Basta de muertes en los yacimientos mineros
Por PSTU
Una vez más las familias mineras de las provincia nos encontramos consternados por la muerte de otro compañero de trabajo. Una vez más, nos invade la bronca por la impotencia de saber lo poco que vale la vida para estas multinacionales que se llevan el oro y plata de nuestras tierras dejando muy poco para nuestro país. Porque detrás de su afán de ganancias subestiman los protocolos de seguridad y queda al descubierto la falta de inversión en esta materia como también la ausencia del control por parte del gobierno provincial donde se pone en juego nada más y nada menos que la vida de los trabajadores mineros.
La empresa TRITON (Panamerican Silver) quienes en el año 2015 fueron responsables de la muerte de 2 jóvenes mineros (Bernard Heinze – Mauro Baez) cuando el camión que conducían se quedo sin frenos y en octubre del 2018 comunicaron otro accidente gravísimo donde un joven minero( Matias Castro) perdió un brazo ; hoy lamentablemente incorpora a su historia al tercer joven minero fallecido por el derrumbe de una galería subterránea.
La empresa y el sindicato AOMA en todos estos casos se comprometieron a trabajar para garantizar la seguridad en este Yacimiento pero nada de esto ocurrió y hoy los resultados están a la vista.
Las empresas que todo el tiempo viven “abaratando costos” optimizando los tiempos de producción, utilizando herramientas obsoletas, maquinarias envejecidas y que no incorporan tecnología de punta, depositan la responsabilidad pura y exclusivamente en los operarios, quienes muchas veces no reciben las capacitaciones correspondientes para poder trabajar seguros. Y así cada vez que hay un accidente siempre los responsables son los obreros que muchas veces no pueden defenderse.
Las empresas que todo el tiempo viven “abaratando costos” optimizando los tiempos de producción, utilizando herramientas obsoletas, maquinarias envejecidas y que no incorporan tecnología de punta, depositan la responsabilidad pura y exclusivamente en los operarios, quienes muchas veces no reciben las capacitaciones correspondientes para poder trabajar seguros. Y así cada vez que hay un accidente siempre los responsables son los obreros que muchas veces no pueden defenderse.
La falta de control y la falta de personal calificado para poder controlar la seguridad de las mineras por parte del gobierno provincial hace que los yacimientos sean zonas liberadas donde la seguridad para los obreros solo queda en los slogans de propaganda.
Los mineros del PSTU nos solidarizamos con la Familia de Carlos Peralta y los trabajadores de la empresa TRITON en este duro momento, pero también no nos callamos y reclamamos:
CONTROL POR PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS CON PERSONAL
CONTROL POR PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS CON PERSONAL
CALIFICADO EN MINERIA.
COMISIONES DE TRABAJADORES EXPERIMNATADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEA CON TUTELA GREMIAL PARA INSPECCIONES PERMANENTES.
MÁS INVERSION EN TECNOLGIA DE PUNTA PARA CONTROL GEOMECANICO DE GALERIAS.
MÁS MAQUINARIA REMOTA Y DE TOJEOS.
QUE ABRAN LOS LIBROS SI DICEN QUE NO HAY PRESUPUESTO, SINO QUE SE VAYAN Y SE ESTATICE EL PROYECTO CON CONTROL DE LOS TRABAJADORS.
MINEROS DEL PSTU
Partido Socialista de los trabajadores Unificados
COMISIONES DE TRABAJADORES EXPERIMNATADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEA CON TUTELA GREMIAL PARA INSPECCIONES PERMANENTES.
MÁS INVERSION EN TECNOLGIA DE PUNTA PARA CONTROL GEOMECANICO DE GALERIAS.
MÁS MAQUINARIA REMOTA Y DE TOJEOS.
QUE ABRAN LOS LIBROS SI DICEN QUE NO HAY PRESUPUESTO, SINO QUE SE VAYAN Y SE ESTATICE EL PROYECTO CON CONTROL DE LOS TRABAJADORS.
MINEROS DEL PSTU
Partido Socialista de los trabajadores Unificados
Exoneraron a dos docentes de la Universidad de Río Negro por ocupación de 2018
Este lunes el rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Juan Carlos Del Bello, confirmó que las docentes involucradas en la toma del vicerrectorado de Roca, a mediados del año pasado, fueron exoneradas. También fue sancionado un grupo de once estudiantes que fue parte de la ocupación, que concluyó con un violento desalojo por la fuerza pública.
El rector dio a conocer las sanciones administrativas que se aplicarán contra las docentes Virginia y Victoria Naffa, que fueron exoneradas de sus cargos, la pena máxima prevista dentro de la institución educativa. Las hermanas podrán presentar una apelación ante el Consejo de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad.
Los once estudiantes que acompañaron la ocupación del edificio ubicado en Belgrano e Isidro Lobos, de la ciudad de Roca, fueron suspendidos por 5 años para cursar en la universidad, mientras continúa vigente una perimetral que no les permite acercarse a la sede académica.
La ocupación del Vicerectorado de la UNRN comenzó el 12 de septiembre de 2018 en apoyo al reclamo salarial docente, además de la exigencia de un aumento del presupuesto universitario y una serie de reivindicaciones locales. El objetivo era una toma por apenas 24 horas, pero ante la inmediata decisión de las autoridades universitarias de radicar una denuncia por “usurpación” contra las docentes el proceso se fue extendiendo, en reclamo contra las posibles sanciones, llegando a sostenerse casi 70 días.
En el proceso de incorporaron los reclamos por la “democratización” de los estados contables de la universidad, además de exigir informes sobre un convenio firmado con un privado que donó un inmueble para la construcción del asentamiento en Cipolletti.
La sede del vicerrectorado es en la llamada “La Casona”, una propiedad privada que la UNRN alquila y está declarada como Patrimonio Histórico y Cultural de los roquenses. Desde allí se coordinan las actividades de las seis locaciones universitarias (Choele Choel, Villa Regina, General Roca, Allen y Cipolletti) y las 22 carreras.
Desde la Asamblea Interclaustro de la Universidad Nacional de Río Negro en Lucha consideraron que con estas sanciones se “avanza con la criminalización de la protesta social” y volvieron a criticar el ingreso ilegal de Gendarmería Nacional a la casa de estudios.
Con Cambiemos, el Salario Mínimo perdió la mitad de su valor en dólares
Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav), el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) medido en dólares de nuestro país pasó a ubicarse como uno de los más bajos de la región, cayendo 52% desde 2015 (de 580 a 279 dólares mensuales).
La dinámica impuesta por el gobierno de Mauricio Macri va a contramano de la general de la región, donde los salarios en dólares crecieron durante los últimos años: en Bolivia un 28%, en Chile 27%, en Uruguay 26%, en México y Brasil 24%, en Perú 23%, en Colombia 16%, en Ecuador 11% y en Paraguay 4%. Los únicos países con retrocesos fueron Argentina y Venezuela.
