El Gobierno nacional gastó entre 2016 y 2018, 122 millones de dólares sin resolver el problema
La guerra contra las drogas apunta a los perejiles
Entre 2016 y 2018 la "guerra contra el narcotráfico" enarbolada por Patricia Bullrich dedicó 84 millones de dólares a causas por tenencias de drogas, encar
celando perejiles o inocentes.
Por Carlos Rodríguez
La política de drogas del gobierno nacional consiste en la persecución a perejiles y consumidores.
Imagen: DyN
Imagen: DyN
Una de las consecuencias más cuestionables por ilegítima de la “guerra contra el narcotráfico” que pregona el Gobierno nacional, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como abanderada (ver aparte), es el costo que insume al Estado la apertura de causas contra consumidores. En los años 2016, 2017 y 2018 se iniciaron 30.185 causas por “tenencia simple o para consumo” o por el cultivo, siembra o guarda de semillas y el Estado Nacional, a través del Ministerio Público Fiscal, “gastó aproximadamente 2.400 millones de pesos, unos 122 millones de dólares, más de 40 millones de dólares por año”. Las cifras, que podrían ser utilizadas “para abordajes sensatos y humanitarios” surgen de un estudio realizado por la ONG Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos, al que tuvo acceso Página|12.
En el trabajo, realizado por Ricardo Ancillai Pont, Antonella Tiravassi, Virginia Labiano, Marcos Torti Iermini, Tomás Camarasa y Mariano Fusero, se especifica que sólo en las causas por tenencia se gastaron 84 millones de dólares en los tres años señalados. En promedio, cada una de las causas relacionadas con la Ley de Drogas 23.737 tuvo un costo estimado en 55 mil pesos, equivalentes a unos dos mil dólares. Las sumas señaladas “son parciales y conservadoras” `porque no se tiene acceso a costos en las justicias provinciales que adhieren a las políticas marcadas por el gobierno nacional.
En el informe se señala como uno de los datos centrales que “la persecución y criminalización de las personas que usan drogas han tenido un costo social incalculable en materia de vulneración de derechos humanos, violencia institucional, estigmatización social y recursos económicos direccionados a la criminalización selectiva”. Esos fondos se gastan “en desmedro” de `políticas que podrían ser destinadas “a abordajes sensatos y humanitarios”.
Además de lesionar los fundamentos del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2009, que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de marihuana para uso personal, las políticas estatales “no han evitado el aumento exponencial de los consumos, ni bajado los índices de criminalidad asociados a la disputa por el mercado ilegal de abastecimiento”.
Se aclara que para el estudio se tomó en cuenta lo actuado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, conclusiones a las que habría que sumarle los costos de la penalización en las siete jurisdicciones que adhirieron a la Ley de Desfederalización, entre ellas la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por dificultades en el acceso a los datos oficiales, no se pudieron establecer de manera fehaciente los costos de la penalización por consumo en esas jurisdicciones, algunas de las cuales son muy importantes. Como ejemplo se señala que “la justicia federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba reúnen el 83 por ciento de las condenas por aplicación de la Ley de Drogas”. Se hizo de todas maneras una “comparación con los costos de nivel nacional. Los datos oficiales se conocieron por un pedido expreso formulado a la Procuración General de la Nación.
Se menciona, además, que en 2011, el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) dependiente de la SEDRONAR, había advertido que la mayoría de los gastos gubernamentales directos (el 95 por ciento) respecto al abordaje del fenómeno de drogas ilícitas, correspondían “a las actividades de reducción de la oferta (represión)”. De ese porcentaje global, “cerca del 81 por ciento era destinado al Poder Judicial para el tratamiento de las causas judiciales”.
Apenas el cinco por ciento de los recursos presupuestarios se destinaba “a la reducción de la demanda (tratamiento y prevención de las adicciones)”. La distribución de las partidas presupuestarias marcan “un contraste con la de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que para el año 2018 otorgó de una partida de 33.312,30 millones de dólares el 52 por ciento a reducción de la demanda y 48 por ciento a reducción de la oferta”.
