Publicado el 13-11-2018
“Es imposible que 170 testigos mientan y se conjuren contra los acusados”, afirmó este martes el abogado querellante, Franco Catalani, durante el comienzo de los alegatos en el juicio de la Subzona 14 II, que se le siguen a catorce expolicías y exmilitares en el Tribunal Oral Federal de Santa. Rosa.
Los abogados Catalani, Maximiliano Corroinca y Miguel Villagra, y Juan Resia, se turnan para formular la acusación a los imputados en el segundo juicio a los represores pampeanos. Los letrados se repartieron las víctimas -más de 60 cada uno- para describir las pruebas que fueron recogiendo durante nueve meses de audiencias, testimonios y declaraciones.
Los alegatos seguirán este miércoles. En las próximas jornadas se escuchará a la fiscalía y a los abogados defensores. Salvo el represor Carlos Reinhart -aún cumple la primer condena-, el resto de los imputados está en libertad o con arresto domiciliario.
El exjefe de Policía de la Dictadura, Luis Baraldini, no estuvo en el primer juicio porque estaba prófugo.
Este martes no se presentó a la sala del Colegio de Abogados y su abogado informó que estaba en reposo, con cefalea e hipertensión. Como no presentó certificado médico, los jueces pasaron a un cuarto intermedio y demoraron dos horas el inicio de la audiencia. A las 10.23 se informó que en la guardia del Hospital Molas atendieron a Baraldini y tenía presión alta, por lo quedó internado por unas horas. Recién ahí llegaron los certificados médicos y se reanudó el debate.
"Queremos la verdad"
En primer término, expuso Catalani. “Es imposible que los 170 testigos mientan y se conjuren en contra de los imputados”, dijo el abogado, desbaratando uno de los planteos de los represores en sus indagatorias. También consideró “contradictorio” que hayan dicho que solo cumplían tareas administrativas, auxiliares o como meros “pinches”. Además, cuestionó que hayan sostenido que los testigos no los vieron o no los mencionaron en muchos casos. “Exhortamos al tribunal a no caer en esa trampa. El aparato de terror se preocupó especialmente en que los ejecutores del genocidio no fueran vistos ni registrados. Eliminar pruebas fue parte del plan sistemático. ¿Por qué los vendaban sino cuando los llevaban a la sala de torturas?”, preguntó.
“Baraldini dijo que La Pampa era una isla de paz porque no hubo muertos y desaparecidos. Como si las torturas y los secuestros no fueran graves. Hace falta recordar que sí hubo muertos por la represión, otra cosa es que no haya habido juicios, como los cuerpos que se encontraron e identificaron en La Adela, dos personas ejecutadas y calcinadas en cercanías de Relmo, Elsa Clotilde Mora, una desaparecida pampeana, y un cadáver aparecido en La Adela que no ha sido identificada”, enumeró.
Por otra parte, se refirió a que “todos hicieron referencia a la obediencia debida, algo que ya está zanjado, eso no excluye la responsabilidad personal”. “Todos descargaron responsabilidad en muertos”, acotó, sobre el intento de zafar culpando al jefe policial del grupo de tareas, el fallecido represor Roberto Constantino, condenado en el primer juicio.
Catalani subrayó que “ninguno asumió responsabilidad en un hecho”. “Alguno como Cenizo pidió un perdón genérico. No hay arrepentimiento sincero sobre generalidades”, dijo. Y les avisó que “mientras les quede un minuto de vida podrán recuperar la dignidad y decir lo que sucedió, que es en definitiva lo que queremos”.
En otro tramo, rescató que el juicio permite darle voz a las víctimas en el marco de la disputa de sentido sobre lo que sucedió durante la dictadura. “Nos interesa que un tribunal haya escuchado nuestra versión de los hechos y que emita un veredicto, que sea la verdad reconocida por el estado argentino”, resaltó.
“Acá no hay aprovechadores ni extremistas. Hay personas que quieren que se sepa la verdad. Una vez más, es lo que nos interesa, l la verdad, la memoria y la justicia”, completó.
"Se inventó un sujeto guerrillero"
En segundo término, el abogado Miguel Villagra describió que la represión ilegal se implementó para garantizar un modelo económico instaurado por la dictadura en el país y por el Plan Cóndor en Latinoamérica. Y desmintió que La Pampa fueran “una isla” ya que, por lo contrario, fue “un engranaje” del plan sistemático de represión.
Señaló además que quedó comprobado durante el juicio que la represión en la provincia comenzó antes del golpe, con secuestros y torturas desde diciembre del '75. "La estructura operativa y normativa para exterminar a la subversión venía de antes", remarcó.
Villagra inscribió al golpe de estado del ’76 dentro de una saga cronológica en la que incluyó el derrocamiento de Irigoyen y de Perón, el bombardeo a la plaza y las demás interrupciones de gobiernos democráticos.
“El adversario subversivo fue una construcción ficcional, una construcción. En La Pampa nos conocíamos todos. Ese sujeto subversivo no existió. En el país la guerrilla ya en el ’75 había quedado sin capacidad operacional. Acá se cumplió un mandato que bajaba desde Buenos Aires”, señaló.
Por otra parte, sostuvo que el gobierno de facto en la provincia tuvo estrecha relación con “la gravedad y el volumen de las acciones cometidas”, para desmontar el argumento del acusado Greppi, de que no tenía vínculo con el grupo de tareas. “¿Quién le pagaba los viáticos y los sueldos?", se preguntó. "Es una falacia que no había relación con el brazo armado de la represión en la provincia", apuntó.
También mencionó la colaboración civil con la represión en la provincia. Dijo que habría que estudiar cómo se modificó en la época el régimen de tenencia de la tierra en la provincia. Por ejemplo, mencionó que CARBAP "promovió y formó parte" de la dictadura. "Sin la colaboración civil no se hubieran plasmado las atrocidades que se cometieron", evaluó.