El informe de la Undav detalla: “El país ya perdió 6 posiciones en el ranking regional de salarios mínimos en dólares. En los últimos tres años, pasó de la primera a la séptima posición”. Como principal causa para este proceso se señala a la devaluación sufrida por la moneda nacional desde abril del año pasado, lo que implicó una apreciación del tipo de cambio de casi 90% entre marzo de 2018 y el mismo mes de este año, cinámica que no se registró en ningún otro país de la región, salvo Venezuela. Desde la asunción de Cambiemos, el dólar acumuló un alza del 374% contra una suba nominal del piso salarial de sólo 123% (de $5.588 a $12.500).
“Ante ingresos de los hogares que van quedando sistemáticamente por debajo de la inflación y de la escalada del dólar, se profundiza la recesión por la caída de la demanda interna y de las ventas de las empresas en el mercado doméstico”, explica el estudio. Y añade: “El modelo económico y la volatilidad macro se convierten en el fundamento principal de la retracción en los salarios”.
Como ejemplo de la pérdida severa de poder adquisitivo, la Undav calculó que en 2015 se podían comprar 10,2 canastas básicas de alimentos con un salario mínimo, mientras que hoy apenas se alcanza a 8,7. Pero además, según recientes datos del Indec, el 40% de la población ni siquiera llega a cobrar un Salario Mínimo. El deterioro de los ingresos es tan grave que una familia que reciba dos SMVM no alcanza a cubrir el valor de la canasta básica total, estimada en 29.493 pesos para el mes de abril.
“El abrupto salto en el tipo de cambio del año pasado fue consecuencia directa del modelo económico. La apertura comercial irrestricta, la liberalización de la cuenta de capitales y un proceso de recomposición desmedido en el cuadro tarifario de servicios públicos signan la mayor fuente de volatilidad nominal de los últimos años”, agrega el informe de la Undav. Y concluye evaluando que, más allá de la relativa tranquilidad económica de los últimos meses, las tensiones siguen latentes: “Transcurrida casi la mitad del 2019, y luego de un período de relativa estabilidad cambiaria tras la brutal devaluación de 2018, las tensiones no parecen haberse resuelto de forma definitiva, dada la cercanía del escenario electoral nacional”.
Se presentó la encuesta «Situación laboral y violencia machista de trabajadoras de la comunicación»
Desde la Colectiva de Trabajadoras de la Comunicación La Plata, Berisso y Ensenada presentaron en el día de les y las periodistas los resultados de la encuesta en la puerta de Radio Provincia, calle 11 esquina 53. El informe indica que «el 77,5% de les y las encuestadas tenemos más de un trabajo. El 80% vivimos situaciones de violencia. El 63,5% trabajamos entre entre 7 y 10 horas por día. Casi el 20% cobra menos de 10 mil pesos por mes. No hay trans ni travestis en los medios de la región». Por Radionauta.
¿Existe un techo de cristal en el periodismo? ¿Hay machismo en los lugares de trabajo? ¿Se aborda la violencia de género en los medios? ¿Cuáles son los puntos débiles de la relación entre periodismo y género? ¿Cómo nos organizamos?
Fueron algunos de los interrogantes que plantearon colectivamente.
Rodriguez Larreta inauguró un Mc Donal’s en la Villa 31
Por ANRed
Ayer, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta participó de la inauguración de un proyecto de instalación de un local comidas rápidas de la multinacional Mc Donal’s, en el Barrio Padre Mugica (Ex Villa 31). En su cuenta de Twitter aseguró que éste proyecto siginifica empleo para los jóvenes del barrio y una mayor integración para el mismo. Comparó al Mc Donals con escuelas, centros de salud y plazas. Mientras tanto un sector de los habitantes de la Villa 31 viven en la incertidumbre ante las inminentes relocalizaciones.
Ayer, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta participó de la inauguración de un proyecto de instalación de un local de comidas rápidas de la multinacional Mc Donal’s, en el Barrio Padre Mugica (Ex Villa 31).
E su cuenta de Twitter publicó «Anunciamos la construcción del primer local de McDonald’s en el Barrio 31. Un proyecto que significa más oportunidades para los jóvenes que están buscando laburo y un paso más en la integración del Barrio: ahora hay escuelas, centros de salud y plazas. Esto es el cambio.»
Horacio Rodríguez Larreta
@horaciorlarreta
Anunciamos la construcción del primer local de McDonald’s en el Barrio 31. Un proyecto que significa más oportunidades para los jóvenes que están buscando laburo y un paso más en la integración del Barrio: ahora hay escuelas, centros de salud y plazas. Esto es el cambio.
En mayo del 2016 el Gobierno había firmado un acuerdo con la multinacional de comidas rápidas. La medida en ese entonces fue tomada por el Ministro de Trabajo Jorge Triaca, con el objetivo de beneficiar a jóvenes entre 18 y 23 años. El documento afirma: «Este acuerdo establece la capacitación laboral de hasta 5000 mujeres y hombres de entre 18 y 23 años pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social, a través de un esfuerzo compartido entre la Nación y la empresa».
El emprendimiento se realiza en un contexto de descontento e incertidumbre de una parte de los vecinos del Barrio 31 que esperan la inminente relocalización. Aún no saben el valor de las viviendas que les adjudicarán ni las cuotas que deberán pagar. Y denuncian que esas casas aún no cuentan con accesos para ambulancias, ni asfalto, ni veredas.
Según los habitantes del barrio, los planes de urbanización del macrismo tienen un fuerte carácter expulsivo.
Finalmente las obras preliminares comenzaron ayer, con la presencia de Rodríguez Larreta, quien junto al Presidente Ejecutivo de Arcos Dorados, Woods Staton, colocaron los dos primeros ladrillos de la futura edificación. El inicio definitivo de la construcción tendrá lugar en los próximos días y estará emplazado en la calle Rodolfo Walsh entre Gendarmería Nacional y Perette.
“Yo me siento muy chica para ser peligrosa para las grandes corporaciones”
Dice Estela Lemes cuando la entrevistan y ríe, pero su lucha es inmensa. Maestra rural de Entre Ríos en la escuela 66, lucha por sus alumnitos y alumnitas mientras sobrevive a una enfermedad detectada en 2014 causada por las fumigaciones con agrotóxicos que denuncia desde 2008. En esta nota publicada en Agencia Pelota de Trapo conocemos la fuerza que movió a Ana Zabaloy y mueve a Estela y a todos y todas las Docentes Por la Vida contra el sistema productivo basado en venenos y transgénicos. Por Silvana Melo.
Andan, hacen discursos y sonríen los exterminadores de escuelas rurales en Entre Ríos. Gobiernan, lideran pooles de siembra, usan billeteras de la Sociedad Rural, son ministros de Educación. Piden pruebas de que las fumigaciones sobre las escuelas enferman. Gravemente. Entonces llega Estela Lemes. Se les para delante y les dice: “Aquí está la prueba, mide 1,70”. La prueba del clorpirifós en su sangre, desde las fumigaciones de 2010 a 2014 sobre la escuelita 66 Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, es su polineuropatía. Por eso el poder ruralista se para en el fondo de cualquier salón cuando ella va a dar una charla. Cuando los ingenieros agrónomos actúan como efectores de la salud. Y los niños sobran en esta parte del mundo.
