Víctor Parra Villalobos / Resumen Latinoamericano / 10 de noviembre de 2019
Una imagen se ha repetido desde que comenzó el estallido social en Chile. Manifestantes destruyendo las estatuas y bustos de los fundadores del país. Concepción, Valdivia, Cañete o La Serena fueron testigos de cómo las estatuas que durante décadas se habían mantenido erigidas en el centro de las principales plazas del país, ahora son volcadas y destruidas. Para algunos simple vandalismo, para otros expresión de la justicia social. Pero ¿qué hay detrás del ataque a los referentes históricos y fundadores de Chile durante las protestas?
En Cañete, mapuches destruyeron estatuas de los conquistadores del imperio español: Pedro de Valdivia y García Hurtado de Mendoza, fundador de Cañete. Fuente: Aukin
En la plaza Pedro de Valdivia, de la ciudad de Valdivia, fue destruida la estatua de Pedro de Valdivia, el fundador de Chile. Para más remate, luego la estatua fue colgada en el puente Pedro de Valdivia. Para entender esta inusitada violencia contra el considerado como fundador de Chile, para la historia institucional y oficial, tenemos que ir a los orígenes coloniales del país y de todo el continente.
En la ciudad del norte de Chile La Serena destruyeron busto de un conquistador y pusieron una del pueblo Diaguita.
América Latina se estructura, desde los inicios de la conquista hasta la actualidad, según un patrón colonial. Desde su llegada los europeos se impusieron a los pueblos originarios a sangre y fuego, estructurando al planeta, según una división racial de la humanidad. Esta estructura de dominación significó el menosprecio y la eliminación de parte importante de la cultura y la población originaria mediante la esclavitud y la masacre. Por suerte, pese a los intentos del Estado por glorificar a los lideres de esta masacre, nombrándolos los fundadores de Chile y levantando monumentos en su honra, se ha mantenido en la conciencia de los pueblos originarios, así como en la conciencia popular y mestiza, la idea de que estos conquistadores españoles representan algo despreciable e inmoral.
En Temuco fue colgada la cabeza de un colonizador en el busto de Caupolicán, guerrero mapuche. Fuente: Araucanía Online
Esta conciencia por fin pudo manifestarse a rienda suelta durante el estallido social que sacude todo el país. Cientos aprovecharon la revuelta y que la policía estaba sobrepasada, para cumplir su anhelado sueño, destruir a los estandartes de la colonización, es decir símbolos del genocidio y la injusticia histórica en este territorio del planeta.
En Concepción, ciudad que representó durante siglos la frontera de la guerra entre el pueblo mapuche y la corona española (y luego del Estado Chileno) fue destruido el busto de Pedro de Valdivia y colgado del cuello de la estatua del mapuche Lautaro. Así el fundador de Chile era nuevamente masacrado por el más respetado y admirado estratega militar mapuche. En La Serena, al norte de Chile, fue eliminada una estatua de Francisco de Aguirre, uno de los primeros gobernadores del país, y puesta en su lugar una estatua del pueblo diaguita. En Cañete, en la zona sur del país, con presencia mapuche, fue destruida la estatua del fundador de la ciudad, García Hurtado de Mendoza y también de Pedro de Valdivia. Mientras que en Temuco manifestantes colgaron la cabeza de Valdivia en los brazos de una estatua del guerrero mapuche Caupolicán. Además se registraron otros ataques a colonizadores en Valdivia o Collipulli.
En la ciudad de Valdivia fue destruido el busto de Pedro de Valdivia, extraído de la plaza y el puente del mismo nombre del colonizador. Fuente: publimetro
La historia oficial de Chile, está llena de asesinos catalogados como héroes o sujetos históricos de relevancia. Por eso no llama la atención que los y las manifestantes ataquen estos símbolos de poder que representan el origen histórico de las desigualdades y la injusticia en el país.
Sin embargo, la destrucción de estatuas no solo tiene un origen anti-colonial. También parecen tener un sentimiento anti-republicano, ya que la figura del principal «héroe de la patria» Bernardo O´Higgins, el «libertador» del yugo español, también ha sido atacado. No se logró salvar ni el patriota más emblemático de Chile y fundador de la república. Hay casos tanto Los Ángeles, como en la ciudad de Valdivia, en donde el busto fue quemado y hasta lanzado a una barricada.
