En medio de la prohibición a las plataformas de delivery, murió otro repartidor en Flores
Durante la noche de este lunes, un motociclista que estaba haciendo delivery fue atropellado por una camioneta en el barrio de Flores y perdió su vida. El accidente fatal se produce en medio del debate sobre la legalidad de las plataformas de pedidos a domicilio Rappi, Glovo y Pedidos Ya, que fueron prohibidas por la Justicia porteña por no reconocer a sus trabajadores como empleados, no proveerles las mínimas medidas de seguridad para la circulación en la ciudad y no responsabilizarse por eventuales accidentes.
El accidente de Avellaneda se produjo a minutos de las tres de la mañana en la esquina de las calles Boyacá y Avellaneda, en el barrio de Flores. Según confirmó la Policía de la Ciudad, el motociclista perdió la vida instantáneamente luego de ser embestido por una camioneta Amarok al cruzar en rojo el semáforo de calle Boyacá. Interviene en la causa el Juzgado Criminal y Correccional N°58, a cargo de Rita Acosta.
El viernes pasado, el juez porteño Roberto Gallardo prohibió que operen en la ciudad las empresas que ofrecen el servicio de delivery (Rappi, Glovo y Pedidos Ya), por falta de regulación de sus “rapitenderos”, que son contratados como monotributistas, sin que la empresa reconozca responsabilidades o les provea de un servicio de ART. Más allá de numerosos accidentes menores, ya se registraron accidentes fatales de los trabajadores de estas empresas.
A partir de la prohibición judicial, y confiando en que la Ciudad apelará la medida, las empresas vienen trabajando “clandestinamente”, sin dejar de tomar pedidos y obligando a sus repartidores a ocultar los logos identificatorios para no ser detenidos por la policía ciudadana.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteña Horacio Rodríguez Larreta, salió este lunes a defender la actividad de las mismas y a cuestionar duramente el fallo del juez Gallardo: “Lo de Gallardo es cualquier cosa. El tema es que después todas (las resoluciones) se las apelamos y se las ganamos”. En cuanto a los señalamientos sobre la falta de garantías de seguridad consideró que hay que “ver cómo se regulan” las aplicaciones, pero señaló que “otra es prohibirlo y dejar en la calle un tendal de gente, justo con la necesidad de trabajo que hay”.
Las empresas de mensajería tienen que adecuarse a la ley o volvemos al siglo XVIII»
El juez porteño Roberto Gallardo dijo hoy que Rappi, Glovo y Pedidos Ya «generan ocupación bajo una relación abusiva e ilegal y no quieren adecuarse a la ley», en respuesta a un comunicado en el que esas firmas aseguraron que el magistrado «busca suspender de modo arbitrario la fuente de ingresos de un gran número de personas».
06/08/2019 16:16:00
«El derecho a trabajar tiene que ser ejercido en forma regular. Las empresas tienen que adecuarse a la ley o volvemos a principios del siglo XVIII», afirmó a Télam el juez Roberto Gallardo, quien insistió en que Rappi, Glovo y Pedidos Ya deben cumplir con el Código de Tránsito y Transporte (ley 5526) aprobado por la Legislatura porteña en 2016.
«Como la ley dice que las personas que trabajan realizado delivery lo hacen en relación de dependencia, las empresas quieren abstraerse de ese régimen y dicen que brindan un servicio informático, pero no se entiende entonces como ejercen logística, cobran comisiones sobre el transporte o realizan pagos», aseguró el juez.
En su sentencia definitiva dictada ayer, Gallardo ordenó al gobierno porteño clausurar toda plataforma virtual informática vinculada a la mensajería y reparto de alimentos que no esté registrada, realizar controles preventivos y decomisar mercaderías, el acatamiento de las empresas al Código de Tránsito y bloqueó los pagos con tarjetas de crédito.
Después de ese fallo en respuesta a una medida cautelar de Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm), Gallardo fue recusado ayer y el expediente pasó al juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N 15, a cargo de Víctor Trionfetti.
Por otro lado, la Cámara de Apelaciones deberá definir los recursos que tanto las empresas como el gobierno de la Ciudad adelantaron presentarán ante ese tribunal de alzada.
«Las empresas no enviaron al juzgado la lista del personal ni acreditaron que entreguen los elementos de seguridad para el trabajo (casco, material refractario para ser identificados de noche y la mochila sujeta al vehículo). Y tampoco que el personal está dotado de libreta sanitaria, lo que exige la ley», agregó el juez, para quien la situación «es realmente grave» y su fallo «trata de prevenir».