Estela es más que la directora de la 66. “No es del Estado, es mía”, dice y sonríe. Porque vivió en la escuela hasta 2014, porque cuando llegó no había piso ni luz ni cielo raso ni comedor ni ventanas nuevas ni internet. Y a los tres años sí había. Ella transformó el mundo desde su pedacito de cielo, en una parcela solitaria, rodeada de soja y maíz. Hasta el ataque feroz de 2012, cuando el avión no dejó de llover hasta que se vació. A pesar de los llamados, de las denuncias, de los guardapolvos flameando hacia arriba pidiendo basta.
Estela Lemes nació en Ceibas, departamento de Ibicuy. Su mamá era la cocinera de la escuela. Su papá, el policía del pueblo. A los 11 terminó séptimo y fue maestra suplente de un curso de pibes de seis. Un inspector llegó un día con una beca del Rotary “para que me fuera a estudiar el secundario nacional que terminaba con el título docente. Pero mi mamá no me dejó ir”. Volvió la maestra y Estela fue otra vez la chiquita de 11. Su madre dejó la escuela para ser cocinera en una estancia. Y ella se casó a los 14, con su periplo de premuras encendido. “A los 15 fui mamá y después tuve 6 más”, dice todavía con el guardapolvos puesto, en la sede de AGMER Gualeguaychú.
“En 2012 fue la fumigación muy grande pero ya veníamos padeciendo desde 2008 y 2009. En 2009 me fumigaron el asado que estábamos comiendo en el día de la madre. La casa está en el patio, detrás de la escuela. No se pudo comer la carne. Eso fue con un mosquito. La primera denuncia la hice en 2010. Pero me la tomaron como una exposición porque no era en horario de clases. Pero yo vivía ahí. Y mis alumnos también. Fue con una avioneta que fumigaba el campo de enfrente, pero daba la vuelta por arriba de la escuela y el chorro caía. Dicen que cierran la llave pero sabemos que no es así. Hay un video que filmé con un teléfono y lo mandé a la secretaría de Producción de la provincia pero nunca supe qué pasó con ese video. En el 2011 fumigaron de nuevo. Y ya en el 2012, fue la grande. Hice la denuncia porque estaban los niños en la escuela”.
Esa tarde de setiembre de 2012 era la hora del recreo. Estela vio el mosquito que giraba por el campo y sintió venir la deriva húmeda del veneno. Llevó a los chicos adentro y empezó a llamar a las madres. “Eran diez de los trece alumnos que tenía en ese turno. Les pedí que se los llevaran y llamé a una radio para relatar lo que estaba pasando”. Estela llamó a la policía: estaban todos en el alambrado, pidiéndoles que pararan, alzando los guardapolvos, haciendo señas desesperadas. Pero “hasta que no terminó de lanzar la última gota, no paró”.
Esa tarde de setiembre de 2012 era la hora del recreo. Estela vio el mosquito que giraba por el campo y sintió venir la deriva húmeda del veneno. Llevó a los chicos adentro y empezó a llamar a las madres. “Eran diez de los trece alumnos que tenía en ese turno. Les pedí que se los llevaran y llamé a una radio para relatar lo que estaba pasando”. Estela llamó a la policía: estaban todos en el alambrado, pidiéndoles que pararan, alzando los guardapolvos, haciendo señas desesperadas. Pero “hasta que no terminó de lanzar la última gota, no paró”.
Sin embargo para los chicos esa lluvia rara y ese avión lanzando una nube “era natural porque viven en el campo, sus papás trabajaban en la estancia donde se fumigaba”. Pero si es el remedio de las plantas, seño, le decían. “A la noche una de las mamás me llamó porque el nene había tenido vómitos, le picaban los ojos y la nariz y le dije que lo llevara al médico”. Vivían a 20 km de la escuela. Era imposible llegar a un médico o a un centro de salud. Y tenían miedo de quedarse sin trabajo. “Porque el papá era aplicador de una estancia grande, de miles de hectáreas” y “yo no puedo juzgarlos porque es el trabajo que les da de comer a los chicos”.
El aplicador, el eslabón más débil de un sistema insaciable, dijo que no sabía que había una escuela –aunque haya un cartel, aunque la escuela sea la referencia de todos los caminos-, ni tenía la máquina ni la conciencia en condiciones. Entonces ahí fue Estela Lemes a fiscalía con la denuncia. Esperó a la policía federal de Delitos Ambientales, que llegaron, hablaron, dijeron que habían hecho análisis –ella no los vio nunca- y que todo había dado negativo. El juez cerró la causa por falta de pruebas. Y aquí no ha pasado nada. Salvo el glifosato y el clorpirifós que atravesaron a la directora de la 66. El último todavía en su sangre, autor indiscutido de una polineuropatía degenerativa que le modificó la vida para mal.
“En febrero del año siguiente volvieron. Y otra vez hice la denuncia. Nadie le dio importancia. Hay un puesto policial en mi zona. Si ven pasar un mosquito, no les cuesta nada pararlo, preguntarle adónde va, controlar… Entonces se puede saber si va a afectar a un poblado… no hablemos sólo de las escuelas. Los gurises viven en el campo. La gente de los alrededores llegó a decir que para qué denunciábamos, que para qué había una escuela en el medio del campo. Pero a ellos no les importa porque sus hijos estudian en la ciudad, se van a Buenos Aires”.
Ella no se fue nunca, como piden que se vaya el maestrerío, la gurisada, las casitas escuela que asoman entre los sembrados, ese brote de futuro que resiste como la maleza. O la bieneza, cuando se para frente a los tanques sistémicos. Ella y la 66 se quedaron y esa lucha pudo que en los campos linderos ya no se siembre. “Ahora se dedican a la ganadería. Ya no vemos mosquitos alrededor. ¿Pero y todo lo demás?”.
En 2014 supo de su enfermedad. “Empecé con algunos dolores musculares. Pensé estoy pre menopáusica. No le di importancia. Cuando me ofrecen hacerme el análisis, me di cuenta de que no iba a ser fácil. Empecé a deambular y el único que me firmó que lo mío era por los agroquímicos fue el doctor Sanfilippo, que está haciendo una investigación en una clínica en Gualeguay”.
Ahora está claro por qué se enfermaban los niños de la vecindad de la escuela. Una de sus alumnas tuvo “un principio de cáncer”. Otro de los chicos “tiene el brazo más cortito y el papá era aplicador”; para ellos “nació así”. Ha visto “abortos espontáneos, niños con malformaciones que no nacían” y ella seguía luchando sin muchas más herramientas que la palabra y su cuerpo como testimonio. Cuando la Sociedad Rural hace de público hostil en sus charlas sabe que ése es el camino. “Yo me siento muy chica para ser peligrosa para las grandes corporaciones”, se ríe. Pero el costo y la complejidad de su tratamiento la obligó a “un juicio laboral con la ART para que cubra los gastos porque el tratamiento es caro. Por eso no lo hago tanto. Debería hacerlo cuatro veces al año y lo hago dos”. Se trata de una rehabilitación intensiva en Mar Del Plata. “Me fui en enero y ahora en las vacaciones de invierno”. La última vez que se fue en tiempos de clase volvieron a fumigar la escuela. Y no se perdonó no haber estado allí.
Tiene 118 alumnos en su escuelita rural. Eran 13 cuando llegó hace 18 años. “En ese momento dije que los gurises míos tienen que tener las mismas posibilidades que un gurí de la ciudad. Faltan muchas cosas todavía. Yo no me puedo jubilar”.
