Muere otro obrero en una planta de Siderar-Ternium
La empresa forma parte del grupo Techint. Es el segundo caso en la misma compañía en apenas tres meses.
Antonio Donello, titular de la UOM Rosario anunció que la organización dictaminó 24 horas de duelo y detalló: “Estaba realizando unos arreglos, pero la grúa se movió por motivos que aún desconocemos y quedó aprisionado”.
Con todo, el dirigente adelantó que promoverán una investigación porque “generalmente, suelen ir en pareja a hacer esas tareas y él estaba solo”.
El intento de reducir el número de operarios por cuadrilla en tareas de mantenimiento ya es una política patronal recurrente. Ya se consagró en la emblemática reforma del convenio laboral para los petroleros de Vaca Muerta y ahora forma parte del plan anunciado por la patronal de Aerolíneas Argentinas y Austral.
El representante legal de la UOM Rosario, Pablo Cerra, declaró a La Capital que “los accidentes no existen, si ocurren es por una causa o porque fallaron un montón de situaciones”.
El 10 de agosto de este año se registró el fallecimiento de otro operario en la planta que Siderar opera en la localidad bonaerense de Ensenada. Se trató de Rubén Insaurralde de 29 años.
Ya en 2015 habían muerto dos operarios de Siderar en menos de un mes según denunció la UOM de San Nicolás. Uno de los casos, el de Claudio Nicodemo, también fue resultado de la reducción de las cuadrillas para el transporte de metal fundido de tres operarios a uno sólo.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, durante 2017 fallecieron 743 trabajadores en el marco de sus tareas laborales. Se trata de más de dos operarios por día. La estadística indica un crecimiento del 5% con relación al año 2016 aunque en 2015 habían muerto 798 trabajadores.
Movilizaciones en Jujuy tras la represión a una comunidad indígena
Desde Jujuy
Cuatro veces dijo que no el gobernador jujeño Gerardo Morales cuando la periodista María O’Donnel le preguntó en su programa radial acerca de la violenta represión que distintas fuerzas de seguridad de su provincia desplegaron este miércoles en un corte que la comunidad indígena Cueva del Inca estaba realizando sobre Ruta 9, a la altura de la localidad de Tilcara. Su fuente era “una información del Ministerio de Seguridad”. Los miembros de la comunidad, sin embargo, sostienen lo contrario, y por si eso no bastara hay fotos de manifestantes con heridas en carne viva producto de balas de goma, además de numerosos videos donde se observa a efectivos embistiendo contra los manifestantes, algunos de los cuales también fueron detenidos y trasladados a la comisaría tilcareña.
A pesar de asegurar que “tenemos un gran vínculo con la comunidad (indígena)”, Morales aclaró que “los cortes de ruta están prohibidos”, connotando con ello la nula tolerancia a toda protesta de este tipo. Y, en extraño tono benefactor, agregó que “hay una sentencia de una jueza para el desalojo que yo pedí que pararan”, sugiriendo de manera poco disimulada una intromisión del Poder Ejecutivo en decisiones del Poder Judicial.
La comunidad Cueva del Inca habita en Tilcara y padece desde marzo de 2015 una medida cautelar del juez provincial Sebastián Cabana que prohíbe todo tipo de obra, lo cual limita desde la ampliación de viviendas hasta la construcción de baños o cloacas. Por este motivo los integrantes de esta colectividad indígena iniciaron un plan de protesta que comenzó el martes con el corte parcial de la Ruta 9, carretera que atraviesa toda la Quebrada de Humahuaca. A los reclamos se suma además la denuncia a la actividad minera en Chinchillas, en la zona de la Puna, al norte de la provincia, cuyos trabajos de extracción de litio contaminan el agua de la región según sostienen los miembros de Cueva del Inca.
Luego de un primer día de acciones sin respuestas por parte del gobierno, este decidió hacerse presente el segundo, aunque no de la manera deseada por los indígenas tilcareños: durante la mañana se multiplicaron retenes policiales sobre la Ruta 9 entre San Salvador y Tilcara, al tiempo que distintos móviles con efectivos armados se desplazaban hacia la zona de conflicto. Todas malas señales que conducían a imaginar el desenlace que finalmente se produjo.