Mencionó "la falta de un fallo ejemplificador en estos 42 años haya llevado a Baraldini a reincidir una y otra vez". Y consideró que los pampeanos y argentinos que murieron en Malvinas, "una guerra inventada", también fueron "víctimas de la dictadura".
Autoría mediata
En tercer término, el abogado Juan Resia defendió la figura de la autoría mediata como forma de encuadrar la responsabilidad penal de los imputados. "Hay responsables que emitían las órdenes y se valían de un aparato de poder para que se hicieran efectivas y se llevara a cabo la represión ilegal. Los sindicados como autores mediatos serán Baraldini y Greppi. Se valieron de ese aparato de poder y transfirieron las órdenes para que se cometieran los delitos", explicó.
"Acá hubo un aparato que se apropió del estado, creó su propio derecho, se dictaron distintas normas, se creó el derecho penal del enemigo. Se inventa un enemigo y se le aplica ese derecho creado desde la fuerza y no desde el voto popular", señaló.
Genocidio
En su segunda intervención, el abogado Franco Catalani defendió la tesis de que la acción de los represores se inscribe dentro del delito de genocidio. Dijo, como antecedente, que ya se empleó en 14 tribunales en 33 causas en el país. Se aplica cuando "hay una intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano", explicó.
"La interpretación es que la enumeración de grupos sociales por motivos raciales, religiosos o políticos, es enumerativa y no taxativa", fundamentó.
El abogado sostuvo que "se construyó paulatinamente una imagen del delincuente subversivo, para después eliminarlo". En ese punto, recordó el manual de operaciones sicológicas que usaron los militares para "aislar y aniquilar socialmente" a las víctimas. "Los disidentes del régimen de facto, todo tipo de militantes, políticos, sociales o religiosos, eran los incluidos en el grupo a eliminar", señaló.
Catalani estimó probada la conexión del aparato represivo en todo el país con los pampeanos que fueron detenidos en otras provincias y trasladados a La Pampa, o casos en los que sucedió exactamente al revés.
Los acusados
Baraldini rinde cuentas acusado de 214 casos de secuestros y torturas. En este juicio también están imputados el represor Carlos Reinhart, acusado por 35 víctimas; y el exmilitar Néstor Greppi -en prisión domiciliaria en Capital Federal por el fallo del primer juicio-, acusado de 91 casos.
Otros expolicías condenados en el primer juicio que afrontan este debate en libertad son: Athos Reta -34 casos-; Néstor Bonifacio Cenizo -33 víctimas-; Antonio Oscar Yorio -31-; y Hugo Roberto Marenchino -7 casos-. Además, son juzgados por primera vez los expolicías Juan Domingo Gatica (por 26 víctimas); Oscar Alberto “Miseria” López -23-; Orlando Osmar Pérez -31-; Luis Horacio Lucero -1 caso-; Miguel Ángel Ochoa -4-; Jorge Osvaldo Quinteros -4-; y el médico Máximo Alfredo Pérez Oneto -22-.
El tribunal está compuesto por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. La querella está formada por Franco Catalani, quien patrocina a la UNLPam, Juan Carlos Pumilla, Élida Rodríguez Jara de Perna (falleció en medio del proceso), Rafael Guardia, Guillermo Quartucci, Graciela Bertón y al Partido Comunista; Maximiliano Corroinca, por el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos; y Juan Resia (patrocinante de Raquel Barabaschi).
Como defensores actúan los abogados Pedro Mercado y Omar Cayre (Luis Baraldini), Máximo Pérez Flores y Gerardo Ibáñez (Máximo Pérez Oneto), la defensora oficial Laura Armagno, el letrado porteño Hernán Vidal y Luciano Rodríguez.
Los imputados son parte o colaboraron con el grupo de tareas formado con policías bajo la órbita de la Subzona 14, una de las áreas en las que los militares dividieron el país para la represión. Funcionaron en la provincia seis centros clandestinos de detención (dos en Santa Rosa, dos en Jacinto Arauz, uno en Pico y otro en Catriló). En ese marco, se secuestró a 331 personas (médicos, docentes secundarios y universitarios, militantes sociales, gremiales y políticos, periodistas y funcionarios depuestos). Además, cesantearon a 392 personas de la administración pública en el marco de la persecución ideológica realizada.
El 16 de diciembre de 2010, en el primer juicio a los represores pampeanos, la Justicia Federal condenó a 9 militares y policías por los secuestros y torturas de 28 personas con penas de 8 a 20 años de prisión. Los primeros condenados fueron: Néstor Greppi, Roberto Constantino (ya fallecido), Roberto Fiorucci, Omar Aguilera, Néstor Cenizo, Carlos Reinhart, Oscar Yorio, Athos Reta y Hugo Marenchino
En agosto de 2017 comenzó el segundo juicio a los represores pampeanos, esta vez por otras 236 víctimas de secuestros y torturas.
Hay un tercer juicio que aún no tiene fecha. Por ahora hay 6 represores imputados por delitos de lesa humanidad. Entre los acusados, el exjefe de la Policía Luis Baraldini, el militar Néstor Greppi, otro militar y el represor Carlos Reinhart están imputados por delitos sexuales en contra de un hombre y una mujer. El militar Gerardo Jáuregui y Jorge Omar De Bartolo están acusados de más de 50 secuestros y torturas. El policía Humberto Riffaldi, exjefe del Departamento de Inteligencia de la Policía (hacía inteligencia y espionaje), es otro de los imputados. Como la investigación está abierta, el procesamiento podría ampliarse a nuevos acusados.
Fuente:DiariodelaPampa
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