Del análisis realizado por RESET surge que el Estado Nacional, a través del Ministerio Público Fiscal “desperdicia una importante porción de recursos en la persecución de personas que consumen drogas”. Se insiste en que los datos sobre costos se calcularon “tratando de mantener la mayor rigurosidad metodológica con los límites impuestos por la información pública existente y la solicitada al Estado Nacional en la etapa de persecución de hipotéticos delitos”.
Como dato importante para certificar la moderación en la estimación de los costos de la persecución a consumidores, se destaca que se dejaron fuera de análisis “las instancias previas en la criminalización secundaria, en la que contemplamos la actividad represiva de las fuerzas de seguridad, la etapa posterior a la investigación fiscal en los casos de juzgamiento de las personas por los tribunales, los costos de detención y prisionización en instituciones carcelarias y comisarias, los gastos derivados del establecimiento de medidas educativas y curativas establecidas en la ley 23.737”, entre otros aspectos.
En el fallo de la Corte de 2009 “se exigió al Congreso Nacional que sancione una normativa destinada” a hacer cumplir el cese de la persecución penal por consumo”, pero hasta el momento, el Poder Legislativo “no ha avanzado en la sanción de una norma en tal sentido, configurando ello una deuda improrrogable de nuestro sistema democrático”.
Lo más cuestionable es que esa falencia persiste “a pesar de los cuantiosos proyectos presentados por diversas bancadas partidarias”, durante los últimos dos gobiernos nacionales. Además de decenas de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales a favor de la despenalización de conductas asociadas al consumo, y de “trabajos doctrinarios que demuestran la ineficacia de dichos abordajes”.
Los responsables del estudio recomiendan la despenalización de los usuarios de drogas y la aplicación de “políticas educativas, de salud, desarrollo social y reducción de daños”, en lugar de las actuales “políticas represivas”. Al mismo tiempo, plantean la necesidad de ir “avanzando hacia modelos regulatorios de las sustancias”, en concordancia con el acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, presentado este mes por 21 organizaciones cannábicas, de derechos humanos, ciencias sociales, educación y salud mental.
Mediante ese cambio de paradigma “no sólo se ahorrarían cuantiosos recursos públicos, sino que, incluso, podrían generarse considerables ingresos en licencias, tributación y puestos laborales”, a la vez que “las fuerzas de seguridad, fiscalías y juzgados podrían poner sus esfuerzos y presupuestos en la persecución de crímenes que representen un verdadero grado de lesividad para con la sociedad”. Esta sería la opción correcta, en lugar de “dilapidarlos (a los recursos) en la persecución y sanción de conductas que hacen a la libertad, privacidad, autodeterminación y soberanía personal” de los consumidores.
La fiesta de presentación de Salta/12
“Otro periodismo es posible”
El lanzamiento del nuevo proyecto periodístico de Página/12 convocó a lectores, periodistas, representantes de organismos de derechos humanos, dirigentes políticos y empresariales, que celebraron una comunicación más federal.
Nora Veiras, directora periodística de Página/12, celebró el nuevo proyecto.
La edición de PáginaI12 dedicada a Salta se presentó en un evento del que participaron lectores del diario, representantes de organismos de derechos humanos, dirigentes políticos y empresariales, que coincidieron en destacar la importancia de “la otra mirada” que aporta el diario. Junto a ellos y junto a todo el equipo de periodistas salteños y salteñas, dirigido por Elena Corvalán, celebraron el nacimiento periodístico el presidente del Grupo Octubre y secretario general del Suterh, Víctor Santa María, el director general del diario Hugo Soriani, la directora periodística Nora Veiras, el editor web Santiago Rodríguez y Carlos González, gerente de Relaciones Institucionales, entre otros integrantes del medio. La presentación se hizo en un clima festivo en el que se celebró la llegada de PáginaI12 a Salta, con una edición regional en modo digital, a la que se puede acceder mediante el vínculo directo, salta12.com.ar o a través de la web pagina12.com.ar
Veiras destacó “la alegría” por el nuevo proyecto, marcando que, si bien puede haber épocas muy oscuras, como sucede “con el actual proyecto neoliberal en Argentina”, cuyas consecuencias “son una pesadilla para millones de argentinos”, hay también otras posibilidades. “Es posible otro proyecto, es posible otro país y es posible otro periodismo. A lo largo de 32 años, Página/12 ha sabido mantener en pie banderas que le dan sentido al ejercicio de un oficio que muchas veces ha sido bastardeado, pero que es fundamental para la consolidación de un sistema democrático, para la toma de conciencia, para el desarrollo de un pensamiento crítico”, destacó la periodista.