Los niños fumigados son el daño colateral de un modelo que necesita los venenos para producir alimentos. Pata privilegiada de un sistema que enciende a la rentabilidad como faro. Pero no sólo respiran veneno: hoy el hambre golpea en medio del trigo que alguna vez será pan. “Lo vivimos a diario porque nuestros gurises desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Los lunes comen tres veces. Y nosotros tratamos de que los viernes coman más. Porque sabemos que el sábado y el domingo no hay”.
Estela Lemes, atravesada por el mismo veneno que sus niños, se levanta todos los días dispuesta a cambiarlo todo. Con sus niños, con sus dolores y dispuesta a enfrentar las asperezas de la construcción de los sueños. Lo hace desde su pedacito de cielo. Firme. Y dispuesta a escriturar la esperanza.
MOVILIZAMOS AL MUNICIPIO DE ZÁRATE
Panorama sindical: Atacan al Bauen y a los ceramistas de Neuquén
Por Mario Hernandez
Foto: La Tinta
El hotel recuperado enfrentará una audiencia el próximo 25 de junio en la que otra vez temen afrontar otra orden de desalojo. La Agencia Gubernamental de Control inspeccionó este lunes el inmueble y los documentos durante seis horas. Los obreros y obreras ceramistas se encuentran en estado de alerta y movilización ante la amenaza de corte de gas a las tres fábricas por parte de la distribuidora Camuzzi S.A. que presentó un amparo en la Justicia Federal.
Camuzzi amenaza cortar el gas a las tres fábricas ceramistas de Neuquén
Los obreros y obreras ceramistas se encuentran en estado de alerta y movilización ante la amenaza de corte de gas a las tres fábricas por parte de la distribuidora Camuzzi S.A. que presentó un amparo en la Justicia Federal.
“Este amparo significa dejar en la calle a más de 400 familias y liquidar de un solo golpe a toda la industria ceramista en la provincia ya que de cortar el suministro de gas significa el cierre definitivo de las fábricas”, afirmó Andrés Blanco, secretario general del Sindicato Ceramista.
Camuzzi es el brazo ejecutor de Energas, un organismo del gobierno nacional. “Lo que solicitan es que la justicia federal los habilite a entrar con la policía a las fábricas y cortar el gas”, informó el abogado Mariano Pedrero y denunció que “la misma justicia que rechazó los amparos que interpusieron los vecinos y vecinas y las asociaciones de consumidores para frenar los tarifazos, es la que hoy pretende atacar a las gestiones obreras”.
El viernes 7 se movilizarán a Camuzzi junto a organizaciones sociales y políticas para repudiar el intento de corte de gas “así como nos amenazan a las cerámicas, todos los días son los responsables de cortarles el gas a los vecinos y vecinas que no pueden pagar por los tarifazos”, aseguró Blanco. También irán a Casa de Gobierno a reclamar una audiencia al Ejecutivo.
“Es inentendible el ataque y ahogo financiero a las gestiones obreras por parte de los gobiernos y la justicia”, expresó el dirigente ceramista y detalló: “Nos niegan la posibilidad de acceder a créditos para renovar maquinarias y trabajar, amenazan de rematar Cerámica Neuquén, no finalizan la expropiación de Stefani, y ahora nos amenazan con cortar el gas”.
Insistió que lo que está en riesgo es la industria ceramista de la provincia “una industria necesaria porque producimos los ladrillos, cerámicos y revestimientos, insumos claves para la obra pública”.
La exigencia que le hacen al gobierno es que cumpla con la compra anticipada de materiales comprometida para poner a producir la fábrica. “El incumplimiento significa que las fábricas hoy estén paradas”. También exigen al gobernador que “inste al ministro Energía y al gobierno nacional, a que no corten el gas a las cerámicas”.
Sin el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras esas tres fábricas, serían galpones vacíos
Las cerámicas Stefani, Neuquén y Zanón, hoy están bajo gestión obrera producto del abandono de los empresarios quienes luego de producir durante décadas beneficiados por créditos millonarios y subsidios, se fueron de la provincia dejando las fábricas paralizadas y cientos de familias en la calle. Sin el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras esas tres fábricas hoy, serían galpones vacíos.
El desarrollo de Vaca Muerta con negocios millonarios para las petroleras y los anuncios oficiales sobre la reconversión económica de la provincia, contrastan con la situación crítica que viven las gestiones obreras desde hace años.
La crisis de la gestión obrera de Zanón comenzó en el 2008. En ese momento hubo que apagar un horno y parar dos líneas producto de la crisis energética que golpeó al país. A partir de ahí nunca más se pudieron poner en marcha.
Esta situación en la actualidad se agrava por el ahogo financiero, los tarifazos que sufren la mayoría de las pequeñas y medianas industrias que en el caso de las cooperativas es brutal porque se vive una economía del día a día, al no tener acceso a créditos, ni subsidios ni mucho menos financiamiento externo.
“En la Legislatura de Neuquén hay ocho proyectos que elaboramos en común diferentes bloques y no se ha tratado ninguno”, señala Raúl Godoy, legislador del FIT y referente de los ceramistas. Uno de los proyectos es el que presentó el diputado Tom Romero tomando la demanda de los obreros y obreras, para que el Iadep otorgue el crédito necesario para renovar tecnológicamente a Zanón, para contar con las herramientas necesarias para trabajar.
En el mismo sentido, buscando una salida de fondo, desde el Frente de Izquierda presentaron proyectos para la creación de un plan de construcción de viviendas y compre privilegiado a las gestiones obreras. También, junto a más de trece diputados, una ley para la expropiación y estatización de Cerámica Neuquén y otro para que se finalice el trámite de expropiación de Cerámica Stefani.
“Es necesario poner en el centro del debate público, la necesidad de destinar los recursos necesarios para el desarrollo y promoción de la industria ceramista. Es necesario tomar no sólo la demanda de los obreros y obreras ceramistas sino de las organizaciones sociales que reclaman la apertura de la obra pública y trabajo genuino. Hay que poner en marcha un plan de obras públicas para la construcción de escuelas, hospitales y viviendas, con compre privilegiado a las gestiones obreras”, continúa Godoy.
Y se pregunta: “¿Cuál es la idea del gobierno provincial? ¿Qué se cierre la industria ceramista en la provincia?, ¿Desgastar a los obreros y obreras y que después de trabajar más de 20 años se vayan a su casa sin decir nada? Eso no va a pasar”.
Y continúa: “Los obreros y obreras no se van a ir a su casa con un plan o un subsidio. Los y las ceramistas quieren trabajar y quieren las herramientas para poder hacerlo. Como lo hicimos en el 2001, vamos a dar pelea junto a nuestras familias y la comunidad.
Hoy la exigencia es que el ministro Gaido cumpla con los compromisos asumidos que no son ni más ni menos que la compra anticipada de materiales para poner a producir la fábrica. El incumplimiento significa que la fábrica hoy esté parada.
En Neuquén hay recursos para dar una solución de fondo a las gestiones obreras y ponerlas al servicio de las necesidades de la población. El gobernador de la provincia “motor energético del país” como dice el gobernador Gutiérrez, tiene la autoridad de exigir al ministro Energía y al gobierno nacional, que no corten el gas.
