Ni viajar en colectivo: suspenden la frecuencia nocturna en Capital y el Conurbano
Ni viajar en colectivo: suspenden la frecuencia nocturna en Capital y el Conurbano
Después de negociaciones infructuosas y recortes en los subsidios, el gobierno nacional y las empresas del transporte resolvieron que las líneas de colectivo bonaerenses dejarán de funcionar en el área metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires) tal como lo hacían por la noche y durante los domingos y feriados.
La medida entrará en funcionamiento el próximo lunes 16 y abarca el horario de 22 a 5. Los domingos y feriados tampoco habrá servicio.
Según se anunció, la medida es por tiempo indeterminado y podría trasladarse a todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
La Asociación Civil del Transporte Automotor, a través de un comunicado, expresó que «ante el grave deterioro de la situación económica que enfrentan las empresas de transporte público de pasajeros por automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires, las entidades empresarias del sector han decidido en forma conjunta iniciar un proceso de racionalización de servicios».
«Pedimos disculpas a los usuarios pero es la única manera de poder continuar con la normal operación de las empresas en los días y horarios de mayor demanda y mantener la fuente de trabajo de todo el personal empleado», completaron.
La medida consiste en «reducir y cancelar algunas prestaciones para atender adecuadamente los servicios en los horarios de mayor necesidad».
El servicio de las líneas provinciales se verá afectado en el AMBA, es decir, la zona urbana común que conforman la Capital Federal y 40 municipios: Almirante Brown, Avellaneda, Berazatagui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate(todas aqiuellas que circulan por la provincia de Buenos Aires dejarán de funcionar en el área metropolitana tal como lo hacían por la noche y durante los domingos y feriados.
Macri dejaría el Gobierno con un piso de 40 por ciento de pobreza
Macri dejaría el Gobierno con un piso de 40 por ciento de pobreza
Llegó a la presidencia a caballito de promesas que no podía cumplir y de un leimotiv que, de tanto repetirlo, en retrospectiva puede verse como una triste caricatura de campaña electoral: «pobreza cero».
El gobierno de Mauricio Macri terminará el 10 de diciembre próximo y dejará tras suyo un tendal de pobreza, marginación y destrucción del salario como pocas veces vivió la Argentina.
Según los datos del Indec que refundó Cambiemos en 2016, en el segundo trimestre de 2016 la pobreza en Argentina era de 32,2%. Esa cifra es la que el macrismo logró imponer en los medios como la que representaba lo que dejó el kirchnerismo, que había salido del poder un cuatrimestre antes y previo al primer ajuste de los muchos que impuso Macri.
De ese 32,2 al actual 35 que miden todas las consultoras, hay una diferencia que, sin embargo, se ampliará de forma considerable a fines de este año, pudiendo ubicarse a fines de diciembre en el 40% sin mayores inconvenientes, sobre todo si se toma como dato excluyente la vertginosa devaluación que sacudió al país en agosto pasado.
Y vale remarcar lo que señaló el Observatorio Social de la UCA semanas atrás, cuando ubicó en casi el 50% el total de chicos argentinos menores de 15 años que viven en condiciones de pobreza.
Por otro lado ¿alguien puede aseverar sin ponerse colorado que las postales de pobreza e indigencia que se ven en todas y cada una de las poblaciones argentinas son apenas un 2,8% más graves que las que veíamos hace casi cuatro años?
En apoyo a esto puede tomarse el artículo de Ámbito Financiero sobre el flaglelo de la pobreza en el país. «Entre el inicio del gobierno de Cambiemos y mediados de 2019 no hubo pobreza cero, sino todo lo contrario: 10 puntos más de pobreza por ingresos, que, extrapolando los resultados de las grandes ciudades en que se mide a todo el país, representan a cerca de cuatro millones y medio de nuevos pobres, esto es personas que pasaron a tener ingresos inferiores a la línea de pobreza (unos $33 mil para un hogar tipo del GBA en agosto de 2019). Pero no solo quienes quedan clasificados estadísticamente como pobres la pasan mal: el aumento de la pobreza denota también que el deterioro del poder adquisitivo alcanzó a la gran mayoría de la población», indica el sociólogo Diego Born en esa publicación.
En ese sentido, el informe remarca que el panorama socioeconómico actual no deja demasiado margen para suponer otra cosa que en el segundo semestre de este 2019 la pobreza alcanzaría al 38-40% de la población.
Las trabajadoras de TV Pública, Telam y Radio Nacional exigimos la adhesión de los medios públicos a la Ley Micaela. La columna firmada por Elena Carmelich en Telam omite que la gestión que integra se niega a adherir a tan importante normativa. Lee nuestra declaración conjunta:
Situación crítica en la ciencia: el Conicet pidió a Macri un aumento de emergencia
En una carta dirigida al presidente, el directorio del organismo señaló que empleados y becarios cobran por debajo de la línea de pobreza.
El directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) envió una carta al presidente Mauricio Macri para pedirle un “aumento de emergencia” de al menos un 20% para empleados, becarios e investigadores.
La carta lleva la firma del vicepresidente Miguel Angel Laborde y también va dirigida al ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, y a José Lino Salvador Barañao, a cargo de la degradada secretaría de Ciencia y Tecnología.
Allí, el directorio describe como “acuciante” la situación económica del organismo, con los salarios de empleados, becarios e investigadores por debajo de la línea de pobreza.
“La situación presupuestaria y salarial de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es acuciante”, arranca el texto en el que describe al CONICET como “uno de los pilares fundamentales del sistema estatal de ciencia y tecnología de nuestro país”.
“El prestigio internacional de nuestra ciencia, así como la transferencia de conocimientos, bienes y servicios a la sociedad son, en gran medida, logros del CONICET. Ahora bien, mantener este prestigio y que la Ciencia y la Tecnología sean una política de Estado deben ir de la mano con niveles salariales acordes para que cada uno de quienes hacemos ciencia y tecnología nos dediquemos con plenitud a llevarlas a cabo”, señala.
El texto describe que un becario graduado universitario recibe $29.800; un doctor (máximo nivel universitario del país) recibe una beca posdoctoral cercano a los $36.000. “Ambas cifras se enmarcan por debajo de la línea de la pobreza, según los datos del INDEC”, destaca.
“Muchos empleados administrativos con vasta experiencia en el sector perciben salarios brutos por debajo de los 22 mil pesos; (…) un Investigador Principal con 20 años de trabajo con dedicación exclusiva en la institución, que dirige doctorandos y otros investigadores y que dicta conferencias internacionales representando al país, percibe un salario de bolsillo cercano a los 68 mil pesos”, agrega.