“Podemos decir con orgullo que estamos inaugurando aquí en Salta, en esta provincia tan querida, un medio que seguramente va a dar mucho que hablar, un medio que va a seguir esta misma línea editorial”, sostuvo Santa María. “Estamos felices en una Argentina donde las buenas noticias no son muchas, porque estamos inaugurando un medio”, destacó. Y recordó que el país “tiene más de 3000 trabajadores de prensa en sus distintos ámbitos que hoy no tienen trabajo, que en estos cuatro años han sufrido despidos, cierres, recortes de salarios y muchas otras cosas más”.
Santa María deseó para el nuevo medio un derrotero similar al de Rosario/12, que fue recientemente premiado en el Senado de la Nación, según recordó, "justamente por su trabajo, su constancia en los valores que desde Página/12 venimos desarrollando, que tienen que ver ante todo con la defensa de los derechos humanos”. “Espero que Salta/12 también siga en muy poco tiempo ese mismo camino, y espero que también otras semillas puedan germinar a lo largo y ancho de la Argentina”, sostuvo. Y tras resaltar que el país post 10 de diciembre “es una Argentina de muchas alternativas”, dijo a quienes están a cargo de la edición de Salta/12: “Tienen un gran desafío por delante, van a contar con todo el apoyo de Página/12, como ya lo tienen, y seguramente vamos a seguir creciendo en toda la República Argentina”.
Para Hugo Soriani, la realización del acto en El Teatrino, un emprendimiento cultural de Humberto Colautti, nieto recuperado, representó un reencuentro con compañeros de militancia, así que a la hora de hablar estaba emocionado. Se sumó la alegría del lanzamiento oficial de Salta/12, y la coincidencia de que fuera justo en el aniversario de Rosario/12, que cumplió 29 años el pasado 27 de septiembre. “Fue una apuesta muy riesgosa, muy importante para nosotros, porque además no existían los medios digitales, entonces teníamos que hacer un trabajo artesanal que, recordado desde hoy, da hasta risa, y un poco de ternura”, contó. Soriani destacó la presencia de empresarios y organismos de derechos humanos en la inauguración. Y arrancó aplausos cuando adelantó "un futuro no tan lejano donde Salta/12 también llegue al papel. Porque el papel no se ha muerto, no se va a morir, y lo vamos a seguir defendiendo aunque nos manche las manos”. Auguró, por último, un próximo evento "donde estemos festejando los 29 años de Salta/12, con los mismos valores que Página/12 ha venido defendiendo durante todos estos años”.
“Somos un medio necesario para poder expresar la pluralidad de voces en un sistema democrático”, coincidieron los oradores. Elena Corvalán también hizo uso de la palabra, destacando la importancia de esta edición en el camino de federalizar la comunicación. Agradeció la presencia de los lectores que tienen un compromiso afectivo con Página/12. Y observó que un proyecto como el de Salta/12 comenzó en un momento en que las perspectivas económicas y sociales del país no eran en absoluto alentadoras. "Sin embago aquí estamos, concretando sueños en una primavera. Esperamos poder ser útiles desde este lugar", concluyó.
Fuente:Pagina12
Fuente:Pagina12
Justicia y género, los próximos ejes que abordará Alberto F. en la campaña
Luego de haber puesto el acento en el federalismo y el manejo de la deuda, el candidato presidencial del Frente de Todos hará propuestas sobre avances para el área de derechos civiles.
Por Gimena Fuertes
La campaña del candidato presidencial Alberto Fernández, que ayer estuvo en Salta, incluirá ejes y propuestas que exceden las variables económicas y el manejo de la crisis. Agenda de género y la administración de Justicia se suman a las propuestas de federalismo, manejo de la deuda y armado político con candidatos provinciales y gobernadores.
