Declaraciones de Michlig a Rosario/12 poniendo en duda la claúsula gatillo
La intranquilidad de los maestros
Los sindicatos docentes de la provincia calificaron de "improcedentes e inoportunas" a las declaraciones de Michlig.
Por Claudio Socolsky
Michlig, Mirabella y Traferri, los hombres de Perotti.
Referentes de gremios santafesinos salieron ayer al cruce de las declaraciones de Rubén Michlig, uno de los hombres de confianza del gobernador electo Omar Perotti, quien dijo a Rosario/12 que la cláusula gatillo "no tiene una vigencia eterna", poniendo en duda su continuidad a partir del 10 de diciembre. El titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, afirmó que los dichos del ex ministro coordinador "son improcedentes e inoportunas". Según Lucero, "hacer proyecciones a seis meses es muy aventurado, no lleva tranquilidad". Además de rechazar cualquier intento de revisión de la cláusula gatillo hasta la próxima paritaria, Gustavo Terés, secretario de Amsafé Rosario, pidió que se adelante para equipararla con la de los municipales. "Vemos con mucha preocupación estos discursos anticipatorios, que no son para avanzar en una mejora para evitar que los trabajadores sigamos perdiendo ingresos, si no para ser parte de una dinámica de ajuste", agregó. "Está claro que la cláusula gatillo tiene que mantenerse, y vamos a tener que discutir con las nuevas autoridades, no solamente la política salarial si no toda la política educativa", dijo Javier Almirón, secretario Gremial de Amsafé provincial.
La continuidad de la cláusula gatillo para los salarios de los trabajadores de la provincia, acordados en las negociaciones paritarias, se convirtió en el centro de debate. Los primeros en señalar las dificultades, debido a la corrida cambiaria y los anuncios de nuevas medidas económicas de la semana pasada, fueron el gobernador Miguel Lifschitz y su ministro de Hacienda, Gonzalo Saglione, quienes admitieron que debía reabrirse la paritaria con los gremios para discutir nuevamente la política salarial.
En la edición de ayer, Michlig dijo a este diario que la cláusula gatillo "fue una solución estos dos últimos años donde la recaudación estaba incluso por arriba de la inflación y eso generaba una base de tranquilidad en los trabajadores, estuvo bien aplicada. El escenario que viene será distinto, lo que no quiere decir que no sea con cláusula gatillo".
Las declaraciones del ex funcionario provincial, integrante de la mesa de transición peronista, fueron rechazadas por Lucero, titular de los docentes privados santafesinos: "La semana pasada los salarios tuvieron una devaluación brutal. Todo lo que dijo Michlig hoy (por ayer) termina generando mayor ansiedad en la gente. La cláusula gatillo no es una cuestión voluntaria, se discutió en paritarias. Cualquier modificación salarial se tiene que discutir ahí. Tienen que esperar a asumir, llamar a la negociación paritaria y ver cuáles son los planteos que se den de acá a seis meses, hacer esa proyección en ese país es muy aventurado".
Lucero consideró que la situación económica es compleja, pero el rol de los gremios es el de no permitir que el ajuste lo paguen los trabajadores. "Si hay que ajustar por algún lado que no sea sobre el sueldo de los que laburan. Esto nos parece terrible, porque habiendo un montón de situaciones posibles, en los medios solamente aparecen la Caja de Jubilaciones y la continuidad de la cláusula gatillo, nos llama la atención", apuntó.
Terés dijo que nadie puede ignorar el impacto que tuvo el golpe de mercado y la devaluación un día después de las Paso: "Tiene consecuencias, y las víctimas son el pueblo trabajador y los sectores más vulnerables, y entendiendo también que las variables de la economía van a seguir empeorando. A nuestro entender, los caminos de salida no son por profundizar el ajuste. En todo caso, si hay que discutir quién se ajusta los cinturones son los sectores de poder, del capital especulativo, que en nuestra provincia tienen ganancias significativas".
El titular de Amsafé Rosario pidió el adelantamiento de la cláusula gatillo y equipararla a la de los trabajadores municipales que la cobran a mes vencido. "La estamos cobrando dos meses después y con una inflación que se está desbocando", agregó Terés, quien anticipó que en los próximos días mantendrán una reunión junto a dirigentes de Siprus, ATE y municipales para plantear un aumento de emergencia.
Desde Amsafé provincial señalaron que la cláusula gatillo tiene que mantenerse y discutirán con las nuevas autoridades, no sólo la política salarial si no toda la política educativa que incluye la inversión en infraestructura escolar por el estado de deterioro de las escuelas. "Entendemos que la situación financiera de la provincia no es la mejor, pero el gobierno que viene tendrá que ver de dónde se generan los recursos para afrontar esta situación, a qué sector le va a pedir un mayor esfuerzo impositivo", indicó Almirón.