La carta cierra con el pedido de un aumento de emergencia que se sume a los que se vayan a otorgar por paritaria. “Ante esta situación crítica, el Directorio del CONICET ha decidido por unanimidad hacerle llegar la solicitud de un aumento de emergencia de al menos el veinte por ciento (20%) para todo el personal y becarios del CONICET, que incluye a los empleados administrativos de planta y contratados, a los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico como así también a los miembros de la Carrera del Personal de Apoyo a la investigación”, concluye.
El gobierno cedió a la presión empresarial y ahora promete flexibilizar el bono
Tras el acercamiento de Alberto Fernández a empresarios y gremios el ministro Sica informó que el gobierno convocará a esas fuerzas a discutir el plus salarial. El funcionario confirmó la «voluntad» oficial pero relativizó el monto, que en principio iba a ser de $5.000.
Tras confrontar con la industria por el pago del bono de 5 mil pesos el gobierno bajó los decibeles este jueves y adelantó que llamará a las empresas y los gremios para discutir la iniciativa, además de considerar la posibilidad de flexibilizar las condiciones según los casos particulares.
Así lo expresó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quién aseguro que el plus salarial “no ahogará a las empresas”.
A la par, el presidente, Mauricio Macri, apuntó en un almuerzo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad (ver nota aparte) que el gobierno “se encargó” de las necesidades de las pymes con medidas puntuales “para aportar previsibilidad a la economía”.
En una entrevista con Radio Continental, Sica confirmó que el gobierno quiere que los trabajadores del sector privado reciban un bono como un recurso para responder a la crisis inflacionaria que entre otras cosas derrumbó los niveles de consumo.
En el día en el que se conocerá el dato oficial de la inflación el ministro consignó que “nosotros tenemos la voluntad” de lanzar esa medida porque “sabemos que tenemos que cubrir una necesidad y que hay que buscar algo que compense a las empresas y que no las ahogue”.
Desde que se conoció la intención de Balcarce 50 el martes último las empresas salieron al cruce con fuertes críticas, fundamentalmente las industrias y en particular las pymes.
Los cuestionamientos estuvieron a cargo de dirigentes como Daniel Funes de Rioja, dirigente alimenticio, pero también coordinador del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp) que contiene a empresas de todos los sectores de la economía.
Pero también discutieron la decisión dirigentes como Ariel Aguilar, hombre de la industria marroquinera, quien este miércoles expresó que “queremos pagar el bono pero necesitamos alguna medida para financiarlo”.
La administración nacional también leyó el contexto político. El miércoles el candidato opositor Alberto Fernández se reunió en Tucumán con el presidente de la Unión Industrial (UIA) Miguel Acevedo y con los líderes de la CGT junto a quienes virtualmente lanzó una nueva edición del Consejo Económico y Social, meses antes de asumir su hipotética presidencia.
Después de ese movimiento del Frente de Todos, que plantea una fotografía del poder en la actualidad, el gobierno mandó a Sica a aclarar su “voluntad de flexibilizar” las condiciones del bono de la polémica.
Entre otras cosas aclaró que el monto se definirá a instancias del análisis del IPC de agosto, que arrojó una suba del 4% con un pico del 4,5% en alimentos y bebidas.
Con el número ya sabido el presidente aprovechó su paso por el almuerzo del Consejo de Ciencias Económicas porteño para repasar las recientes medidas económicas con las que intenta “aliviar” la situación del bolsillo.
En ese contexto renovó también su apelación a la voluntad de las empresas a pagar el plus salarial, aunque con más cuidado que el día anterior cuando les pidió “poner el hombro” y desató un vendaval de críticas. Esta vez se limitó a decir que desde el gobierno: “Llevamos alivio al corazón productivo del país que son las pymes, las principales creadoras de empleo. Por eso ahora tienen hasta 10 años para ponerse al día con las deudas y disponen de hasta 10 planes de financiamiento en simultáneo”.
El derrumbe del sector automotriz lidera la caída del uso de la capacidad instalada
Con un alarmante 30 por ciento, la producción de autos encabeza el ranking negativo, en un promedio que llegó al 58,7% en julio.
Los indicadores de julio fueron levemente positivos y el gobierno se valía de esos números para encarar la campaña electoral. Sin embargo, la devaluación de agosto echó por tierra esas expectativas. Aún en ese marco de leve mejoría, julio mostró números negativos para la industria: según el informe que dio a conocer este miércoles el Indec, el uso de la capacidad instalada cayó a 58,7 por ciento. Esto significa una caída del 1,4% con respecto al mismo mes del año pasado y de un 0,4% con respecto a junio último. Así las cosas, se espera que el informe de agosto (se conocerá en octubre) sea lapidario.
El informe sobre capacidad instalada muestra cuál es el uso que le dan las empresas a sus medios de producción. Por ejemplo, si de 4 máquinas, hay 2 en funcionamiento (cualquiera fuera el motivo), esa empresa utiliza el 50% de su capacidad instalada. El 58,7% actual indica que en promedio la industria argentina usa menos de 6 de cada 10 máquinas de producción. Estas decisiones empresariales suelen ser tomadas a partir de los costos altos en la producción, la caída de las ventas y suelen también derivar en despido de personal y cierre de plantas.
Las industrias en situación más delicada son Automotriz, que trabaja a un alarmante 30% de su capacidad; Sustancias y productos químicos, al 47,5%; Metalmecánica, al 48,5%; Productos de caucho y plástico, al 51,6%, y Edición e impresión, al 58,1%.
En julio del año pasado, la industria automotriz trabajaba al 48,1% de su capacidad instalada. Esto significa un derrumbe del 18,1% en apenas un año. Según el informe del Indec, esto fue “originado en la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices”; es decir, se producen menos autos, explicado por ejemplo en la cancelación de distintas líneas de producción.
En el otro extremo, se encuentran Industrias metálicas básicas, que trabaja al 79,3% de su capacidad; Refinación de petróleo, al 75,1%, Papel y cartón, al 72,9%, y Productos del tabaco, al 68,9%.
Pese a seguir en la cima del ranking, las industrias metálicas básicas sufrieron una importante caída del 7%, con respecto al 86,3% de julio del año pasado, “como consecuencia del menor nivel de producción de acero crudo”. Por su parte, Refinación de petróleo creció casi un 9%, “a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo”.