Esta semana comenzará con la jornada denominada "El Derecho Penal en el sistema republicano", que se realizará en la Facultad de Derecho de la UBA en homenaje a Esteban Righi, exministro de Interior del breve gobierno de Héctor Cámpora y procurador de la Nación nombrado por Néstor Kirchner. De hecho, fue el propio Fernández, entonces jefe de Gabinete, quien le acercó la propuesta a Kirchner de sumar a su colega docente de Derecho Penal como jefe de los fiscales en 2005, cargo que ocupó hasta 2012, cuando el entonces vicepresidente Amado Boudou lo involucró en el escándalo de la causa Ciccone y Righi decidió dejar el puesto. Este lunes acompañarán a Alberto Fernández en la actividad de homenaje Enrique Bacigalupo, León Arslanian, Stella Maris Martínez y el excanciller Rafael Bielsa.
En tanto, por la tarde, el candidato presidencial intentará llevar vientos de triunfo a la Ciudad al participar junto a los candidatos a jefe y vice de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Lammens y Gisela Marziotta, y la diputada nacional de Somos, Victoria Donda, de "la presentación de un diagnóstico sobre la realidad de las mujeres y diversidades". Al igual que lo hizo con los gobernadores firmará un acta compromiso, en este caso con el objetivo de "impulsar la agenda de los Derechos Humanos de las mujeres y diversidades en caso de ganar las elecciones y asumir la jefatura del Gobierno porteño".
A excepción del Frente de Izquierda, los objetivos que milita el feminismo argentino habían quedado de lado en la campaña de todas las fuerzas políticas que se desarrolló en medio de una crisis económica y financiera, en relación a los derechos humanos de las mujeres y las distintas identidades sexuales.
Sin embargo, el Frente de Todos, Todas y Todes (tal como lo inscribió Jorge Landau en la Justicia electoral) cuenta entre sus filas con la candidata porteña a senadora Dora Barrancos, que de llegar a su banca ya anunció que trabajará para lograr la sanción del derecho al aborto; la candidata a legisladora porteña Ofelia Fernández –dirigenta estudiantil y referenta de la marea verde– y la candidata a diputada Victoria Donda, firmante del proyecto por el aborto legal que logró media sanción en Diputados el año pasado.
"Proponemos hacer una ciudad más equitativa para las mujeres, diversidades y disidencias en la ciudad", explicó Donda a Tiempo, candidata a renovar su banca en Diputados.
Si bien Donda es una de las dirigentes que suena para encabezar el Ministerio de la Mujer, que propone crear Alberto Fernández, en este momento está abocada a la campaña para que Lammens llegue a la Jefatura de Gobierno porteña. "Lo que está faltando son políticas de prevención de la violenta y aumentar la cantidad de centros de atención a las víctimas, ya que hoy hay apenas uno por comuna y debería haber uno cada 50 mil habitantes. También proponemos la modificación paulatina del sistema del botón antipánico para complementarlo con la modalidad de la pulsera electrónica para que sea portada por el violento y no cargar la responsabilidad de la víctima que tiene que usar el botón", adelantó la diputada. Además, propondrán la aplicación efectiva de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas de modo que sea transversal a todos los niveles de educación, y la aplicación efectiva de la interrupción legal del embarazo, ya que "en algunos centros de salud no se aplica por falta del protocolo a pesar de que está vigente en el Código Penal desde 1921", detalló Donda a Tiempo.
Este sábado Alberto F. viajó a Salta para reemplazar la visita que tenía agendada Cristina Fernández. En esa provincia el peronismo está dividido, ya que el domingo 6 de octubre competirán en las PASO como precandidatos a gobernador dentro del Frente de Todos, el postulante del Partido Justicialista salteño y actual vicegobernador Miguel Isa y el diputado nacional kirchnerista Sergio "Oso" Leavy. Dentro de esta compulsa quien tiene el apoyo formal de Fernández, ya que lo incluyó en todos los "actos federales" con mandatarios provinciales, es el exintendente de Tartagal Leavy.
