"De noche se escuchaban gritos en las caballerizas"
Crímenes de lesa humanidad
Foto: JAN TOUZEAU
De noche se escuchaban gritos en las caballerizas
Jimena Granados
14-04-2015
Un testigo relató que torturaban a detenidos en dependencias del Ejército de Salta.
El hombre declaró en el marco del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia. Juan Carlos Herrero, un salteño que hizo el servicio militar en la década del setenta, declaró hoy ante la Justicia Federal que en el Regimiento de Caballería del Ejército ocultaban a detenidos políticos y los torturaban.
"Salían a hacer rastrillajes en un Falcon celeste.
A los detenidos los metían en las caballerizas, detrás de unas rejas.
De noche se escuchaban muchos gritos.
Creo que los torturaban porque no se puede pensar otra cosa" dijo Herrero a El Tribuno.
El exsoldado declaró ante el Tribunal Oral Federal de Salta en el marco del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia.
Herrero fue citado como testigo del caso de Luis Obrero Destello Iñiguez Vázquez, un antiguo militante del Frente Revolucionario Peronista que fue privado ilegítimamente de la libertad en 1974 y torturado durante más de un año.
"Vimos cuando lo trajeron. Venía esposado y encapuchado. Lo mandaron adentro con los demás. Ya había gente de Joaquín V. González y Las Lajitas. Los tenían en el lugar de los caballos", relató el testigo sobre el caso de Iñiguez Vázquez.
Herrero también aseguró que las autoridades militares les decían a los familiares de las víctimas que no había detenidos en Caballería.
"Les mentían. Y a nosotros no nos dejaban dar información. Cuando los sacaban, no sabemos a dónde los llevaban. Lo recuerdo bien. Nunca supimos qué destino tuvieron", aseguró.
Herrero tenía 20 años cuando hizo el servicio militar.
El hombre declaró esta tarde en el Tribunal Oral Federal, que lleva adelante un juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados contra 18 víctimas durante la dictadura militar y en los años que precedieron al golpe de Estado.
La Justicia Federal tiene previsto hacer una inspección ocular en el Regimiento de Caballería.
La semana pasada, funcionarios judiciales se presentaron en el lugar pero no pudieron hacer un reconocimiento porque faltó un testigo.
Hoy también declaró Carlos Arturo Holmquist, otro exmilitante del Frente Revolucionario Peronista que fue compañero de Iñiguez Vázquez y estuvo detenido durante la dictadura por razones políticas.
"Joaquín Guil no tenía límites. Puedo decir que es un psicópata ultra antiperonista", dijo a los jueces Holmquist sobre el exjefe de Seguridad de la Policía de la Provincia, que es uno de los imputados en la causa.
Holmquist relató además que, frente a El Huaico, había una dependencia donde también torturaban a presos políticos.
Fuente:ElTribuno
Un agente de inteligencia
que no sabía lo que pasaba
Por Elena Corvalan
En 1976 el suboficial retirado Amado Osman era un experimentado agente de inteligencia que, sin embargo, no sabía qué pasaba ni siquiera en su propio ámbito de trabajo, el Destacamento de Inteligencia 143, con asiento en Salta.
De la denominada lucha contra la subversión, de las muertes y detenciones, solo se enteraba por los diarios.
Este fue, en síntesis, el testimonio que dio ayer un ex agente de inteligencia en la continuidad del proceso por delitos de lesa humanidad en el que se juzga a dos ex militares y cuatro policías por crímenes en perjuicio de 18 personas, entre ellas la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.
Osman fue el tercero de tres testigos: antes declararon Jesús Pérez, que integró el gabinete de Ragone, y la abogada e investigadora Mirta Mántaras.
Osman cursó en la Escuela de Inteligencia del Ejército en 1957 y 1958.
A principios de 1970 fue destinado al Grupo Adelantado de Inteligencia de Jujuy, y que dependía del Destacamento de Inteligencia 143.
En febrero de 1974 fue destinado a la embajada argentina en Venezuela, hasta fines de marzo de 1976 y en abril de ese año ingresó al Destacamento en Salta, donde permaneció hasta marzo de 1980, un paso insulso, si hay que atenerse a sus propias palabras: cumplía funciones en el área de Administración y, atareado en documentación rutinaria, no se enteraba de lo que pasaba a su alrededor, fiel al principio de inteligencia que mandaba “no conocer más allá de lo que no le interesa a uno”.
Según el ex agente, en la Escuela de Inteligencia solo recibió preparación “cultural y de formación”, y tampoco conoció los reglamentos referidos a inteligencia táctica e instrucciones para operaciones de seguridad que el Ejército se dio para llevar adelante su autodenominada “lucha contra la subversión”.