Se debe recordar que cuando los colonizadores fueron expulsados, llegaron los «libertadores de la patria» que accedieron al mando de las nacientes repúblicas y Estados-Nación americanos. Crearon un sistema en donde gobernaban quienes dominaban de forma más natural la cultura europea, es decir los hombres de la élite, blancos y de familias ricas. La estructura de dominación racial-colonial, patriarcal y de clase se mantuvo intacta, aún con los «héroes» liberales de la independencia en el poder, y más cuando los monárquicos encubiertos como Diego Portales accedieron al poder.
Mención especial para la destrucción en la ciudad de Punta Arenas del busto de Menendez Braun, catalogado como autor material e intelectual del genocidio del pueblos patagónicos en pleno siglo XX. Hecho que nos recuerda como el racismo ha persistido bestialmente hasta épocas recientes. En donde el ejemplo actual de la represión al pueblo mapuche es el caso más contingente.
Menendez Braun en el suelo en Punta Arenas, uno de los lideres del genocidio contra los pueblos originarios de la patagonia chilena
Y es que como lo dijo el recientemente fallecido sociólogo peruano Aníbal Quijano, existe en toda América latina una colonialidad del poder, un patrón transversal y continuo de dominación en donde sigue siendo importante si tu apellido es alemán, español o mapuche a la hora de encontrar oportunidades y salir adelante. En donde siguen siendo las modas de otros contextos y territorios, como gringolandia o Europa, los patrones que se pretenden instalar como más legítimos. Un eurocentrismo que ejerce una violencia simbólica y material frente a la cultura y el territorio marcado por una identidad mayoritariamente popular y mestiza.
Estatuas de Colonizadores destruidas y pintadas en Cañete. Fuente: Aukin
Por eso la caída de los ídolos en Chile por parte de los y las manifestantes es un reflejo de querer cambiar las cosas profundamente y re-significar potentemente la historia oficial. Expresión popular, mestiza o mapuche, contra el Estado y su origen colonial y genocida, así como legítimo símbolo de rebeldía y protesta social. Sin duda una manifestación de justicia histórica que deja patente la crisis general del modelo, así como la necesidad de cambiarlo de raíz. Porque la caída de los genocidas quienes han sido mostrados como «ídolos» en la historia oficial de Chile, es un fiel reflejo de la crisis de un modelo entero.
Resumen*
INDH se querella contra Carabineros por joven que perdió sus dos ojos debido a impacto de balines
Resumen Latinoamericano* / 10 de noviembre de 2019
La institución exigió el fin del uso «indiscriminado» de escopetas antimotines en las manifestaciones.
A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos exigió, este domingo, que las fuerzas represivas actúen apegadas a la ley y de manera proporcional. Esto, en el contexto de la crisis social que afecta actualmente al país.
En ese sentido, desde la institución pidieron al Ejecutivo instruir a Carabineros sobre el respeto a los protocolos.
“El uso de la fuerza debe ser el último recurso. Por ello el INDH exige terminantemente que se ponga fin al uso indiscriminado de escopetas antimotines. Además se reitera al Gobierno que instruya a Carabineros de Chile, través del Ministerio del Interior, el respeto irrestricto de los protocolos policiales, lo que no se están observando en las calles”.
El hecho de que los uniformados no actúen apegados a la norma ha derivado en un aumento de manifestantes heridos.
“Transcurridas tres semanas desde que se inició este proceso y después de una serie de reuniones con las principales autoridades de Gobierno y con Carabineros de Chile, en las que se les ha entregado todos los antecedentes recogidos en la observación de marchas, visitas a recintos hospitalarios y policiales, y luego de una intensa labor desplegada por el INDH, la cantidad y gravedad de las lesiones, particularmente las oculares, ha ido en aumento”.
Además, el INDH anunció que presentó de una querella por lesiones graves contra Carabineros, esto, a raíz de los disparos que provocaron la pérdida de sus dos ojos a Gustavo Gatica Villarroel.
“El daño que está provocando el uso de balines y perdigones no se condice con el protocolo progresivo del uso de la fuerza. Es por eso que el INDH presentó una querella por lesiones graves gravísimas contra Carabineros a raíz del impacto que provocó al estudiante de psicología, Gustavo Gatica Villarroel, el disparo de balines en ambos globos oculares”.