En los próximos días viene a Neuquén el presidente Macri, el ministro de Energía Iguacel, a disertar en “Experiencia Idea Vaca Muerta”. Vamos a ir a hacerles conocer nuestro reclamo”, concluyó.
Bauen en alerta: “El macrismo está detrás de este conflicto”
“Hace unos días los trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen fuimos notificados por el juzgado comercial N°9 a cargo de la Dra. Paula Hualde sobre la convocatoria a audiencia para el próximo 25 de junio. En la audiencia, luego del rechazo del recurso extraordinario presentado por nosotros y nosotras por parte de la Corte Suprema el pasado 28 de diciembre, seguramente nos comuniquen una vez más que debemos dejar el hotel”, informó Federico Tonarelli, vicepresidente de la histórica cooperativa de Callao y Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires.
Por orden de la jueza, la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad realizó una inspección durante seis horas en el hotel recuperado, en la que encontraron espacios que no presentaban las condiciones necesarias para sortear la inspección.
“Es importante aclarar que el director ejecutivo de la AGC es el esposo de la apoderada de Mercoteles SA, empresa que reclama la restitución del hotel solicitando el desalojo de la cooperativa”, resaltó el comunicado de Tonarelli.
A esto se suma el veto presidencial a la ley que solucionaba el conflicto y legalizaba la gestión de la cooperativa, aprobada en la última sesión del Congreso Nacional de 2015.
Por eso, la cooperativa subrayó: “Sabemos perfectamente que el Macrismo está detrás del conflicto, jugando abiertamente a favor del antiguo grupo BAUEN, ahora bajo la figura de Mercoteles SA”.
Por último, destacaron que llevan 16 años gestionando el hotel como cooperativa, “haciendo una verdadera utilidad pública de las instalaciones y sosteniendo los puestos de trabajo que se esfumaron con el cierre del hotel allá por 2001. El próximo 25 iremos a la audiencia para manifestar una vez más que defendemos la autogestión a pesar de los embates jurídicos y políticos que promueve el macrismo”.
Metalúrgicos piden la quiebra de Tecnoforja y Eitar para convertirlas en cooperativas
Las plantas quilmeñas que producen válvulas de gas venían suspendiendo trabajadores por falta de material. Los dueños pidieron la quiebra y los empleados ya iniciaron los trámites de una flamante cooperativa.
Marcelo López, delegado de Eitar, contó a ANSOL: “Veníamos con serios problemas de producción, primero con suspensiones por falta de trabajo, después con suspensiones por falta de material tras la convocatoria de acreedores. El martes de la semana pasada a la tarde-noche los dueños se llevaron todo el material informático de la empresa”.
Gracias al contacto territorial con un delegado de Tecnoforja, vieron que el problema se repetía y decidieron tomar la planta. A los dos días, los dueños se contactaron para anunciar que habían pedido la quiebra. Aseguraron que no habían podido responder a las deudas impositivas debido al desplome de las ventas en los últimos años y al aumento de los servicios de electricidad y gas.
Así, se despejó el camino para que, una vez que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 de Lomas de Zamora dé la quiebra, los trabajadores puedan usar la cooperativa en formación para pedir la continuidad laboral y utilizar los créditos por indemnizaciones y deudas para seguir trabajando en el mismo espacio.
“Esperamos mantener los 240 puestos de trabajo de las dos plantas”, concluyó López.
La justicia otorgó las máquinas a la cooperativa Mom
Con ayuda del sindicato gráfico y su obra social, la cooperativa Mom recuperó máquinas y vehículos de la fallida Lanci Impresiones. La Federación Gráfica Bonaerense y Ospg cedieron sus créditos para que los trabajadores puedan volver tras la convocatoria de acreedores de esta empresa del envase de cartón Lanci Impresiones (Mom 2869, Pompeya) en 2009.
El 28 de mayo de 2012 los empleados ocuparon la planta tras el comienzo del vaciamiento empresarial, ante lo cual Christian Langenheim los denunció por usurpación.
De ahí en más, la justicia trabó la continuidad laboral porque el juez Fernando Durao entendía que correspondía que primero se pronunciara el fuero penal.
Cuando el juez Javier Cosentino subrogó a Fernando Durao en el juzgado de primera instancia 5, secretaría 9, permitió la compensación basándose en la Ley de Concursos y Quiebras modificada en 2011.
“Al momento de perfeccionar la compensación, tanto la sindicatura como el martillero y el juzgado nos decían que teníamos que hacernos cargo del IVA y de los costos del martillero, pero una cooperativa que no funciona no puede desembolsar esa plata de su bolsillo. Con un millón de pesos en créditos laborales, se trata de más de 200.000 pesos”, contó Godoy.
Entonces el sindicato gráfico y la obra social aportaron sus créditos laborales para completar lo que la justicia les pide de IVA y gastos del martillero. Así, sentaron jurisprudencia: los créditos de un sindicato se pueden usar para mantener fuentes de trabajo colectivamente.
Trabajadores despedidos de Canale solicitan apoyo solidario a la parrilla que gestionan colectivamente
Mientras esperan la resolución que apruebe definitivamente la cooperativa que formaron luego del vaciamiento de la patronal, los trabajadores de Canale organizaron una parrilla popular, para la cual solicitan ayuda.
Parrilla “La Canale”. Abierta todos los días las 24 horas. Santa Catalina 184-Lavallol. Teléfono: 2123-7766.
Fuentes: Ansol, La Izquierda Diario y Resumen Latinoamericano
Con represión y despidos buscan romper la huelga de choferes de Corrientes
Los choferes piden que le paguen la paritaria 2018 y mantienen una huelga por tiempo indeterminado. El Gobierno de Corrientes y las empresas les contestaron con policías que intentaron obligarlos a conducir y una ola de despidos.
11/06/2019
En un clima de alta tensión, el conflicto en el transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Corrientes se agrava por estas horas. Es que mientras los choferes buscan que les paguen la paritaria 2018, el Gobierno y la empresa presionan.
Primero la policía colmó los galpones de oficiales para que vuelvan a trabajar y reprimió a los conductores que se negaron a salir con los colectivos. La bronca de los trabajadores también se hizo sentir con la conducción de la UTA, personificada en Roberto Fernández, a la que tildan de cómplice de la patronal.
Más tarde se notificó una ola de despidos a la planta de la empresa ERSA, lo que tiró más leña a un fuego que ya está ardiendo en la Provincia.
jorge duarte@ludistas
Se agrava el conflicto con los choferes en Corrientes. Represión policial y una tanda de despidos. Acaban de llegar 17 telegramas. Piden cobrar la paritaria 2018 (con un año de atraso)
Serían en principio un total de 17 los despedidos hasta el momento. «El sector empresarial antes de buscar una solución, desde las pocas personas que están en el sector administrativo están enviando cartas documentos».
En lugar de encontrar una solución, «están agravando el conflicto; tenemos toda una ciudad sin colectivos y ellos se preocupan más por echar a gente del trabajo», se escuchó escuetamente a los delegados en medio de un clima caldeado retratado por el diario local El Litoral.
