/ Resumen Latinoamericano/ 12 de septiembre 2019
Sin cruces y con un tratamiento breve Diputados dejó a la noma en condiciones de ser tratada por el Senado. Cambiemos votó a favor.
El cierre de la sesión estuvo a cargo de Mario Negri, el presidente del interbloque oficialista, destacó la paz con la que transitó la sesión y remarcó que la Cámara de Diputados se comportó “a la altura de las circunstancias”.
Dentro de ese clima detalló la importancia de que “la prórroga de la Emergencia Alimentaria se debate en el Congreso y no se meta en la campaña electoral” y luego de destacar algunas de las políticas del gobierno en materia social anunció que su bloque votaría a favor.
A la hora de del cierre por parte de la oposición el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sentenció: “Los problemas sociales no se resuelven con políticas sociales sino con políticas económicas. Esto es un paliativo”.
Además, el diputado por la provincia de Santa Fe luego de resaltar la importancia del rol de los movimientos sociales remarcó: “Para nosotros el hambre no es cuestión e naturaleza el electoral sino es una cuestión humanitaria. También es cierto que no la empezamos a abordar ahora. Simplemente lo que estamos haciendo es darle herramientas al ministerio de desarrollo social para qué este transito hasta el 10 de diciembre sea lo menos dañino posible”.
Por otra parte, y en el marco de un debate ordenado y sin cruces fuertes, Rossi destacó la decisión del oficialismo de acompañar el proyecto de la oposición.
El jefe del bloque Movimiento Evita en Diputados, Leonardo Grosso, principal impulsor del proyecto y de la convocatoria a la sesión especial aprovechó el debate para cruzar al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, quien consideró que “Argentina tampoco es Biafra” al referirse al reclamo por la emergencia alimentaria.
En su discurso durante la sesión de este jueves, el legislador lanzó: “El senador Pichetto tiene razón, esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri y de Cambiemos”.
Con respecto a la norma Grosso señaló que se está “declarando la emergencia alimentaria porque tenemos que reconocer que tenemos un país en emergencia”, y agregó: “Cualquier política pública que se defina o que se lleve adelante para combatir el hambre, es una política pública que llega tarde. Lo digo porque algunos se han jactado de dar el debate, o de dar quórum, o aportar los dos tercios. Estamos llegando tarde porque hay gente que no come”.
Por su parte, el diputado de Consenso Federal, Pablo Kosiner, un espacio que también reclamó en medio de la campaña electoral la Emergencia Alimentaria, apuntó contra el gobierno por la responsabilidad de la crisis que vive la Argentina y pidió poner en marcha los consensos consultivos con participación de las provincias.
El texto aprobado por los legisladores establece en su artículo 4, un “incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
También faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
La sesión comenzó poco después del mediodía con la presencia de diputados de todos los bloques. Con el quórum asegurado por los bloque peronistas el oficialismo no demoró en sentarse en sus bancas para comenzar con el debate del proyecto de ley que, más allá de lo parlamentario, cuenta con el apoyo de La CGT, las dos CTA, la UIA y la Iglesia.
El encargo de abrir la sesión como miembro informante fue el diputado por la provincia de Buenos Aires y candidato a ocupar el ministerio de Desarrollo en un hipotético gobierno de Alberto Fernández, Daniel Arroyo, que señaló: “Esta ley viene a ayudar a ponerle un piso a la caída social. Es evidente que hay un problema de hambre en la Argentina, es evidente que hay un problema de mal nutrición”.
Además, arroyó remarcó que “Hay más presencia en los comedores. Está claro que no es lo mismo comer y no comer. Está claro que hay una mayor demanda en los comedores. En los últimos 20 días se ha complicado más la situación debido al aumento de los alimentos y al freno de la actividad económica. Hay más presión y más tensión”.
