Un estropicio histórico, arquitectónico y patrimonial en la Casa Rosada
Un "call center" en el Salón de las Mujeres
La sala, que homenajea a las grandes mujeres de la historia argentina, fue convertida en oficinas, con una isla central, rebosante de melanina y fórmica.
Por Mariana Carbajal
El Salón de las Mujeres, como se lo conoce, fue inaugurado por la ex presidenta el viernes 6 de marzo de 2009, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. "La idea es crear, en el ámbito más emblemático del poder político de la Argentina, como lo es la Casa Rosada, un lugar permanente para las mujeres, un lugar que nos hemos ganado pero que todavía es muy resistido", dijo en aquel momento CFK.
A poco de asumir, Alberto Fernández le pidió a Julio Fernando Vitobello, secretario general de la Presidencia, que vuelva a ser un salón de anuncios. En enero comenzarán a desmontar los muebles de oficina, en los que todavía pueden encontrarse algunas publicaciones olvidadas --o para el olvido-- como “Memoria detallada del Estado de la Nación 2016” y “Evaluación de reglas fiscales. Cierre de ejercicio 2017” junto a un ejemplar de la revista Ahora Más, de agosto de 2019, con Reina Reech en la portada.
La idea es que pueda reinaugurarse el 8 de marzo próximo, reveló a PáginaI12 un colaborador muy cercano del presidente, mientras le mostraba a esta cronista lo que dejó el macrismo en ese salón. El 8M es una fecha muy significativa para el movimiento feminista: en el 2020 se cumplirán tres años del primer Paro Internacional de Mujeres, que se llevó adelante en Buenos Aires con una histórica y masiva movilización a la Plaza de Mayo, y en articulación con más de 50 países. Fue el primer paro contra el gobierno de Mauricio Macri y lo convocaron las mujeres y disidencias para denunciar las consecuencias del ajuste sobre sus cuerpos y sus vidas, entre otras demandas, mientras la CGT y los líderes sindicales preferían mirar para otro lado y esquivaban el llamado a una huelga general a pesar de que el plan económico de Cambiemos mostraba ya sus inconsistencias para bajar la inflación y los índices de pobreza.
Convertir en oficinas uno de los sectores más icónicos de Balcarce 50 fue una de las primeras decisiones del macrismo al llegar a la Casa de Gobierno. Tal como informaron varios medios en ese momento, a los pocos días del cambio de administración, en diciembre de 2015, el Salón de las Mujeres sufrió una notable transformación, aunque los hombres el presidente no se atrevieron a sacar los cuadros. Se desmontaron las réplicas gigantes del billete de 100 pesos en recuerdo a Eva Perón y la miniatura del edificio del Ministerio de Obras Públicas y se reemplazó el mobiliario con escritorios y computadoras. Pero las imágenes de Evita, Alfonsina Storni, Lola Mora, Tita Merello, Mercedes Sosa, Blackie, Cecilia Grierson, Victoria Ocampo, las Madres de Plaza de Mayo, y las Madres de los caídos en Malvinas, Mariquita Sánchez de Thompson, Juana Azurduy, Annie Painé, y Alicia Moreau de Justo quedaron como testigos involuntarias de las negociaciones que se hicieron en estos cuatro años en ese espacio, pegado al ala que ocupa el presidente de la Nación lejos del lugar de reconocimiento que buscó darles la ex presidenta.
El día que inauguró el salón, CFK recordó que antes “este espacio físico era un lugar que había sido capturado, por lo que yo digo, la burocracia sedimentada, van haciendo sucuchitos, tabicados, esto era casi un laberinto de pequeños despachos que se habían adueñado de este espacio, que como su propia arquitectura lo indica, era un espacio original, único de la Casa de Gobierno que quise que volviera a ser ese salón, pero que además contemplara a las mujeres argentinas del Bicentenario”. Con Macri volvieron los “sucuchitos”.