Lejos de solucionarse, el conflicto se agrava, ahora con casi una veintena de choferes que se quedan sin trabajo.
Marcha por la Soberanía | Afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas
En el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas se realizó una Marcha por la Soberanía, convocada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA).
La movilización partió esta mañana desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y cerrará alrededor de las 13:30 horas en el Congreso Nacional, donde confluirán las distintas columnas. Desde allí, continuará la movilización hacia la embajada británica en Buenos Aires.
En declaraciones a Radio Gráfica, el sacerdote del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, Jorge Marengo, dijo que este día “es una gesta antigua en nuestra Patria, no siempre con decisiones acertadas, como ocurrió en 1882, pero habla de los sentimientos mas profundos que tenemos como argentinos de pedir, reclamar y exigir lo que es nuestro y toda una riqueza que tiene que ser de los argentinos”.
“En un momento de nuestro país, donde pareciera que los recursos son de unos pocos, que las concesiones son para unos pocos, para grupos económicos que se enriquecen con lo que es de todos, reclamar por las Islas Malvinas y por la Soberanía del Atlántico Sur, también es reclamar por lo que corresponde y es derecho de todos y de todas las argentinas” expresó el sacerdote.
Finalmente manifestó el deseo de “cambiar de rumbo y emprender de vuelta caminos que sean de un país soberano y que pueda defender los intereses de sus habitantes”. “Volver a tener un gobierno nacional y popular, es el horizonte que tenemos muchos y muchas de nosotros” concluyó.
FARCO/GF/RG
«En la construcción se están perdiendo mil empleos por día en las últimas semanas»
Víctor Grosi, líder del Sitraic, gremio alternativo de la construcción advirtió por la caída del empleo, mil puestos de trabajo por día en las últimas semanas, e hizo foco en los enfrentamientos internos de la UOCRA: «están teñidos por la falta de democracia sindical».
Victor Grosi, secretario General del SITRAIC, gremio de trabajadores de la Construcción adherido a la CTA Autónoma y que pelea por la representación por los conducidos por Gerardo Martínez, habló de las internas violentas en la UOCRA y de la notable caída de empleos que se está notando en las últimas semanas en el sector.
«Detras de la violencia hay una falencia institucional por parte de la organización», señaló el dirigente
«Entiendo que generalmente esto se da por una cuestión de caja o por los puestos de trabajo«, le dijo al programa Mal Aconsejados de Radio Caput y precisó: «La lucha por el poder de la caja y por los ingresos a la obra desbarrancan esta situación».
Además repasó las particularidades en la provincia por el boom en Vaca Muerta, lo que implica una diferencia con la dinámica de destrucción de empleo que se da a nivel nacional: «En Neuquen están entrando siete familias por semana», explicó y vaticinó que por eso «La situación se va a ir agravando».
Para Grosi la violencia «tiene que ver con la falta de democracia sindical».
Por último denunció que «El nivel de flexibilización laboral en la construcción es increíble» y puso el foco en la caída importante del empleo: «En la construcción se están perdiendo mil empleos por día en las últimas semanas».
«Desde 2017 cerraron 28 mil kioscos por la caída del consumo y las tarifas»
El titular de la Unión de Kioskeros, Adrián Palacios, especificó que «hay 120 mil kioscos a nivel nacional, pero cerraron 28 mil». Además advirtió que hay otros 10 mil en riesgo.
Adrián Palacios, secretario General de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), contó la realidad de la golpeada actividad y remarcó: «El consumo viene en caída libre y no le encuentran la vuelta porque no quieren».
«De parte del Gobierno no hay acompañamiento a las PyMEs», le dijo al programa Mal Aconsejados de Radio Caput y contó que «De 2015 venimos de 120 mil kioscos a nivel nacional, pero cerraron 28 mil».
«No tenemos respuesta del gobierno nacional», sostuvo Palacios y comentó que «La rentabilidad se achica, por las subas de las tarifas».
«Este gobierno no escucha ni a la CGT, ni a los kiosqueros» añadió y advirtió que de continuar por este rumbo: «Hay unos 5 mil kioscos que cerrarían en capital federal y otros 5 mil en el Gran Buenos Aires».
Por último habló del acompañamiento del sector en octubre a algún candidato opositor: «La gran mayoría de los kiosqueros creyeron las mentiras de Mauricio Macri y han tenido que cerrar, pero hoy muchos comerciantes no van a apoyar a este gobierno porque saben que se funden».
«Los comerciantes saben bien que este gobierno no los va a sacar adelante», concluyó.
Ante la incertidumbre sobre su futuro, los 400 trabajadores tomaron la planta de Agua Pesada
Los trabajadores reclaman que se les garantice la continuidad laboral y se le paguen los sueldos atrasados. Ocuparon pacíficamente el edificio de la administración y anunciaron un corte en la Ruta 22.
10/06/2019
Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito anunciaron que tomaron pacíficamente el edificio de la administración y que cortarán la Ruta 22 desde las 7 de la mañana de hoy, a la altura del puente El Carancho, Neuquén.
Los operadores explicaron que el centro del reclamo es que se les garantice la continuidad laboral y que se le paguen los haberes atrasados, consignó el Diario Río Negro.
Pero la novedad de la situación fue que a parte del personal jerárquico se les actualizaron los salarios, según denunciaron, mientras que el resto de los trabajadores percibe el mismo monto desde hace dos años.
Resaltaron que volverán a la ruta «cansados de tanta mentira, nos toman el pelo aumentando el sueldo a los jefes».
Ante la falta de compradores de agua pesada, la situación de la PIAP depende de que Nación consiga un inversor interesado en anexar una planta de fertilizantes porque, afirmaron, el gobierno no está en condiciones de destinar los fondos necesarios. Sin embargo, a los trabajadores también les preocupa esta opción porque la obra demandaría unos cuatro años.
Desde el 2017 la planta dejó de producir y se sostiene vendiendo el agua pesada en stock, lo que para los operarios sólo significa estirar la agonía.
Ultimátum de Loma Negra: aceptan más de 130 despidos y los que quedan trabajan media jornada o cierran la planta
Hoy vence la propuesta de la cementera que implica más de 130 cesantías y reducir la jornada y los salarios a la mitad. La alternativa planteada por la empresa es cerrar la plantar de Barker. Ya venció la conciliación obligatoria. Día D.
11/06/2019
Ayer venció el plazo de conciliación obligatoria entre la empresa Loma Negra, la principal cementera del país, y los empleados de su planta Barker, ubicada en la localidad homónima en el partido bonaerense de Benito Juárez. A comienzos de mayo, la compañía había anunciado un plan de reducción de su nómina, que podía incluir unos 140 despidos, e incluso la posibilidad de cierre de la fábrica.
Barker es una pequeña localidad que nació hace más de 40 años como consecuencia de la instalación de la planta de Loma Negra. Hoy tiene unos 7.000 habitantes, de los cuales unos 275 trabajan en la planta.
Del total de la nómina de Loma Negra 136 son empleados de Loma Negra representados por el sindicato por la Asociación Obrera Minera Argentina, 61 son empleados tercerizados y el resto están fuera de convenio (supervisores, empleados de seguridad y de limpieza).