Como ejemplo, el titular del juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N 2, señaló que «un repartidor puede trasladar a un cliente raticida o insecticida en un frasco líquido, que va a poner en la misma caja que coloca una pizza en el viaje siguiente, pero si en el camino se derrama fosforado, la persona come la pizza y muere».
Gallardo ya había ordenado en abril pasado al gobierno porteño prohibir actividades hasta que se cumplieran las medidas de seguridad, fallo que fue confirmado el 12 de julio por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo porteña.
Ese tribunal confirmó también otorgarles a las empresas 10 días para solicitar la habilitación para operar y su inscripción en el Registro único de Transporte en Motovehículo y/o Ciclorodados (Rutramyc).
UNIDOS, CAMINAMOS POR PAZ, PAN, TIERRA, TECHO Y TRABAJO
Como todos los años, el próximo miércoles 7 de agosto, día del santo del trabajo, las organizaciones nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), junto al Frente Sindical por el Modelo Nacional y una gran cantidad de organizaciones sociales y sindicales nucleadas en la CGT y las CTA, marcharán desde el Santuario de San Cayetano hasta el Congreso para denunciar la política de hambre y exclusión que lleva adelante el gobierno nacional; pedir por Paz, Pan y Trabajo, así como reivindicar el programa de las 3 T (tierra, techo y trabajo) que une al Papa Francisco con los Movimientos Populares de todo el mundo.
1
Porque como ciudadanos todos merecemos vivir en PAZ, denunciamos la persecución sistemática, planificada y deliberada del gobierno de Mauricio Macri contra nuestros dirigentes y organizaciones. El hostigamiento que sufrimos en grandes medios de comunicación adictos al gobierno empalma con el discurso de los principales ministros que pretenden mostrarnos ante la sociedad como criminales y parásitos, negando nuestro rol positivo en la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos sociales y la integración de los sectores excluidos.
Porque como ciudadanos todos merecemos vivir en PAZ, denunciamos la persecución sistemática, planificada y deliberada del gobierno de Mauricio Macri contra nuestros dirigentes y organizaciones. El hostigamiento que sufrimos en grandes medios de comunicación adictos al gobierno empalma con el discurso de los principales ministros que pretenden mostrarnos ante la sociedad como criminales y parásitos, negando nuestro rol positivo en la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos sociales y la integración de los sectores excluidos.
Esta situación se suma a la presión creciente de las bandas narcocriminales en los barrios populares que, además de imponer un régimen de miedo a los vecinos y un futuro de muerte a los pibes y las pibas, han vuelto a enlutar nuestras organizaciones con atentados y asesinatos. Se sienten protegidas por las fuerzas de seguridad y envalentonadas por el discurso oficial que nos demoniza, habilitadas para atacarnos. Los movimientos populares somos enemigos del narcotráfico y la última barrera para enfrentarlo.
Exigimos la inmediata declaración de la emergencia en adicciones y el fortalecimiento de los dispositivos para la contención de personas que sufren esta problemática, en particular los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, exigimos el esclarecimiento de los crímenes narcos y el fin de la complicidad policial y política.
También exigimos el avance de la ley contra la violencia de género presentada por las organizaciones sociales y el cese de la persecución violenta contra vendedores y vendedoras ambulantes, carreros y carreras, respetando el derecho a trabajar.
2
Porque como seres humanos merecemos PAN, denunciamos el escándalo del hambre y la pobreza, escándalo agravado por la incorporación de cuatro millones de hermanos a las filas de los hambreados desde que asumió este gobierno. Un tercio de nuestro pueblo es pobre, uno de cada dos niños tiene problemas de alimentación, la inflación de este año supera el 40% y afecta principalmente los alimentos, las políticas alimentarias son claramente insuficientes y los miles de comedores que sostenemos en todo el país para intentar atender esta emergencia no dan abasto.
Porque como seres humanos merecemos PAN, denunciamos el escándalo del hambre y la pobreza, escándalo agravado por la incorporación de cuatro millones de hermanos a las filas de los hambreados desde que asumió este gobierno. Un tercio de nuestro pueblo es pobre, uno de cada dos niños tiene problemas de alimentación, la inflación de este año supera el 40% y afecta principalmente los alimentos, las políticas alimentarias son claramente insuficientes y los miles de comedores que sostenemos en todo el país para intentar atender esta emergencia no dan abasto.
El aumento de la pobreza y el hambre no es una catástrofe natural, es el resultado a una política deliberada de ajuste, destrucción del mercado interno, protección de los monopolios y complicidad con los especuladores financieros. Todos los meses el Estado paga el equivalente a seis millones de jubilaciones mínimas en intereses de Leliq, más de seis millones de salarios mínimos por servicios de deuda. Cuando la deuda más urgente es con los pobres.