Conocida la noticia de la represión a los manifestantes de Cueva de Inca, se multiplicaron en la provincia nuevos focos de protesta, esta vez en solidaridad con la hostilidad policial y los seis detenidos, entre los que se encontraban una menor de edad y un periodista de una radio comunitaria que estaba cubriendo los hechos.
Si bien los detenidos fueron liberados en la madrugada de este jueves gracias a la presión social, la violencia reproducida por el Estado provincial alentó nuevas medidas. Entre ellas una numerosa movilización en San Salvador durante el mediodía de hoy y otro corte en la misma zona de Ruta 9.
Otras marchas fueron anunciadas para este viernes, mientras que la comunidad Cueva del Inca analizaba que acción realizar para seguir exigiendo respuestas tanto del juez Cabana como del gobierno jujeño. Se le presenta a Gerardo Morales un sensible dilema: o abre un canal de diálogo con la comunidad indígena de Tilcara, o sigue agregando capítulos represivos a una de las gestiones provinciales que más se valen de las fuerzas de seguridad de Estado para sofocar reclamos populares.
Será mañana y afectará a los bancos Central, Nación, Provincia y Ciudad
Paro bancario por el incumplimiento de la paritaria

Imagen: EFE
La Asociación Bancaria anunció que mañana viernes concretará un paro de 24 horas en las entidades bancarias que integran la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra), “que se niegan” a actualizar el 12 por ciento del acuerdo paritario que debió pagarse con los sueldos de octubre. Las principales entidades en las que no habrá atención al público serán los bancos Central (BCRA), Nación, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba y Banco Ciudad, entre algunas.
La medida de fuerza fue anunciada por el gremio que lidera Sergio Palazzo a través de un comunicado en que cuestiona puntualmente a los bancos que no cumplieron el acuerdo, a contramano de lo que sí hizo “una amplia mayoría” de las cámaras empresarias, e inclusive algunas entidades que integran Abappra, como el Banco Creedicop, aclaró a Página/12Eduardo Berrozpe, secretario de prensa de la Bancaria.
Otro de los cuestionamientos recae sobre el gobierno nacional. “De acuerdo a legislación vigente, la Secretaría de Trabajo debiera intimar a los (bancos) que no pagan el acuerdo que la mayoría aceptó, pero no lo está haciendo”, añadió el dirigente.
Lo que reclama la Asociación Bancaria es el pago del 12 por ciento adicional que se sumará al 28 por ciento acordado en el marco del acuerdo paritario de este año. En la última negociación salarial, los representantes de Abappra habían ofrecido solo 5 por ciento, 7 puntos menos que lo acordado por las demás cámaras del sector.
En abril, el gremio había firmado una paritaria del 15 por ciento más un reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo por la inflación de 2017, del 4,2. En agosto, en tanto, logró activar la cláusula de revisión salarial y firmó un aumento adicional del 8 por ciento, en dos cuotas de 4, a abonarse con los salarios de ese mes y de septiembre.
“No hay excusas para los bancos que no han actualizado, como se establece coherentemente con el acuerdo paritario de abril, el salario a partir del 1 de octubre”, indica la declaración del gremio que convocó al paro de 24 horas en todo el país solo “en las entidades que se niegan a la correspondiente actualización”.
El Banco Ciudad busca romper el paro y anuncia que este viernes habrá atención
Mientras que la Asociación Bancaria anunció para este viernes un paro en los principales bancos oficiales (Nación, Ciudad y provinciales), la entidad que depende del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta salió al cruce con la intención de romper la huelga y anunció que en sus sucursales habrá atención al público.
En el mismo sentido, se informó que estarán disponibles todas las operaciones a través del homebanking, mobile banking, cajeros automáticos y terminales de autoservicio.
La Asociación Bancaria llevará adelante este viernes un paro nacional en las entidades públicas, a las que acusa de “no actualizar el salario a partir del primero de octubre último, como se había acordado en la paritaria”.
“No hay excusas para los bancos que no han actualizado, como se establece en el acuerdo paritario de abril, el salario a partir de octubre”, sostuvo el sindicato.
En abril de este año, el gremio que conduce Sergio Palazzo había firmado una paritaria del 15%, más un reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo -por la inflación de 2017- del 4,2%. En consecuencia, el salario inicial de un trabajador bancario es actualmente de $35.000.