En cuanto a la situación que llevó a la oposición a pedir la sesión especial Arroyo detalló: “Estamos ante una situación compleja y delicada. Lo que era un centro comunitario paso a ser un merendero, y lo que era un merendero pasó a un comedor y lo que era solo un comedor ahora también hacen viandas para que los chicos se llevan sus padres. Hemos retrocedido cinco escalones, por eso hoy tenemos que atender lo básico.”
Para concluir, y en sintonía con lo que planteo el candidato a Presidente, Alberto Fernández, ayer en Tucumán, el diputado afirmó: “Estamos ante un situación difícil de verdad. Nadie tiene que encender la mecha”.
Héctor “Toty” Flores fue el encargado de fijar la postura del oficialismo. El dirigente social devenido en interprete positivo de las políticas del gobierno nacional dijo: “A pesar de que no coincidimos con la magnitud de esta situación que estamos viviendo (SIC). Hemos decidido acompañar el proyecto porque creemos que es necesario acompañar a la gente luego de la crisis cambiaria y de la cris pos paso”.
Flores aprovechó para defender la política social de cambiemos, destacó el aumento del salario mínimo, el aumento de la asignación por hijo y la implementación del IVA cero para los alimentos.
Para terminar, ante la mirada asombrada de la mayoría de los legisladores, el hombre que responde a Elisa Carrió destacó a fallecido sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas como un ejemplo de la lucha por la justicia social.
Por Mariana Di Mauro, Resumen Latinoamericano, 12 de Septiembre de 2019.
Hoy, en el Hotel Bauen, el Colectivo de Actrices Argentinas acompañaron a Anahí de la Fuente en su denuncia por acoso sexual y maltrato laboral en el Centro Cultural San Martín.
Acompañadas por importantes referentes del movimiento de mujeres y con la adhesión del Colectivo Ni Una Menos, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de otras organizaciones feministas, las actrices leyeron un comunicado en el que denunciaban públicamente a Diego Pimentel, director del C.C. San Martín y docente de la Universidad Nacional de Arte (UNA) por acoso sexual y maltrato laboral. Además, expusieron la situación de precarización que sufren las mujeres en todos los ámbitos laborales y la extrema vulnerabilidad a la que están expuestas por parte de quienes ejercen abuso de poder.
En febrero, Anahí decidió denunciar a Pimentel en el Gobierno de la Ciudad, en el Ministerio de Cultura y también inició acciones penales por maltrato físico y acoso sexual agravado por su jerarquía y por funcionario público, pero nunca obtuvo respuestas. Al tiempo, fue despedida de su puesto de trabajo, y hasta el día de hoy se encuentra sin empleo. “Cuando la víctima decide hablar, la amenazan; cuando decide denunciar, la despiden (…) Basta de encubrimiento, de naturalizar la violencia, de silenciar a las víctimas”, sostuvieron las actrices.
Las actrices exigieron la reincorporación de las mujeres que, junto con Anahí, fueron víctimas del acoso y el maltrato y, posteriormente, despedidas. Apuntaron, también, contra el Estado reclamando la necesidad urgente de políticas públicas para terminar con la violencia de género y repudiando las “contrataciones basura” que permite.
Inflación interanual sube a 54,5% por 4% registrado en agosto
Resumen Latinoamericano / 12 de septiembre de 2019
Los bienes y servicios en Argentina se encarecieron 4% en agosto, lo que llevó la inflación interanual al 54,5%, sostuvo en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
«El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en agosto una variación de 4% con relación al mes anterior», señaló el órgano estadístico en su trabajo.
El alza de precios entre agosto de 2018 y el mismo mes de este año llegó así al 54,5%.
Esto representa el mayor índice desde la ola de hiperinflación que se registró en los últimos años del Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).
La inflación de agosto fue de 4%; en julio había sido del 2,2% y en junio de 1,2%.
Aumentaron por encima del promedio los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (6,1%), salud (5%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (4,5%), bienes y servicios varios (4,4%), bebidas y alcohólicas y tabaco (4,4%) y recreación y cultura (4,2%).
La inflación en los ocho primeros meses de 2019 fue 30%, con índices superiores en salud (35,2%), educación (34,7%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (33,3%).