Pero durante su gestión no solo se devastó el Salón Mujeres del Bicentenario: también se destruyó la sala de la planta baja donde estaba la biblioteca jurídica de la Casa Rosada, que reúne libros de Derecho Administrativo, Penal y Laboral, y publicaciones con fallos de la Corte Suprema, material de consulta de los equipos de la Secretaría de Legal y Técnica, a la hora de revisar proyectos de ley, decretos y resoluciones. La biblioteca fue desmontada, tirada literalmente abajo, para construir baños. Entre sus libros, había reliquias del siglo pasado. Su directora, una bibliotecaria de años, estalló en lágrimas cuando ella y los empleados del sector no pudieron resistir más la orden de desalojar el lugar impartida por quienes se estaban ocupando de la remodelación de Balcarce 50 y ordenaron picar paredes, piso y techo de la bella sala. La decisión se tomó después de las PASO y antes de las elecciones del 27 de octubre. Los libros están todavía en cajas, y apilados en la sala que servía de ingreso al Salón de las Mujeres, en el primer piso. El jueves, empleados de la biblioteca lograron rescatar de entre los escombros la antigua escalera móvil, que estaba abandonada. En pocas semanas empezarán las tareas de recuperación del Salón de las Mujeres --ojalá que sea también símbolo del inicio de otras recuperaciones-- y se le buscará un nuevo lugar a la biblioteca.
Fuente:Pagina12
El 80 por ciento de las tarjetas alimentarias del Plan Argentina contra el Hambre se entregarían antes de marzo
El Gobierno nacional anunció que el objetivo es repartir el 80 por ciento de las tarjetas alimentarias que tiene previstas entregar del Plan Argentina contra el Hambre antes de marzo. Así lo aseguró hoy el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tras la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre que encabezó el presidente Alberto Fernández.
El gobierno nacional buscará entregar en los próximos tres meses cerca de 1.200.000 tarjetas -en total serán 1.400.000 para unos 2.000.000 de niños- que cuentan con un monto de entre 4000 y 6000 pesos mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos, para comprar alimentos en supermercados y almacenes. Los beneficiarios del plan, que se puso en marcha el último miércoles en Concordia, Entre Ríos -se entregaron 7000-, serán madres y padres de niños y niñas de hasta 6 años, embarazadas y personas con discapacidad, todos ellos titulares de la AUH.
«Vamos a ir cubriendo todo el país. Creemos, no tenemos el dato, que aumentó un 20 por ciento, en los últimos dos meses, la cantidad de personas que asisten a los comedores», sostuvo Arroyo en una conferencia de prensa que compartió con Victoria Tolosa Paz, coordinadora del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, Narda Lepes y el escritor Martín Caparrós.
En la reunión, que se realizó en el Salón Sur de la Casa Rosada, el Presidente hizo una presentación antes unas 100 personas que integran el Consejo. «La verdad es que este plan no es el plan del gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. No soy el dueño de este plan, ya pagué el copyright a Martín [Caparrós]. Los dueños de este plan somos los argentinos de bien que no queremos que ningún argentino pase hambre», dijo el jefe del Estado.
Entre otros lo escuchaban atentamente la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el conductor televisivo Marcelo Tinelli, Sonia Alesso (Ctera); la exsenadora Hilda «Chiche» Duhalde; Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA); el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el monseñor Carlos Tissera (Cáritas); y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
«Siento que todos tenemos algo para dar, tenemos algo para ofrecer y debemos dar y ofrecer para terminar con el hambre en la Argentina. Y que eso nos va a hacer una mejor sociedad, vamos a ser mejores humanos y va a ser mejor esta sociedad el día que terminemos con eso, cuando sepamos que, en la Argentina, ese país ampuloso que se jacta de poder alimentar a 400 millones de personas se ha ocupado de alimentar a 15 millones de pobres que tienen en su tierra», describió el Presidente.
Y agregó: «Por una vez olvidémonos de nosotros, de quiénes somos, de cómo pensamos y qué representamos. Y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre».
Arroyo destacó que «por primera vez en el país» una política pública se seguirá «en tiempo real». El funcionario también confirmó que el desarrollo del plan contra el hambre tendrá un presupuesto de 60.000 millones de pesos.
El encuentro contó con la participación de Caparrós, autor del libro «El hambre», que fue como invitado del Presidente. «No estoy para validar nada. Es porque estoy entusiasmado con que un presidente lo considere una tarea prioritaria. Que lo logren, o no, me escapa. Que hayan decidido que les importa mucho y lanzarse a esta tarea es algo que tenemos que apoyar todos los que podamos desde alguna manera distinta», explicó el periodista su presencia en la conferencia de prensa.
