Oficial: el aumento para privados será remunerativo y oscilará entre 5 mil y los 8 mil pesos
Luego de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno se dispone a implementar más medidas económicas, entre ellas un aumento salarial para trabajadores privados, así como también el relanzamiento de los Precios Cuidados.23/12/2019 00:04:00
El ministro de Trabajo Claudio Moroni confirmó una suba salarial a cuenta de futuros aumentos de paritarias. «Queremos que los sectores que perdieron poder adquisitivo recuperen lo más que puedan. Esto es un piso de la negociación salarial, queda incorporado al salario. No es un bono y será remunerativo», manifestó.
Moroni explicó en diálogo con AM 750, que el aumento tiene como fin poner un piso a las futuras negociaciones de paritarias, las cuales se gestarán en los próximos meses, luego de un año con una inflación superior al 55%.
Además, subrayó que irá acompañado por una negociación con los empresarios para evitar su traslado a precios. «La política de precios y salarios tiene que ser convergente. Si los aumentos nominales se van a precios, no servirá de nada», remarcó.
En un principio, algunos gremios apuntaban a que el aumento sería de 10 mil pesos pero las empresas adelantaron al Gobierno que esa suma sería muy difícil de pagar en algunos rubros, por lo que se definió que sean menores y en ese aspecto estaría entre los 5.000 y los 8.000 pesos, según anticiparon fuentes de Casa Rosada, de cámaras empresariales y de los sindicatos.
«Vimos el mapa salarial luego de las últimas paritarias y en algunos sectores los sueldos básicos han quedado muy atrasados. Otros más o menos pudieron mantener la inflación y otros quedaron fuera del piso», explicó Moroni.
«Apostamos a Alberto Fernández y no cumplió lo que dijo en campaña»
La decisión de suspender por seis meses la movilidad jubilatoria, no cayó bien en el gremio de jubilados cuyo referente es Horacio Burgos. «Apostamos a Alberto Fernández y no cumplió lo que dijo en campaña», expresó el gremialista.
Para Burgos lo que se aprobó es lisa y llanamente un ajuste: «Esto es un ajuste y lo estamos pagando, a lo mejor el Fondo sigue pidiendo la cabeza de los jubilados pero a nosotros no nos convocó nadie», aseveró el dirigente, anticipando que si no existen cambios habrá una movilización.
Otro de los puntos en discordia es el bono de 5 mil pesos por dos meses que será para aquellos adultos mayores que cobren la jubilación mínima, exceptuando a muchos que también requieren la suma especial. Burgos, que incluso se reunió con los equipos técnicos del presidente antes de que asuma de manera formal, le dijo a Iprofesional «el 20% es para todos y no solo para la categoría mínima, el poder adquisitivo lo perdimos todos».
Por su parte Cristian D?Alessandro, abogado previsionalista, dio su mirada acerca de la nueva normativa. Desde su visión, «no es que lo jubilados no van a tener aumentos, sino que el proyecto establece que le deja la potestad al presidente para que, en términos de esos seis meses, dé dos aumentos programados de manera trimestral, que serían en marzo y junio. Eso lo que deberían tener todos los jubilados a nivel general en concepto de movilidad».
En este contexto, el especialista en estos temas no dejó de advertir al Gobierno en cuanto a su compromiso. «Con este nuevo sistema, por seis meses, el Poder Ejecutivo va a tener que aumento. Digo así porque es una obligación que tendrá el presidente de dar aumento por decreto. El tema está en cuánto va a dar de aumento el presidente y de acuerdo si será en la mínima y la máxima», afirmó.
Luego, el letrado estableció que «al ser discrecional, la injusticia que los jubilados puedan sentir se resuelve en la Justicia. Eso es lo que pueda provocar cierto tipo de alerta. Es muy aventuroso decir hoy lo que va a pasar en el mes de junio. Entonces, el Gobierno tiene la primera oportunidad hasta marzo del año que viene para ver cómo el presidente responde a los jubilados».
«Mi opinión personal es que el presidente no cometerá error en este tema. Lo digo porque conozco el don de gente que él es, su sensibilidad social, además de las promesas de campaña y también la realidad que sufre la sociedad argentina. De todas formas, con el tiempo y con los papeles en la mano, vamos a ver si el presidente se equivoco o no», precisó.
«Una reforma laboral que implique pérdida de derechos no está de ningún modo en los planes»
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, remarcó que «una reforma laboral que implique pérdida de derechos no está de ningún modo en los planos» del Gobierno.
«Ahora, ajuste de las comisiones colectivas, de algunos temas puntuales, normas que han quedado des actualizadas, categorías de trabajadores que ya no existen, todos esos puntos metidos en acuerdos sectoriales me parecen muy razonables», destacó en diálogo con AM 750.
«No hablemos de reforma laboral en el mal sentido de la palabra», puntualizó.
De todos modos, el ministro subrayó que «por ahora» sólo están pensando «en resolver la emergencia».
«Entiendo que han quedado muchas demandas acumuladas insatisfechas y que en algún momento deberemos sentarnos y ver qué hacemos con esas demandas, pero hace nueve días que estamos y sólo podemos pensar en la situación de emergencia de un país que tiene 40% de pobres», manifestó.
Y agregó: «Cuando veamos que esto está encaminado, vamos a trabajar en esas demandas».