Exigimos la inmediata declaración de la emergencia alimentaria, la aprobación de la ley de góndolas, la aplicación de un programa urgente para reforzar las raciones en los comedores escolares y comunitarios, el abastecimiento de productos alimentarios básicos para los sectores populares a precios justos, el fortalecimiento de los mecanismos de abastecimiento popular como los nodos y ferias.
3
Porque como trabajadores merecemos TRABAJO formal, digno y con derechos, denunciamos que sólo en el último año se han perdido más de 200 mil puestos de trabajo asalariado registrado del sector privado, que desde la asunción de Macri hemos sufrido una constante pérdida de puestos laborales y el salario real de trabajadores activos y pasivos, en particular el salario mínimo vital y móvil y las jubilaciones mínimas, ha perdido gran parte de su poder adquisitivo. También denunciamos la silenciosa precarización del trabajo que disfraza de autoempleo el fraude laboral a través de las grandes plataformas informáticas.
Porque como trabajadores merecemos TRABAJO formal, digno y con derechos, denunciamos que sólo en el último año se han perdido más de 200 mil puestos de trabajo asalariado registrado del sector privado, que desde la asunción de Macri hemos sufrido una constante pérdida de puestos laborales y el salario real de trabajadores activos y pasivos, en particular el salario mínimo vital y móvil y las jubilaciones mínimas, ha perdido gran parte de su poder adquisitivo. También denunciamos la silenciosa precarización del trabajo que disfraza de autoempleo el fraude laboral a través de las grandes plataformas informáticas.
Exigimos el fin de los recortes en programas sociolaborales, bajas del salario social complementario y persecución a los trabajadores de la Economía Popular. Exigimos salario social complementario y seguridad social para los cinco millones de trabajadores de la Economía Popular. También exigimos el fin de los despidos, suspensiones, cierre de empresas, reducción de salarios y jubilaciones. Reivindicamos los convenios colectivos y los derechos laborales para el sector público y privado. Rechazamos cualquier reforma laboral que reduzca sus derechos. Exigimos la inclusión de la Economía Popular en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y móvil.
4
Porque todas nuestras familias merecemos un TECHO denunciamos el crecimiento de la exclusión urbana. Aunque pretendan negarlo con mentiras y represión, cada vez más gente duerme en la calle. Son la cara más cruel de una situación generalizada. Los alquileres son impagables, las tarifas están por las nubes, no se han realizado obras significativas de urbanización en el país y es prácticamente imposible comprar una vivienda. Los que lograron acceder a créditos UVA hoy están sufriendo las consecuencias de la inflación.
Porque todas nuestras familias merecemos un TECHO denunciamos el crecimiento de la exclusión urbana. Aunque pretendan negarlo con mentiras y represión, cada vez más gente duerme en la calle. Son la cara más cruel de una situación generalizada. Los alquileres son impagables, las tarifas están por las nubes, no se han realizado obras significativas de urbanización en el país y es prácticamente imposible comprar una vivienda. Los que lograron acceder a créditos UVA hoy están sufriendo las consecuencias de la inflación.
Reivindicamos la integración urbana de los barrios populares, el acceso a lotes con servicio para las familias sin techo, la regulación de los alquileres a favor de los siete millones de inquilinos, las políticas de integración de las personas en situación de calle, la moratoria para todos los que fueron engañados por el gobierno y hoy tienen deudas hipotecarias impagables.
5
Porque todos los agricultores merecemos acceso a la TIERRA, denunciamos la creciente expulsión de campesinos, pequeños productores y pueblos originarios del campo argentino, la destrucción de los bosques y la biodiversidad, la extranjerización de la propiedad de la tierra, la fumigación sobre pequeños pueblos, la utilización constante de agrotóxicos contaminantes, y los privilegios inadmisibles para los grandes grupos agroexportadores en perjuicio de los chacareros, el campo pobre y el conjunto del pueblo argentino.
Porque todos los agricultores merecemos acceso a la TIERRA, denunciamos la creciente expulsión de campesinos, pequeños productores y pueblos originarios del campo argentino, la destrucción de los bosques y la biodiversidad, la extranjerización de la propiedad de la tierra, la fumigación sobre pequeños pueblos, la utilización constante de agrotóxicos contaminantes, y los privilegios inadmisibles para los grandes grupos agroexportadores en perjuicio de los chacareros, el campo pobre y el conjunto del pueblo argentino.