«Esto no es un eslogan [campaña contra el hambre]. Es empezar a trabajar. Cuando se hace eso, uno no sabe dónde va a terminar. Trabajar es muy distinto a no hacerlo», cerró el escritor.
También participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Salud, Ginés González García, y de Educación, Nicolás Trotta, entre otros.
Por otra parte, Arroyo explicó que se creó la figura del Promotor de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a cargo de los gobiernos provinciales, quienes serán los encargados de realizar el asesoramiento nutricional pertinente a los titulares de este derecho, y el seguimiento de la ejecución del programa. A su vez, se pondrán en marcha talleres de orientación para promover los alimentos sanos y frescos.
Por último, el programa cuenta con dos entidades encargadas de articular, monitorear y evaluar el Plan. Una de ellas es el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, conformado por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales con las organizaciones sociales, religiosas, los sectores laborales, económicos, productivos, las universidades y los medios masivos de comunicación. La otra es el Observatorio Nacional Argentina Contra el Hambre integrado por Universidades y Centros de Estudios como la Universidad Católica Argentina (UCA), INECO y el ISEPCi.
Fuente:Paralelo32
22 de diciembre de 2019
Las claves del proyecto oficial para rescatar al sistema previsional destruido por el macrismo
El plan de Alberto Fernández para los jubilados: sumas fijas para el 70%, aumentos trimestrales, nueva fórmula de movilidad Cada una de las medidas para los jubilados incluidas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva mejora los ingresos de la inmensa mayoría. Bono extraordinario, suspensión de una mala fórmula de movilidad, definición de aumentos por decreto para mejora la equidad y recuperar el FGS-Anses. El Gobierno agregó la revisión de los regímenes especiales de judiciales y diplomáticos.
Por Alfredo Zaiat
Existe una definición inicial que es política, que no puede ser señalada como sorpresiva porque fue enunciada en la campaña electoral: Fernández adelantó que su objetivo será poner dinero en el bolsillo de la población, especificando que quienes están en la peor situación relativa serán privilegiados. En base a esa concepción, que tuvo un respaldo contundente en las urnas, las medidas para instrumentarla necesariamente beneficiarán a unos (una mayoría) y relegarán a otros (una minoría).
Es la política opuesta a la del gobierno de Macri, que benefició a unos pocos. En 2016-2019, sólo el 20 por ciento de los jubilados ubicados en la parte superior de la pirámide de ingresos previsionales consiguió una mejora de un punto en su capacidad de compra; el 40 por ciento de la base perdió 18 puntos porcentuales y el 40 por ciento restante de 3 a 4 puntos.
Todo el esquema de redistribución de recursos jubilatorios dispuesto por Fernández, en cambio, concentra los beneficios en el amplio grupo de jubilados afectados por el macrismo, que está ubicado en la parte inferior de los ingresos.
No se puede alegar incoherencia a quienes hoy son oposición y a los medios y analistas conservadores: sus críticas a la ley apuntan a seguir defendiendo a grupos sociales privilegiados en términos relativos.
Las claves
El plan de Fernández para la recuperación del sistema previsional es el siguiente:
* Entregar un bono de emergencia de 5000 pesos en diciembre y otro de igual suma en enero para las jubilaciones mínimas (14.068 pesos), monto que se escalonará para el resto de los haberes hasta alcanzar los 19.068 pesos mensuales.
* Subir más los ingresos de la gran mayoría de los jubilados (70 por ciento). En términos relativos implica un alza menor –no es congelamiento- en los haberes para los que se encuentran arriba de la pirámide previsional (30 por ciento).
* Modificar la movilidad jubilatoria del macrismo, que fue un asalto a los ingresos de los jubilados.
* Suspender por 180 días esa fórmula, convocar a una comisión para proponer una alternativa y, si no se define una nueva, reestablecer la actual.
* En ese período, los aumentos trimestrales serán por decreto con el criterio de favorecer al 70 por ciento del total de los jubilados respecto al 30 por ciento restante.
* La concepción política e ideológica es transparente: disminuir la brecha de haberes (achatar la pirámide previsional) para mejorar la equidad distributiva y que el Estado, de ese modo, a través de pagos de jubilaciones, no replique como herencia la desigualdad del mercado laboral.