En tanto, aseguró que se encontró «con un ministerio de Trabajo devastado». «Hasta devastado moralmente: estructuras desarmadas, grupos partidos, una cosa realmente desalentadora, pero sigue habiendo buenos planteles. Esperamos poder reconstruirlo, creemos que hay gente muy valiosa ahí adentro», concluyó.
El gobierno busca «ajustar la política» tras la polémica por las jubilaciones de privilegio
El jefe de Gabinete aseguró que están tomando medidas aunque limitadas a «asesores y autos». Extienden las extraordinarias a febrero para tratar los casos del Poder Judicial y los diplomáticos.
Por Randy Stagnaro
Con dos medidas, el gobierno nacional considera que saldó el debate sobre el aporte a la solidaridad que hace cada sector de la sociedad para paliar la emergencia. De un lado, se publicó ayer en un nuevamente inusual Boletín Oficial de sábado, el compromiso del envío al Congreso de un proyecto de ley para debatir los regímenes previsionales específicos del Poder Judicial de la Nación y de los diplomáticos. Del otro, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró en varias entrevistas a medios de comunicación, que el ajuste también estará llegando a la política.
Estas decisiones fueron la respuesta oficial a la fuerte presión social que surgió luego de que se hiciera público que diversos regímenes jubilatorios especiales habían quedado eximidos de la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Cafiero anunció ayer que el Poder Ejecutivo está «preparando un ajuste en el gasto político», que incluye modificaciones administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, entre otras medidas.
«También tiene que haber un ajuste en el gasto político y eso se está haciendo», dijo el jefe de Gabinete en diálogo con CNN radio. El jefe de Gabinete detalló que el gobierno está preparando «normativas administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, por ejemplo, para ajustar ahí”.
Todos eximidos
El proyecto original del Poder Ejecutivo suspendía en forma explícita la movilidad jubilatoria general y la de una docena de regímenes jubilatorios especiales, desde el de los docentes hasta el que afecta al presidente de la Nación y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pasando por los de los ex combatientes de Malvinas, los científicos y el personal militar y penitenciario.
Pero con el transcurso del debate en Diputados, ese artículo (el 51) fue modificado en forma sustancial. Primero, la fuerte presión de los docentes –tanto de los de escuela como los universitarios- logró que sus regímenes fueran excluidos, lo que significó el sostenimiento de las jubilaciones en un valor del 82% del salario de actividad.
Posteriormente aparecieron más excepciones. Especialmente llamativa fue la eximición de la movilidad del presidente y vicepresidente de la Nación y de los jueces de la Corte Suprema. En la tarde del viernes, el presidente Alberto Fernández, salió al cruce de los reclamos. A través de su cuenta en la red social Twitter, anticipó que ampliaría las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para enviar un proyecto de ley que «termine» con las «jubilaciones de privilegio» en el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático, con el «propósito de garantizar la igualdad» en el sistema previsional.
Para ese momento, Diputados ya le había dado media sanción al proyecto de ley de Solidaridad Social con cambios sustanciales al artículo 51, cuya suspensión de movilidad quedó circunscripta sólo al régimen general. Al artículo 52, que originalmente apuntaba a que el Poder Ejecutivo fijara aumentos trimestrales de jubilaciones, se le agregó la creación de una comisión integrada por el Gobierno y el Congreso que revisará “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” de los regímenes especiales y propondrá al Congreso “las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización” de esos regímenes.
Así las cosas, sólo se suspenderá la movilidad jubilatoria general mientras que las de los regímenes especiales seguirán vigentes. Estas se basan en el concepto del 82% móvil, que consiste en que la jubilación arranca en el 82% del salario del trabajador activo y se actualiza según el movimiento de ese ingreso.
En la noche del viernes, Fernández explicó que esta decisión «no es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio es en el caso de los jueces y los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares».
El paso práctico posterior fue la aparición en el Boletín Oficial de ayer de la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero del año próximo y la inclusión en el temario de dos proyectos para modificar estas jubilaciones.
Reintegros de IVA y bonos
El gobierno resalta que la ley de Solidaridad y el paquete de medidas que lo acompaña tiene un fuerte sesgo redistributivo a favor de los sectores sociales más vulnerables. Hay dos aspectos que señala: el reintegro del IVA a personas en situación de pobreza e indigencia y el otorgamiento de dos bonos para jubilados que cobren menos de 19 mil pesos en enero.
El artículo 18 de la ley aprobada ayer le otorga a la AFIP el poder de establecer un régimen de reintegros para consumidores finales y de estímulos para pequeños contribuyentes que «deberán priorizar a los sectores más vulnerados de la sociedad». AFIP coordinará la aplicación de los reintegros y los estímulos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Esta medida se instrumenta por medio de la Tarjeta Alimentaria. Según el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, los fondos previstos para atender la emergencia alimentaria este año alcanzan los 60 mil millones de pesos. El viernes se reunió el Consejo Federal Argentina contra el Hambre para tratar este tema.
Este esquema reemplazará la eliminación del IVA de una docena de productos de primera necesidad, que vence el 31 de diciembre.
El otro aspecto, los bonos para jubilados, generó polémica ya que los 10 mil pesos comprometidos no compensan las pérdidas de poder adquisitivo que tuvieron los jubilados en los últimos dos años. Además, no lo recibirán los jubilados que cobren un haber de más de 19 mil pesos, un nivel exiguo desde todo punto de vista.
Envio:RL
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