En la última audiencia comprendida dentro de la Conciliación Obligatoria, que contó con la presencia de los representantes de Loma Negra, los delegados sindicales y autoridades políticas, fue presentada una propuesta por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia, con 9 puntos, entre los que figuran un pedido a la cementera «para que la Planta Barker continúe funcionando como planta de molienda, embolsado y despacho» y la gestión de un «Fondo de Desempleo Ampliado para los trabajadores egresados».
La oferta complementaria presentada por Loma Negra consiste en «el mantenimiento de hasta 136 operarios en tres turnos de 4 horas cada uno, que incluyen personal propio, tercerizados, dentro y fuera de Convenio de AOMA y otros terceros no representados por este Sindicato».
Para el caso de las indemnizaciones ofrecen entre el 150% y 180% y la posibilidad de que el trabajador se pueda desvincular por mutuo acuerdo, «percibiendo en concepto de gratificación por cese, 24 cuotas mensuales equivalentes cada una al 70% de su salario».
El secretario General de AOMA adelantó en la última asamblea realizada que «lo que nos ofrecen no sirve y nos pone en una encrucijada en donde tendríamos que decidir si aceptamos eso o prácticamente cierran fábrica. Nos están pidiendo que trabajemos media jornada y reducir a la mitad nuestro sueldo y está la otra alternativa, la del retiro voluntario».
La propuesta presentada por Loma Negra y que parece ser la definitiva, se mantiene vigente hasta las 14 horas del día de hoy, momento en que los trabajadores deberán entregar su respuesta por escrito en la oficina de Recursos Humanos de la Planta Barker.
Malos augurios para el empleo en los próximos meses
Un informe privado indica que las expectativas de creación de empleo se ubican cuatro puntos por debajo que las realizadas hace un año aunque resultan levemente positivas. Datos oficiales, sin embargo, prevén una sensible reducción de las dotaciones.
En el último año el sector privado destruyó algo más de 160 mil puestos de trabajo con foco particular en la industria y el comercio que explican 69 mil y 46 mil de esas pérdidas respectivamente. Otro sector que aporta un volumen importante de bajas en el período es el de inmobiliarias que resignó unos 15 mil empleos. La pérdida, equivalente al 2,5% de los puestos existentes en marzo de 2018, lleva los niveles de empleo del sector privado a rangos similares a los existentes en marzo de 2013. Así las cosas, en apenas un año, se destruyeron los puestos de trabajo generados en cinco.
La consultora Manpower, sin embargo, dio a conocer su informe de generación neta de empleo para el tercer trimestre de este año. El relevamiento, que se realiza sobre más de 800 empresas, luego de varios trimestres de guarismo negativos, arrojó como resultado un punto positivo. Eso implica que la diferencia entre el porcentaje de empleadores que aseguran que generarán puestos de trabajo en el período julio-septiembre supera en un punto a los que reconocieron tener pautadas cesantías. El dato, que implica un quiebre de tendencia para el año, sin embargo, se ubica cuatro puntos por debajo del registro de hace un año. Aquellos pronósticos, vale aclararlo, no se cumplieron toda vez que, lejos de la recuperación augurada, en el período analizado se perdieron 36 mil empleos medidos en forma neta.
Para Fernando Podestá, Director Comercial de Manpower Argentina, “se vislumbra un cambio en la tendencia según lo que indican los anteriores períodos relevados. Sin embargo, se mantiene una posición cauta de los empleadores argentinos respecto de las expectativas de contratación”.
Sin embargo, los últimos datos oficiales, dan cuenta de una tendencia bien diferente. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que realiza la Secretaría de Trabajo de la Nación sobre más de 3 mil empresas en todo el país, en su último relevamiento del mes de abril, dio como resultado un guarismo negativo de 1,1 para los meses de mayo a julio.
Se trata del sexto mes consecutivo en el que las expectativas empresarias de creación de empleo arrojan cifras negativas y el octavo entre los últimos nueve. Según los propios funcionarios de la cartera laboral, un “mercado de empleo saludable” es aquel en el que el saldo de respuestas positivas y negativas se ubica entre 3 y 6 puntos positivos. Esto no ocurre desde mayo de 2018.
Pero además, las cifras que divulga el INDEC también dan muestras de una tendencia contraria al menos en lo que al sector industrial y la construcción se refiere.
El índice de producción industrial manufacturero del mes de abril que dio como resultado una caída acumulada durante el año del 10,6%, además, dio a conocer el resultado del estudio de expectativas de la industria manufacturera. De allí surge que el 26,5% de los empresarios consultados manifestaron que reducirían sus dotaciones en los siguientes tres meses mientras que apenas un 7,7% prometió incrementarlas. El diferencial arroja un dato negativo de 18,8 puntos. En lo que a horas de trabajo se refiere el mismo dato escala a 25,5 puntos (33,5% vs 7%).
Pero además, el informe de Utilización de la capacidad instalada de la industria que se conoció hoy da cuenta de una caída muy fuerte medida en forma interanual. Es que, según el relevamiento, la industria se encuentra trabajando en un 61,6% de su potencialidad mientras que hace un año lo hacía en un 67,6%. El escenario conlleva implícitamente un retroceso productivo del 8,9% cuando los mencionados 69 mil puestos perdidos por el sector manufacturero equivalen a una pérdida del 5,6% en el empleo sectorial. Para divisar una recuperación de puestos de trabajo, primero, habría que registrar una reactivación de la actividad.
Por el lado de la Construcción, el Índice Sintético de la Actividad (ISAC- INDEC), que registró una caída interanual del 7,5% en abril y del 10,3% en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, también da cuenta de una tendencia negativa en las expectativas empresarias.
Un 32% de las firmas que participan de la obra privada prevé una reducción de sus dotaciones mientras que apenas un 8% señaló que la incrementaría. Un diferencial negativo de 24 puntos.
En lo que se refiere a la obra pública, el 52,4% de las constructoras reconocieron intenciones de reducir personal y apenas un 4,7% se manifestó en un sentido positivo. La diferencia, en este caso, llega hasta los 47,7 puntos.
El escenario electoral, por otra parte, nunca ha sido el más propicio a la hora de tomar decisiones de inversión. El escenario electoral, por otra parte, nunca ha sido el más propicio a la hora de tomar decisiones de inversión.
INFORME ESPECIAL
Recuperar la esperanza, reciclar la dignidad, reutilizar la vida
En el CEAMSE de José León Suárez existe un parque de clasificación de basura en el que mil trabajadores de una de las zonas más pobres del conurbano se ocupan laboralmente. La lucha de las organizaciones barriales, la articulación con el organismo y un programa de la UBA se conjugan en la búsqueda de convertir el trabajo, en empleo.
Una veintena de galpones se reparten entre once cooperativas y asociaciones civiles de recicladores que todos los días reciben 2.000 camiones de basura domiciliaria de 34 municipios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Allí, los residuos pasan por una cinta transportadora en la que los trabajadores y las trabajadoras separan cada material en bolsones que luego se compactan para vender.