Reivindicamos la reforma agraria para que la tierra sea de quien la trabaja. Exigimos la inmediata regulación de la propiedad comunitaria y la entrega de los títulos a las más de 1500 comunidades originarias reconocidas, el relevamiento de las comunidades no reconocidas, la creación de cinturones verdes periurbanos, la regulación de los arrendamientos rurales, la entrega de créditos blandos para maquinaria rural, la compra estatal de los productos de agricultura familiar para el refuerzo de los comedores y la promoción del sector.
La convocatoria para el día 7 de agosto será a partir de las 8.30 hs. en Cuzco y Rivadavia.
La caminata tendrá dos paradas centrales: la primera en Plaza Flores, donde se unirán trabajadores textiles y de la vía pública; y en Plaza Miserere se sumará una nueva columna de trabajadores de la economía popular para luego ingresar al Congreso Nacional, donde se llevará adelante el acto de cierre de la jornada a las 13 hs.
La caminata tendrá dos paradas centrales: la primera en Plaza Flores, donde se unirán trabajadores textiles y de la vía pública; y en Plaza Miserere se sumará una nueva columna de trabajadores de la economía popular para luego ingresar al Congreso Nacional, donde se llevará adelante el acto de cierre de la jornada a las 13 hs.
Sabemos que estamos a pocos días de las elecciones. Por eso, esperamos que esta movilización sirva, una vez más, para que todas y todos los que aspiran a gobernar nuestro país escuchen el grito profundo y doloroso de los excluídos, que desde todos los rincones de la Patria claman por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
Una Ley para las Empresas Recuperadas en la provincia de Buenos Aires
Una Ley para las Empresas Recuperadas en la provincia de Buenos Aires
La autogestión obrera es un fenómeno que se desarrolló en Argentina durante la década de los ’90 y fue consolidándose en el transcurso de treinta años de transformaciones productivas internas y globales, donde la constante pérdida de empleo obligó a los trabajadores a desarrollar estrategias de supervivencia.
Una especie de este modelo basado en el trabajo autónomo y cooperativo de los trabajadores son las empresas recuperadas, que han tenido una singular tasa de supervivencia, aún luego de haber pasado estos últimos cuatro años dónde la producción, el consumo y las políticas de asistencia han mermado de manera considerable.
El último informe del Programa Facultad Abierta de la UBA, cuyas estadísticas de emprendimientos recuperados son una fuente de consulta internacional, censó a 384 empresas recuperadas en la Argentina, de las cuales 160 se encuentran en la provincia de Buenos Aires.
Cerca de 8 mil familias viven y se alimentan de los ingresos de las empresas recuperadas por trabajadores. Es decir, alrededor de 40 mil personas se ven afectadas directamente por las políticas implementadas para este tipo de emprendimientos en nuestra provincia. Cuando hablamos de “viven” y “se alimentan” no es retórica. Este tipo de empresas ocupa a familias de muy bajos recursos que tienen como único medio de subsistencia la cooperativa. En general son familias de obreros que se ven empobrecidas a partir de la crisis que generan el vaciamiento y la corrupción empresarial, sin acceso al mercado laboral y en grave situación de vulneración social y económica.
Las estadísticas asimismo expresan que existen una tendencia hacia el crecimiento y continuidad de este tipo de proyectos que no se ha detenido desde la década de 1990. Esta tendencia se ha visto notablemente intensificada durante estos últimos años. La apertura de los mercados y el aumento de los costos de energía tiene una incidencia fulminante para dichas empresas que viven en una economía pequeña basada en el mercado interno. Esta situación ha hecho que muchas de las fábricas recuperadas empiecen a desaparecer o ser vendidas. Sin trabajo, la venta de las unidades productivas no es más que la antesala de la exclusión para estos trabajadores. El estado tiene el compromiso de mantenerlas en marcha y fomentar la competitividad.
Respecto de la continuidad de estos proyectos, el programa de la UBA ha detectado apenas un 10% de tasa de mortalidad en las empresas recuperadas por trabajadores lo que nos da una pauta por un lado que el sistema de recuperación empresas en Argentina funciona en la práctica, -más allá de las deficiencias que se le puedan achacar- y por el otro que este modelo, aún con la gravedad de la coyuntura, se seguirá presentando en la realidad política y económica de nuestra provincia, pues resulta una respuesta desesperada ante la crisis, que se ha profundizado.
Ya en la década pasada, en el ocaso de un plan económico basado en la libertad de mercados y la apertura de las fronteras, la política fue encontrando algunas respuestas a estos fenómenos del mundo del trabajo. La provincia de Buenos Aires tuvo su ley de empresas recuperadas, la 13.828. Pero la ley fue inaplicable básicamente y no logró cambiar el estado de situación en absoluto, a pesar de haber creado un fondo económico y una estructura estatal de asistencia. Nada funcionó.