La UIA dialoga con Alberto F. e insiste con las reformas laboral, previsional y tributaria
Mientras más se alejan de Macri más se acercan al candidato del Frente de Todos, pero anticipan que faltan «políticas estructurales».
El escenario muestra en simultáneo al presidente Mauricio Macri pidiendo a los industriales “que pongan el hombro” y paguen el bono de $5 mil pesos que lanzó como paliativo para la caída del salario y a la Unión Industrial Argentina (UIA) reuniéndose dos días seguidos con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.
La primera reunión, que adelantó Tiempo el lunes, se hizo el martes en la oficina de Fernández, en México 337, en el porteño barrio de San Telmo. El mismo día que los industriales rechazaron a viva voz el pago del bono en virtual cadena nacional el bono del gobierno nacional.
Este miércoles Fernández y Miguel Acevedo volaron a Tucumán, donde se celebra el aniversario de la Unión Industrial local (UIT). Durante el viaje preveían seguir negociando un pacto social destinado a terminar con las turbulencias de la economía, en el caso de que el hoy opositor se consagre en las presidenciales de octubre.
En representación de los industriales asistió Miguel Acevedo, empresario aceitero y presidente de la UIA pero también hombre de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que la semana pasada recibió a Macri con distancia y críticas en su encuentro anual en el hotel Sheraton.
Desde el entorno de Acevedo confiaron a Tiempo que la UIA presentará un texto en el que se manifiesta a favor del diálogo social “para buscar las políticas estructurales que necesita el país” con los empresarios y trabajadores como “actores clave de ese diálogo, que tiene que ser liderado por la política”.
Cabe recordar que la UIA, como el resto de las cámaras empresariales, tiene entre sus objetivos principales las reformas laboral, tributaria y previsional que son eje de intenso debate social y cultural.
En el texto los industriales pedirán que se afinen los instrumentos “para atender a la dinámica de cada sector” por lo que insistirá con sus “propuestas concretas para una agenda productiva”, la lista de temas que “estamos presentando a todos los candidatos” presidenciales.
El mensaje reivindica a la industria y a la producción como “porque generan divisas, empleo de calidad y nos permiten desarrollar la innovación”.
En Tucumán también está José Ignacio de Mendiguren, hombre de la UIA pero también diputado por el massismo.
Al mediodía Fernández asistió a un almuerzo del que participaron además de su comitiva gobernadores y vicegobernadores de las provincias del norte, junto con dirigentes sindicales nacionales y provinciales. “Todavía no queremos hablar de un pacto –explicó De Mendiguren- Lo Recién empezamos a hablar. En el almuerzo se planteó cómo constituir el Consejo Económico y Social y si puede haber un acuerdo de precios y salarios para los primeros seis meses” del hipotético gobierno de Fernández.
Acevedo llegó por la tarde. En su agenda tenía a las 17 un encuentro con el gobernador Juan Manzur y el secretario General de la CGT, Héctor Daer.
A las 21 el jefe provincial organizó a Fernández y Acevedo una cena con empresarios regionales en el hotel Sheraton local en que estaba previsto pronunciar las conclusiones de la gira.
Polémica por el bono
El martes, mientras Fernández se reunía en San Telmo con Acevedo, otro importante dirigente industrial como Daniel Funes de Rioja le bajaba la persiana categóricamente al bono de 5 mil pesos.
Este miércoles en Santa Fe, el presidente Macri redobló la apuesta con un pedido de colaboración a los industriales. “Esperemos que todos puedan poner el hombro. Confío en que los industriales van a poder hacerlo como el resto de los argentinos. Desde abril del año fue muy duro para todas las familias, es muy difícil llegar a fin de mes, estabilizarnos después de la sequía, y la pérdida del crédito fue muy duro. En la medida que puedan espero que los industriales puedan poner el hombro”, expresó el mandatario.
Este miércoles el presidente de Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, advirtió que para su sector “no será fácil” pagar el bono y calculó que “el 25% no lo va a poder costear”.
En diálogo con Radio Universidad de La Plata, Moreira señaló: “Después del 11 de agosto este gobierno ha profundizado el desastre que vino haciendo a lo largo de estos cuatro años. El hecho de no haber intervenido en el mercado cambiario después de perder por escándalo las PASO hizo que hoy las pymes estemos absolutamente paradas: en la calle no hay un peso dando vueltas. No hay consumo. La cadena de pagos está rota. Y, encima, ahora nos vamos a encontrar con otra infracción más, entre tantas que ya nos endilgan”.
Educación: entre el ajuste y las corporaciones
Cambiemos redujo el presupuesto para el área, incumpliendo la Ley de Educación, que estipula asignarle un mínimo del 6% del PBI. En cuatro años, además, subejecutó 59 mil millones de pesos.
Presupuesto en baja: el huevo de la serpiente
En Educación, al igual que en otras áreas sociales, el gobierno de Cambiemos se caracterizó por una política de fuerte ajuste, recorte de programas territoriales, y el agregado de una creciente injerencia de corporaciones multinacionales, sobre todo en las pruebas estandarizadas, bajo un discurso anclado en la meritocracia.La inversión educativa nacional cayó un 9% entre 2016 y 2018. Y si se ejecutara el Presupuesto 2019 en su totalidad, el retroceso llegará al 19 por ciento. No son datos provistos por los sindicatos o la oposición, sino por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una ONG que ha aportado muchos funcionarios al oficialismo. Los $ 146 mil millones destinados a Educación este año representan la suma más baja en una década y, si se los considera en precios constantes de 2018 (quitando la inflación), son casi 50 mil millones menos respecto de 2015. De esta manera, el macrismo incumple la Ley de Educación Nacional de 2006, que estipula un mínimo de inversión del 6% del PBI en el área. Esa meta se respetó hasta 2015. En 2016, los fondos asignados descendieron al 5,8%, y hoy representan el 5,5%, el más bajo desde 2008, como lo subrayó un trabajo del Observatorio Argentinos por la Educación, presentado esta semana en el CCK.Otro trabajo realizado por observatorios y equipos de investigación de la Universidad Pedagógica (UNIPE), la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro Cultural de la Cooperación, Aula Abierta y las universidades de Avellaneda, Quilmes y General Sarmiento resalta que el presupuesto educativo en 2019 es, en términos reales, y debido al aumento de precios de un 125%, al menos un 17% más bajo que el de 2016, pasando de 122 mil millones de pesos a 101 mil millones. «Como en este período la cantidad de estudiantes en todo el sistema educativo se habrá incrementado en 500 mil, la inversión educativa real por alumno del Estado nacional en el período 2016-2019 habrá descendido más de un 20 por ciento».