Liberaron a los detenidos en la manifestación de Jujuy
Seis manifestantes había sido detenidos el miércoles durante una violenta represión en Tilcara. El gobierno reconoció haber mandado a despejar la ruta.
Cuatro hombres y dos mujeres de la comunidad indígena de Cueva del Inca, en Tilcara, que se encontraban “demoradas” por la policía a raíz del corte de la ruta nacional 9 donde se manifestaban contra la megaminería, fueron liberadas el miércoles por la noche, informaron fuentes policiales.
“Todos nuestros hermanos de la comunidad que habían sido detenidos por la protesta, entre ellos una menor de 15 años, fueron liberados anoche de la comisaría 14 de Tilcara por orden de la Justicia”, dijo Vilma Duran, integrante de esa comunidad.
Los integrantes de la comunidad originaria informaron que en el transcurso de la mañana reanudarán la protesta sobre la ruta nacional 9, en el mismo lugar, para manifestar en contra de la megaminería y medidas judiciales que afectan a sus territorios.
Al mediodía, la policía había realizado el desalojo del corredor vial por una orden de la Justicia Federal, a la altura del paraje Huichaira, situado a unos 86 kilómetros al norte de la capital jujeña.
Durán denunció que “hubo una brutal represión que dejó varias personas heridas, entre ellas personas de avanzada edad que acompañaban la protesta en la ruta”.
Por su parte el gobierno de la provincia, a través de un comunicado, negó “terminantemente el uso de la violencia y represión en el despeje de ruta nacional 9 a la altura de Huichaira – Tilcara, ordenado por la Justicia Federal” y dijo que durante el operativo resultaron heridos tres efectivos, entre ellos una mujer policía.
Paquetá confirmó que levantará su fábrica en Chivilcoy
Cierra una planta de Adidas

A pesar de las masivas manifestaciones que realizaron los empleados para mantener en pie la planta, la empresa brasileña Paquetá, que produce zapatillas para Adidas, confirmó ayer el cierre de su planta de Chivilcoy. La compañía, máxima empleadora privada de la localidad de 60 mil habitantes, convirtió las más de 600 suspensiones ejecutadas en agosto en 397 despidos y rápidamente pidió a la Secretaría de Trabajo de María Eugenia Vidal que dictara una prórroga de la conciliación obligatoria para evitar nuevas medidas de fuerza de los trabajadores que quedaron activos.
La textil reforzó el plan de ajuste que había iniciado en agosto, cuando implementó suspensiones escalonadas del 65 por ciento del personal de la fábrica para restar un equivalente a un mes de producción, tiempo que los responsables administrativos de la empresa utilizaron para colocar parte del stock acumulado por la retracción del mercado interno. Como si eso no fuera suficiente, Paquetá confirmó ayer el despido de 397 trabajadores y adelantó que cerrará definitivamente la fábrica el 31 de diciembre, lo que deja en una situación delicada a los empleados que no fueron cesanteados.
Según circuló, del total de trabajadores, 178 personas ya aceptaron el retiro voluntario y 25 estarían interesadas en negociar una salida, pero los otros 397 operarios quieren que la firma consiga nuevos contratos y permanezca abierta. Mientras tanto, la empresa reclamó nuevamente la intervención de la Provincia para extender la conciliación obligatoria dictada el 14 de noviembre hasta el 28 de noviembre. El 28 habrá una nueva audiencia en la sede de la cartera laboral que conduce Marcelo Villegas, pero la compañía no está dispuesta a dar marcha atrás con su decisión porque no tiene mercado para colocar su producción.
La crisis en el sector textil, pero precisamente en las fábricas de calzado, se potencia por una pronunciada caída en las ventas, sumada a la apertura de importaciones. La contracción en el sector desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri alcanza el 30 por ciento y según los sindicatos se registraron en los últimos ocho meses más de 5 mil pérdidas de puestos laborales, según denunciaron desde los gremios textiles. En los últimos días, la crisis se reflejó en conflictos desatados en otras empresas de renombre en el sector: Dass, Gaelle y Alpargatas, con pérdidas de 2.100 fuentes laborales, de acuerdo con la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).