* A favor de esa idea se argumenta que hoy del 30 al 40 por ciento de los recursos de la Anses provienen de impuestos, no de aportes. Esa recaudación tributaria es fundamentalmente de impuestos indirectos, que alcanzan en mayor medida a quienes se ubican en la base de la pirámide de ingresos. Entonces éstos deberían ser privilegiados porque hacen un aporte proporcional mayor. Se sabe que el sistema previsional hace muchas décadas ha dejado de ser sólo contributivo.
* Poner bajo estudio los regímenes especiales.
* Recuperar el FGS-Anses, fondo que el macrismo hiperdevaluó.
Otro par de iniciativas para mejorar el ingreso de los jubilados en forma indirecta es la rebaja del 8 por ciento en los medicamentos y el congelamiento por 180 días de las tarifas. Esta última medida impacta relativamente más en hogares pobres y de jubilados, que destinan mayor porcentaje de sus gastos a este rubro, que sigue siendo así, aun después de la tarifa social, implementada en 2016. Eso lo informó el sociólogo Daniel Schteingart en su cuenta de Twitter, en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2017-2018 del Indec.
La guerra del cerdo
Año a año, durante el gobierno de Macri, la inmensa mayoría de jubilados fue disminuyendo ingresos en términos reales. Se les recortaron beneficios y derechos. Sus haberes y la cobertura de salud se fueron deteriorando a una velocidad impactante. La denominada Reparación Histórica fue un fiasco, con un porcentaje promedio de aumentos muy por debajo de lo calculado inicialmente, beneficiando además a los ubicados en las escalas media y superior de ingresos e incrementando la cantidad de juicios por reajustes previsionales. Las prestaciones del PAMI y la cobertura de medicamentos fueron recortadas.
El apaleo macrista a los jubilados fue persistente. Creó un nuevo haber mínimo para trabajadores que no completaron los años de aporte por culpa de las empresas. Economistas del establishment lograron instalar en el sentido común que es una "injusticia" que trabajadores reciban una jubilación por moratoria sin 30 años de aportes, cuando la injusticia la padeció ese mismo trabajador por el fraude de la empresa que lo contrató o por políticas económicas regresivas que lo lanzaron al territorio de la desocupación.
Esa nueva jubilación fue la Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80 por ciento del haber mínimo. Quien la recibió tuvo un doble castigo: como se mencionó, la mayoría de ese universo poblacional fue contratado en el mercado informal, en empresas que no hicieron los aportes previsionales correspondientes y, al momento de la jubilación, el Estado macrista lo condenó a un haber menor.
Esta discriminación vino a dar respuesta al cuestionamiento conservador de la ampliación de la cobertura previsional con las moratorias kirchneristas, que sumaron 3,3 millones de jubilados. En estos años hubo una campaña, a la que se sumó públicamente el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, que proponía eliminar esas jubilaciones.
Ese mensaje se ha filtrado hasta en los propios sectores vulnerados, postulando que quienes son titulares de derechos, como la Asignación Universal por Hijo o la jubilación mínima obtenida en un plan de moratoria, no deberían ser merecedores de esos beneficios porque "no se esforzaron". No son consideradas víctimas de una organización económica que los excluyó.
Es una línea de pensamiento que fue gobierno hasta el 10 de diciembre pasado basada en los conceptos "meritocracia" y "esfuerzo individual". Lo que ha cambiado es que la fuerza política que tuvo un triunfo contundente en primera vuelta en las urnas postula, en cambio, la "solidaridad" y la "construcción colectiva".
La oposición al paquete de medidas proviene precisamente de voceros de grupos que promueven el tipo de sociedad que hoy no es mayoría electoral.
PAMI
La crueldad del macrismo y sus satélites en redes y en medios con los jubilados fue impactante. El Centro de Economía Política Argentina, el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria concluyeron en un reciente informe que en los últimos cuatro años se ha producido "una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores".
Los datos son contundentes. La jubilación mínima hoy es de 14.068 pesos, lo que implica un aumento de 227 por ciento entre septiembre de 2015 (fue la última corrección de la administración CFK cuando la subió a 4299 pesos) y este diciembre. La inflación de los medicamentos en el mismo período alcanzó el 457 por ciento, y con la cobertura del PAMI el aumento fue de 297 por ciento.