Radio UChile
Colegio Médico repudia de manera enérgica “el accionar violento, abusivo e ilegal” de Carabineros en el Hospital Gustavo Fricke
Resumen Latinoamericano* / 10 de noviembre de 2019
El actuar de un grupo de Fuerzas Especiales de Carabineros al interior del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar generó pánico y críticas entre los pacientes y funcionarios que no entendían lo que ocurría.
Fue cerca de las 19 horas de ayer, según cuenta una enfermera quien se identificó como I.F.M (27) .“Yo venía bajando de una escalera y vi que un policía amenazaba con un arma a unas compañeras, en eso miro hacia el ingreso y había una nube amarilla”, relató.
Sin mayores antecedentes del procedimiento, ya el patio inicial del centro de salud se cubrió de lacrimógena y se escuchó el disparo de balines. Se tuvo que evacuar la zona, mover a pacientes y atender a persona afectadas por las medidas conocidas como “disuasivas”.
El primero en reaccionar, fue el Colegio Médico, mediante el Departamento de DD.HH. y medio ambiente, quienes calificaron el hecho como “insólito e inaceptable”. “En el Hospital se encontraba la población más vulnerable sanitariamente. Adultos, niños, sanos y enfermos, al igual que el personal hospitalario”.
Los médicos manifestaron su “repudio, de manera enérgica a este accionar violento, abusivo e ilegal”. Además, exigieron que “se tomen medidas ejemplares”.
Al término de la jornada, el director del Hospital, Dr. Leonardo Reyes, luego de inspeccionar a posibles lesionados y personal afectado, sostuvo que “hicimos un recorrido y en estos instantes está tranquilo, pero hay mucha inquietud de nuestros funcionarios, porque no es aceptable. Los procedimientos de Carabineros no son los protocolos que se usan, requerimos una explicación”.
Politika*
Estudiantes secundarios de la ACES se retiran de Unidad Social
Resumen Latinoamericano* / 10 de noviembre de 2019
El 8 de noviembre, los estudiantes secundarios, en la reunión de Unidad Social (*) -paradojalmente citada a la misma hora de la tarde en que las organizaciones sociales y populares marchaban por Alameda y resistían en la «Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia)» la dura represión Policial- anunciaron públicamente su retiro de dicha instancia por sus «posiciones tibias (y) vacilantes» y por considerar que esta no garantiza la independencia de «la política institucional» que el movimiento popular en este momento reclama. Lx vocerxs Ayelén Salgado (18 años) y Víctor Chanfreaux (17 años), seguidos por otros estudiantes secundarios que extendieron la bandera chilena pintada de negro con la consigna «Chile no se vende», dieron sus razones en medio de la reunión que sesionó en el salón plenario de la sede central de la CUT. A continuación la declaración escrita que la ACES entregó a los medios. [Nota del Editor CT].
Declaración Pública:
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, declara lo siguiente:
Como estudiantes secundarios somos parte del despertar de Chile; durante años nos hemos mantenido en las calles porque sabemos que esta acción ha permitido poner en la palestra pública no solo los problemas educativos, sino que también, un cuestionamiento profundo al modelo político, económico y social que se ha profundizado en el país desde la dictadura.
Entendemos que el gobierno, el empresariado y la derecha, harán todo lo que encuentren a su alcance para deslegitimar el proceso político social que estamos llevando adelante; por ello, este proceso también nos debe ubicar a todos los movimientos sociales donde nos corresponde, que es de la mano de los intereses del pueblo.
Desde nuestra histórica posición como ACES nos hemos enfrentado a diversos sectores que creen que llevando los movimientos sociales a la institucionalidad, ya sea al Congreso, mesas de diálogo con el Gobierno, entre otros, se podrán resolver las demandas que se están exigiendo. Sin embargo, este estallido social demuestra que la práctica de “un pie en la calle y la otra en el Congreso” no funciona, y esto, porque más allá de buenas intenciones, entendemos que son espacios que están hechos a la medida de los empresarios, y que la ley se hace en función de fortalecer sus privilegios en contra de las verdaderas necesidades del pueblo.