Por su parte, el secretario General de ATE Santa Fe, Jorge Hoffmann, recordó que "es un instrumento que estará en vigencia hasta fin de año, veremos que pasará el año próximo, vamos a estar en un escenario totalmente distinto al actual desde lo económico, habrá discusiones salariales en ese futuro".
Fuente:Rosario12
El Sindicato de Conductores de Remises y Afines (Sicore) reclamará este martes desde el mediodía en las puertas del aeropuerto internacional Islas Malvinas contra los remises truchos, a quienes denuncian por competencia “ilegal y desleal”.
Los remiseros locales realizarán este martes a las 12 una movilización en la terminal aérea ubicada en Fisherton, denunciando un “detrimento de la actividad del remis legal de Rosario «chapa azul» por competencia desleal por parte de remises truchos del Aeropuerto”.
Es que desde el sindicato acusan de que existen “24 móviles con pseudo habilitaciones” en el Aeropuerto rosarino, a los que además denuncian por “la precarización laboral que sufren sus conductores”.
“En Rosario existe una actividad regulada de Servicio Público de Remises que se encuentra en crisis. Hoy, de un total de 550 licencias de remis, 390 se encuentran caucionadas y sólo 160 en funcionamiento. Esto se debe a la pérdida de servicios por parte de una competencia ilegal y desleal que existe en la ciudad”, afirmaron.
Desde Sicore explicaron que “en el caso del aeropuerto, un decreto de la dictadura militar permite pseudo habilitaciones para viajes pre y post aéreos, que claramente se contrapone a una actividad legal y regulada como el remis, donde sus agencias y titulares tienen muchísimas obligaciones y pagan todos sus impuestos, además de generar trabajo formal y genuino”.
“No queremos una pelea de pobres contra pobres, queremos responsabilidad de los funcionarios provinciales y municipales para que esos compañeros ingresen al sistema de remis legal y regulado, para que todos tengan trabajo genuino y la competencia sea leal y justa”, concluye el comunicado gremial.
Fuente:RedaccionRosario
CUIDAN LO SUYO
Gremios se plantan: "La cláusula gatillo se debe discutir en paritarias"
La próxima gestión provincial revisará la aplicación de la cláusula gatillo, herramienta que ayudó a los trabajadores estatales a no perder poder adquisitivo frente a una inflación desatada. La novedad puso en alerta a los gremios.
Martín Lucero, de Sadop, se mostró preocupado porque este tipo de noticias “lo único que hacen es llevar incertidumbre” en el medio de un contexto de devaluación.
“La cláusula gatillo se tiene que discutir en paritarias, las voces que se están escuchando sin improcedentes”, remarcó el secretario general del gremio de los docentes privados, quien comparte la preocupación con referentes de otros sindicatos.
Lucero agregó en diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9 que es imposible “prever la paritaria de acá a seis meses” ya que “hablamos de una situación que empeora semana a semana y todos los días se ven cosas nuevas”.
“Todos hablan de la cláusula gatillo y nadie habló con los sindicatos. Nos llama la atención que quieran cambiar las reglas a mitad del partido”, criticó el gremialista.
Temprano este lunes, Rubén Michlig, representante del próximo gobierno en la mesa de transición, advirtió que la cláusula gatillo "no es la única solución que hay para resolver una política salarial". Lucero coincidió en ese concepto, aunque aclaró que sí ayuda a empatarle a la inflación.
Constructoras advierten: en la región hay dos mil empleos en riesgo
En tiempos de ajustes y recortes obligados por la grave situación económica, las empresas constructoras de la región advierten que sin obra pública miles de trabajadores pueden perder su empleo. Firmas de la provincia aseguran que ante la falta de recursos del Estado provincial y los municipios hay 2 mil puestos en riesgo.
El recorte de más de 2.500 millones de pesos que sufrirá el Estado santafesino producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional esta semana “profundizaría la ya de por sí compleja situación del sector”, comunicaron desde la delegación rosarina de la Cámara de la Construcción.
Puntualmente, los constructores están preocupados por la ejecución de las obras en marcha y por la baja de las licitaciones, ya que entre el llamado y la efectiva generación de trabajo hay no menos de seis meses.
Frente a este escenario, el Estado provincial y los representantes del sector de la construcción consensuaron reducir el ritmo de los trabajos, pero eso provoca, de todos modos, un menor flujo no solo de recursos sino también un incremento de gastos indirectos como las pólizas de seguros, jefe de obras, entre otros.
Las constructoras calcularon que la disminución el ritmo de la obra pública en marcha podría generar en el corto plazo un recorte de 2 mil puestos de trabajo, sin embargo, aclararon que se resisten a llevar adelante tal ajuste “por la inversión en capacitación que realizaron en los últimos años”.