La anulación de la paritaria nacional docente
De acuerdo al informe de CIPPEC, el poder adquisitivo del salario docente descendió un 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Tras alcanzar un máximo en 2015, comenzó a perder terreno, regresando en 2018 al nivel de 2007, con caídas en las 24 jurisdicciones, a excepción de San Luis, donde el salario creció un 14% en términos reales.
En Educación, al igual que en otras áreas sociales, el gobierno de Cambiemos se caracterizó por una política de fuerte ajuste, recorte de programas territoriales, y el agregado de una creciente injerencia de corporaciones multinacionales, sobre todo en las pruebas estandarizadas, bajo un discurso anclado en la meritocracia.La inversión educativa nacional cayó un 9% entre 2016 y 2018. Y si se ejecutara el Presupuesto 2019 en su totalidad, el retroceso llegará al 19 por ciento. No son datos provistos por los sindicatos o la oposición, sino por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una ONG que ha aportado muchos funcionarios al oficialismo. Los $ 146 mil millones destinados a Educación este año representan la suma más baja en una década y, si se los considera en precios constantes de 2018 (quitando la inflación), son casi 50 mil millones menos respecto de 2015. De esta manera, el macrismo incumple la Ley de Educación Nacional de 2006, que estipula un mínimo de inversión del 6% del PBI en el área. Esa meta se respetó hasta 2015. En 2016, los fondos asignados descendieron al 5,8%, y hoy representan el 5,5%, el más bajo desde 2008, como lo subrayó un trabajo del Observatorio Argentinos por la Educación, presentado esta semana en el CCK.Otro trabajo realizado por observatorios y equipos de investigación de la Universidad Pedagógica (UNIPE), la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro Cultural de la Cooperación, Aula Abierta y las universidades de Avellaneda, Quilmes y General Sarmiento resalta que el presupuesto educativo en 2019 es, en términos reales, y debido al aumento de precios de un 125%, al menos un 17% más bajo que el de 2016, pasando de 122 mil millones de pesos a 101 mil millones. «Como en este período la cantidad de estudiantes en todo el sistema educativo se habrá incrementado en 500 mil, la inversión educativa real por alumno del Estado nacional en el período 2016-2019 habrá descendido más de un 20 por ciento».
A los menguantes presupuestos hay que sumarles la escasa ejecución. Y allí surge otro dato que alarma por su magnitud: según números oficiales de Hacienda, entre 2016 y 2018 quedaron sin usar 59 mil millones de pesos que estaban destinados a Educación.
La anulación de la paritaria nacional docente
De acuerdo al informe de CIPPEC, el poder adquisitivo del salario docente descendió un 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Tras alcanzar un máximo en 2015, comenzó a perder terreno, regresando en 2018 al nivel de 2007, con caídas en las 24 jurisdicciones, a excepción de San Luis, donde el salario creció un 14% en términos reales.
Los fondos para elevar y tender a igualar los salarios docentes en las provincias también se congelaron en 2019, como resultado de la anulación de la Paritaria Nacional Docente, en 2017. Sin la compensación del Estado, la diferencia entre las provincias que más salarios otorgan y las que menos ofrecen es de 2,1 veces. El Observatorio Argentinos por la Educación sostiene que el salario aumentó entre 2005 y 2015, pero «entre 2015 y 2017 se registró una caída del 6,4 por ciento».
En 2015, un maestro de grado cobraba un promedio de 6060 pesos, equivalentes a 631,25 dólares. Hoy, el sueldo medio es de $ 18.750: 328 dólares. El de un docente uruguayo asciende a 462,30 dólares.
Las universidades, educación «inferior»En 2019, el presupuesto universitario bajó un 10% respecto al año anterior. Eso sin contar la inflación interanual. «¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura», cuestionaba Mauricio Macri antes de arribar a la Casa Rosada. Llevó esa idea a la práctica: en su mandato no hubo una sola facultad pública nueva. Hay casos de asfixia presupuestaria extrema. La Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela, tiene para pagar sueldos hasta octubre. Mientras, su matrícula crece: hace tres años eran 14 mil alumnos, hoy superan los 20.700. Las universidades de la Patagonia sufrieron un recorte de 184 millones en 2018 y les deben más de dos meses de funcionamiento. A los déficits financieros se agregan los despidos de 7000 personas que trabajaban en universidades, por ejemplo en áreas técnicas o en programas como los contenidos de la TV Digital. Y el aumento en las tarifas de servicios: a la Universidad de Moreno, la luz le llega con un 1700% de aumento respecto de dos años atrás. La devaluación fue otro golpe mortal para instituciones que funcionan con muchos insumos y equipamientos dolarizados.
Carreras estratégicas para otro modelo de paísOtro sector que había progresado hace una década y hoy sufre un vaciamiento es el de las escuelas técnicas, claves para el desarrollo, especialmente unido a las llamadas «carreras estratégicas» de Ingeniería e Informática. El recorte de $ 1500 millones en el Fondo de Educación Técnica para 2019 supuso el incumplimiento de la Ley de Educación Técnico Profesional: la norma estipula que ese fondo sea el 0,2% de los ingresos públicos, pero este año será apenas la mitad.
«Volvemos a los ’90», coinciden los directivos de los colegios técnicos. Su manejo depende del INET, adonde arribó como director, en 2016, el actual ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, que comparte con Esteban Bullrich la cuenta offshore «Formar Foundation INC», en Panamá. Al frente del INET, buscó reemplazar el área de formación profesional por una Agencia Nacional de Talentos, fuera de la órbita educativa. Con su llegada, el sector técnico entró en crisis: el INET apenas usó el 17% de los $ 3400 millones presupuestados.
Jardines de infantes, una promesa de campaña incumplida
«Me comprometo a construir los 3000 jardines de infantes que faltan», anunció Macri antes de llegar al gobierno. Una vez en el poder, cambió la meta a «10 mil aulas», pero tampoco la cumplió. De acuerdo al Observatorio Argentinos por la Educación, lleva realizadas 1479 aulas.
«Me comprometo a construir los 3000 jardines de infantes que faltan», anunció Macri antes de llegar al gobierno. Una vez en el poder, cambió la meta a «10 mil aulas», pero tampoco la cumplió. De acuerdo al Observatorio Argentinos por la Educación, lleva realizadas 1479 aulas.