El militar se excusó de responder las preguntas del querellante Matías Duarte, que representa a la familia de Ragone, desaparecido el 6 de marzo de 1976, afirmando que solo podía hablar sobre “las funciones que yo cumplía”, dado que lo demás no lo recordaba.
“Lo que sabía de la subversión era lo que salía en los medios de comunicación”,sostuvo, recurriendo a una excusa reiterada en la provincia desde que ex miembros de las fuerzas que actuaron en la represión comenzaron a ser citados como testigos.
Dijo que nunca supo que hubiera personas dinamitadas en la provincia, y que de la matanza de 11 detenidos en el paraje Palomitas supo“únicamente lo que se publicó en los diarios”.
Osman insistió en que en el Destacamento había compartimentos estancos, a tal punto que “una oficina no sabía lo que hacía la otra”.
Aseguró que no puede decir cuál era la “función técnica” que cumplía el Destacamento, en cambio sostuvo que la “función militar” era la instrucción de los soldados para la seguridad, aunque en el Destacamento tenían solo “4 o 5 soldados”.
A pesar de su cerrazón, similar a la de otros ex agentes que declararon en este proceso, se le escaparon algunos datos: el Destacamento tenía “algo más de 10 vehículos”, ninguno estaba identificado como del Ejército, “eran vehículos civiles” de varios colores, azules, rojos, blancos, algunos eran Ford Falcon, y el jefe permitía su uso con simples órdenes verbales.
Otro dato: el comandante principal de Gendarmería de apellido Brieger, que era retirado y había ingresado al Destacamento como personal civil, cumplía funciones “en la zona de Caballería”, en una dependencia de Inteligencia.
Muchos testigos sostienen haber estado detenidos, y haber sido torturados, en dependencias del Ejército, en la zona de Caballería.
La acción sicológica
sobre la población
La abogada Mirta Mántaras sostuvo ayer que la inteligencia militar y la acción sicológica “fueron fundamentales” para llevar adelante el plan represivo ideado por las Fuerzas Represivas que el 24 de marzo de 1976 tomaron el poder.
La abogada, querellante en causas por delitos de lesa humanidad, indicó el Ejército elaboró un Plan de Seguridad, que data de 1972 y que fue luego actualizado, y que establecía objetivos y oponentes y contenía anexos sobre inteligencia, operaciones y acción sicológica.
La especialista indicó que los reglamentos del Ejército fueron aplicados en la denominada lucha contra la subversión, y que tanto estos reglamentos como las directivas que se dieron para organizar la represión, dejan explicitadas la importancia del área de inteligencia:
“Todas las directivas dicen no actuará el sector Operaciones si previamente no se hizo inteligencia”, recordó.
“Se hacía acción sicológica sobre la población en general. Después de eso venía la inteligencia”, explicó la abogada. “La inteligencia, la acción sicológica, era la base. Toda la inteligencia, antes de salir”, reiteró.
Tan importante era la inteligencia que existía un reglamento referido a ella, y existía también un manual de acción sicológica: había una acción persuasiva y otra compulsiva, que se llevaba a cabo a través de los medios de comunicación y“perseguía enviar un mensaje no explícito, subliminal, para que la población entrara en terror”.
Como ejemplos de la acción sicológica puso también la desaparición de personas, “era una forma de presión muy fuerte para que toda la gente se paralice”; así como los operativos policiales de gran espectacularidad, o el secuestro de alguien muy reconocido, como ocurrió en Salta con Ragone. “Era como decir, miren lo que les va a pasar a todos los demás”.
Mántaras recordó asimismo que la Directiva 1/75, dada antes del golpe del 24 de marzo de 1976, que dividía al país en zonas de seguridad (creando las zonas, subzonas, áreas y subáreas), subordinó las fuerzas policiales y penitenciarias a las dependencias del Ejército de cada lugar.
La especialista, que declaró por videoconferencia desde Buenos Aires, detalló que el plan de seguridad del Ejército estaba definido mucho antes del golpe, así como sus objetivos, “todas las personas que se desempeñaban en el gobierno peronista”, sindicalistas y empresarios, porque los militares tenían “el gran temor” de que se organizara una resistencia civil, y en ese marco se produjeron secuestros en todo el país antes del golpe.
Órdenes ilegales
“Ningún reglamento militar puede tener contenido ilícito, tienen que ser aprobados por el Congreso (…)
Ninguno de estos reglamentos militares fueron aprobados por el Congreso, (…) tenían indicaciones concretas que los hacían ilegales”, sostuvo la abogada respecto de los reglamentos que integraban el Plan de Seguridad del Ejército y que constituían en realidad una “máquina de matar” que debía ser desobedecida.
“Cada uno que transmitía la orden accionaba la máquina de matar (…) porque las órdenes eran ilegales. El cumplimiento no solo que no era obligado, sino que era delito”, razonó.
Envío:AgnDDHH
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