En Argentina, existen alrededor de 1.500 empresas dedicadas al calzado y emplean a unas 65.000 personas que atraviesan una crítica situación por la caída del consumo y la suba de importaciones. La crisis económica con caída de la demanda y el aumento de las importaciones de calzados viene golpeando desde hace tres años a las empresas industriales: en octubre, el sector fabril cayó 3,6 por ciento y terminará el año en recesión. Según un informe sectorial, la importación de calzados creció un 45 por ciento en los últimos dos años, pero el sector más afectado fue el deportivo, ya que el ingreso de productos terminados o semi- terminados desde Brasil aumentó un 116v por ciento en ese período.
Nivel de pobreza en Argentina: la Canasta Básica Total aumentó 7,5% en octubre
Nivel de pobreza en Argentina: la Canasta Básica Total aumentó 7,5% en octubre
La Canasta Básica Total, que define el nivel de pobreza, aumentó 7,5% en octubre, dos puntos por encima de la inflación, y alcanzó los $24.241,17, informó esta tarde el INDEC.
La Canasta Básica Alimentaria, que define el nivel de indigencia, subió 7,5% en la misma comparación, y alcanzó en octubre último un costo de $9.735,42 para una familia tipo.
Despidos, paro y conciliación obligatoria en la planta de cerámica Cerro Negro
El gremio confirmó la conciliación, tras una importante asamblea de trabajadores al enterarse de los 40 despidos. El viernes será la primera reunión. “Esperamos que se pueda destrabar el conflicto” dijo Pedro Garay, de Soeco.
Tras una importante asamblea realizada en la mañana de ayer en la planta de Cerro Negro y Losa para definir los pasos a seguir luego de conocerse el despido de 40 trabajadores de la empresa, desde la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia dictaron la conciliación obligatoria y todo se retrotrae a antes del conflicto.
Es decir, con los trabajadores reincorporados hasta tanto se defina su futuro. Así lo confirmó el secretario general de Soeco, Pedro Garay, al portal Infoeme. La primera reunión conciliadora será mañana al mediodía.
El último martes, de todas maneras, hubo una asamblea entre los integrantes del gremio y los empresarios, donde acordaron en primera instancia que los empleados que no pudieron trabajar dado que eran frenados en la puerta y notificados de su desvinculación, no habían recibido su telegrama de despido correspondiente, por lo cual hasta que se de esa situación podían seguir trabajando.
“Esperamos que se pueda destrabar el conflicto” dijo Pedro Garay, y señaló que además plantearán varias inquietudes vinculadas a la falta de trabajadores en algunos puestos estratégicos y otros reclamos del sector, además de insistir con la reincorporación definitiva de los 40 empleados.
La industria registró en octubre una caída del 3,6% y es la sexta baja consecutiva
La industria registró en octubre una caída del 3,6% y es la sexta baja consecutiva
La producción industrial registró en octubre una caída del 3,6% respecto de igual período de 2017.
Es la sexta baja consecutiva, y acumuló un retroceso del 1,9% en 2018, informó la fundación FIEL.
En el mes, 7 de 10 ramas de actividad mostraron una caída, destacándose el retroceso de la producción automotriz, metalmecánica, de minerales no metálicos y de químicos y plásticos, señala el estudio.
“Aún cuando en septiembre y octubre la contracción de la actividad ajustada por estacionalidad se ha moderado respecto de lo registrado en meses previos, no se observan señales de una reversión de la fase en los próximos meses”, estimó la consultora.
“Las restantes ramas de actividad muestran una caída más profunda que el promedio de la industria, comenzando por el procesamiento de petróleo (5,5%), la producción de insumos químicos y plásticos (5,9%) y el complejo metalmecánico que acumula una caída del 8%”, indica el documento.
La consultora advirtió que “la industria volvió a mostrar en octubre un retroceso. La refinación de petróleo ha contenido una mayor caída en el mes. La producción ajustada por estacionalidad ha desacelerado su ritmo de caída, al tiempo que se observó un freno a la difusión sectorial de la caída de actividad”.
Alertó que “la industria continúa transitando una fase recesiva”.
Peligran 500 empleos en el departamento Caseros, Santa Fe, y la UOM advierte: “Esto es similar a la crisis de 2001”
Es el 40 por ciento del total de empleos metalúrgicos que hay en la jurisdicción. Ahora están bajo régimen de suspensiones o reducciones de jornada. La UOM Casilda que es una situación “similar a la crisis de 2001”
La UOM de Casilda advirtió sobre la grave crisis que atraviesan las empresas del departamento Caseros. Hay 500 trabajadores que ven amenazados sus puestos laborales sobre un total de 1.200. Casi la mitad de los empleados sufre suspensiones y reducciones de las jornadas laborales.