Los bienes y servicios aumentaron sus precios 54,5% en los últimos 12 meses.
La salud fue lo que más se encareció en el último año (65,8%), seguida de equipamiento y mantenimiento del hogar (60,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (58,8%) y bienes y servicios varios (58%).
La suba de precios del último mes se asocia a la marcada depreciación que sufrió la moneda frente al dólar, de 23,3%, desde las elecciones primarias del 11 de agosto.
La apreciación de la cotización del dólar en un país que dolariza muchos de sus insumos se traslada siempre a los bienes y servicios.
Sputnik
Alejandro Volkind / Resumen Latinoamericano / 12 de septiembre de 2019
Daniel Ruiz es la única persona privada de la libertad por las manifestaciones populares que ganaron las calles argentinas durante la discusión por la Reforma previsional. A un año de su detención en una causa con varios puntos oscuros y sin fecha de juicio, Daniel habló con Cítrica en el penal de Marcos Paz.
La primera dificultad con Daniel Ruiz es que pocos lo conocen.
¿Quién es Daniel Ruiz?
¿El laburante que hoy cumple un año preso por enfrentar la Reforma previsional? ¿El delegado que terminó organizando a sus compañeros de pabellón?
¿El fanático de River que escribe una crónica desde la cárcel sobre el Superclásico y cita a Marx? ¿El petrolero de Comodoro Rivadavia que se templó bajo las heladas? ¿El padre que sólo quiere volver a estar con su hija?
¿El morocho que tiene sangre mapuche en el cuerpo? ¿El desocupado que aprendió la democracia en las asambleas piqueteras de los ’90? ¿El preso que arrancó hace unos días una huelga de hambre en el penal de Marcos Paz porque está sin condena y sin fecha de juicio?
La historia de Daniel Ruiz es la de una injusticia que necesita ser conocida.
Una cacería amplificada por los medios
La primera derrota de Macri fue en la calle. Y fue un diciembre. El Gobierno venía de ganar cómodo las elecciones de 2017 y consideró que era el momento adecuado para avanzar con sus objetivos de fondo: destruir el sistema previsional y los derechos laborales. “El cambio cuesta, pero no hay excusas: es ahora o nunca”, advirtió el Presidente de la Nación cuando presentó los proyectos de las reformas laboral y previsional en el Congreso.
Pero la prepotencia del “ahora” se topó con un obstáculo: el pueblo. En aquel diciembre, miles y miles de laburantes salieron a la calle y desafiaron los planes del macrismo. Daniel Ruiz fue uno de ellos. Motivos no le faltaban: «Los petroleros -dice ahora en una pequeña sala en Marcos Paz, mientras se produce la charla mano a mano con Cítrica– trabajamos a la intemperie, en el medio de los yacimientos, con clima hostil. Por eso nos jubilamos a los 50 años. Con la Reforma previsional quieren que nos jubilemos a los 65 años».
La insolencia de los laburantes fue respondida con balas de goma. El 14 de diciembre, la represión en las afueras del Congreso fue tan escandalosa que tuvieron que suspender la sesión. “Es ahora o nunca”, había dicho Macri y reprogramó la discusión parlamentaria para cuatro días más tarde.
El 18 de diciembre, «el mejor equipo de los últimos 50 años» desplegó un operativo acorde a sus intenciones: bloqueó el Congreso con vallas, puso en marcha los carros hidrantes y desplegó 1200 policías de la Ciudad con sus perros por los alrededores del Parlamento.
La jornada fue, lógicamente, una cacería. Siete manifestantes recibieron balazos de goma en sus ojos (cuatro de ellos perdieron la vista), otros recibieron ráfagas a menos de un metro de distancia, varios jubilados fueron atropellados por motos policiales y rociados con gas pimienta en la cara, y hasta hubo que evacuar la estación Sáenz Peña del subte A porque no se podía respirar a causa de los gases. La Reforma previsional se aprobó, pero herida de muerte.