Actualmente el problema sigue vigente, los trabajadores de empresas recuperadas siguen sin recibir una ayuda del estado que les posibilite despegar del conflicto de cierre y pasar a la producción, no poseen acceso al crédito y en general no tienen posibilidad real de dar marcha al proyecto que depende de la inyección de activos liquídos y de formación
La problemática
La respuesta del Estado provincial ante este fenómeno no ha sido lo suficientemente amplia. Hasta la sanción de la ley 13.828, la política de la provincia solo se daba en la Legislatura. Desde 2002 hasta 2016 se sancionaron alrededor de 170 leyes expropiatorias que se fueron renovando con otras leyes cuando vencían. Dichas leyes se promulgaron sin una adecuada reforma legislativa, por lo que cuando llegaban al ejecutivo para que se efectuara el pago, debía iniciarse un juicio expropiatorio encausado dentro de la ley general de expropiaciones que incrementaba el valor de cada unidad productiva en millones de pesos.
No parecía razonable que el estado pague 15, 40 o 100 millones por una fábrica de 50 o 100 trabajadores, en el mejor de los casos, si no tenía capacidad de controlar lo que se hacía, a quién se dirigía el dinero, como se efectuaba la producción, si la empresa era viable, etc. máxime ante las enormes dificultades que tiene nuestro territorio en áreas tan sensibles como la niñez, la educación, la salud, seguridad, entre otras.
En Junio de 2008 el gobierno de Scioli promulgó la ley 13.828 que establece la creación del Fondo Especial de Recuperación de Empresas y obliga al estado a efectuar un examen de viabilidad de las empresas que se expropien, otorgando un plan de pago para la devolución de los montos que la provincia abonase por las unidades productivas.
Recién cuatro años después dicha ley se reglamentó y le dio nacimiento al Fondo de Recuperación, que aún hoy, a más de 11 años de la sanción de la norma y luego de haber pasado dos gobiernos, no tiene un solo centavo.
Como es de esperar en estos casos la problemática creció exponencialmente a la luz de la ausencia real de regulación.
Como producto de esta política, la provincia afronta al menos treinta y tres (33) juicios de expropiación inversa, lo que demuestra el fracaso total del sistema. Sumado a ello, los pedidos de reparación se consolidan por la doctrina que estableció la Suprema Corte Provincial a partir de las sentencias: “San Justo SAIC c Prov. de Buenos Aires s Expropiación Inversa” (SCBA, 11/03/2015, A. 70.913) y “Lavadero de Lanas el Triunfo S.A.C.I.F.I. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa” (SCBA, 29/04/2015, A.2078). El problema que se genera es complejo, porque los juicios de estas características tienen un costo final para la provincia muy elevado, es excesivo incluso para las empresas recuperadas que finalmente deban afrontarlos.
Una propuesta desde la propia CGT
En el 2016 al reunificarse la Confederación Nacional del Trabajo, el Secretario Administrativo Omar Plaini, miembro del gremio de Canillitas, impulso desde la Secretaría Administrativa de la CGT una serie de reuniones con referentes de empresas recuperadas para abordar la problemática de este tipo de cooperativas. Eran tiempos dónde la CGT se vinculó fuertemente con los movimientos sociales.
De esos encuentros surgieron dos propuestas de trabajo, la primera fue impulsar la Ley de Expropiación del Hotel Bauen, que finalmente fue aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Macri, llevada en mano por Plaini al Senado.
La otra propuesta fue una ley de empresas recuperadas en la provincia.
Luego del trabajo elaborado por la Universidad de La Plata, se redactó un texto consensuado con por diferentes federaciones y luego presentado a la propia gobernadora. Una revisión final de esta ley, con inclusiones de derechos a favor de los trabajadores fue impulsada por la Dirección de Empresas Recuperadas de la Provincia de Buenos Aires durante toda la gestión de Vidal.
En el proyecto de la CGT se establecen tres líneas normativas: la primera es establecer derechos, cuidar de los trabajadores, darle garantías para desarrollarse, sobre todo en la primera etapa, la segunda es desarrollar un sistema de acompañamiento estatal, una serie de medidas para que el estado forme a los trabajadores y proyecte la viabilidad de la empresa y finalmente tercer cuestión que es el financiamiento y la expropiación de la unidad productiva.