El cuadro es más dramático porque ese porcentaje es promedio, pero medicamentos esenciales para adultos mayores, como el Sintrom (recetado para enfermos cardiovasculares), registraron subas impresionantes de 1248 por ciento y, con cobertura de PAMI, de 475 por ciento.
El cuadro es más angustiante para la mayoría de los jubilados porque el PAMI macrista dejó de entregar medicación crónica gratuita a 2 millones de afiliados, al establecer una serie de requisitos para acceder a ella que la hacía muy restrictiva. Esa decisión derivó en que las personas mayores dejaran de consumir su medicación o lo hicieran de manera limitada porque les resultaba muy difícil comprarlas con su presupuesto.
El paquete de medidas de Fernández incluye, además de sumar recursos fiscales y redistribuirlos para atender a grupos sociales en emergencia, que el PAMI vuelva a brindar cobertura plena para medicación crónica.
El informe revela no sólo los fulminantes aumentos de medicamentos y la menor cobertura del PAMI en ese rubro, sino que también apunta a la tardanza en turnos médicos o estudios complementarios, que impulsó a varios a acudir a la medicina privada asumiendo un costo adicional, y a la falta de entrega de bastones y sillas de ruedas.
La movilidad
El experto en temas previsionales Miguel Fernández Pastor ilustra que durante el macrismo no hubo medidas que hayan beneficiados a jubilados y pensionados. La fórmula de movilidad fue un asalto a los ingresos de los jubilados, por los componentes definidos para el cálculo, por aplicarla en forma retroactiva respecto de un período ya cumplido casi en su totalidad con la mejor anterior fórmula (julio-diciembre 2017) y porque se empezaron a actualizar los montos por la inflación trimestral con un rezago de seis meses.
Fernández Pastor lo dice en forma sencilla: con la fórmula de Macri los jubilados perdieron; con la del kirchnerismo ganaron fuertemente; y con la propuesta de Fernández "va a haber una mejora sustancial en los que menos tienen, y lo que estamos un poquito mejor, tendremos que esperar para también tener satisfacciones. Acá nadie perdió ningún derecho".
Respecto de la suspensión de la movilidad hasta marzo, aún no hay datos de cómo se van a calcular las jubilaciones y sólo existe mucha especulación. El próximo aumento debería ser del 11 por ciento en marzo, pero las mejoras serán por decreto hasta que se establezca una nueva fórmula.
Desfinanciar la Anses
El macrismo no sólo afectó los ingresos inmediatos de los jubilados, sino que desfinanció el sistema. Las cuentas previsionales estaban bajo tensión en 2015 como están en cualquier otra economía donde la relación trabajador activo/jubilado es constante o disminuye, al tiempo que aumenta la expectativa de vida.
La clave para atender esta situación es encontrar un sendero para garantizar la sustentabilidad con criterios de equidad. Ese fue el camino elegido hasta el 2015 cuando se amplió la cobertura, mejoró la tasa de sustitución y el haber mensual.
Ese esquema virtuoso fue el siguiente: la fórmula de movilidad del 2009, el impulso a la demanda interna para crear empleos formales –que derivaba en más aportes a la seguridad social-, la estrategia del FGS-Anses de financiar al sector productivo con generación de empleo registrado –que también implicaba más aportes al sistema- y más recursos tributarios derivados al régimen previsional.
Este círculo virtuoso fue interrumpido por el gobierno de Macri . Lo que hizo fue desfinanciar a la Anses: pérdida de recursos por la sentencia de la Corte que prohibió al Estado continuar con la deducción del 15 por ciento de la masa coparticipable entre las provincias; la denominada Reparación Histórica disminuyó el impuesto a los Bienes Personales, recursos que en parte se giraban a la Anses; y, fundamentalmente, una economía que dejó de generar empleo registrado en términos netos; más bien lo destruyó en cantidad (el último registro marca 224.000 en 46 meses de gobierno de Cambiemos), que implicó caída de aportes al sistema.
La política de desfinanciamiento de la Anses arrojó al sistema a una crisis para, de ese modo, justificar la privatización parcial de las jubilaciones. Esta habría sido la instancia de debate previsional si Macri hubiera conseguido la reelección; no la de la recomposición real de los haberes de la mayoría de las jubilaciones.