Casilda es la principal localidad afectada debido a que la empresa Gherardi, la mayor de la zona y que se dedica al rubro máquinas agrícolas y herramientas manuales, redujo la producción a tres días por semana y tiene a 300 empleados en vilo. La compañía terceriza varios servicios, lo que complica a otras pymes.
“El gobierno nacional no pone la mira en las tarifazos. Además, la falta de crédito competitivo y los elevados costos y la falta de ventas en el mercado interno desembocan en esta situación”, explicó Juan Storlini, de la UOM Casilda, al portal El Ciudadano.
Casilda no es la única localidad complicada en el departamento de Caseros. Plantas de silos, una fábrica de engranaje en Los Molinos, plataforma de cosechadoras en Arequito y de caños de escape en San José de la Esquina redujeron su actividad por los mismos motivos y con ello pusieron en entredicho la continuidad laboral de otros 200 empleados.
“Esto es similar a la crisis de 2001, pero cuando hablamos con los empresarios lo pintan peor porque dicen que están acorralados y sin salida. Además, es imposible competir con las exportaciones”, sostuvo el dirigente de la UOM.
La crisis también produce daños colaterales porque el gremio cuenta con un hospital propio en Casilda que deben mantener a diario pese a las bajas en los aportes. “Muchas veces los empresarios que están atravesando la crisis lo primero que dejan de pagar es la cuota sindical, y eso repercute en nuestras instalaciones”, apuntó Storlini.
En las últimas horas hubo una reunión de gremios con el ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, para exponer la situación del sector y tratar de gestionar Programas de Recuperación Productiva (Repro), que entrega el gobierno nacional a empresas que demuestren estar en crisis.
“Hoy la prioridad es mantener los puestos de trabajo, pero en este 2018 se perdió un 25 por ciento el poder adquisitivo. El mes que viene debe hacerse una revisión de los haberes, pero la situación es compleja”, recordó.
Infelices fiestas: los productos navideños subieron hasta el 69 por ciento
Será un fin de años de fiestas más flacas de lo habitual en las mesas argentinas.La inflación, el desempleo y la devaluación son un cóctel que en este 2018 incrementó la pobreza y la situación en los hogares registra una fuerte depresión de la economía familiar. Los productos navideños, en este marco, no son la excepción.
Según un relevamiento de la ONG Consumidores Libres, el promedio de productos de la canasta navideña (pan dulce, pollo, sidra, turrones y almendras) aumentó 29,5% respecto de hace un año.
En algunos casos, incluso, las subas registraron hasta el 69 por ciento. Asimismo, las canastas de algunos grandes supermercados subieron hasta 53 puntos porcentuales.
En general, la evolución de los precios de los 24 productos que componen lacanasta navideña es por debajo de la suba acumulada de los precios generales (39,5%) y bastante más abajo de la inflación que se presume para el total del año, que rondaría entre el 45 y el 50 por ciento.
Entre los productos que más subieron se destacan el atún en aceite (69%), las bananas (66,67%) y el kilo de pollo (57,89%). Para poder comprar el total de los productos, desde Consumidores Libres estiman que se debería desembolsar un monto importante: 2.561 pesos.
En tanto, el pan dulce subió en promedio el 21,36 por ciento aunque algunas marcas lo catapultaron hasta el 55,83%.
El presidente de Aerolíneas Argentinas embarró la cancha, metió a Moyano y Baradel en el conflicto y dijo que la empresa está “virtualmente quebrada”
Luis Malvido dijo que el conflicto con los sindicatos “se ha transformado en una cuestión política” y apuntó contra dos de los enemigos favoritos del Gobierno: Moyano y Baradel. “Es una empresa que está virtualmente quebrada”, advirtió.
EL presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, cruzó a los trabajadores aeronáuticos que ayer anunciaron un paro de 24 horas el próximo lunes en reclamo de la cláusula gatillo, despidos y las suspensiones que las autoridades de la compañía aplicó sobre 376 trabajadores por la protesta del 8 de noviembre.