Esa misma noche, miles de personas autoconvocadas marcharon desde los barrios hacia el Congreso y se concentraron en distintas plazas de todo el país repudiando el ajuste y la represión.
El espíritu del 2001 dijo presente y, en ese contexto, el Gobierno buscó ocupar el lugar de víctima. La estrategia fue la de poner en la tapa de los diarios a Sebastián Romero, un militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unidos (PSTU) que estuvo en primera fila tirando un mortero pirotécnico, como el verdadero peligro para la democracia. Y mientras los medios reproducían hasta el cansancio las imágenes del “gordo del mortero”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a cazarlo como si se tratara de un prófugo nazi.
Pero los meses pasaban y la ministra de hierro comenzó a mostrar los hilos de su impericia. En julio de 2018, mientras aseguraba que Romero estaba “cercado”, elevó a un millón de pesos la recompensa para quien brindara información sobre su paradero, el doble de lo ofrecido para criminales de lesa humanidad y narcotraficantes.
Sin datos sobre Romero, Bullrich decidió detener a Daniel, su compañero del partido. «Mi detención -dice- es una directa apretada a Sebastián Romero, para que el compañero se entregue». Ruiz no tiene condena ni fecha de juicio. En medio de ese limbo judicial, esta semana comenzó una huelga de hambre para exigir ser recibido en los tribunales, junto a sus abogados y la fiscalía.
Si la Justicia no escucha sus palabras, será el estómago el que tenga que hablar.
¿Vos sos Ruiz?
Solo, en la celda, Daniel escuchó la pregunta y sin levantar la mirada empuñó con fuerza el termo. Recién llegado a Marcos Paz, todo era un alerta. Compartía pabellón con presos por homicidio, piratas del asfalto y secuestradores. Sabía que el Servicio Penitenciario había puesto a correr que pagarían un millón de pesos al que ubicara a Sebastián Romero. Era cuestión de horas para que alguien picara y se acercara a preguntar.
-¿Vos sos Ruiz?
Daniel amagó con el termo, lo único que tenía a mano.
-No, pará -lo tranquilizaron-. ¿Vos tenés contacto con gente de Derechos Humanos?
La pregunta, impensada, le devolvió la respiración. También le abrió un nuevo horizonte en el pabellón: el de portavoz de los reclamos. Sin buscarlo, Daniel se dio cuenta de que, aun en el encierro, seguiría en la lucha porque Marcos Paz «es un lugar atroz para las personas presas». La definición no es suya, sino de la propia Justicia, que hace dos meses terminó prohibiendo nuevos ingresos al penal: hay 2800 privadas de su libertad, mientras el cupo es de 1472 presos.
Daniel habla sobre la realidad carcelaria: “Acá había mucha calentura porque, por la superpoblación, impusieron por la fuerza la celda de a dos, sacaron el gimnasio y achicaron la cancha de fútbol para agregar pabellones». «Terminamos armando un petitorio”, agrega.
La respuesta de los penitenciarios ante la organización de los presos fue el miedo. Y el castigo. “En media hora tienen que desalojar el pabellón”, les ordenaron unos días más tarde. Los 50 internos fueron trasladados a otro pabellón completamente derruido, con inodoros sin botones, vidrios rotos y muchas celdas sin agua.
Los presos llegaron con ganas de ir al choque. Daniel habló: “En caliente nada. Yo experiencia en huelgas tengo, en motines no. Y nunca vi un motín victorioso”.
Al otro día, por primera vez, hicieron una asamblea. “En la cárcel se dice que uno entra solo y se va solo, pero eso nos quiere hacer creer la gorra porque nos quiere dividir”, dijo Daniel mientras los penitenciarios apuntaban desde arriba. “Pero no estamos solos, están nuestras familias y nuestros compañeros. Hay muchas cosas por las que pelear. El pabellón hay que levantarlo y de acá nos vamos todos juntos. No les vamos a dar el gusto”.