Es por lo anterior, que siendo coherentes con nuestra práctica y propuesta de construcción, no podemos mantenernos en un espacio que no se declara “independiente de la política institucional” como ocurre con Unidad Social, pues desde ahí nunca se han defendido realmente los intereses y protagonismo real de toda la gente. Muy por el contrario, se le resta importancia a quienes son los actores verdaderamente relevantes en este proceso: que es el pueblo en su conjunto.
No estamos en un momento para asumir posiciones tibias ni vacilantes, y creemos que ahora más que nunca es el pueblo quien debe ser el protagonista y constructor de su propia historia. Es imperioso extirpar los oportunismos políticos para que sean las familias de trabajadoras y trabajadores de este país, quienes tomen las decisiones y no aquellos que solo están sacando la calculadora para ver cuántos votos más podrán acumular en un futuro proceso electoral.
Para finalizar comunicamos oficialmente que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, ha decidido salirse del espacio de coordinación de Unidad Social, que pretendía unificar las luchas de manera transversal pero que no ha dado garantías para que este hermoso despertar del país no termine una vez más cocinándose en cuatro paredes con las mismas lógicas de la política de antaño.
El llamado es estar donde el pueblo está. Hacemos la invitación a seguir organizándonos en múltiples asambleas territoriales, en los espacios de coordinación de asambleas populares; a seguir compartiendo y pensando que otra sociedad sí puede ser posible, pero sobre todo, a seguir en la calle que es nuestra única garantía porque Chile No se Vende.
ACES,
Noviembre 8 de 2019.
CT*
OPECH / Resumen Latinoamericano / 10 de noviembre de 2019
El actual contexto de movilización social, inédito en nuestro país, abre un escenario propicio para hacer los cambios estructurales que el sistema educativo requiere: los mismos cambios que la clase política señaló que eran inviables o “inadmisibles”, hoy son impostergables, tal como lo han señalado las organizaciones de actores educativos desde hace décadas. Estas organizaciones han planteado múltiples propuestas a lo largo de estos años de lucha por la educación, que son una base importante para considerar en este momento de movilizaciones.
¿Cuál es el origen de los problemas de la educación chilena?
El modelo educativo chileno es considerado en el mundo como un experimento único de mercado, competencia y privatización. Es el momento de que terminemos con él. Este modelo tuvo dos momentos de implementación, y es fundamental comprenderlos para ir a la raíz de los problemas educativos que hoy sufrimos. El primer momento ocurrió a comienzos de los años ’80 cuando la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet transformó radicalmente los principales pilares del sistema educativo. Estas transformaciones fueron tres: 1) Una nueva definición de los derechos educativos y del rol de Estado en la Constitución de 1980: aquí se establece que el rol del Estado no será garantizar el derecho a la educación, sino limitarse a dar subsidios a entidades educativas públicas y privadas (lo que se conoce como Estado subsidiario e igualdad de trato para las instituciones del Estado y privadas). Asimismo, se establece que el derecho educativo más importante jurídicamente en Chile (por estar garantizado constitucionalmente) es el llamado derecho a la “libertad de enseñanza”, que se define como el “derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” (artículo 19, numeral 11). 2) Se crea una nueva figura jurídica para administrar las escuelas: los “sostenedores”. Las escuelas chilenas ya no dependen del Estado, sino que son administradas por estos sostenedores que pueden ser públicos (municipios o servicios locales de educación) o privados (particulares subvencionados) que concentran atribuciones centrales del proceso educativo: los sostenedores manejan los recursos económicos entregados por el Estado, administran la contratación del personal docente y no docente, sancionan los reglamentos para los estudiantes, definen posibles ajustes en el currículum. Incluso pueden cerrar los años académicos de los colegios sin consultarle a las comunidades, como ha hecho el alcalde de Santiago con el Instituto Nacional y el INBA. 3) Un sistema de financiamiento denominado subvención a la demanda o vouchers: este sistema define que el Estado no financia directamente a las escuelas públicas para que cubran sus necesidades mínimas (financiamiento basal), sino que entrega a los sostenedores (no a las comunidades educativas) una subvención en función a la cantidad de matrícula y al promedio de asistencia de estudiantes durante los últimos meses. Este modelo de financiamiento instala la competencia entre escuelas públicas y particulares por la subvención, y ha permitido el cierre de cerca de mil escuelas públicas por tener menos estudiantes.
El segundo momento de instalación del modelo educativo de mercado se realizó durante los gobiernos civiles de pos dictadura. Este segundo momento se caracteriza por el perfeccionamiento del modelo de mercado, la incorporación masiva de militantes de los partidos de la Concertación y la Derecha al negocio educativo, a través de las universidades privadas y como sostenedores de colegio particulares subvencionados, y la implementación de procesos de privatización encubierta o endo privatización. Esta última no solo busca traspasar la propiedad de las escuelas a dueños privados, sino que consiste básicamente en obligar a que las instituciones públicas funcionen como empresas privadas. Para que todo el sistema educativo funcione con la lógica de empresa privada una de las herramientas principales que se utilizó fue la estandarización educativa: básicamente a través de la intensificación de la aplicación de pruebas SIMCE, del aumento de sus consecuencias para las escuelas y de la aplicación de la evaluación docente individual para las y los profesoras/es de Chile.
Medidas esenciales y urgentes para desarmar el modelo educativo de mercado
En este momento histórico de movilizaciones populares en Chile no podemos repetir los mismos errores cometidos durante los últimos 30 años, en que se han implementado reformas que terminan fortaleciendo el modelo de mercado, competencia y privatización. En las propuestas que han construido las organizaciones educativas durante estos años están las claves para construir un nuevo modelo educativo que no se base en el mercado, el lucro y la competencia, sino en el bien de las mayorías populares. Para contribuir a los múltiples debates que se están dando en el país, queremos plantear medidas esenciales y urgentes para desarmar el modelo educativo de mercado, basándonos en estas propuestas:
1. Construcción de un sistema de educación pública, articulado, democrático, no sexista, inclusivo, con infraestructura de calidad y con control comunitario desde la educación parvularia a la educación superior. Hoy la Educación Pública está completamente reducida, solo un 32% de estudiantes escolares (los/as más vulnerados/as) asisten a establecimientos públicos y menos de un 15% de los/as estudiantes de educación superior asisten a establecimientos públicos. Por otra parte, su infraestructura está muy por debajo de la dignidad que requieren las y los niñes y jóvenes que más lo necesitan, algo inaceptable, en el entendido que la educación pública es la responsable de que construyamos una sociedad más humana, igualitaria y respetuosa de los derechos de todas y todos.
El sistema educativo público debe ser el mejor y estar garantizado por el Estado. Debe ser diverso y con una gestión democrática, con consejos escolares resolutivos y vinculantes, con mecanismos que promuevan la participación de la comunidad organizada, quien velará por la pertinencia del currículum y el uso transparente de los recursos. El currículum de la educación pública debe como mínimo promover una sociedad democrática, inclusiva y no sexista.
En lo inmediato es urgente detener el cierre de las escuelas públicas. Es imperioso terminar con los sostenedores educativos tanto a través de municipios, como de servicios locales de educación. Es necesario corregir las serias deficiencias y tendencias privatizadoras de los servicios locales de educación. Asimismo, es urgente establecer un fondo de reparación de la educación pública para reconstruir los daños ya hechos por el terremoto neoliberal.
2. Construir un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública. Este debe ser preferencial, de carácter basal, y su monto debe ser establecido por las necesidades de las comunidades. Asimismo, se debe financiar en forma preferencial las Universidades del Estado, las cuales deben garantizar el acceso masivo de sectores populares, ser gratuitas y estar al servicio de las necesidades nacionales y locales contribuyendo al desarrollo cultural, económico y social de los territorios.
En lo inmediato es urgente terminar con los negocios de los privados en educación. Es necesario terminar con las múltiples formas de lucro encubierto que permite la llamada “ley de inclusión”. Es necesario congelar y comenzar a disminuir la entrega de recursos a instituciones privadas de educación. Es necesario detener el sistema de concesiones en los distintos servicios públicos educativos (JUNAEB, MINEDUC, ATEs, etc.). Por último, es fundamental condonar todas las deudas educativas incluido el CAE, estudiar no puede ser una condena.
3. Terminar con el SIMCE y todo tipo de estandarización. El SIMCE no es un instrumento educativo, sino un instrumento de promoción del mercado y la competencia entre escuelas. Los resultados que obtienen las/os estudiantes en el SIMCE dependen mayoritariamente de sus condiciones de origen (condiciones básicas de vida, cuidados médicos y alimentación en la primera infancia, etc.) y muy poco de lo que hace la escuela. Por esa razón, en el mundo, este tipo de pruebas no se utilizan para medir calidad de escuelas en ningún caso. Muchos países reconocidos por tener buena educación no aplican este tipo de pruebas, y aquellos que las aplican lo hacen solo a una muestra representativa, no a todas/os las/os estudiantes.
En lo inmediato, es urgente eliminar la aplicación universal (censal) de las 6 pruebas SIMCE (lo que es un gran negocio para las instituciones privadas que la gestionan). Es necesario que cualquier prueba estandarizada que se aplique sea muestral, de tal forma que den información general, pero que eliminen la competencia entre escuelas. Asimismo, es necesario eliminar la evaluación docente individualizante. Hoy se sabe que no existe ninguna relación clara entre ser buena profesora y obtener buenos puntajes en la evaluación docente. Los trabajos como la docencia no pueden medirse a través de una prueba estandarizada. El único objetivo real de esta evaluación es destruir las comunidades educativas, fomentar la competencia y el individualismo entre profesoras/es.
4. Generar condiciones de trabajo adecuadas para las/os trabajadoras/es de la educación. Las/os docentes y asistentes de la educación saben que sus condiciones de trabajo se han deteriorado progresivamente durante los últimos años. Se trata de un deterioro en las condiciones salariales y materiales (son muchísimos los casos de educadoras/es que pagan de su bolsillo los materiales mínimos para trabajar en aula, como hojas, plumones, papeles, fotocopias, etc.). Pero también se trata de un deterioro de las condiciones psicosociales del trabajo: sobrecarga, falta de apoyo, presión y control, tareas sin sentido, falta de autonomía, etc.
En lo inmediato, es necesario terminar con los despidos arbitrarios a trabajadoras/es de la educación cada fin de año. Es fundamental eliminar la evaluación docente individualizada y construir una carrera docente que fomente el trabajo colaborativo y no la competencia entre docentes y que asegure suficientes tiempos no lectivos de trabajo. Asimismo, es fundamental mejorar las condiciones salariales de las/os asistentes de la educación.
5. Frenar la criminalización del movimiento estudiantil. Es obvio que la participación de las y los jóvenes debe promoverse en las escuelas, no debe perseguirse, debe facilitarse siendo esta el motor de transformación de nuestra sociedad (como ha quedado claro estas últimas semanas).
En lo inmediato, se debe Derogar la Ley Aula Segura, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y revisar la ley de Violencia Escolar, en tanto, instrumentos de penalización de la vida escolar y de la participación de los y las jóvenes. Se debe repensar el uso que se hace de los reglamentos internos o manuales de convivencia los cuales deben ser construidos desde un enfoque ciudadano, pedagógico, y nunca más uno punitivo.
6. Frenar los proyectos de ley privatizadores de la educación inicial que están actualmente en el parlamento y que el gobierno de Piñera pretende aprobar. Actualmente, el gobierno promueve dos iniciativas legales en el parlamento, en un claro intento de extender la mercantilización de la Educación hacia la Educación Parvularia. El primero de ellos es la subvención escolar a los niveles medios, el cual significa el ingreso de nuevos actores privados a la Educación Parvularia, mediante un pago por asistencia, esquema análogo al que masificó la privatización en educación escolar y que tanto daño ha hecho, promoviendo la mercantilización y la competencia. El segundo, al que el Ejecutivo le ha dado urgencia en su aprobación, es el proyecto de sala cuna universal, que busca hacer que las/os trabajadoras/es financien, a través del Fondo de Cesantía, la asistencia de sus hijos/as al jardín infantil. Este proyecto deja fuera a los hijas e hijas de trabajadoras/es independientes y de trabajadoras/es del sector público. Además, precariza el cuidado y estimulación de las/os bebés, pues las salas podrán tener 42 lactantes, con tres adultos a cargo. Los únicos que ganan con estos proyectos son la empresas, que ya no tendrán que financiar los jardines de las/os hijas/os de sus trabajadoras y los empresarios de la educación que nuevamente lucraran con recursos públicos.
Una nueva Constitución para una nueva educación pública
Para que estos cambios al modelo educativo de mercado sean viables y se proyecten en el tiempo es necesario cambiar la Constitución política que actualmente establece que el derecho educativo más importante en Chile es el derecho a la mal llamada “libertad de enseñanza” (Artículo 19, numeral 11).
Es urgente construir una nueva Constitución que establezca un Estado garante de los derechos educativos y sociales en general, que defina la educación a lo largo de la vida como un derecho garantizado, sin ningún tipo de discriminación. El derecho a la educación habilita para el ejercicio de otros derechos, en consecuencia no debe ser limitado por ningún tipo de libertad individual, corporativa o empresarial.
Como han señalado las organizaciones sociales y, en general, el pueblo movilizado, esta constitución debe ser construida a través de un proceso nacional de Asamblea Popular Constituyente Plurinacional, con amplia participación a nivel vecinal, local, provincial, regional y nacional. El pueblo ya está debatiendo a través de cabildos y asambleas territoriales, hay que darle peso y validez a su voz.
OBSERVATORIO CHILENO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Cómo y por qué el Pequeño Pinochet se Mantiene en el Poder
Cristian Cepeda / Resumen Latinoamericano / 10 de noviembre de 2019
Piñera solo, soberbio y golpeado, se aferra a su superioridad de clase para pasar lo que él considera es solo una tormenta. La misma actitud le permitió tener en su cuenta corriente más de 2 mil millones de dólares de fortuna personal y al mismo tiempo obtener el cargo de presidente con la votación más alta desde 1990, hace tan solo 2 años. Pero parafraseando lo que paso con Napoleón III ,apodado el Pequeño Napoleón (a diferencia del Gran Napoleón), el “Pequeño Pinochet”, solitario en el Palacio de la Moneda no tiene más que fuerza que la que le da su carácter de clase.
Los partidos, incluidos los de derecha, se alejan de él. No quieren aparecer al lado de alguien a quién la calle ya apodó “dictador”, sin importar su legitimidad democrática. Para muchos lo inexplicable es que a pesar de la debilidad en la que se encuentra, los partidos se alejan pero a la vez le dan aire para que continúe en el poder. El miedo que recorre los sectores privilegiados de la sociedad chilena también afecta a la clase política que, asustada por una renuncia y un posible desborde electoral, temen enfrentar un escenario de vacío de poder.
Con calculadora en mano una derecha que veía sonriente la posibilidad de una segundo período encabezado por el pinochetista populista y buena gente de Joaquin Lavín, hoy saca cuentas negativas. La polarización de la sociedad generada por el “Pequeño Pinochet” tiene un efecto devastador en cuanto a la pérdida de votos en los sectores conservadores. Ya antes de la explosión sectores populares que venían sufriendo un empeoramiento de sus condiciones de vida con sueldos estancados y masivas alzas de los costos de vida, agudizados en el gobierno de Bachelet, votaron por Piñera esperando un mejoramiento, “los tiempos mejores”. Pero nunca llegaron. Hoy, la derecha obligada a salir a defender su gobierno, se saca la careta y, aún con contradicciones, asume una defensa de los privilegios económicos de la clase a la que representa. Tal actitud resta votos y encierra a los partidos de derecha en sus reductos más duros.
La ex concertación de partidos, alianza de partidos rota en sucesivos períodos electorales, mira la rebelión desde sus cómodos puestos de poder. Los políticos profesionales que construyeron su legitimidad en su supuesta la lucha contra Pinochet, viven desde antes de la rebelión popular un proceso de crisis moral. Acusaciones de vinculaciones al narcotráfico, relaciones carnales con las grandes empresas, masivo acceso de familiares a los altos puestos de gobiernos cruzan de forma transversal a los distintos partidos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista. Frente a este nuevo escenario, los partidos miran con terror la posibilidad de perder sus espacios de privilegio en el Parlamento, por un eventual llamado a nuevas elecciones. El temor es perder buena parte de su influencia, pasando a ser su supervivencia la principal preocupación. La polarización del escenario hace imposible su permanencia o neutralidad. En repetidas ocasiones el Pequeño Pinochet ha convocado a los partidos de la exconcertación a reuniones para validar su rol de presidente electo y estos partidos han visto en esta convocatorias la posibilidad de ser mediadores de las soluciones, de ser como en los 80 , los articuladores de una salida negociada. En conjunto con la derecha y frente a la evidente falta de legitimidad del gobierno, acordó utilizar a los Municipios como los espacios de contención y articulación social. Los llamados a Cabildos Municipales son parte de las estrategias que emergen desde este sector.
Finalmente, al margen de estos dos bloques, de forma rápida y relativamente sorpresiva emergió en este contexto de rebelión popular, una nueva alianza electoral conformada por el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) (conglomerado diverso que agrupa desde partidos liberales a agrupaciones sociales que se definen de izquierda). Esta nueva alianza rápidamente conformó a su alero un referente social con la pretensión de conducir y convocar la lucha en las calles, Unidad Social. Si bien este sector no carga con la pesada imagen de corrupción y compromiso con las élites de los dos bloques anteriores, la movilización popular de forma más intuitiva que consciente, no ha permitido que el liderazgo de la lucha social pase por sus rostros visibles. Es más, cada vez que asoma alguna bandera de este colectivo automáticamente es rechazada por los protestantes. La apuesta de este sector ha sido parlamentarizar el conflicto, usando la presión social de la calles para la agilización de diversos proyectos de ley que hace tan solo 4 semanas no tenían ninguna viabilidad parlamentaria. Sin embargo, el precio del apoyo a estas acción parlamentaria ha sido el no quitarle el piso al gobierno del Pequeño Pinochet. Desde este bloque se es consciente que un eventual escenario electoral traería un aumento significativo de votos para los distintos partidos de este bloque. Incluso, la posibilidad de asumir el gobierno es casi una certeza. Por eso mismo, la actitud del bloque Partido Comunista y Frente Amplio, y su casi nulo apoyo al #fuerapiñera, probablemente solo obedece a dar seguridades de gobernabilidad a los grandes empresarios chilenos y extranjeros, ante la eventualidad de un futuro gobierno. Sin embargo, a medida que pasan las semanas y la calle sigue con fuerza exigiendo cambios profundos, el liderazgo inicial empieza a demostrar grietas. La apuesta por conformar en los barrios Asambleas Constituyentes, si bien ha sido una estrategia capaz de articular grandes sectores que no necesariamente están en las calles, esta cae en el vacío frente al nulo efecto que estas instancias tienen en la realidad. Sigue la represión , siguen los muertos y heridos, sigue el abuso. Y sobre todo, Piñera sigue sin escuchar a nadie. La tensión entre la dirigencia del PC y FA, y los amplios sectores activos de la sociedad chilena se basa en la permanencia de Pequeño Pinochet.
En resumen, por distintas razones, el conjunto de fuerzas políticas institucionales tienen un interés en que la caída del dictador no se haga efectiva. Por lo menos no antes de cumplir los 2 años de mandato presidencial. Esto porque la Constitución pinochetista señala que si el Presidente en ejercicio renuncia antes de cumplir 2 años de su mandato un gobierno de transición debiera llamar en breve a nuevas elecciones generales. Pero, si la renuncia sucede cuando quedan menos de 2 años de mandato es el Parlamento en Pleno quien elige al nuevo mandatario por el período que resta. El plazo sería 11 de marzo 2020.
Pero todos estos cáculos podrían irse al carajo. Las calles siguen llenas de juventud que lejos de bajar los brazos suma a nuevos sectores, y cada día queda más claro que amplios sectores de pueblo desde sus casas y plazas no están dispuesto a perdonar a los asesinos. La rebeldía abandona su figura de saqueo y quema y se transforma en convicción de que la lucha, los muertos y los sacrificios tienen que servir para cambiarlo todo.
Lentamente, se abre una nueva brecha en la sociedad chilena, una que va mucho más allá de lo electoral, y de resumir la democracia a participar en elecciones cada 4 años. Una brecha que vuelve a hablar de poder popular, de control de la realidad por los propios habitantes de este país, una que ya no confía en las élites intelectuales vengan de donde vengan.
Los secundarios, los niños de Chile, los que no tenían futuro, le enseñaron a los mayores que el futuro se hace a mano y sin permiso.
Envio:RL
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