“Es una empresa que está virtualmente quebrada, para pagar salarios mes a mes tenemos que pedir dinero al Estado porque hoy la situación de la compañía no permite que podamos pagar sueldos con nuestros propios recursos”, alertó el funcionario con clara intención de meter miedo.
“Es evidente que el paro está atado con la movilización de transporte. No es casual. Se ha transformado en una cuestión política en donde líderes sindicales muy importantes como (Hugo) Moyano o (Roberto) Baradel salen con carteles de ‘defendamos a Aerolíneas’, cuando lo que hacen es arruinar el prestigio que tanto cuesta construir”, advirtió Malvido.
A su criterio, “acá hay un grupo de personas que termina afectando a millones de pasajeros. La semana pasada fueron 30 mil, pero además tienen de rehenes a empleados, a quienes no les permiten trabajar y hacer lo que les gusta hacer, que es atender a nuestros usuarios”.
Según el jefe de Aerolíneas, “no perdemos dinero porque los pasajeros terminan volando. El gran daño es a la imagen, un daño al prestigio, un daño a la confianza que tienen los argentinos en su aerolínea de bandera, que hace que seguramente esos 30 mil pasajeros que dejamos en tierra hayan decidido no volver a volar con nosotros. Me cuesta asimilar que esto se hace además teniendo de rehenes a nuestros empleados”.
Con relación a la suspensión de 376 trabajadores por la medida de fuerza que realizaron los aeronavegantes la semana pasada, Malvido explicó: “fue una decisión que tiene que ver con el caos que generaron con las asambleas. Lo que hicimos fue, en función de la afectación directa que tuvieron sobre los pasajeros, aplicar las sanciones que corresponden”.
“Casi ninguna de las 12.000 personas que forman Aerolíneas Argentinas trabajaron ese día. Nosotros intentamos constatar quiénes son los que ese día se negaron a trabajar y por eso llegamos a este número tan bajo de sancionados, respecto a la proporción total de empleados de la empresa”, aclaró, en declaraciones a radio Mitre.
Además, dijo que con los salarios “hay una diferencia respecto de esa cláusula. Nosotros sostenemos que no incluye la inflación de septiembre y por tanto el último mes que incluyó gatillo fue septiembre pagado”.
“Ellos creen que la inflación de septiembre debería haber sido recogida en octubre, un mes posterior al cierre de las paritarias. Nosotros no decimos que no existió esa inflación, decimos que es parte de la paritaria siguiente y hay que sentarse a negociar ese 6,5%. De ninguna manera nos negamos a reconocer que hay un reclamo, lo que creemos es que es parte de la negociación”, enfatizó.
En ese sentido, resaltó que “los empleados tuvieron un 34% de aumento salarial en lo que va del año hasta septiembre”.
SALUD
“En vez de jugar a la timba financiera, que el Gobierno apueste a la Salud”
En su día, los enfermeros y enfermeras salen a la calle contra la reforma del gobierno porteño que los desconoce como profesionales. El Centro Gallego como caso testigo del vaciamiento patronal, la connivencia de la burocracia sindical y la resistencia organizada de sus trabajadores.
Redacción Canal Abierto | La bronca de enfermeros y enfermeras se hizo escuchar en el centro porteño este 21 de noviembre, casualmente en el Día de la Enfermería. Es que, al desfinanciamiento de la Salud de los últimos años –según el Presupuesto recientemente aprobado, continuará en 2019 -, se sumó la reforma impulsada por el Gobierno porteño que desconoce a los técnicos en enfermería como profesionales y los considera personal administrativo.
La avanzada sobre la salud pública tiene tantos frentes como voluntades de defenderla. Otro de ellos salió a la luz pocos meses atrás cuando -sin debate, sin presupuesto y sin certezas sobre el destino de los trabajadores de los hospitales monovalentes de la Ciudad- el Jefe de Gobierno saltó la aprobación de la Legislatura porteña e impuso el cierre de cinco hospitales para la creación del Complejo Hospitalario Sur.
En este acuciante contexto es que los trabajadores de la Salud movilizan este 21 de noviembre de Congreso a Plaza de Mayo, en el marco de un paro nacional del sector convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Centro Gallego de Buenos Aires, un caso testigo
El Centro fue intervenido en 2012 y, actualmente, quienes están a cargo manifestaron la intención de vender el hospital para –dicen- poder resolver las cuestiones económicas y laborales que enfrentan. En el último tiempo incluso trascendió como potencial comprador el grupo Ribera Salud (actual administrador de la Fundación Favaloro).