En cada planta, que hoy se parecen mucho a una fábrica, trabajan entre 60 y 100 personas, en su gran mayoría vecinas y vecinos de la zona conocida como Área Reconquista, un convoy de barrios y asentamientos que bordean el contaminadísimo Río Reconquista atravesando la autopista que, casualmente, recibe el nombre de Camino del Buen Ayre, en la localidad de José León Suárez al norte del partido de San Martín. Se trata de una población signada por la pobreza que encuentra dificultades infranqueables a la hora de intentar acceder a círculos laborales formales, con lo cual el predio es, además de un sorprendente mega polo-productivo, uno de los espacios de inclusión sociolaboral más importante del país, traccionado por las organizaciones involucradas.
En la actualidad y desde hace varios años la empresa estatal “Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado” paga a cada agrupación un canon fijo por la tarea de disminuir la cantidad de basura que va a disposición final, es decir a la montaña. Además las asociaciones suman ingresos mediante la comercialización de los fardos de recupero. Pero no siempre fue así, y todo se logró gracias a extensas luchas, algunas muertes, y años de organización y articulación territorial.
La ciruja
Durante los últimos 90s, en días de descomposición social acelerada, vecinos de distintos distritos bonaerenses y familias venidas de otras provincias se acumulaban frente al relleno sanitario para estar cerca de las colinas de desechos de las que sacaban comida y cosas para revender. Para no pagar el ingreso los camiones de algunas las concesionarias volcaban los desperdicios recolectados a orillas del río, literalmente sobre las casillas de la gente que finalmente vivía en la basura y de la basura. La profundización de la crisis neoliberal fue acentuando una conflictividad social insoportable: el organismo dispuso guardias de policía y seguridad privada para evitar que los pobres robaran su basura, lo que derivó en violentas represiones y abusos salvajes.
El momento de quiebre se dio en 2004 con la muerte de Diego Duarte: El joven de 15 años había entrado a CEAMSE a buscar zapatillas para ir a la escuela, se escapó de un policía que lo quiso detener y se escondió para que no lo golpearan. El uniformado dio la orden y un camión descargó miles de kilos de residuos sobre Diego, que nunca más apareció. El conflicto llegó a un punto de no retorno y el organismo aceptó comenzar a entregar las plantas a los distintos grupos que, con apoyo y acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social se fueron constituyendo en asociaciones civiles y cooperativas de trabajo.
Junto a los grupos nuevos que se organizan alrededor de la posibilidad de comenzar a gestionar los galpones del organismo, se mantienen algunos de los históricos dirigentes sociales que, a fuerza de lucha, sufrimiento y organización, sembraron derechos en la basura para recoger futuro. Entre ellos se encuentra la planta Piletas, que funciona afuera del predio, en el barrio Independencia, fundada hace más de 15 años por Adán Guevara, un referente de los recuperadores de San Martín que desde hace años coordina un centro cultural de la zona. Los primeros años de esta historia fueron narrados en “Río Adentro. Una expedición al Río Reconquista”, un documental de los periodistas Eduardo Anguita y Miriam Lewyn, en 2007.
También está Reciclando Sueños, cuya presidenta es Lidia Quinteros, primera delegada del recordado Tren Blanco del Ferrocarril Mitre que transportaba a los cartoneros de José León Suárez a Retiro durante los primeros años del siglo, cuya lucha concluyó en la despenalización del cirujeo en la Ciudad de Buenos Aires. Y la cooperativa Bella Flor, el emprendimiento de la organización Ocho de Mayo que fundó en 1988 el barrio del mismo nombre con un centro comunitario y un comedor infantil. Al frente está Lorena Pastoriza, que cuando inició la toma de tierras integraba la CTA-San Martín y desde hace años es referencia ineludible, en tanto experiencia de organización alrededor del reciclado con inclusión social.
La Facultad a la basura
Desde 2016 opera en el lugar un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de un convenio de asistencia técnica y laboral que busca mejorar las condiciones de trabajo en los galpones, a la vez aumentar las proporciones de material recuperado y desarrollar estrategias de venta, y, en definitiva, dignificar la tarea y la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras.
El grupo -integrado por especialistas en reciclado, biología, en ecología urbana, antropología y trabajo social-,despliega cada temporada talleres de seguridad e higiene, de clasificación de materiales, de historia del reciclaje, apoyo escolar para lxsrecuperadorxs y sus hijxs, orientación en casos de consumos problemáticos, cursos y capacitaciones específicas, además de coordinar las clases del Fines para terminalidad educativa que se brindan adentro del parque, la gestión de documentación y los trámites para facilitar el acceso a los programas sociales, entre otras tareas.
De hecho, el lugar vivió una virtual transformación en los primeros días de este año. A partir del relevamiento del Equipo UBA en acuerdo con las Plantas Sociales se diseñó un plan de reformas e incorporación de tecnologías que redundó en una inversión millonaria que el organismo aceptó realizar.
La propuesta incluyó adquisición de maquinaria nueva, arreglos y ampliación de espacios, mejoras en la infraestructura e instalaciones, construcción de galpones nuevos y asfaltado de las calles internas, entrega de ropa de trabajo y elementos de seguridad. Además, cada organización recibió un tractor-pala para cargar la basura, entre otras muchas cosas.
Finalmente el sitio se cerró durante el último trimestre del año pasado y amaneció 2019 con el comienzo de una nueva etapa.
Estado, universidad pública y organización social
Luego de las fiestas se llevó a cabo un mega “Operativo socio sanitario” que sirvió para que los recuperadores y las recuperadoras junto a sus familias accedieran, en el mismo lugar, en horario laboral y más fácilmente, a distintas instancias de relación con el Estado que en general le son esquivas a los habitantes del conurbano profundo.
El Equipo UBA articuló con el ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el ministerio del Interior y su oficina de documentación Renaper, la ANSES, el Registro Provincial de las Personas, y Sedronar, que ofreció charlas sobre prevención y tratamiento de adicciones. El ciclo duró dos semanas y brindó la posibilidad del acceso a servicios y prestaciones sociales como los DNI, partidas de nacimiento, Asignación por Embarazo y por Hijo, garrafa y tarifa social, y los programas Progresar y Hacemos Futuro, entre otros.
Por otro lado, se realizaron talleres de primeros auxilios y recorridas informativas sobre VIH, sífilis, hantavirus, salud sexual, y controles sanitarios, atención ginecológica, entrega de medicamentos y anticonceptivos, órdenes para estudios y derivaciones. Como dato saliente, para dar cuenta de la magnitud del despliegue, basta mencionar que durante las siete jornadas casi 800 personas se aplicaron vacunas.
Si bien la crisis económica endureció la situación, la organización y la experiencia todavía permiten desarrollar perspectivas y seguir luchando por un futuro mejor en José León Suarez.
Diego Brancoli, coordinador del Equipo de la facultad, explica: “La academia muchas veces es mirada como un espacio lejano que cree ser portador del saber. Nosotros tenemos grandes diferencias con esa perspectiva, no solo retóricas sino prácticas, políticas e institucionales, e intentamos construir una universidad pública de puertas abiertas. La gente estaba trabajando en condiciones que nosotros, desde la universidad, no nos podíamos dar el lujo de cuestionar porque existe una suerte de continuidad entre las condiciones de la vida cotidiana y las prácticas laborales. De todas maneras, desde la lógica estatal esas formas tampoco eran aceptables, entonces fuimos construyendo un programa hacia el organismo, para ir transformando ese trabajo en empleo”.
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