FGS
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses es el reaseguro del sistema jubilatorio estatal, de reparto y de solidaridad intergeneracional. Nació de la eliminación del espectacular negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores. En cuatro años, la economía macrista hiperdevaluó los activos del FGS y modificó sus funciones descapitalizándolo.
En diciembre de 2015 había un activo financiero estatal sólido y de acumulación de capital constante que era el FGS-Anses.
La economía macrista lo recibió con un monto equivalente a unos 67 mil millones de dólares . Sin información oficial, porque el anterior gobierno no dejó cuenta de ese inventario, con estimaciones de la evolución de acciones y bonos, el FGS tendría hoy un capital de 22 a 27 mil millones de dólares. Esa diferencia de unos 30 mil millones de dólares es la destrucción que hizo el macrismo de la caja principal de garantía de las jubilaciones.
Más a menos y menos a más
La extensa descripción de la devastación previsional del gobierno de Macri es imprescindible para evitar la complicidad con esa política planificada de debilitamiento del sistema jubilatorio. A partir de esa base se puede empezar a abordar el plan previsional de Alberto Fernández.
En la actualidad, la Anses abona unos 6.900.000 beneficios contributivos en sus distintos regímenes, que se eleva a 8,5 millones con otras prestaciones (pensiones específicas). Del total de jubilaciones, unas 4.400.000 personas están en la mínima (64 por ciento), 2.100.000 perciben un haber medio de 27 mil pesos y cerca de 300.000 perciben la máxima y por encima de ese techo.
En esta última categoría se encuentran los jubilados del Poder Judicial (5410 beneficiarios) que cobran un haber medio de unos 245.000 pesos, y que serán objeto de debate parlamentario con el inminente proyecto que enviará el Gobierno.
Esta distribución de los beneficios no guarda correlación con el reparto de los recursos. Mientras que los perceptores de la jubilación máxima y superiores representan el 5 por ciento del total, reciben más del 20 por ciento de los recursos. No es una distribución que se encuentra en línea con criterios de solidaridad y equidad.
El gobierno de Fernández evalúa que, en una situación de emergencia, tiene que fortalecer el carácter solidario y redistributivo, tratando de mejorar el reparto de los recursos hacia los más postergados. El bono adicional para los haberes de diciembre y de enero por 5000 pesos en cada uno de esos meses será para quienes cobran la mínima y alcanzará también a aquellos que perciban un monto por encima de ese umbral hasta alcanzar los 19.068 pesos (por ejemplo, el jubilado que cobra 16 mil pesos recibirá un bono de 3068 pesos, y así todos los ubicados en el rango de 14.068 a 19.068 pesos). De acuerdo a registros de la Anses, estarán alcanzados casi 5 millones de jubilados (72 por ciento del total).
La suspensión de la fórmula de movilidad será por seis meses, lo que no implica que no habrá aumentos trimestrales, sólo que serán por decreto y orientados a mejorar más a los jubilados de la base de la pirámide de ingresos. No habrá congelamientos de jubilaciones. Todos los beneficiarios de todos los regímenes recibirán aumentos cada tres meses. Otro aspecto poco mencionado en este debate es que, si no se logra consenso para modificar por ley la movilidad, la actual suspendida recuperará su vigencia.
Durante esos seis meses se integrará una comisión con miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso para definir un proyecto de ley (no se establecerá por decreto) con la nueva fórmula de movilidad. Uno de los funcionarios encargados de esa tarea definió que el objetivo "es contar con un régimen realmente solidario y redistributivo y que contemple las situaciones que en la emergencia no hayan podido ser totalmente atendidas".
22 de diciembre de 2019
El equipo de Martín Guzmán, una unidad especial, una comisión asesora y sus respectivos roles
Quién se encarga de negociar la deuda Las responsabilidades frente a las complejidades de la deuda. El rol de los "asesores" Daniel Marx y Adrián Cosentino.
Por Raúl Dellatorre
"La responsabilidad de la negociación le compete al propio Guzmán, a él y a su equipo que trabaja bajo sus órdenes directas", aseguran desde el entorno más cercano al ministro. "El ministro es el que decide quién conversa, se comunica, concurre a reuniones o transmite mensajes en todo lo referido a la negociación; contactos que ya se están haciendo, en los cuales él centraliza las decisiones sobre la estrategia y los pasos a dar", explicó a este diario la misma fuente.
La conformación de la Unidad Especial y la comisión asesora de la deuda funcionan como un complemento de la negociación, pero no participan de ella. Claramente, la unidad especial con Cleri a la cabeza asume la tarea que Guzmán explicitó en su primera conferencia de prensa: trazar un "sendero de superávit fiscal primario y resultados de la balanza comercial" que vayan reconstruyendo la capacidad de pago del país, y permita comprometer el pago de los futuros vencimientos "en una estructura de deuda modificada", según palabras del propio Guzmán. La comisión asesora será llamada a opinar cuando el titular de la cartera económica así lo decida, para emitir recomendaciones que, por cierto, no son "vinculantes" (de cumplimiento obligatorio).
Dicha unidad especial está en la órbita del secretario de Finanzas, Diego Bastourre, a quien remite en forma directa Cleri, y por supuesto ambos a Guzmán. Hay otra pieza fundamental en este armado: Sergio Chodos, quien fuera propuesto por el país como Director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional. Dado el cargo que ocupa, Chodos será un nexo permanente entre Guzmán y el staff del Fondo, más allá de otras vías de contacto que el ministro mantiene con el organismo financiero. Se considera que Chodos, además, será un participante activo, en ciertas circunstancias, de las reuniones de la Unidad Especial de Sustentabilidad de la Deuda Externa.
El ministro diseñó la estructura a su gusto y necesidad, aseguran. Ni siquiera se lamenta de algún costo no deseado por sus decisiones. "Para Guzmán está claro que si alguien le atibuyó en algún momento a Marx, o a Cosentino, que iban a cumplir algún rol central en las negociaciones de la deuda, no fue por un rumor promovido por ellos, sino una lectura equivocada, o probablemente malintencionada, desde afuera de este espacio".
Lisandro Cleri fue director de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses y lo secundarán otros técnicos provenientes del mismo FGS. Al igual que Bastourre, proveniente del Banco Central, tiene una vasta experiencia en la gestión pública, antecedente que Guzmán valoró al formar su equipo. Pero el investigador de la Universidad de Columbia sabe que la tarea de reestructurar la deuda está sobre sus propios hombros. Cuenta, para la tarea, con colaboradores locales pero también externos. Entre estos últimos, un premio Nobel de Economía que desde Nueva York se ocupa, informalmente, de la presentación del programa económico de su discípulo y acercar posiciones a su propuesta de reperfilamiento de la deuda.
Un docente denunció a un colegio de Belgrano
Despedido por enseñar a Walsh
Por Juan Pablo Csipka
Rodolfo Walsh desapareció luego de divulgar su Carta abierta a la Junta Militar.
Imagen: Twitter
Imagen: Twitter
Un docente de un colegio de Belgrano fue despedido después de haber mostrado a sus alumnos un video en el que una voz en off narra la "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar", de Rodolfo Walsh. El docente no duda en afirmar que se trata de persecución ideológica y reclama ser reincorporado. Se trata de Matías Halpin, antropólogo y profesor de nivel secundario con más de diez años de experiencia. Al Saint Margaret’s School de Belgrano ingresó hace dos años.
Fue víctima de “una situación de hostigamiento” por parte de las autoridades, que terminó con su despido en los últimos días. Todo se suscitó en noviembre en una clase de Sociedad y Estado para los alumnos de quinto año. Los contenidos habían sido elevados a las autoridades a comienzos de año y no habían sido objetados. “Yo venía de dar Antropología a los alumnos de cuarto y sumé otra cátedra, en la que abordé la dictadura desde el costado económico”, narró el profesor. Como parte de la clase, mostró el video de la "Carta abierta". “Mientras lo mirábamos con las alumnas y alumnos la directora general del Instituto, Verónica Greene, se ubicó para observarnos a través de la ventana de la puerta del aula con mirada inquisidora”, detalló. Halpin sospecha que fue alertada por la rectora de nivel medio, Soledad Vinardell, respecto del contenido de la clase.