Comodoro
En la cárcel, a Daniel lo apodaron «Comodoro» por su origen chubutense. “Nada de acá es distinto a mi barrio”, explica. Dice Comodoro Rivadavia, su ciudad, «es muy violenta, con profundas desigualdades». Pone un ejemplo: «Pan American Energy factura 4 mil millones de dólares al año y la ciudad no tiene acueductos ni hospitales de alta complejidad”.
Capital nacional del petróleo en los ’90, Comodoro Rivadavia también fue cuna de la desocupación, el hambre y la lucha. En ese fuego se horneó Daniel: “Mi primera asamblea fue en 1998 por un corte de luz. Habían echado a 3 mil laburantes y nadie podía pagar”. Así surgió la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, emblema del movimiento de desocupados en su provincia, y Daniel se transformó en uno de sus dirigentes.
Esos años los pasó entre piquetes y pañales: “Mi hija nació en el 2001, cuando cayó Lopez Murphy. Me acuerdo porque tengo una foto en la ruta donde la tengo en brazos”.
En 2002 y después de una larga pelea, Daniel logró entrar a Repsol. “Ahí sentí más hostilidad que al entrar a la cárcel”, compara. “Como era piquetero me mandaron a hacer los peores laburos. Estuve todo un año paleando con un frío de 17 grados bajo cero, pero aguanté por dignidad. Me quería ganar el respeto de mis compañeros”.
Luego entró a trabajar en el pozo y fue elegido delegado. “En el petróleo trabajamos en equipo, con barras que pesan 300 kilos. Cuando perforás, ves sólo la mano de tu compañero. Tenés que confiar en el nudo que hizo”. Remarca: “Cuando hacés eso en una huelga, no podés perder”.
Es la misma confianza que le tiene a su compañero Sebastián Romero. “Estoy muy orgulloso de vos porque este gobierno se va a ir, y con él Patricia Bullrich, a quien le gusta reprimir y matar por la espalda, pero no han podido encontrarte”, le escribió en una carta abierta. “Si tengo que estar preso para que vos estés bien lo haré, porque sé que tu libertad es el peor castigo para el gobierno cipayo y antiobrero de Cambiemos”, asegura con convicción.
Un trofeo para el Gobierno
“La incidencia del Poder Ejecutivo en el caso es clara”, dice Martín Alderete, el abogado de Ruiz. Su defendido está acusado de haber participado ese 18 de diciembre en «una especie de complot» para tirar vallas y lesionar policías utilizando un arma de “fabricación casera”. Sin embargo, durante la investigación judicial nada de eso se pudo comprobar y terminó siendo procesado por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad.
“La prueba que hay en contra de él es una imagen que dura menos de dos minutos donde se lo ve a 15 metros del cordón policial y utilizando material pirotécnico de venta libre, disparando hacia arriba”, asegura Alderete y aporta más detalles: “Hay 7 horas de grabación de ese día, entre cámaras de la Policía y de los medios de comunicación, y en ese lapso hay un montón de gente a la que se ve tirando piedras, derribando las vallas, enfrentándose con la Policía. A Daniel sólo se lo ve dos minutos disparando hacia arriba un tipo de pirotecnia que genera ruido y que sólo es riesgosa para quien la está manipulando”.
Para el Gobierno, en cambio, se trató de un arma de fabricación casera. La Justicia nunca avanzó en ese sentido: “Nosotros solicitamos que un experto en explosivos explique cómo es su funcionamiento y los riesgos que conlleva -dice Alderete-. No le rehuimos a la discusión, al contrario, queremos ir a fondo. Con las imágenes del video, cualquier perito se da cuenta que no es un arma de fabricación casera, sino tan sólo un elemento pirotécnico, pero la pericia nos fue negada sistemáticamente”.
Ni las inconsistencias de la acusación ni la permanencia en prisión de Daniel tienen explicaciones coherentes. De hecho, el delito por el que se lo acusa es excarcelable e incluso podría recibir una pena en suspenso.
Su abogado es claro: no debería haber pasado ni un solo día detenido. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 3 negó su excarcelación en al menos dos oportunidades con el argumento de que, al ser miembro del mismo partido político que Romero, hay peligro de fuga.