Las empresas y representantes del gobierno provincial acordaron reunirse cada dos semanas con la intención de hacer un seguimiento del problema. Además, intentarán convocar a referentes del gobierno provincial electo.
Además, los constructores probablemente pedirán a los legisladores nacionales y candidatos a diputados para que colaboren en las gestiones frente al gobierno nacional para que gire los recursos de la provincia, que aliviarían en parte la problemática que atraviesan las empresas y el riesgo laboral que esto conlleva.
Fuente:RosarioPlus
El secretario de Hacienda de la Municipalidad dijo que el recorte anunciado por la intendenta Mónica Fein el viernes bajará el ritmo de la obra pública y la adquisición de bienes. La idea es achicar la brecha actual entre lo que se recauda y se gasta
“Hace tres años que trabajamos para tener un superávit del funcionamiento corriente del municipio. La recaudación alcanza y sobra para adquirir insumos, pagar sueldos y contratar todos los servicios. El déficit lo explica la obra pública que hace el municipio. Los últimos años hemos ejecutado muchas y es lo que vamos a ralentizar en los próximos meses para que la magnitud del déficit sea la menor posible”, explicó Asegurado en declaraciones a la emisora radial LT8.
El funcionario señaló que la administración municipal forma parte del contexto nacional, donde la última corrida cambiaria agudizó la crisis económica y aumentó la inflación.
“Argentina atravesaba una situación económica compleja con un proceso recesivo acompañado de uno inflacionario. Ahora se acentuaron ambos. Generó un impacto sobre el municipio similar al que padecen las familias, las entidades económicas y las empresas”, continuó.
El secretario de Hacienda recordó que la Municipalidad debe afrontar la actualización automática de los salarios de acuerdo al índice de inflación como lo establece la paritaria de los trabajadores municipales. Y advirtió que desde julio interrumpieron la cláusula gatillo para autoridades superiores y para el personal de gabinete.
“Todo este conjunto de medidas se pusieron en marcha para afrontar los compromisos que tiene el municipio con los contratistas y los trabajadores. Buscamos disminuir todo lo que no sea indispensable para el funcionamiento del municipio y bajaremos el gasto en unos 600 millones de pesos hasta la finalización del mandato”, agregó.
Por último, explicó que parte de las medidas del gobierno nacional serán pagadas por la coparticipación de las provincias, con un costo fiscal difícil de estimar.
“Antes de los recientes anuncios vinculados al IVA cuantificábamos en unos 100 millones de pesos. Apuntamos a resolver ese problema”, concluyó.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Quieren saber en qué invierte el FAE
Ante el reiterado reclamo de la falta de gas en las escuelas públicas de Rosario, la concejala Norma López pide que el Municipio informe sobre las obras realizadas por el FAE (Fondo de Asistencia Educativa) en los edificios escolares.
La edila Norma López pide que el Municipio informe sobre las obras realizadas por el FAE (Fondo de Asistencia Educativa) en los edificios escolares.
Martes 20 de Agosto de 2019
Ante el reiterado reclamo de la falta de gas en las escuelas públicas de Rosario, la concejala Norma López pide que el Municipio informe sobre las obras realizadas por el FAE (Fondo de Asistencia Educativa) en los edificios escolares.
La presidenta del bloque del Frente para la Victoria recordó que "varias escuelas afectadas por la interrupción del servicio cocinan para entre 500 y 1000 alumnos. Al tener el gas cortado sólo se entregan alimentos fríos (sándwiches y fruta), siendo que la comida del comedor escolar es para los pibes y pibas la única comida fuerte del día", reclamó la legisladora local.
Por eso, presentó un proyecto para que el municipio informe sobre los aportes al Fondo de Asistencia Educativa, las obras realizadas con este dinero y si existe algún plan de inversiones previsto para las escuelas. Con estos datos, apuntó, se podrá saber, a ciencia cierta, qué se está realizando y cómo garantiza el Estado municipal la solución de este grave problema.
López advirtió que "el FAE establece la obligatoriedad a los municipios y comunas de generar aportes para las escuelas públicas obligatorias de la ciudad y debe articular con ellas para evaluar cómo invertir el dinero y aplicar los fondos para la ejecución de las tareas necesarias. Lo que no sabemos es cómo lo invierte y qué hace ante estas situaciones, porque por lo que podemos contemplar sólo se está ocupando de pintar fachadas de escuelas. Eso no resuelve la calidad del entorno de los pibes y pibas, de trabajadores y trabajadoras".
Además apuntó que "la Municipalidad tiene un arquitecto por cada uno de los distritos municipales, con la misión de atender las necesidades inmediatas de las escuelas que se encuentran en cada distrito, entre otras cosas". Así, se preguntó "¿cómo es que no se pueden resolver los problemas de gas?".
La concejala recordó que los gremios docentes señalaron que un 30 por ciento de las escuelas de la ciudad se encuentran sin gas.
El recorte en la obra pública pone en jaque dos mil empleos en la provincia de Santa FeLa delegación Rosario de la Cámara de la Construcción advirtió que se avecina una brusca caída en la actividad. La baja de impuestos nacionales coparticipables daña severamente los presupuestos de las provincias.
Martes 20 de Agosto de 2019
La profundización de la crisis económica y la tensión entre la Nación y las provincias por el nuevo recorte de fondos coparticipables impacta también en la obra pública. Las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) reclamaron a los tres niveles de Estado buscar alternativas para evitar una brusca parálisis de la actividad y advirtieron que están en riesgo unos 2 mil puestos de trabajo.
Los representantes empresarios se reunieron el viernes por la tarde con los ministros de las áreas de economía y obras públicas de la provincia para analizar la crítica situación. Acordaron allí realizar reuniones quincenales de monitoreo, a las que invitarán a sumarse a representantes del gobernador electo Omar Perotti.
Las empresas constructoras de Santa Fe alertaron sobre la falta de recursos del Estado provincial y los municipios para continuar con el ritmo de obras públicas. Advirtieron que podrían correr riesgo unos 2.000 puestos de trabajo. Y pusieron el foco en el recorte de más de $ 2.500 millones que sufrirá el Estado santafesino producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional esta semana profundizaría la ya de por sí compleja situación del sector.
Precisamente, gobernadores de distintas expresiones políticas se reunirán a mediados de semana para analizar el impacto fiscal que tendrá en los Estados subnacionales el improvisado paquete de medidas que lanzó el gobierno nacional de Mauricio Macri después de las Paso. Sólo por la suba del mínimo de Ganancias y reducción de impuestos a monotributistas, Santa Fe dejaría de recaudar $ 2.500 millones. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la reducción del IVA para un conjunto de alimentos, recortará otros $ 508 millones a los recursos santafesinos.
Si bien las medidas del Ejecutivo nacional buscan llevar un tardío alivio a los consumidores golpeados por los efectos de las sucesivas devaluaciones que propició, en el actual escenario de grave crisis económica y social, termina impactando sobre el financiamiento de gastos que están en la primera línea de contención en el territorio. Tal es el caso de los salarios públicos y las obras en municipios.
Este escenario ya se había complicado con anteriores decisiones nacionales, como el recorte del fondo sojero y de subsidios al transporte y la energía, así como la falta de pago de deudas que la Nación tiene con Santa Fe. Un caso contemporáneo es el de los $ 5.800 millones correspondientes convenio bilateral para Caja de Jubilaciones, que el Estado central debería haber girado en el primer trimestre del año. "A Córdoba esos fondos fueron transferidos en 2018", señalaron desde el gobierno de Miguel Lifschitz.
"Esto provoca una creciente deuda flotante que impacta en la actividad, y que se agravó esta semana aún más con la fuerte devaluación del peso", advirtieron los representantes de los constructores, que se mostraron preocupados "por la ejecución de las obras en marcha, y por la baja de las licitaciones, ya que entre el llamado y la efectiva generación de trabajo hay no menos de 6 meses".
Los constructores recordaron que, frente a este escenario, el Estado provincial y los representantes del sector consensuaron reducir el ritmo de los trabajos. Pero advirtieron que "eso provoca, de todos modos, un menor flujo no sólo de recursos sino también un incremento de gastos indirectos".
Esa ralentización, explicaron, también tiene un impacto directo sobre la mano de obra. "En la actualidad, en el gremio de la construcción (Uocra) trabajan alrededor 40.000 personas de las cuales 10 mil están vinculados a la obra pública", indicaron. Estimaron que, "por la disminución del ritmo de las obras públicas en marcha y la transición en la gestión que dilatará el lanzamiento de nuevas licitaciones", podría haber un recorte de 2.000 puestos de trabajo en el corto plazo. "Algo que las empresas resisten llevar adelante", señalaron.
Los representantes de las delegaciones de Rosario y de Santa Fe de Cámara Argentina de Construcción (CAC) se reunieron con los ministros de Economía provincial, Gonzalo Saglione, e Infraestructura y Transporte, José Garibay; y de Obras Públicas, Pedro Morini, y los secretarios de Hábitat, Diego Leone, para analizar los números de las obras públicas.
Las partes acordaron reunirse cada dos semanas para hacer "un seguimiento más fino" de la situación. "También se prevé convocar a la mesa a referentes que designe el gobernador electo Omar Perotti", indicaron.
Los constructores pedirán, también, a los legisladores nacionales y candidatos a diputados "que colaboren en las gestiones frente al gobierno nacional para que gire los recursos de la provincia".
Crisis. Las delegaciones Rosario y Santa Fe de la CAC se reunieron con funcionarios provinciales.
Fuente:LaCapital 
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