El proyecto de la CGT había recogido el guante respecto de la mirada del Estado (del Ejecutivo y de la Corte) y propuso modificar la normativa vigente entonces, desde dos aspectos, el primero de ellos vinculado la defensa de los procesos y los derechos de los trabajadores y las cooperativas que lo conforman, para lograr darle independencia del Estado y darle viabilidad y permanencia a los emprendimientos y un segundo aspecto que es el de proteger al fisco provincial de los juicios expropiatorios que han recaído en su contra, cuya estimación final podría al alcanzar los 4000 millones de pesos a Diciembre de 2018.
El proyecto de ley tiene como objetivo encontrar una solución a los altos costos que provocan las expropiaciones definitivas sin perder de vista la existencia de un derecho tutelar que protege a los trabajadores de este tipo de cooperativas y la necesidad de mantener intacto el entramado productivo provincial.
En primer lugar se propone cambiar la respuesta a la solución de los bienes mediante el financiamiento estatal para acceder a los mismos. Aplica para el caso la solución que otorga el instituto de expropiación temporal, explica que el es mucho menor tanto para el estado como para la cooperativa y además permite evaluar en un tiempo prudencial la actividad de una empresa de este tipo.
La determinación de un tiempo para evaluar la asistencia en manos del Estado debe ser acompañada de un sistema de derechos, dentro del cual inevitablemente aparece el derecho a acceder a un financiamiento acorde con el proyecto de recuperación. Según la propuesta, el financiamiento por vía fideicomisaria se adapta muy bien a esta necesidad al mejorar las posibilidades de negociación, dado que resulta una herramienta de inversión flexible que remite además negociar los pagos que inexorablemente penetrarán por vía judicial de las expropiaciones aún no afrontadas. Además el fideicomiso podrá encargarse de financiar nuevos proyectos de inversión y recuperación de empresas en un paradigma de integración de las cooperativas al mercado comercial tradicional. Una gestión responsable podría dar solución a los dos problemas.
En otro orden, el proyecto plantea también un objetivo ético, al proponer la recuperación de bienes, saliendo de la política del descarte. No podemos olvidarnos que detrás de esta problemática se encuentra una solución en la búsqueda de erradicar la pobreza y que las empresas recuperadas son una respuesta a la falta de empleo, la miseria social, la violencia y la marginalidad.
[i] Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) > https://www.recuperadasdoc.com.ar/
«La población está al límite»: desocupados, precarizados y cooperativas repudiaron el ajuste
«La población está al límite»: desocupados, precarizados y cooperativas repudiaron el ajuste
Desocupados, precarizados y cooperativas de trabajo se concentraron en el cruce de las avenidas Independencia y 9 de Julio para luego marchar a la Plaza de Mayo con el objetivo de «repudiar el brutal ajuste que recibimos los trabajadores del régimen del FMI».
Los manifestantes pidieron la apertura de los programas sociales, por la ampliación y variedad de alimentos, por que llegue la garrafa social, entre otras cosas.
«La población está al límite, mientras se pagan altísimos intereses por la especulación financiera y el aumento del dólar para beneficiar un puñado de exportadores. Los que no tienen trabajo no pueden esperar más», dijo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.
Junto al mencionado movimiento se movilizaron Barrios de Pie, Votamos Luchar, Movimiento 29 de Mayo y organizaciones sociales de las provincias del Chaco y de Jujuy, entre otras.
Las organizaciones sociales políticas y piqueteras anunciaron que mañana participarán de la marcha de San Cayetano.
Viales Nacionales anunciaron una medida de fuerza «contra la baja salarial»
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, anunció el quite de colaboración a nivel nacional “contra la baja salarial” y tras la decisión de la administración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de impedir el reintegro de la retención de aportes del mes de Julio a los trabajadores, tal como había dispuesto el sindicato como medida extraordinaria, la semana pasada.
La medida votada en asamblea, se extenderá hasta el lunes y afectará las tareas de las diferentes áreas y de los Distritos del interior. “Este es un nuevo atropello para los trabajadores de Vialidad Nacional. No solo se nos impuso una paritaria vergonzosa de manera unilateral y en complicidad con el sindicato patronal de UPCN, sino que además tampoco se respeta el pedido de reintegrarle a los trabajadores el descuento correspondiente a Retención de Aportes del primer mes de aumento. De no tener respuestas favorables el día Lunes, nos veremos en la obligación de profundizar las medidas de fuerza”, sostuvo Aleñá.
Dramático: Bajo la gestión de Macri cerraron casi 20 mil empresas
El escenario económico se presentó tan adverso para las empresas que en estos últimos 3 años y medio, bajo la gestión de Mauricio Macri, cerraron casi 20 mil compañías, la peor marca desde 2001. La cifra fue aportada por la consultora Radaren en base a datos de la AFIP.