El recorte general ha afectado gravemente el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento escolar, que pasó de $ 6063 millones en 2018 a $ 2600 millones en 2019. De acuerdo a un estudio de CTERA, «en los dos últimos años se subejecutaron partidas por $ 7775 millones. Con ellas ya se hubieran construido 540 jardines o 3000 aulas».
En 12 años, los gobiernos kirchneristas construyeron 1824 establecimientos, bajo el Programa Más Escuelas. Desde fines de 2015,Cambiemos edificó menos de diez en todo el país. La falta de obras (y de nuevos cargos docentes) afectó de lleno al programa de escuelas con jornada extendida. La Ley de Educación obliga a que todas las primarias funcionen con esta modalidad, e incluso Macri lo declaró una prioridad de su gobierno para que «todas las escuelas tengan jornada extendida en 2026». Sin embargo, los 307 millones que el programa tenía presupuestados en 2018 pasaron a ser apenas 34 millones en 2019, sin contar la inflación interanual. No sólo no hay más colegios con esta modalidad –cuyo número había crecido durante una década–, sino que 229 establecimientos primarios la abandonaron en los últimos dos años.En la ciudad, falta de vacantes y escuelas fantasma
En 2006, antes de que el PRO llegara a la Ciudad, Educación ocupaba casi el 30% del presupuesto porteño. En 2015 ya había bajado al 22,7%, y este año es de apenas el 17 por ciento. Eso explica gran parte de los déficits educativos del distrito más rico del país, entre ellos que menos del 40% de los alumnos y las alumnas inscriptos para nivel inicial en 2019 hayan obtenido su vacante. La falta de oferta se profundizó año a año, con la instauración del sistema de inscripción online: mientras en 2014 hubo 7000 chicos sin vacante, en 2019 la cifra ascendió a 12.903, a los que se suman otros 12.700 que asisten a Centros de Primera Infancia (CPI), que no dependen de Educación sino de Desarrollo Social.
En la campaña para las PASO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, promocionó que hay más vacantes, «como nunca antes», y que están construyendo 54 escuelas nuevas. El legislador Mariano Recalde (Frente de Todos), elevó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cuáles son y dónde están: «Ciudad reveló que gastó 109 millones de pesos en un mes en su campaña publicitaria del ‘Plan 54 Escuelas’. Sin embargo, sólo se construyeron diez, y en algunas de las direcciones del Plan sólo hay terrenos baldíos, como el de Pepirí 185, donde no hay una escuela en construcción, sino un patio cervecero».
Secundaria del futuro, hacia la flexibilidad laboralDos medidas de la gestión Larreta fueron largamente resistidas por las comunidades educativas: la UniCABA y la Secundaria del Futuro. El año pasado, el Ejecutivo buscó anular la inscripción a profesorados, para que todo se nuclee en una supuesta Universidad Docente de la que aún poco se sabe. Ni siquiera tiene presupuesto asignado. Gremios y opositores cuestionan que desconoce las variedades curriculares de los 29 profesorados porteños. El temor de fondo es que todo sea parte de un negocio inmobiliario con una venta masiva de los terrenos donde hoy funcionan esos institutos de formación docente, varios históricos, como el Joaquín V. González.
Meses antes, la lucha –con tomas de escuelas incluidas– fue por la Secundaria del Futuro, que Larreta sí logró implementar en una veintena de colegios. Docentes y centros de estudiantes denunciaron que se trata de pasantías no rentadas en las que los chicos del último año de la secundaria llevan a cabo prácticas en empresas, en un marco de flexibilidad laboral y mano de obra barata. Según el gobierno, forma parte de un programa pedagógico para que «la educación esté vinculada al mundo del trabajo». Sin embargo, en marzo de este año la Justicia porteña ordenó que, en caso de persistir en su intención de hacer obligatorias las prácticas, se violaría la Ley 3541, que prescribe como optativas este tipo de actividades.
Sandra, Rubén y el ajuste convertido en tragedia
A fines de mayo de 2018, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que nuclea a los sindicatos de la provincia, realizó una jornada de protesta, el «Carpetazo», que incluyó la entrega de un informe a las autoridades que releva falencias edilicias en 781 colegios del distrito. Uno de ellos era la Escuela Nº 49 «Nicolás Avellaneda», de Moreno, donde el 2 de agosto de ese año, apenas tres meses después de aquel informe, una explosión por una pérdida de gas mató a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez. El Consejo Escolar local, intervenido por la gobernadora María Eugenia Vidal, había recibido cuatro denuncias por fallas en esa escuela. La tragedia desnudó una crisis de infraestructura generada durante décadas, pero profundizada en los últimos tres años y medio por una gestión proclive a la subejecución y a los recortes presupuestarios. Medio centenar de colegios aún no tienen gas en Moreno.
Menos becas y una brecha digital que se hace abismo
Las becas del Programa de Respaldo para Estudiantes Argentinos (Progresar) fueron instauradas por la gestión anterior para ayudar financieramente a los jóvenes para que puedan continuar con sus estudios, especialmente los universitarios del Gran Buenos Aires, donde el 75% de los alumnos son primera generación de universitarios en la familia. A pesar de la inflación de casi el 60%, los montos se mantuvieron congelados desde febrero de 2018 (van de 1250 a 2600 pesos), y con mayores barreras administrativas y desmantelamiento de coordinaciones territoriales, dejando afuera a más chicos: de los 996.172 becados que había en noviembre de 2016, hoy sobreviven apenas 506 mil.
Otro programa de equidad educativa apuntado por el gobierno al asumir fue Conectar Igualdad (CI). El plan no era sólo las netbooks: incluía la conexión a Internet de las escuelas, la formación docente en TICs y contenidos propios con un sistema operativo abierto, el software libre Huayra. El Ministerio, entonces liderado por Esteban Bullrich, primero despidió a los directores del CI, luego desmanteló los equipos territoriales y de asistencia en cada provincia, y por último dejó de comprar equipos y generar contenidos. Alabado por UNESCO gracias al achicamiento de la brecha digital que generó, el programa llegó a repartir 5.300.000 equipos a docentes y alumnos. El gobierno disimuló el cierre suplantándolo por el plan Aprender Conectados, centrándose en la primaria. Sin embargo, fue languideciendo: en 2018 entregaron menos de 50 mil netbooks y dejaron de reparar equipos, con el justificativo de que la mayoría ya tiene computadora en su casa. Macri afirmó en un acto oficial: «¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla». Sólo entre 2016 y 2017, el Ejecutivo le quitó al programa de Educación Digital y Formación Tecnológica la suma de 5900 millones de pesos. Hoy ese programa cuenta con un presupuesto de $ 4420 millones: 600 millones menos que en 2018.