Alberto Fernández viajará el martes a San Juan donde participará de la inauguración del Paseo de las Palmeras y la ampliación del Parque de Mayo y del coloquio "Integración y Desarrollo, hacia una industria nacional con fuerte perfil externo", junto al gobernador Sergio Uñac y al diputado y presidente del PJ Nacional José Luis Gioja, con quien estuvo reunido esta semana en sus oficinas de San Telmo. Luego, hacia el final de la semana visitará el litoral. Viajará a Corrientes, Chaco y Formosa. En todos lados caminará de la mano de los dirigentes peronistas locales, fiel a su propuesta federalista.
Fuente:TiempoArgentino
ELECCIONES 2019
El insólito focus group que armó el filósofo que compara a Macri con Batman para motivar funcionarios deprimidos
El filósofo Alejandro Rozitchner creó la “Comunidad para el Cambio”, una polémica estrategia de investigación para indagar qué pasa en la cabeza de más de 200 funcionarios del gobierno de Cambiemos. La idea del pensador que una vez dijo que el presidente era como el superhéroe de Ciudad Gótica se supedita al objetivo de “medir el humor interno” de la alianza gobernante.
Se trata de “Comunidad por el Cambio”, una suerte de investigación para indagar a los 200 funcionarios que forman parte del gobierno “qué les parece” la situación actual de la gestión como así también temáticas y propuestas para lidiar con la actualidad. Lo que pongan los funcionarios aparecen con nombre y apellido en la página, a la que cada uno de los participantes con su mail y que tiene el diseño de un foro.
Rozitchner, en su calidad de asesor presidencial, eligió a los integrantes de su grupo a dedo y sabe no todos los comentarios son positivos. No obstante, él no pierde la cautela e insiste, rema en el dulce de leche de la actual situación que vive en el gobierno nacional, en lo externo, con el grado de atención a la delicada situación económica, y en lo interno, con el propio deselencase de las relaciones de fuerza que generan los actores de una alianza gobernante a la que muchos ven como situación en su postrimería.
Según Revista Noticias, entre algunos de los temas que inició a debate “fueron la fiscalización de las PASO, las últimas medidas de Gobierno del Presidente y la marcha #SiSePuede con la que Mauricio Macri pretende recorrer 30 ciudades en 27 días”. Otra cuestión importante para con la idea de revertir los resultados que dejaron las PASO donde el Frente de Todos le dio una terrible paliza electoral a Juntos por el Cambio.
Algunos funcionarios no están motivados, se muestran deprimidos ante la caída anunciada. Esta situación es la que llevó a Rozitchner a organizar “La Comunidad para el Cambio”. “Trató de convencerlos de la necesidad de que el espíritu de la caravana sirva de contraste con el caos de la competencia y que se vuelva a hablar de la importancia de los valores que Juntos por el Cambio representa”, se lee en la publicación de Perfil.
Fuente:PoliticaArgentina
Denuncian que el Gobierno todavía no puso en práctica la Emergencia Alimentaria
Lunes 30 de Septiembre
Arroyo
Daniel Arroyo suena entre los candidatos a ocupar el Ministerio de Desarrollo Social en un eventual gobierno de Alberto Fernández. Conocedor del drama social que vive la Argentina, el dirigente del Frente de Todos apuntó al centro de la Casa Rosada y acusó al Poder Ejecutivo de no haber reasignado un solo peso del presupuesto para derivarlo a resolver la Emergencia Alimentaria.
"El Gobierno debería usar la Emergencia Alimentaria, tomar partidas de otras áreas y volcar en los comedores", apuntó Arroyo, quien remarcó que el jueves el Senado convirtió en ley la extensión de la Emergencia Alimentaria y al menos el viernes el Gobierno no se había hecho cargo de eso.
"Nosotros votamos la ley de Emergencia Alimentaria que le permite reasignar presupuesto... hasta el viernes no habìa reasignado ninguna partida el Gobierno. No entiendo por qué no lo hace", remarcó Arroyo, quien agregó además que "todo el presupuesto está subejecutado".
Asimismo, se refirió a medidas que habría que tomar a partir del 10 de diciembre próximo. "Resolver el costo de la canasta básica de alimentos, generar un sistema de créditos no bancarios a tasas de 2 o 3 por ciento", puntualizó.
"Los nuevos pobres son clases medias que no habían sido pobres antes"Lunes 30 de Septiembre
Así lo estimaron desde la UCA en referencia al brutal crecimiento de la pobreza registrado en el país en el último tiempo.
El flamante índice de la pobreza que el Indec presenta este lunes es el más alto de la era Cambiemos y uno de los más graves que ha registrado la Argentina desde el regreso de la democracia en 1983. Desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, el director de ese espacio, Agustín Salvia, afirmó que el furioso crecimiento se registró antes de las PASO.
"Es de esperar que antes de las PASO, los índices de pobreza hayan alcanzado el 36% y que por lo tanto, el semestre, lo que informe el Indec este lunes, sea alrededor del 35% de población urbana en situación de pobreza y alrededor del 7%, dentro de ese 35, en situación de pobreza extrema", disparó el especialista.
En ese sentido, expresó que "el otro fenómeno es que los 6/7 puntos de nuevos pobres son clases medias que no habían sido pobres antes". Y fue más allá: "Sufren la caída en la pobreza por primera vez en el escenario histórico post 2001/02".
"Esos son los que efectivamente le rechazan el voto a Macri", dijo Salvia también en declaraciones a FM Millenium. En el mismo marco, apuntó que la inflación "está efectivamente desgastando la capacidad de reservas de los sectores más pobres y de las clases medias bajas".
Fuente:Infonews
Buenos Aires guarida fiscal, el plan que apura Macri para refugiar sus negocios
Con la derrota asegurada en las próximas elecciones presidenciales, piensan en un reaseguro de sus negocios y los de sus amigos en la lógica que conocen: la de la evasión y el oscurantismo que permiten las guaridas fiscales.
Ari Lijalad
Mauricio Macri quiere transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal y apura un viejo plan que tiene desde que era jefe de Gobierno ante la inminente derrota electoral que lo eyectará de la Casa Rosada. El plan es la creación de una Inspección General de Justicia (IGJ) paralela a la que existe a nivel nacional, una IGJ porteña, donde se relajen los controles para las sociedades tanto nacionales como extranjeras y eso permita el ocultamiento de sus dueños, de los beneficiarios finales de sus negocios y la evasión. Macri ya intentó convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal en 2008, apenas asumió como jefe de Gobierno. Lo frenó la intervención de la entonces fiscala de la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó, que logró una medida cautelar que dura hasta la actualidad. Ahora, desde el Gobierno porteño que comanda Horacio Rodríguez Larreta ya informaron que se preparan para avanzar en esta IGJ porteña, lo cuál revela que saben que el destino de esa cautelar es su anulación. La decisión está en manos de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa, que según pudo saber El Destape se apresta a cumplirle el deseo a Macri. La razón de ese deseo es sencilla: con la derrota asegurada en las próximas elecciones presidenciales, piensan en un reaseguro de sus negocios y los de sus amigos en la lógica que conocen: la de la evasión y el oscurantismo que permiten las guaridas fiscales.
10 años
Este plan offshore de Macri se remonta al 9 de octubre de 2008, cuando la legislatura porteña sancionó la ley 2.875 que creó un “Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas”. Este tendría entre sus competencias la “fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, el registro y control de las sociedades extranjeras, una IGJ porteña. El problema es que esa ley porteña chocaba con una ley nacional, nada menos que la Ley Cafiero que reglamentó los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires mientras esta sea la Capital y cuyo artículo 10 dice específicamente que la IGJ sigue bajo la jurisdicción del Estado Nacional.
El 2 de febrero de 2009, la entonces fiscala ante la Cámara Comercial Gils Carbó presentó una medida cautelar para frenar esa ley. Es un dato clave para comprender el ensañamiento que tuvo Macri con ella una vez que llegó a la presidencia y se la encontró al frente de la Procuración General de la Nación. Macri, junto al Grupo Clarín y lo estudios de abogados de la city coordinaron una campaña de hostigamiento jurídico mediático contra Gils Carbó hasta que la empujaron a renunciar. El motivo del encono de Macri ahora se conoce; el de Clarín era porque Gils Carbó reveló la reestructuración fraudulenta de su deuda; el de los abogados de la city porque les desnuda los negocios espurios.
Respecto a la creción de la IGJ porteña, además de que violaba la Ley Cafiero (que es reglamentaria de la Constitución) Gils Carbó alertó: “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”. En síntesis, que la intención de Macri era (y es) transformar Buenos Aires en Islas Cayman, Suiza o Delaware. Los beneficiarios son obvios.
La maniobra de Macri en 2008 tenía un sentido. En 2003 la IGJ había creado un nuevo “Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero” para mejorar el control sobre operaciones de fraude impositivo en las que se utilizan sociedades offshore. Fue clave por entonces el trabajo de Ricardo Nissen al frente de la IGJ. Gils Carbó explicó: “Hasta entonces, era una práctica tolerada que un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultara sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. También es el sistema que se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada. (…) esta clase de sociedades pantalla permite ocultar al verdadero titular del patrimonio gracias a un régimen de confidencialidad ofrecido por los centros offshore”. Es decir, Macri no solo pretendía quitarle la función a la IGJ, sino permitir que las sociedades extranjeras evitaran este registro.
Gils Carbó aseguró en 2009 que, de constituirse el nuevo organismo que pretendía Macri, “los grandes evasores podrán acudir al nuevo registro societario simplificado para eludir el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero y otras reglamentaciones que dictó la Inspección General de Justicia nacional en defensa de la equidad fiscal, la transparencia y los derechos de terceros”.
La existencia de una guarida fiscal tiene consecuencias para los países. En concreto, los desfinancia, ya que su única razón de ser es ocultar dinero, patrimonios y beneficiarios finales de negocios muchas veces espurios. Gils Carbó lo resumió así: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”. Este era el plan de Macri, frenado por Gils Carbó hace 10 años, pero que buscan reimpulsar.
Un país a medida
“Quieren transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal”, afirmó esta semana Gils Carbó, ex Procuradora General de la Nación, en El Destape Radio. Pese a lo fuerte de la frase, los mismos medios que le dedicaron abundante espacio a hostigarla con causas judiciales inventadas hicieron silencio. Será que a su oficialismo en la era Macri suman sus propios intereses económicos ya que, por ejemplo, el Grupo Clarín tiene al menos 4 sociedades offshore en Delaware y sus accionistas repiten la práctica de utilizar guaridas fiscales hace décadas.
“Quieren transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal”, afirmó esta semana Gils Carbó, ex Procuradora General de la Nación, en El Destape Radio. Pese a lo fuerte de la frase, los mismos medios que le dedicaron abundante espacio a hostigarla con causas judiciales inventadas hicieron silencio. Será que a su oficialismo en la era Macri suman sus propios intereses económicos ya que, por ejemplo, el Grupo Clarín tiene al menos 4 sociedades offshore en Delaware y sus accionistas repiten la práctica de utilizar guaridas fiscales hace décadas.
Pero no es la primera vez que los medios silencian el tema. Apenas Macri llegó a la presidencia la jueza Macarena Marra Giménez anuló la cautelar que regía desde 2009. Tenía un interés: es subrogante y está concursando para quedarse con el cargo definitivamente. Era 2016, Gils Carbó era aún Procuradora General de la Nación y su lugar en la fiscalía ante la Cámara Comercial lo ocupó, por concurso, Gabriela Boquin. Otro nombre conocido para Macri, ya que es la fiscala de la causa Correo Argentino. Boquin apeló la decisión de la subrogante Marra Giménez y el tema llegó a la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa.
La cuestión quedó en manos de los camaristas Clara María do Pico y Rodolfo Facio. La otra jueza de la Sala I, Liliana Maria Heiland, se excusó. En lugar de tratar el fondo de la cuestión, es decir, si la ley para crear la IGJ porteña choca contra la ley Cafiero, Do Pico y Facio solo evaluaron si primero la fiscala Gils Carbó y ahora Boquin tienen legitimidad para intervenir en esto. No se pusieron de acuerdo y llamaron a un tercer juez, José Luis López Castiñeira.
Horacio Verbitsky recordó dos datos fundamentales para comprender quién es el juez López Castiñeira, que va a desempatar la cuestión. La primera, que fue uno de los jueces que otorgó la medida cautelar gracias a la cuál el diario La Nación no pagó impuestos bajo el argumento de que si se lo obligaba a pagarlos podían quebrar y eso ponía en riesgo la libertad de expresión. La otra, que hubo una denuncia respecto a que llegó a su cargo gracias a un concurso plagado de irregularidades y que eran habituales sus reuniones con el operador judicial Javier Fernández.
Horacio Verbitsky recordó dos datos fundamentales para comprender quién es el juez López Castiñeira, que va a desempatar la cuestión. La primera, que fue uno de los jueces que otorgó la medida cautelar gracias a la cuál el diario La Nación no pagó impuestos bajo el argumento de que si se lo obligaba a pagarlos podían quebrar y eso ponía en riesgo la libertad de expresión. La otra, que hubo una denuncia respecto a que llegó a su cargo gracias a un concurso plagado de irregularidades y que eran habituales sus reuniones con el operador judicial Javier Fernández.
El voto de Lopez Castiñeira será clave.
Si vos querés
Si hay algo que no se puede decir de Macri es que no sea insistente con los temas que le interesan. Que Buenos Aires sea una guarida fiscal es uno de ellos.
Apenas comenzaron con la movida nombraron como director ad honorem este registro offshore a Jorge Vanossi, abogado que fue jefe de bancada del PRO y, como todo tiene que ver con todo, cuya esposa Isabel Piaggi fue una de las juezas que benefició a los Macri en la causa Correo. Vanossi duró poco: el 31 de marzo de 2009 renunció.
Una vía que buscó Macri para saltear la cautelar que le impedía crear la IGJ porteña fue a través del Congreso, donde el proyecto de traspaso de la IGJ a la ciudad llegó a tener dictamen de la Comisión de Justicia pero luego quedó empantanado.
Ahora, el dato de que Macri y Horacio Rodriguez Larreta quieren poner en marcha la IGJ porteña llegó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Al sindicato les dijeron que se prepararn para la puesta en marcha de este nuevo organismo. También que Rodriguez Larreta ya tiene preparado un DNU para firmar apenas se conozca la resolución de los camaristas do Pico, Facio y López Castiñeira a favor de los intereses de Macri.
"Parece que Rodriguez Larreta quiere sacar un DNU sobre la IGJ porteña donde la necesidad es ocultar la información y la urgencia es que se van del Gobierno", sintetizó esta semana Ricardo Nissen, ex presidente de la IGJ, en El Destape Radio.
No será la primera vez que Rodriguez Larreta intervenga en esto. Pese a que regía la medida cautelar, el 7 de marzo de 2016 firmó el decreto 195/16 por el que nombró a Hernán Emilio Najenson como director de esta IGJ trucha. Verbitsky informó que Najenson “es voluntario de la Fundación Boca Social, dirigida por María Ines Belloni, la esposa de Daniel Angelici”.
La designación de Najenson motivá una denuncia penal contra Rodriguez Larreta y su entonces ministro de Justicia Martin Ocampo. La radicó el Centro de Estudios para la Transparencia (Ceptra), a través de Ernesto Tricarico, y el fiscal Franco Picardi imputó al jefe de gobierno porteño. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi.
Pese a que la IGJ porteña aún está legalmente inactiva, Najenson presentó al menos un informe sobre su gestión. “En el transcurso del año 2016, el Registro Público se dedicó a la organización del organismo que recibirá las funciones de la IGJ así como también participó del desarrollo del proyecto de agilización de empresas, definido por el Jefe de Gobierno, como uno de los compromisos de gestión”, escribió Najenson. El informe relata que se reducirá el tiempo para crear una empresa. “Una empresa en 10 días”, es título, donde muestran como reducir de 14 a 6 pasos los trámites para hacer una sociedad. Menos trámites, menos controles.
El informe, para colmo, da cuenta de que Rodriguez Larreta destinó un edificio que, según las inspecciones oficiales, “demuestra la falta de mantenimiento preventivo. La vulnerabilidad en el sistema puede generar un riesgo para las personas ya que en caso de necesitarse en alguna emergencia no responderán adecuadamente”. No hay disponibles otros informes de gestión, pero parece que además de reducir los controles quieren meter los papeles en un edificio que, al menos hasta 2017, no estaba en condiciones.
Fuente:ElDestape
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