«La cantidad de empresas del sector privado registra una caída sostenida durante toda la gestión, con una notable aceleración en el último año», destacó el informe, que sostiene que se llegó a este presente por varios factores. Uno, es la destrucción del mercado interno, la caída de la financiación y una falta de previsibilidad.
El trabajo marca que «tomando solamente el último año, la caída alcanza el -2,7%, la mayor desde la crisis de 2001/2002, lo que da cuenta del fuerte impacto de la corrida cambiaria y las posteriores medidas de ajuste fiscal y monetario». Acto seguido, da cuenta que no hay horizonte de mejora: «Todo indica que esta dinámica se mantendrá en lo que resta del año, dado que los sectores más ‘empresa intensivos».
El relevamiento indicó que la crisis afectó principalmente a las pequeñas y medianas empresas, mientras que prácticamente no hubo cambios en las grandes: «Entre junio 2015 y junio 2019, cerraron 18.519 empresas de hasta 10 empleados, esto es, una caída de 3,8%», remarcó el estudio. Entre las empresas medianas, las que emplean entre 10 y 500 personas, la caída fue de 1,4% (1.169 empresas menos).
En este contexto, sectores como comercios se vieron notablemente perjudicados ya que bajó la demanda y subieron fuertemente los costos. La crisis impactó de manera letal en el mercado laboral, tal como reconoce la consultora: «Al analizar únicamente el cierre neto de empresas, se deja de lado que muchas de ellas siguen operando, pero con menor personal, producto del mal desempeño económico. Es decir, el cierre de empresas explica solo parcialmente resultado negativo del mercado laboral»
Sorpresivamente cerró la fábrica de baterías Ran Bat
Para sorpresa de los empleados, amaneció cerrada este lunes la planta que desde hace diez años fabrica baterías y acumuladores Ran Bat, ubicada en el parque industrial de Burzaco. Para evitar que los dueños la vacíen y se lleven todas las maquinarias, los despedidos permanecen en las instalaciones.
La planta, ahora llamada Arcynur permanecía con candado cuando se presentaron los 35 trabajadores a cubrir su horario de trabajo.
Marcelo Serrano, delegado de la planta, afirmó que “los dueños no habían informado nada al respecto” si bien había indicios de que la cosa no andaba bien: «Hace una semana y media que no entraban insumos, ni plomo, ni ácido, ni óxido”.
Lo cierto afirmó Serrano es que “no nos mandaron carta documento, ni nos avisaron, nos dejaron abandonados. Los dueños, los hermanos Alejandro y Rubén Navarro nos dejaron en la calle» denunció.
Pedidos había, no entendemos por qué cerraron de esta forma. Nos deben una quincena, aguinaldo y el retroactivo de abril. No vamos a regalar nada de lo que nos corresponde», dijo Serrano.
“Hace algunos años, los dueños despidieron empleados y le cambiaron el nombre. Hace tres años, éramos 60 trabajadores y hacíamos casi 700 baterías por día, hoy quedamos 35 y hacemos 250 unidades. Ahora vamos a la calle” disparó.
Con la esperanza de que llegue una buena noticia y alguien se presente, continúan la vigilia hasta que alguien les de una respuesta, aunque se repite en varios casos, que los empresarios desaparecen, no acatan las conciliaciones ni los contratos de trabajo.
Ahora Baby Etchecopar le dijo «Boludas», «Asquerosas» y «Pendejitas» a las peajistas y el gremio salió a repudiarlo
A una semana de ser denunciado ante el Inadi por sus dichos contra las azafatas, el conductor radial ataco a las peajistas. Las llamó «Boludas», «Asquerosas» y «Pendejitas». Desde el gremio lo repudiaron por el machismo y por su «animosidad» contra los trabajadores y trabajadoras.
06/08/2019
El programa «El Angel» que Baby Etchecopar conduce en Radio 10 terminó convirtiéndose en una usina de agravios contra trabajadores y trabajadoras de diferentes actividades. Es que cada semana el «periodista» utiliza el aire para denigrar a algún colectivo de trabajadores, haciendo especial hincapié en aquellos con alto nivel de sindicalización.
«A las chicas del peaje, manejadas por los Moyano, les digo que está prohibido ponerse la remera verde de Camioneros. Tienen las boludas las remeras verdes de camioneros. los boludos también», abrió Etchcopar. Y siguió: «¿Y sabes que te hacen? A mi hay algunas que me conocen porque yo paso todo el día, te tiran al guita, no te la dan en la mano, porque saben que estas en contra».
«Una sensación asquerosa. Son chicas chicas, las grandes no. Las pendejitas te miran con odio y te tiran la guita porque tienen la remera de Camioneros», insistió el conductor y para cerrar pidió que se queden sin trabajo: «Pero ya se les termina, porque viene el peaje automático donde no va a haber nadie».
Las palabras despertaron el inmediato repudio del gremio que los representa. El Sinicato Único de Peajes y Afines emitió un comunicado en el que expresó: «Repudiamos los dichos agraviantes del Señor Ángel Pedro «Baby» Etchecopar en su programa radial de hoy a través de los cuales insulta y denigra a los cajeros de peaje, en especial a las trabajadoras, refiriéndose a ellas de forma despectiva con las palabras: «Boludas?, «Asquerosas» y «Pendejitas».
Desde la organización que comanda Sergio Sanchez, señalaron que Etchecopar «No sólo atenta contra la integridad del género femenino con expresiones misóginas sino que además apunta contra la fuente de ingreso de miles de familias argentinas, haciendo referencia con liviandad a la automatización de los peajes y mofándose de las eventuales pérdidas de fuentes laborales que ocasionaría».
Respecto de las remeras, que parecen molestarle tanto a Etchecopar, sostuvieron que se tratan de una muestra de «agradecimiento a una Organización que ha dignificado la actividad de peaje desde el 2006». Y en el texto con la firma de la Secretaría de la Mujer, expresaron que «Su probada violencia verbal demuestra no sólo un grado machismo exacerbado que toda la sociedad está luchando por desterrar sino además una animosidad hacia los trabajadores argentinos».
Hace menos de una semana el mismo conductor había tenido un cruce de alta intensidad con los Aeronavengantes. «No hagas la carrera de azafata. Anda a una casa de masajes. Por ahí te conviene con final feliz. Ganas más plata en menos tiempo y siempre tenes algo caliente que llevarte a la boca y no la de un piloto», había disparado. Más que desagradable.
Sus palabras provocaron una denuncia de la Asociación Argentina de Aeronavegantes ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por los dichos de contenido «altamente discriminatorio y violento sobre un colectivo de mujeres trabajadoras».
El documento presentado por el gremio detalla las expresiones del conductor radial, a las cuales calificaron desde la Secretaría de Género del sindicato como «manifestaciones injuriosas, denigratorias, discriminatorias y que instigan a la violencia de género», y agrega que la «situación que nos impele a realizar esta presentación para denunciar al Sr. Etchecopar por la violencia mediática en los que sus dichos se enmarcan, y por lo cual nos sentimos humilladas y deshonradas».
El desempleo juvenil más que triplica la media
El desempleo viene creciendo en la Argentina y ya volvió a ubicarse en promedio en los dos dígitos, mientras que la situación de los jóvenes es tres veces peor a la de los adultos.
06/08/2019
«En Argentina la tasa de desempleo de los adultos es del 8% mientras que la tasa de desempleo juvenil es de 27%, lo que hace una relación de 3,4 veces», dijo el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en un informe.
El sistema de transición de la educación al trabajo comprende al conjunto de instituciones educativas y laborales que condicionan el tránsito de los jóvenes al empleo.
Específicamente, contempla la estructuración de modalidades y contenidos educativos, la conexión de las escuelas con las empresas y las regulaciones que rigen las prácticas laborales y las primeras experiencias en el empleo.
En Europa se identifican dos estilos bien diferenciados en sus sistemas de transición de la educación al trabajo, señaló Idesa.
En los países de tradición germánica ?como Alemania, Austria, Suiza? la educación secundaria contempla explícitamente modalidades que preparan a los jóvenes para su entrada al mercado de trabajo.
Estas modalidades conviven con las académicas cuya orientación es la prosecución de estudios universitarios.
Un esquema alternativo es la de los países de tradición latina ?como Francia, Bélgica o España? donde el foco está de manera casi excluyente en la preparación de los jóvenes para continuar con los estudios universitarios.
Una forma de evaluar la eficacia de los sistemas de transición de educación al trabajo es comparando las tasas de desempleo juvenil con las de los adultos.
Tomando datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del INDEC para el caso de la Argentina se observa que en Argentina la tasa de desempleo de los adultos es del 8% mientras que la tasa de desempleo juvenil es de 27% haciendo una relación de 3,4.
En Alemania, Austria y Suiza la tasa de desempleo de los adultos es del 4% mientras que la tasa de desempleo juvenil es de 8% haciendo una relación de 2.
En Francia, Bélgica y España la tasa de desempleo de los adultos es de 10% mientras que la tasa de desempleo juvenil es de 27% haciendo una relación de 2,7.
Envio:RL
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