Un informe de esta semana del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) enfatiza que «a partir de 2016, el proceso de ampliación de derechos para niños, niñas y adolescentes tuvo un punto de inflexión y varios programas que se venían implementando en años anteriores, se dieron de baja. Entre ellos, se pueden contabilizar los planes Qunita y Conectar Igualdad. En ambos casos, puede observarse una estrategia similar: el programa se suspende con alguna crítica a la implementación, aunque con la promesa de una futura mejora. En la práctica, se procede a la suspensión o desfinanciamiento».
Pruebas estandarizadas y el negocio de la meritocracia
La meritocracia impulsada por el macrismo desembarcó en la educación, tanto para los docentes como para los alumnos, bajo la figura de rankings. Con los maestros se buscó incluir en la paritaria un mejor cobro para aquellos mejor valuados. Con las escuelas y los estudiantes, se apeló a las pruebas estandarizadas Aprender, basadas en las internacionales PISA, criticadas por no tener en cuenta los contextos de las comunidades educativas, evaluando a todos de la misma manera, y sin contemplar la inclusión escolar: Chile y Perú dan mejores resultados, pero con menos chicos dentro del aula. En base a resultados de Aprender, el Ministerio de Educación propuso elaborar listados de las mejores escuelas para beneficiarlas con envíos de equipos y presupuesto.
Sin embargo, a pesar del discurso macrista que hace foco en la capacitación de los maestros y en la calidad educativa, el programa Acciones de Formación Docente apenas usó el 50% de los fondos pautados para este año, e Información y Evaluación de la Calidad Educativa, el 49 por ciento.
Mientras vaciaba Conectar Igualdad, en el Foro Económico de Davos de 2016, el presidente se reunía con el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que le ofreció Shape The Future: paquetes de software educativo para diez millones de alumnos, y programas de capacitación online para un millón de docentes. La relación de CEOs y corporaciones con el Estado argentino fue de gran fluidez bajo la actual gestión. Desde convenios con Ineco, de Facundo Manes, para formar a docentes con la visión neurocientífica en la lectoescritura de los niños, y con la Fundación CONIN, de Abel Albino, para cooperación y «asistencia técnica», hasta la presencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), impulsora de las pruebas PISA. La Asociación Gremial Docente de la UBA denunció que detrás de los exámenes estandarizados argentinos está la multinacional Pearson PLC (la misma que ideó PISA), una firma inglesa que en 2013 enfrentó juicios por conflictos de intereses al producir materiales para alumnos y, a la vez, diseñar sus exámenes. «
Chubut no pudo abonar los sueldos a los estatales y anunció un nuevo cronograma de pagos
El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, reconoció que el gobierno provincial no cuenta con fondos suficientes para el pago de los empleados estatales por lo que se decidió «pagar al sector más vulnerable», que son los jubilados, a quienes se les depositó «30.000 pesos de la masa salarial de agosto».
En diálogo con Télam, el ministro admitió que esperaba «pagar hoy a jubilados y activos un monto de 30.000 pesos», para lo que necesitaban «2.000 millones de pesos».
Sin embargo, Antonena reconoció que «el gobierno central destinó 1.327.000.000 de pesos proveniente de distintas partidas» para «hacer frente a las obligaciones urgentes como pago de sueldos» y que de ese monto «sólo ingresaron 500 millones de pesos», una cifra que «no nos alcanza».
«Frente a este panorama, hemos decidido pagar 30.000 como adelanto para los jubilados y volver al cronograma de pagos que teníamos el mes pasado, es decir depositar este viernes 13 los salarios de los trabajadores hasta 40 mil pesos, el viernes 20 entre 40 mil y 65 mil pesos de sueldo y finalmente, el tercer rango, será depositado el viernes 27», explicó.
El funcionario provincial detalló que «debe quedar claro que de los 2.000 millones de pesos que se comprometió el gobierno nacional a darnos para salir de esta coyuntura vendrán 1.327, de los cuales 500 millones ingresaron ayer y el resto llegará en distintas remesas, pero de esos solo 100 millones son de ATN (Aporte del Tesoro Nacional)».
En tal sentido detalló que «ingresarán 500 millones de adelanto de coparticipación, que hay que devolver, 600 del Fondo Fiduciario para las provincias que también hay que devolver, más 127 millones del Fondo de Incentivo docente que dejaremos de percibir de acá a fin de año o sea que es pan para hoy y hambre para mañana».
«Reitero, de los 1.327 millones hay un aporte del tesoro de 100 millones que es el único que no tenemos que devolver, el resto lo dejaremos de percibir o, en el peor de los casos, tendremos que pagarlo con intereses» detalló.
El titular de la cartera económica sostuvo que «es hora de que se haga un replanteo general de todo lo que está pasando porque hay sueldos en el Poder Judicial, por ejemplo, que superan los 400.000 pesos».
Destacó, sin embargo, que los salarios se están pagando con atraso, pero dentro del mes, algo que, dijo, «muchos no lo están haciendo, sobre todo en el sector privado, que está en quiebra».
Los gremios estatales reaccionaron profundizando sus medidas de fuerza y organizaron un acampe en proximidades a la Casa de Gobierno que iniciaron ayer, aunque no impide el paso a los empleados que quieren ingresar a sus lugares de trabajo.
Acuña advirtió que si gana Macri en octubre vamos a estar «fundidos, muertos y sin trabajo»
El líder cegetista, Carlos Acuña, pasó por Tucumán acompañando la visita de Alberto Fernández y se ilusionó con un futuro Gobierno. Cuando le preguntaron ¿Qué sucederá si el Frente de Todos no gana las presidenciales? «vamos a estar fundidos, muertos y sin trabajo», respondió.
La visita del candidato presindencial Alberto Fernández a Tucumán dejó señales de todo tipo en la interna cegetista y en el marco del reacomodamiento de fuerzas del movimiento obrero pensando en la renovación de autoridades de la CGT del año próximo.
Uno de los que llegó hasta la provincia del Norte con el candidato fue el líder de los empelados de estaciones de servicio y co titular de la central obrera, Carlos Acuña, que acompañó el acto desde el escenario en un lugar privilegiado.