“A la semana siguiente, el día previo a mi siguiente clase, recibí un mail de la rectora, donde manifestaba preocupación por mi planificación, me consultaba por las fuentes utilizadas, y me indicaba que en la escuela se pedía trabajar con ‘todas las perspectivas’”, contó el docente a este diario. Se limitó a responder con los videos adjuntos de esa clase. “Le aclaré que hay temas en que no se puede dar igual peso a las perspectivas, pues no se me podría pedir, por ejemplo, que presente una perspectiva que defienda al nazismo”, afirmó.
Al día siguiente, fue sacado de una clase para una reunión con Greene y Vinardell. El encuentro duró media hora, con el uso de la palabra monopolizado por las autoridades. Greene hizo apología de la teoría de los dos demonios. “Planteó que ella sí sabía lo que había pasado en los setenta, porque ella los vivió, y que yo no sabía cómo había sido lo que pasó”, relató el joven. Acto seguido, Vinardell le mostró las fotocopias de un manual de Historia utilizado en otra materia del colegio para que Halpin "viera cómo se incorporaban las diferentes voces en una clase".
Eran unos "capítulos sobre nazismo, que en un pequeño apartado incorporaban un fragmento, un párrafo de cinco o seis renglones de un discurso de Hitler”, contó.
Eran unos "capítulos sobre nazismo, que en un pequeño apartado incorporaban un fragmento, un párrafo de cinco o seis renglones de un discurso de Hitler”, contó.
El docente argumentó que “había una diferencia entre citar una fuente e incluir una perspectiva diferente”. Greene lo interrumpió “para decir que había que entender que al principio Hitler había hecho las cosas bien, porque había levantado la economía alemana que estaba en ruinas, pero que el poder corrompe y que durante la guerra sí había cometido errores”. Teoría de los demonios y “errores” del nazismo con diferencia de pocos minutos.
El Saint Margaret’s School de Belgrano, envuelto en una denuncia de negacionismo y probable persecución ideológica. Twitter.
En un diálogo que se dio en inglés de principio a fin, Greene también cuestionó en la reunión el uso de un video de Felipe Pigna, al que definió como “tendencioso”. Más tarde, por mail y con una dosis de ironía, Halpin adjuntó dos videos en los que prima la voz de la dictadura en pleno terrorismo de Estado: el de las sillas que se rompen para defender la importación y el de la vaca atacada por “el enemigo subversivo”.
Halpin recibió la siguiente respuesta por parte de Greene: “La idea en la escuela es proporcionar material variado para que los estudiantes comparen y contrasten y respalden sus argumentos con hechos que obtengan de diferentes fuentes para ver diferentes puntos de vista sobre cualquier tema. Quizás podría mostrarme en qué medida este material ofrece la posibilidad de comparar y contrastar y muestra una perspectiva diferente de la proporcionada por el material original que presentó”.
Tres días más tarde, el viernes 29 de noviembre, última jornada hábil del mes, Halpin recibió el telegrama de despido. El lunes siguiente, en una reunión, le argumentaron que su despido no tenía que ver con los contenidos de Sociedad y Estado sino con la cátedra de Antropología. “Me dijeron que existe en tercer año una materia que se llama Global Perspectives, y que ellas imaginaban que Antropología podría integrarse con ella y que, a su vez, mi enfoque fallaba en preparar a mis alumnos para la escritura de la Tesina de quinto año”, afirmó el docente.
El despido se produjo con irregularidades. El colegio alegó que no pagaría dentro de los cinco días hábiles la indemnización correspondiente por despido. Además, no le quisieron abonar hasta febrero, cuando concluye el ciclo lectivo, un pedido del despedido ante la perspectiva de no tener trabajo hasta marzo. Halpin ahora quiere su reincorporación inmediata y, si no hay un resarcimiento, llegar incluso al Inadi o la Secretaría de Derechos Humanos.
“No soy la única persona que ha recibido malos tratos y persecución en la escuela. A los alumnos se les niega la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI). En los campamentos, se vigila y se intenta alejar de sus amigos a los alumnos de los cuales se sospecha que tienen actividades homosexuales. Se pretende ejercer un control ideológico que viola la libertad de cátedra, que busca imponer una visión única de la historia y de la sociedad, y que silencia a las voces que no coinciden con la propia, a la que se le atribuye falsamente el atributo de pluralidad”, concluyó el docente.
Fuente:Pagina12
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