostrar la actitud tomada por la actual oposición, en particular la Unión Cívica Radical.
En cuanto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Sain afirmó que "no es sólo un cambio de nombre" sino que "supone cambios trascedentes que tienen una fuerte connotación positiva". "Por ejemplo –señaló–, el organismo de Inteligencia no va a tener más la potestad de la escuchas."
A su turno, Verbitsky se mostró crítico. Por un lado, se quejó del tiempo transcurrido desde aquel compromiso asumido por el gobierno en 2005 –durante la presidencia de Néstor Kirchner– para modificar la Ley de Inteligencia hasta este momento.
Por otra parte, señaló que el proyecto del PEN "no sólo no corrige el defecto fundamental de la (futura ex) Secretaría de Inteligencia, sino que, por el contrario, consolida lo que nosotros creemos que es un error y que es mantenerla como auxiliar de la justicia". Para el titular del CELS, "ese es el punto de partida de la desviación de poder y de funciones en los últimos años".
Verbitsky efectuó ese señalamiento antes del cuarto intermedio que se dieron los senadores para analizar las recomendaciones y que derivó en varias modificaciones que tiene el dictamen.
El cuarto intermedio fue intenso y productivo e incluyó consultas al más alto nivel que habilitaron los cambios. En ese encuentro participó la conducción del bloque del FPV, Sain y representantes del CELS, que no se quedaron hasta el final.
Varios de los allí presentes confiaron a Tiempo que las correcciones son más que positivas.
En primer lugar porque se mejora la definición de la inteligencia nacional, se elimina el concepto de inteligencia interior y, sobre todo, se coloca a la futura AFI como un organismo superior que dirige a todos los componentes del mundo de la inteligencia y, sobre todo, a los militares.
El otro tema que destacaron como sustancial son las funciones que se le otorgan a la AFI, donde "producirá" a través de "obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior" y no investigará.
Seguimiento
La Bicameral de Seguimiento se reunirá hoy. Emitirá opinión sobre el proyecto. Y tiene previsto avanzar en un propuesta para mejorar los controles de los organismos.
Fuente:TiempoArgentino
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