Acompañado por sus pares Héctor Daer, Gerardo Martínez, Antonio Caló y otros dirigentes, Acuña celebró el encuentro y dio por garantizado que el próximo presidente será Fernández.
¿Qué sucederá si el Frente de Todos no gana las presidenciales?, se le consultó: «¿te imaginás cómo vamos a estar?… Fundidos, muertos y sin trabajo», respondió contundente.
En declaraciones a La Gaceta de Tucumán, Acuña también puso en duda el bono que anunció Dante Sica para los trabajadores del sector privado: «Aún no se confirmó. La verdad es que un bono que deben pagar las empresas privadas es una propaganda electoral más que nada, más allá de las necesidades de la gente», señaló.
Y agregó: «La industria de la alimentación, del calzado, del vestido, la construcción, metalúrgicos, mecánicos… todos los sectores están tratando de que no cierren las fábricas y no pueden discutir ni salarios ni bonos si no cambia la política timbera que tenemos».
«Si no le devolvemos el poder adquisitivo a la gente para que haya consumo, para que las Pymes tengan qué producir y la industria nacional se recupere, no sirve de nada», concluyó Acuña.
Para Yasky el bono de 5 mil pesos es «humo»
El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, recordó que el bono de 5 mil pesos para el sector público dejó afuera a la mayoría de los estatales y calificó de «humo» el que Dante Sica anunció para el sector privado.
El Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió a la situación social y su contexto político y destacó que «hay que mantener un equilibrio. No se le puede decir a alguien que tiene hambre que espere, pero también ser conscientes que el cierre de esto es político. Un equilibro complicado y necesario».
En diálogo con El Destape Radio, el diputado nacional señaló que «hubo un acuerdo de todos los bloques de la oposición y se consensuó un proyecto de emergencia alimentaria».
Del mismo modo indicó: «Creo que va a haber quórum. Es una ley que compromete recursos hasta el 2022, que incluye años de la próxima gestión. Esto muestra que no tiene especulación electoral».
«Nuestro pueblo llegó a tocar ese piso horroroso que es el hambre. Decenas de miles de personas que no comen», puntualizó.
Yasky. Asimismo agregó que «el Gobierno podría haber establecido la emergencia alimentaria por iniciativa propia» y remarcó que «hay demandas que no pueden posponerse».
«El bono de 5.000 pesos queda después absolutamente desdibujado, como una especie de humo», indicó el dirigente sindical, que agregó: «Los 5.000 pesos para estatales dejó afuera la mayoría de los estatales del país. Lo mismo pasa ahora con el bono para privados».
«Para los jubilados tiene que haber medidas muy claras: ponerle límites al aumento de medicamentos y un aumento de jubilaciones de emergencia», señaló Yasky.
«En esta crisis no es cierto que todo perdemos, los que tienen su dinero en los paraísos fiscales siguen ganando sin hacer nada?, indicó. Y concluyó: «Hay que terminar con esta pesadilla ejerciendo el derecho a votar».
Por una denuncia del gremio de vialidad, imputaron a Dietrich e Iguacel por ampliación ilegal de concesiones de peajes
Denunciaron que se ampliaron de forma ilegal los plazos de los contratos de concesión de los corredores viales que vencían en 2017. Se les imputan negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario, mal desempeño y falsedad ideológica.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, suman una complicación a su casi segura retirada de la funciónn pública. Es que el fiscal Eduardo Taiano dio curso a la denuncia que presentó el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, el pasado 16 de agosto, y que apuntó contra ambos funcionarios por habilitar ilegalmente la ampliación de las concesiones de corredores y cobros de peajes.
Concretamente es por haber extendido las concesiones sin llamar a una nueva licitación, como indica la ley y otorgar de forma directa un negocio de 30 mil millones de pesos a las empresas involucradas.
La denuncia apunta a la forma ilegal e irregular de cómo se ampliaron los plazos de los contratos de concesión en los corredores viales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, cuyo vencimiento operó en principio el 20 de abril de 2016 y que permitía una única prórroga de 12 meses.
«Al vencer el término de los contratos el 21 de abril de 2017, los organismos no convocaron a nuevas licitaciones, e incluso desde la DNV se dictó la Resolución 811/17», escribió Taiano. Esa resolución fue dictada por Iguacel y extendió los plazos sin nueva compulsa, con las correspondientes empresas concesionarias por tiempo indeterminado, pese a que eso no estaba habilitado.
De este modo, los funcionarios habilitaron a varias empresas como Benito Roggio SA, Esuco, José Cartellone Construcciones Civiles, Super Cemento y la ex Iecsa (de la familia Macri), a seguir cobrando peajes y certificados de obra en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación.
En la denuncia se detalló que «por quince meses, las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas».
La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, que regresará mañana a su juzgado tras una licencia. Por lo pronto, Taiano dio impulso a la denuncia.
Los delitos que investiga son negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.
El escrito, que está en Comodoro Py, manifiesta que «Iguacel y Dietrich favorecieron a las empresas, privando a la administración de obtener una mejor oferta o mejor precio de mercado, ahorrándose la necesidad de competir para acceder o sostener por más de dos años la operación de los corredores concesionados».
Empresas se adelantan al «bono primavera» y pagan entre 5 y 20 mil pesos por única vez
Más allá de que muchos empresarios plantearon críticas a la propuesta oficialista de entregar un “bono primavera” a sus trabajadores para compensar parcialmente la violenta pérdida de poder adquisitivo derivada de la fuerte devaluación post PASO, en algunas empresas la lucha de sus trabajadores ya había logrado acordar el pago de bonos de entre 5 y 20 mil pesos, antes de la reglamentación oficial.
Luego de que el ministro de Producción Dante Sica confirmara la intención de impulsar el pago de un bono para los trabajadores privados a semejanza del que recibieron los estatales hace unos pocos días, desde la UIA se alzaron voces críticas que planteaban que en esta situación de fuerte recesión se hacía imposible ese pago y exigían que se lo considere como “a cuenta de futuros aumentos” o se compense con otras exenciones impositivas. Ante estos planteos el presidente Mauricio Macri exigió a los empresarios que “pongan el hombro”.