En este marco, la actual intervención, encabezada por Martín Moyano Barros, adeuda salarios, aguinaldos, y redujo a la mitad el plantel de empleados. Es más, cuando se reactivó la institución, la planta de trabajadores alcanzaba los 1500 puestos y había una capacidad operativa para atender 350 camas. Hoy son 600 empleados y tan sólo 20 camas funcionando.
“Estamos viviendo un vaciamiento feroz con 4 de 5 pisos cerrados con candado, una guardia precaria que no sirve para tender a los socios, a quienes terminan derivando”, explica Yolanda Guitian, enfermera con más de 25 años de servicio en el Centro Gallego y referente del Sindicato de Salud Privada de la CTA Autónoma (CTA-A). “Los trabajadores y los socios entendemos que la venta no garantiza los puestos laborales ni el funcionamiento correcto”.
Lo paradójico es que este afán privatizador no sólo cuenta con el aval de la intervención y autoridades del Ministerio de Trabajo. Los trabajadores denuncian que el propio Héctor Daer, titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) respaldaría el vaciamiento que impulsa la patronal.´
Como pudo comprobar el equipo de Canal Abierto durante la cobertura de una manifestación el pasado 14 de noviembre, los delegados de ATSA amedrentan a enfermeros y enfermeras despedidos y a aquellos que se organizan en el nuevo Sindicato de la Salud de la CTA-A. Daer y sus delegados también hicieron la vista gorda con los recientes despidos de Marcelina Colque Silisque, Graciela Gómez, Valentinca Copaico y Julia Jaldin, candidatas a delegadas en las elecciones del 22 de noviembre que llevará adelante el gremio de la Central que encabezan Ricardo Peidro y Hugo Godoy.
“Es increíble que trabajadores estén cobrando mil pesos por semana, y que Daer no esté haciendo nada al respecto. Mas grave aún es que a partir de un elevamiento que hicimos, no es el único caso de entrega”, reflexiona Hebe Nelli, Secretaria Gremial de la CTA-A Capital. “Improvisados no son, lo que nos hace pensar que representan otros intereses”.
Trabajadores del Astillero Río Santiago marcharon a la legislatura bonaerense
Exigieron un aumento del 40% y denunciaron que el Presupuesto 2019 desfinancia la empresa estatal en un 50%.
Los trabajadores del Astillero Río Santiago marcharon esta mañana hacia la Legislatura bonaerense, en La Plata, junto a ATE Ensenada y ATE Provincia de Buenos Aires, en reclamo de un aumento salarial del 40% y para pedirles a los legisladores que trabajen para que la partida destinada al sector en el presupuesto 2019 “sea mayor”.
La movilización fue para “rechazar la suma fija de 6700 que se nos ofreció y pedir en cambio un aumento del 40% que se incorpore al básico, dejando la paritaria abierta en diciembre”, consignó Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada.
Además, indicó: “La Legislatura está analizando el proyecto de Presupuesto para el año que viene y, en ese marco, queremos que los diputados y senadores trabajen para que las partidas para el Astillero se amplíen y así se nos garantice la estabilidad laboral de los 3151 trabajadores”.
“La gobernadora María Eugenia Vidal dijo que no habrá cierre, privatización ni despidos. Pero nos genera incertidumbre el ver que no se reactiva la producción”, analizó el dirigente gremial y remarcó que “necesitamos que en 2019 se cubran las necesidades de la producción, para ello debe haber inversión”.
Al respecto, Oscar De Isasi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires detalló: “Venimos con voluntad de diálogo a reunirnos con todos los bloques para decirles que el ante-proyecto de Presupuesto 2019, en lo que respecta al ARS, es absolutamente insuficiente y es de ajuste. Contempla una reducción del 12% en relación al Presupuesto 2018, y si a esto le sumamos la proyección inflacionaria del propio FMI, que es el principal socio del Gobierno, veoms que el Astillero se desfinancia en alrededor del 50%”.
“Con esos números el Astillero estaría virtualmente paralizado y las fuentes laborales estarían en riesgo”, subrayó el dirigente, y concluyó: “Reactivar el Astillero Naval Río Santiago significa generar recursos para la provincia”.
Venezuela
Una delegación de Venezuela, integrada por representantes de PDVSA, diputados de la Asamblea Nacional constituyentes y representantes de la embajada visitó días atrás nuestra sede gremial y el Astillero Río Santiago.
Los compañeros del hermano país bolivariano recorrieron el buque Eva Perón pudiendo ver el avance de obra y los pocos trabajos que faltan para su finalización.
Además se llevaron el compromiso de los trabajadores del Astillero por terminar tanto la construcción 79 como la 80 y van realizar las gestiones necesarias para llegar a un acuerdo que permita concluir con ambos buques.
En ese marco les dejamos claro que esta comisión administrativa asume el compromiso votado por la última asamblea general que es la entrega del buque EVA PERON.
“Tucho” Fernández
El nuevo Arzobispo de La Plata, “Tucho Fernández”, es el padrino del astillero y entre otras actividades presidió una misa por San Cayetano desarrollada en la fábrica. También estuvo involucrado y participó como mediador en la toma pacífica en el Ministerio de Economía.
“Les pido a Dios que ilumine a los gobernantes para que este lugar tenga actividad”, dijo el prelado al darle su bendición a la empresa naval de la Provincia.
“Si no pueden hacer barcos para la defensa o para la industria mercante, pueden hacer puentes, pueden hacer de todo. Ellos quieren participar de la obra pública”, consideró.
Prensa ATE / Prensa ATE Ensenada
ATE logró el pase a planta permanente de 2800 trabajadores
El acuerdo fue logrado en una reunión con Weretilneck y alcanza a contratados de ministerios y organismos dependientes del Ejecutivo.
El acuerdo logrado en la reunión con el gobernador Alberto Weretilneck y parte del gabinete comprenderá a los agentes contratados en todos los ministerios y organismos dependientes del Ejecutivo, órganos de control interno y entes autárquicos o descentralizados que ingresen a prestar servicios, incluso, hasta el 31 de diciembre de 2018.
“Estamos frente a uno de los mayores logros del año. El acumulado de lucha es tanto que nos ha permitido en la provincia lograr el más alto nivel de estabilidad en el empleo público de las últimas décadas”, expresó el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar.
“Este 2018 quedará grabado en nuestras memorias como uno de los períodos de mayor avance en materia de derechos laborales. Nos está pasando lo mejor que le puede ocurrir a un dirigente sindical o político y es sentir que nuestro trabajo y esfuerzo logra cambiarle de verdad la vida a miles de familias”, agregó.
Aguiar estuvo acompañado de los secretarios generales de todas las seccionales de la provincia, en tanto que por el Gobierno estuvieron presentes los ministros Luis Di Giácomo (Gobierno), Fabián Zgaib (Salud), Agustín Domingo (Economía) y Mónica Silva (Educación), junto a los secretarios Lucas Pica (Trabajo), Isabel Tipping (Función Pública), Roxana Méndez (SENAF) y el presidente del Ipross, Claudio Di Tella, entre otros.
El acta rubricada entre las partes estipula que la instrumentación del proceso de regularización del personal contratado con tareas permanentes o prestación de medios se llevará a cabo mediante una ley cuyo proyecto será remitido a la Legislatura provincial para su tratamiento, estimándose que los respectivos exámenes puedan comenzar a rendirse ya en el primer trimestre del año próximo.
Durante el encuentro con el gobierno, ATE se focalizó en las demandas salariales. Si bien no se alcanzaron definiciones, se inició el debate sobre el blanqueo de la última suma de $3500 de aumento y el monto final que tendrá el “bono” o “plus salarial de fin de año” que, por primera vez, percibirán todos los estatales rionegrinos.
El sindicato también planteó diversos temas que se encontraban en agenda, como la falta del personal de servicio de apoyo (PSA) necesario en las escuelas para la implementación del nuevo Manual de Misiones y Funciones de porteros, la deuda millonaria que acumula el IPROSS con los hospitales y el estado de la cobertura médica y social que debe garantizar la obra social, las problemáticas que atraviesa la gestión del FOS, Ley de Choferes y la jerarquización de los empleados de la SENAF, Desarrollo Social y otras áreas de la administración.
Prensa ATE Río Negro
Envío:ResumenLatinoamericano



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