La sospecha resulta, cuanto menos, infundada. Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 -momento en que lo detienen por orden del juez federal Sergio Torres-, Ruiz viajó dos veces a Brasil por actividades sindicales y luego regresó al país. En junio, tres meses antes de que lo metieran preso, encabezó un acto en Comodoro Py para reclamar por el cese de la persecución a Romero y hasta se vio cara a cara con el juez que luego pidió su detención: “Yo subí al despacho de Torres para entregarle un petitorio y lo recibió él mismo en persona, tengo la copia con el sello”.
«Me necesitan preso», dice Daniel. En el transcurso de este año detenido en Marcos Paz, le hicieron treinta y nueve juegos de fichas dactilares, que circularon por todo el país y también en el exterior. Querían descubrirle algún delito pasado: “No hay nada, toda la vida fui un trabajador. No pasé ni una noche en una comisaría. En la cárcel tengo diez en conducta. Me podrían dar la domiciliaria con la tobillera». ¿A qué se debe la negativa? «Me necesitan preso”, insiste.

La lucha se lleva en la sangre
Su fama de sindicalista corrió rápidamente dentro del penal. «¿Vos sos Ruiz?», volvió a escuchar la pregunta, pero esta vez en boca de un agente penitenciario. «¿Sabés si vamos a cobrar el bono?», le preguntó. Ruiz respondió lo que pudo y entonces supo que, aunque no quisiera, iba a seguir militando adentro.
Con el pabellón en plena organización y habiendo logrado varias conquistas, el Director del penal le ofreció trasladarlo a un lugar mejor, “donde tienen anafe para calentar el agua”. Daniel rechazó la oferta: “Yo ya me hice acá, y encima tendría que devolverte un favor. Además, no sería una forma elegante de irme”.
Desde entonces, siguió calentando el agua con la metra. “Son dos cables y un hierro”, explica. Con la metra también se suele cocinar. En la cárcel está la costumbre de recibir a las visitas con algo, lo poco que se pueda. La primera vez que vino a visitarlo su hija, Daniel había cocinado unos pancitos, pero sus compañeros le obsequiaron una pizza: “Acá adentro vamos construyendo lazos. Para el Estado, la vida humana no vale nada, pero yo confío en la gente. Acá hay talento desperdiciado. Un estímulo para reducir la pena es estudiar, pero ¿quién te da una hoja? La cárcel no es rehabilitación, es un castigo”.
Daniel afirma que el suyo es un caso entre miles. “El 57 por ciento de los presos de este país están con prisión preventiva, lo cual quiere decir que muchos de los que estamos acá tranquilamente podríamos estar libres», señala. ¿Cuál es la medida del ajuste en la cárcel? «El recorte presupuestario que hay en educación y en salud, también se ve acá: cada vez es menos la cantidad y la calidad de la comida que se entrega a los compañeros de los pabellones, los insumos de limpieza… la sobrepoblación carcelaria genera que las cloacas colapsen, que el agua no sea suficiente, que haya cortes de luz continuos porque no dan abasto».
Ese contexto, en vez de desanimarlo, le da nuevos motivos para defender sus convicciones: “Hasta el último día de mi vida voy a pelear por los presos, porque este sistema es una maquinaria atroz. Cuando era piquetero peleaba por que desaparezcan los piqueteros. Y acá lo mismo”.
-¿Cómo estás vos? -le pregunto.
-Yo estoy bien porque estoy vivo.
La habitación donde transcurre la charla es gris, húmeda, austera y sin ventanas del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
“Ya hemos dado muchos mártires a la causa: Teresa Rodríguez, Rafael Nahuel», enumera. ¿Cómo sigue esto? «Tengo la paciencia que se necesita. Este pagaré no queda impune: o lo cobro yo o lo cobra otro».
-¿Quién es Daniel Ruiz?
-Un luchador. Alguien que no baja los brazos.
Revista Cítrica
Envio:RL






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