Algunas empresas, sin embargo, ya comenzaron a hacer efectivo el pago de bonos antes de la reglamentación oficial. Aerolíneas Argentinas confirmó el pago de 5 mil pesos para los sueldos de menos de $100 mil, Fernet Branca acordó el pago de 6 mil pesos, La Virginia pagó 8 mil y la multinacional Unilever anticipó el pago de 20 mil pesos en dos veces para los trabajadores de sus plantas de alimentación.
Unilever se negó a reabrir las paritarias y ofreció el pago de este bono, primero con una oferta de 10 mil pesos, que fue rechazada por sus trabajadores que amenazaron con un paro, para luego llegar a la cifra de 20 mil en dos pagos (8 mil el 20 de septiembre y 12 mil el 12 de diciembre). La planta de Unilever en Pilar, donde trabajan unos 600 operarios, contó a BAE Negocios que “como consecuencia de la devaluación post PASO, Unilever fue la primera empresa que retuvo las ventas en todo el país por casi 72 horas porque dijo que no tenía un dólar de referencia. Cuando las reanudó, aumentó los productos un 25%. Nosotros planteamos que nuestros salarios tampoco tenían dólar de referencia”.
Además de Pilar, se pagaría en las plantas de La Rioja (200 operarios) y Mendoza (120 trabajadores). En principio no se contempla el pago en las plantas de Gualeguaychú (donde recientemente se llevó adelante una lucha contra el despido de personal), Gobernador Gálvez o Tortuguitas.
Gastón Pinchetti, delegado de planta de La Virginia de Rosario (800 operarios) explicó: “En agosto logramos que nos pagaran un bono de $8.000; al principio querían darlo a cuenta y no aceptamos. Si el Gobierno dice que tienen que pagar un plus de $5.000 es otro tema, no estaba contemplado en lo que nos dieron».
A mediados de agosto, los 82 trabajadores de Fernet Branca comenzaron a luchar por un bono extraordinario para compensar la devaluación post electoral. José Vera, delegado la planta de Tortuguitas relató: “La patronal nos ofreció un bono de $6.000 a cambio de paz social hasta diciembre. Lo rechazamos en asamblea, porque no sabemos qué puede pasar hasta fin de año. Nos propusieron pagarlo igual y lo liquidaron a fin de agosto y seguir negociando. Hoy nos volvemos a reunir. Nosotros pedimos que ese bono lo incorporen al sueldo en enero y que nos den por lo menos dos bonos más hasta fin de año”.
Como no hay actas firmadas como contrapartida del pago de estos bonos, los trabajadores exigen que si el Gobierno finalmente decreta el pago del “bono primavera”, éste no debería quedar incluido en los pagos anteriores y las empresas deberían abonarlo sin pretensiones de licuarlo en los pagos previos.
Panaderías denuncian el envío de boletas dolarizadas
Una docena de facturas en dólares
En distintos eslabones productivos aumenta la tensión por el traslado de la devaluación a la venta de insumos básicos.
Molinos harineros enviaron boletas que ajustan por el valor del dólar.
Imagen: Jorge Larrosa
Distintos sectores de la economía vienen registrando un endurecimiento de las condiciones de pago de los insumos que usualmente están muy ligados a la evolución del dólar. En el sector de panaderías, se denunciaron casos en donde los molinos venden “a remito abierto”, es decir, con los precios en pesos a definir al momento del pago en función de la situación del tipo de cambio. La modalidad fue adoptada por algunos corredores de Molinos Cañuelas y de Andrés Lagomarsino y motivó quejas entre distintos eslabones de la cadena panaderil. También en la metalurgia advierten que Acindar y Aluar trasladan a las pymes el riesgo cambiario y lo mismo sucede a la hora de cotizar otros insumos de uso difundido como hilados o plásticos.
“Tenemos un molino que ha mandado la boleta en dólares y el equivalente en pesos y una leyenda que dice que al momento de abonar se debe hacer con el tipo de cambio de ese momento. Son boletas dolarizadas”, indicó a este diario Martín Leiras, secretario del Centro de Panaderos de Lanús. “Mandaron boletas en pesos pero con la aclaración de que el precio de la venta a plazo cambia según el valor del dólar. O sea que el panadero contrae una deuda en dólares”, dijo Gastón Mora, dirigente panadero de Avellaneda.
“Nosotros hicimos una presentación ante los molinos y la situación de las boletas dolarizadas se frenó. Los molinos que utilizaron esa maniobra van a revertir las boletas. Los precios tienen que volver a ser fijos según el plazo de pago, contado, cinco, diez días o como convenga. Es una avivada que no debería repetirse”, indicó a este diario Emilio Majori, presidente de la Federación Panaderil Bonaerense. Por su parte, José Alvarez, titular de la Asociación de Panaderos Industriales de la Ciudad de Buenos Aires, aclaró que “no llegaron boletas en dólares y no lo hicieron todos los molinos. Algunos aplicaron la diferencia del tipo de cambio al momento del pago, en convenios de 30 a 40 días. Ya hay compromiso de parte de los molinos involucrados en cambiar esta situación. Todo esto es consecuencia de la desastrosa política económica del Gobierno, que no ofrece ninguna garantía”.
En el sector trascendió que corredores de Molinos Cañuelas y el molino Andrés Lagomarsino emitieron facturas a remito abierto, lo cual despertó la queja de los fabricantes. Son empresas que tienen mucho capital “en la calle” a la espera del cobro y buscaron protección frente a la incertidumbre, trasladando el riesgo cambiario hacia las panaderías. El principal insumo para la producción de harina de parte de los molinos es el trigo, que cotiza directamente en dólares. Se calcula que el 80 por ciento del costo de la harina se relaciona con el trigo. El debate en estos tiempos de alto riesgo es quién asume los costos cuando rigen distintos plazos de pago.
En otros rubros, la dolarización de las boletas en momentos de fuerte volatilidad cambiaria es moneda corriente. «Entregan a factura abierta. Cuando se paga el precio se define según el tipo de cambio del Banco Nación. El precio del acero está en dólares», indicó Aldo Lo Russo, dirigente metalúrgico en relación a las prácticas de Acindar y Aluar. En tanto, Marco Meloni, del sector textil, explica que «en los hilados el pago a contado es a precio dólar y si se entrega un cheque, se hace el cambio a pesos según el valor del dólar el día de la acreditación. Estas modalidades de pago se reinstalan cada vez que el dólar se vuelve muy volátil». Se trata de mecanismos de protección del capital de trabajo de parte de empresas, lo cual reduce la cadena de pagos porque nadie quiere asumir los riesgos que impone una economía que pende de un hilo.
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario